Juan Carlos Sepulveda Martínez
Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Carlos Sepulveda Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la determinación emitida el veintiuno de octubre del presente año, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL, SE HACE EFCTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE, ASÍ COMO EL DIVERSO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el cinco de julio del presente año, el quejoso **z, promovió juicio de amparo en contra actos de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad y otras autoridades, quien señaló en su demanda de amparo como acto reclamado el siguiente: Reclamo las instrucciones dadas a las autoridades señaladas como ejecutoras, para no darme fecha para ejecutar el laudo pronunciado, requerir el pago a la fuente de trabajo que es tercero perjudicado y embargarle bienes de su propiedad, haciéndome dar vueltas diariamente sin proporcionarme justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, actuando en el Expediente No. 2/13/3626. Por lo que pido que en los informes justificados proporcione la fecha para acudir con actuario a ejecutar el laudo pronunciado, requerir de pago a la fuente de trabajo que es tercero perjudicado y embargarle bienes de su propiedad. Por su parte, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, al rendir su informe justificado, por sí y en representación de la propia junta, así como del Secretario General y la Actuaria adscrita a la ya citada institución, señaló -en lo conducente- que resultaba falso que esa autoridad haya violentado derechos de la parte obrera (ahora quejoso), dentro del expediente 2/13/2326, de su índice, en razón de que el apoderado legal de la parte obrera o el propio accionante del juicio, podían comparecer en el horario de labores de esa junta (de lunes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde), en el departamento de Actuaria para que programara la cita para llevar a cabo el requerimiento del cumplimiento del laudo emitido por esta junta laboral. Así las cosas, dado que la autoridad laboral no precisó un día y hora fijo para que el quejoso acudiera a esa dependencia, a fin de resolver lo que en derecho corresponda, por auto de once de octubre del presente año, se requirió a la Presidenta de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, para que informara a este resolutor el estado actual que guardaba la etapa de ejecución del expediente 2/13/3626 del que deriva la omisión reclamada; asimismo, se le requirió para que comunicaran las actuaciones que se hayan decretado con posterioridad al treinta de julio de dos mil diecinueve y remitieras las constancias que acreditaran su dicho. Como resultado de lo anterior, por auto de diecisiete de octubre del actual, se recibieron diversas constancias remitidas por la Junta Especial Dos responsables, consistentes en las actuaciones realizadas dentro del expediente 2/13/3626 a partir del treinta de julio de dos mil diecinueve. De igual manera, con esta fecha se recibió el diverso comunicado mediante el cual la Junta de mérito remitió las actuaciones realizadas el dieciocho de los corrientes en el que en esencia señala: ---EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ACUERDA.- Visto que de autos se desprende que hasta la fecha de la elaboración del presente proveído la moral demandada y condenada **, no ha dado cumplimiento a las prestaciones condenadas con motivo del laudo emitido por esta Junta de 22 de septiembre del 2017, por lo que, siguiendo los lineamientos del precepto legal 685, 951 fracción, primera de la Ley Federal del Trabajo, además, del acto reclamado por el quejoso en el amparo indirecto 498-2019-II ante el Honorable Juzgado Séptimo de Distrito, es por lo que se fijan las 10:00 horas del día 24 de octubre del 2019 para que el actor del presente juicio y/o su apoderado legal acuda al departamento de actuaria con la finalidad de llevar a cabo el requerimiento de pago y embargo y se le asigne actuario adscrito a esta Junta Especial, por lo cual, TÚRNESE los autos al C- Ministro Ejecutor, para que acompañado del actor del presente juicio y/o su apoderado legal se sirva requerir a **, en cualquiera de los domicilios a que se refiere la fracción I, del artículo 951 de la Ley Federal del Trabajo [.] De esta manera, se infiere que con las actuaciones realizadas por la Junta Especial responsable ya quedaron satisfechas las peticiones de la parte quejosa, que constituyeron la omisión reclamada en el presente juicio de amparo. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, haga que cese la omisión, o bien que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. La documental enviada por la responsable adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, porque ya dio contestación al escrito que le presentó el veintiuno de junio del actual y se lo intentó notificar en el domicilio que aquéllos designaron para tales efectos. Lo anterior, revela que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la responsable ordenó la ejecución del laudo y señaló fecha y hora para que la parte quejosa compareciera a la junta a su cargo con la finalidad de que acompañara al actuario judicial de su adscripción a realizar el requerimiento de pago y embargo a la parte demandada, ahora tercero interesada, por ello, resulta evidente que ya no hay materia sobre la cual pudiera otorgarse una eventual concesión de amparo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Aunado a lo anterior porque en el caso, el acto reclamado consiste la omisión de señalar fecha para acudir a requerir el cumplimiento del laudo dictado a su favor y requerir de pago y embargo a la tercero interesada; pero de los oficios y anexos que se reciben en esta fecha y del diverso de diecisiete de los actuales, se advierte que ya se señaló fecha y hora para que acuda a las instalaciones de la responsable, para acudir en compañía del Actuario a requerir el pago a la fuente de trabajo que tercero perjudicada y, en su caso, embargarle bienes de su propiedad; de ahí que, en el caso, haya cesado la omisión que se reclamó en el presente juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Finalmente, en atención a la petición de notificación que realiza la responsable, por conducto del actuario judicial de la adscripción, de inmediato notifíquese el presente proveído y el diverso de dieciocho de octubre del presente año, que remite la autoridad responsable, de manera personal al accionante del amparo, asimismo, hágasele entrega del duplicado del anexo que se recibe, el cual remitió la responsable para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables; ASÍ COMO EL DIVERSO dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Vistos los oficios de cuenta, agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan y téngase al Director Jurídico de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y al Representante Legal de Teléfonos de México (TELMEX), en esta ciudad, informando que en sus bases de datos no se encontraron registros a nombre de la tercero interesada *******; circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado. Notifíquese. SE DEJA A SU DISPOSICION EL OFICIO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Vistos los oficios de cuenta, agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan y téngase al Director Jurídico de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y al Representante Legal de Teléfonos de México (TELMEX), en esta ciudad, informando que en sus bases de datos no se encontraron registros a nombre de la tercero interesada *******; circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, por medio del cual el Administrador Desconcentrado de Recaudación Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, en esta ciudad, da contestación al requerimiento que se le efectuó el once de los actuales e informa que la autoridad competente para proporcionar la información solicitada por este juzgado federal es el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente Chihuahua "2", en esta ciudad. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena girar oficio a la última de las mencionadas, con residencia en Ciudad Juárez, a fin de que con base a sus registros de datos, verifique e informe si existe en su base de datos algún domicilio donde se pueda practicar el emplazamiento a la tercera interesada *******. Se apercibe a las citadas autoridades de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en un término de tres días, computados legalmente, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el diverso 258, de la Ley de Amparo, se les aplicará como primer medio de apremio, multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional ($8,449.00). Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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