Juan Carlos Torres Torres
Expediente 762/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Torres Torres
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios firmados criptográficamente por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en los cuales, en el primero solicita la remisión digitalizada del expediente en que sea actúa, a fin de proveer respecto a la competencia declinada por este juzgado; y, en el segundo, confirma la recepción de las constancias remitidas y comunica que se acepta la competencia declinada respecto a la demanda de amparo presentada por Juan Carlos Torres Torres, la cual quedó registrada con el número de expediente 775/2020 de su índice. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente asunto, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio número 563, firmado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual remite un testimonio en copia certificada de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veinte. Atento a lo anterior, se confirma la recepción al órgano colegiado. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa se advierte que mediante proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional remitió el juicio de amparo 1682/2018, a los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México y por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, el cuál registró con el número de expediente 1006/2019. Atento a lo anterior, previa copia simple que obre en autos del cuaderno de antecedentes, remítasele el oficio registrado con folio 10386, para que provea lo conducente. Sin que haya lugar a solicitar el acuse respectivo del escrito que se remite, ya que la constancia de recepción hace las veces de acuse. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a dos de septiembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo formulada por *****, por derecho propio, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, que en esencia, consisten en la inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas en término del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como cualquier orden de suspensión de actividades financieras y bloqueo de cuentas inversiones, valores, fondos y/o fideicomisos en las instituciones de crédito señaladas como responsables, así como la ejecución de dicha orden y la omisión de comunicar inmediatamente la suspensión en la realización de cualquier acto en las cuentas bancarias 0581331216, 0585098982, 0017934591, 1002373682 así como la tarjeta de crédito 4931-5800-0162-0589, las cuales fueron abiertas en la institución bancaria Banco Mercantil del Norte sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; asimismo, las cuentas 60-56439867-5 y 65-50427332-1, las cuales fueron abiertas en la institución bancaria Banco Santander de México; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 762/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Del análisis integral de la demanda y anexos, se advierte que este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto; lo anterior, de conformidad con las razones que a continuación se exponen. Por cuestión de orden, debe observarse que en materia jurisdiccional, la competencia es la facultad que tiene un juez para conocer de ciertos negocios y esa facultad debe serle atribuida por la ley o puede derivarse de la voluntad de las partes. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos, a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto o directo). En el amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo, el órgano competente es un Juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en los artículos 48 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c) El territorio, el cual está regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Respecto de la competencia por territorio, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la anterior trascripción, se conoce, esencialmente, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Con base en lo anteriores supuestos, puede establecerse que: 1) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: a) El acto aún no ha sido ejecutado; y, b) En virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos habrán de tener ejecución en ese lugar e indudablemente se ejecutarán dentro de esa jurisdicción, tal y como se establece en la tesis que refiere: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. 2) El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquél donde iniciaron o realizaron actos con la finalidad de consumarla, pero sin que se haya ejecutado en su totalidad, al no haber sido posible producir o culminar los efectos que eran objeto del acto de autoridad. 3) En donde se esté ejecutando, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda; y, 4) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción, supuesto que puede dar cabida a dos tipos de actos con base a sus efectos, a saber: a) Actos de tracto sucesivo: que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. b) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo: como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse. Expuesto lo anterior, del análisis de la demanda que se provee, se advierte que el promovente señala como acto reclamado destacado la emisión de la orden de bloqueo, de las cuentas bancarias 0581331216, 0585098982, 0017934591, 1002373682 así como las tarjeta de crédito 4931-5800-0162-0589; y las cuentas 60-56439867-5 y 65-50427332-1, de la quejosa y su ejecución. Ahora, de una revisión a las documentales exhibidas en la demanda de amparo, en particular los estados de cuenta se advierte que las mismas fueron aperturadas en sucursales del Banco Mercantil del Norte sociedad anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y del Banco Santander de México, sociedad anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, con domicilio en Puebla. Conforme lo anterior, es que el acto reclamado tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado federal. Razón por la cual, la competencia corresponde al órgano que ejerza jurisdicción en aquéllos lugares, tal como lo establece la jurisprudencia J/45 P (10°), cuyo rubro y texto son los siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LEVANTAR EL ASEGURAMIENTO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE SE MANTIENE LA RETENCIÓN DEL OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Del artículo 37 de la Ley de Amparo deriva que para fijar la competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, por regla general, debe atenderse a la ejecución material, consistente en la cualidad que tiene un acto, omisión o norma general, para producir un cambio en el mundo fáctico o una afectación material en algún derecho del gobernado. Así, la negativa del Ministerio Público de levantar el aseguramiento de un bien sí tiene ejecución material, al ser un acto en el que, a partir de una reevaluación a las circunstancias del caso concreto, el representante social determina la continuidad de la medida cautelar impuesta y, por tanto, ocasiona indirectamente que el bien continúe asegurado, produciéndose una nueva afectación material sobre aquél. Así, en términos del párrafo primero del artículo aludido, la autoridad competente para conocer del juicio de amparo promovido contra la negativa del representante social de levantar el aseguramiento de un bien, y resolverlo, es el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando dicho acto, es decir, donde continúa la retención del bien objeto de la medida cautelar, en el entendido de que en el caso de bienes, ocurrirá en el lugar en el que físicamente se encuentren asegurados y, tratándose de cuentas bancarias, en el sitio donde se localice la sucursal bancaria a la que corresponde la cuenta, con lo que se logra congruencia con los criterios que versan sobre el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo en el que se reclama el acuerdo de aseguramiento, reduciendo la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias sobre un punto jurídico estrechamente relacionado, garantizando la continencia de la causa y maximizando la protección de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica y de acceso a la impartición de justicia de manera pronta, completa y expedita. En ese sentido, y dado que los actos que por esta vía reclama el promovente tendrán ejecución fuera de la jurisdicción de esta jueza, se considera que es un Juez de Distrito de la entidad indicada anteriormente, quien debe de conocer del presente asunto. De las razones expuestas, esta juzgadora, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima carecer de competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto. Sirve de apoyo, la tesis 3a. XVIII/92 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Del criterio transcrito, se observa que la regla general para determinar la competencia es la ejecución del acto reclamado, lo cual es aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o se haya ejecutado, aunque el domicilio de la autoridad responsable se encuentra en la jurisdicción de otro Juez. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ESTA JUEZA DECLINA SU COMPETENCIA y ordena remitir VÍA INTERCONEXIÓN por razón de orden el expediente formado con motivo de la demanda de amparo formulada por ****, a un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, solicitándole que una vez que realice lo anterior, remita la boleta de turno por el mismo medio electrónico o vía interconexión a este órgano jurisdiccional fin de estar en posibilidad de continuar con el trámite indicado. Asimismo, no procede acordar respecto del domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como de las personas que autoriza, en razón de la presente declinación de competencia. Sin embargo, a fin de no dejarle en estado de indefensión, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados sólo en términos limitados a las personas que señala. También se autoriza a la parte quejosa el examen del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, con los registros oscaugzamcam y betopg01. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juez determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DE ACTUARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. No obstante lo anterior, y hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal no emita el acuerdo de reanudación de labores que fueron suspendidas con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-Co2 (COVID -19), se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo, para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
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