Juan Carlos Sarmiento García
Expediente 484/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Sarmiento García
- Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, con evidencia criptográfica de firma (FIREL) de la Actuaria adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que contiene el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 613/2020-III, de su índice, por medio del cual informa que aceptó la competencia y se avoco al conocimiento de la demanda presentada por Juan Carlos Sarmiento García. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. "Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. . Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, declina competencia y se ordena remitir el expediente creado con motivo de la demanda de amparo formulada por ********************, por propio derecho, al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito que reciba el expediente acuse el recibo correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, informe si acepta o rechaza la competencia planteada. Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tendría verificativo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia de la demanda de amparo y demás constancias de relevancia, así como copia autógrafa de la presente determinación y estese a la espera de la determinación que tenga a bien adoptar el juzgado al que se declina competencia. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, el contenido del presente proveído"
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se hace del conocimiento de las partes que en sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura acordó la primera adscripción, de manera interina, de la licenciada Dinorah Hernández Jiménez, como titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve; lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional a través del oficio SEADS/1394/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción en ausencia del Secretario Ejecutivo de Adscripción; lo anterior, a efecto de no dejarlas en estado de indefensión, no irrogarles perjuicio alguno y no vulnerar las reglas que rigen el procedimiento; así como para los efectos previstos en los artículos 52, segundo párrafo de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación, por analogía y en la parte conducente, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio CV-41/2020 firmado por la Secretaria de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual devuelve el expediente principal del juicio de amparo 778/2016 en un tomo, catorce legajos de pruebas; y, remite testimonio certificado de la resolución dictada en la sesión de nueve de julio de dos mil veinte, en el R.A. 80/2019. Confírmese recepción al Tribunal Colegiado. Hágase saber a las partes que el órgano colegiado revisor determinó lo siguiente: "PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento decretado por el juez de Distrito en el considerando tercero de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la quejosa ***, atendiendo a las consideraciones sustentadas en la sentencia recurrida y en el presente fallo." Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el cuaderno de antecedentes al cuaderno principal, previa destrucción de las copias simples con las que se ordenó formar dicho cuaderno, ya que su conservación resulta innecesaria. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Ahora bien, en la resolución dictada por el órgano colegiado que resolvió confirmar la sentencia recurrida, en la que se determinó amparar a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable el Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano: "[.] Consecuentemente, al ser fundado el concepto de violación, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada por el ***, para que el Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia (i) deje sin efectos el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil catorce; y (ii) emita un nuevo en el que con plenitud de jurisdicción y conforme a lo establecido en la presente sentencia, determine de manera fundada y motivada si procede o no la instauración del procedimiento de nuevo centro de población que de constituirse se denominará *** [.]" Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que la autoridad responsable lleve a cabo la siguiente actuación, en la etapa que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. El Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, debe (i) dejar sin efectos el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil catorce; y (ii) emita un nuevo en el que con plenitud de jurisdicción y conforme a lo establecido en la presente sentencia, determine de manera fundada y motivada si procede o no la instauración del procedimiento de nuevo centro de población que de constituirse se denominará ***. En consecuencia, se ordena a la autoridad involucrada DAR INICIO DE INMEDIATO AL PROTOCOLO de ejecución descrito. ETAPA ACTUAL Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que el procedimiento de ejecución de sentencia conforme al protocolo establecido en líneas anteriores, se encuentra en la ETAPA ÚNICA, para cuyo cumplimiento el Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, debe (i) dejar sin efectos el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil catorce; y (ii) emitir un nuevo en el que con plenitud de jurisdicción y conforme a lo establecido en la presente sentencia, determine de manera fundada y motivada si procede o no la instauración del procedimiento de nuevo centro de población que de constituirse se denominará ***, en concepto de este juzgado es razonable fijar un plazo de TREINTA DÍAS para cumplir con la presente resolución y remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten. REQUERIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la ley de la materia vigente, REQUIÉRASE a la autoridad responsable, Director General de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, para que dentro del término de TREINTA DÍAS, remita las constancias en copia certificada con las que acredite (i) haber sin efectos el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil catorce; y (ii) emitir un nuevo en el que con plenitud de jurisdicción y conforme a lo establecido en la presente sentencia, determine de manera fundada y motivada si procede o no la instauración del procedimiento de nuevo centro de población que de constituirse se denominará ***; o bien, para que dentro del mismo plazo, informen a este juzgado la razón objetiva y demostrable por la que no les es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para dentro del plazo de DIEZ DÍAS, demuestre ante este Juzgado haber ordenado a ésta el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla.3 Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. SE APERCIBE a las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Lo anterior, sin perjuicio de que se remita el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de la autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este juzgado de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades responsables para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que deben otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de este juzgado. Lo anterior, a reserva de que este juzgado fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a las autoridades responsable y superior jerárquico, para qué en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal, se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. CERTIFICACIÓN DE PROMOCIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, este juzgado determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el Secretario respecto del de su presentación, y el Secretario dará cuenta al titular de este Juzgado Federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando este Juzgado tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que el juzgado haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y que al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta. Finalmente, se hace del conocimiento que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que a efecto de contar con mayores elementos para resolver el presente asunto, resulta necesario que la autoridad responsable Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remita las constancias que sirvieron para emitir la orden de arresto librada contra del aquí quejoso. En consecuencia, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente a aquél en que se notifique este proveído, remita las constancias que sirvieron de base para emitir la orden de arresto en contra del quejoso. Apercibida que de no hacerlo así o en su defecto informar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, por retrasar el procedimiento y por desacato a un mandato judicial, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior y no violar las reglas que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo dicha audiencia. Cabe aclarar que acorde a lo establecido en el artículo 115, segundo párrafo de la Ley de Amparo, el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional debe señalarse a más tardar dentro del término de treinta días, sin embargo, la fecha de audiencia que se menciona se fija en razón a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, por lo que no es posible programar su celebración con fecha anterior a la señalada. Apoyo la anterior consideración, la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es del siguiente contenido literal: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador. Hágase del conocimiento de las partes e infórmeseles que tienen expedito su derecho para manifestar si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional citada; en el entendido que en caso de ser afirmativa dicha solicitud deberán hacerla con la oportunidad debida (tres días antes de la celebración de la audiencia), y manifestar si cuentan con los medios técnicos para hacerlo. NOTIFÍQUESE.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,772 expedientes
- Juan Carlos Sánchez Guerrero1393/2016
- Juan Carlos Sánchez Huerta1936/2022
- Juan Carlos Sánchez Huerta617/2020
- Juan Carlos Sandoval Bautista140/2020
- Juan Carlos Santiago Aguilar1733/2017
- Juan Carlos Santibañez Colmenares564/2021
- Juan Carlos Soto Andres1609/2016
- Juan Carlos Torres Torres762/2020
- Juan Carlos Vargas Cuellar2027/2022
- Juan Carlos Vázquez Aranda2097/2023
- Juan Carlos Vázquez Velázquez1459/2023
- Juan Carlos Velázquez Franco955/2016