Juan Carlos Sánchez Aguilar

Expediente 284/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
284/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
15/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Sánchez Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de julio de dos mil veintiuno. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se negó el amparo y protección a la justicia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó la protección de la justicia federal, de conformidad con lo establecido en el inciso b), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales Finalmente, en cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda y las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Así, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DE LA ACTUARIA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Sentencia Vistos para resolver los autos del juicio de amparo **********/2021-IV, promovido por **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, turnado a este Juzgado el mismo día, **********, promovió demanda de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Segundo. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de referencia, la que se registró bajo el expediente **********/2021-IV, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado se verificó dentro del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción y en el mismo puede ocurrir su ejecución. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó los siguientes actos de las autoridades que a continuación se señalan: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: La orden de aprehensión dictada en su contra, en la causa penal 2996/2021, el diez de abril de dos mil veintiuno, por el delito de violación agravada, previsto y sancionado en los artículos 172, fracción II y 175, fracción II, del Código penal del Estado de Chihuahua. Del agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra La Familia y Trata de Personas y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, todas ellas pertenecientes a la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, con residencia en esta ciudad: La ejecución de dicha orden de aprehensión. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el diez de abril de dos mil veintiuno, dictó la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso **********, dentro de la causa penal **********/2021, por el delito de violación agravada, previsto y sancionado en los artículos 172, fracción II y 175, fracción II, del Código penal del Estado de Chihuahua. Asimismo, remitió copia certificada de la solicitud del agente del Ministerio Público y de la orden de aprehensión reclamada, constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Por su parte, la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra La Familia y Trata de Personas y el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, todas ellas pertenecientes a la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, en sus informes justificados, manifestaron que es cierto el acto que se les reclama, lo que se evidencia, tomando en cuenta que la orden de aprehensión cuya ejecución se les atribuye, es cierta. En consecuencia, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto reclamado. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causales de improcedencia, ni las partes hacen valer ninguna. Quinto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno, máxime que, por la naturaleza del acto reclamado, como se indicará, opera la suplencia de la queja.Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Estudio de fondo. Como se indicó en el considerando segundo, el quejoso **********, reclamó del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la orden de aprehensión que dictó en su contra, el diez de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal **********/2021, por el delito de violación agravada, previsto y sancionado en los artículos 172, fracción II y 175, fracción II, del Código penal del Estado de Chihuahua. En relación al dictado de una orden de aprehensión, artículo 16 Constitucional, en sus párrafos primero y tercero dispone lo siguiente: Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De lo anterior se desprende que los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión, son los siguientes: a) Que sea dictada por autoridad judicial; b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que existan datos que acrediten que se cometió ese hecho considerado por la ley como delito y que esos datos demuestren que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, d) Que exista mandamiento escrito debidamente fundado y motivado. Este último punto se refiere a que todo acto de molestia, como lo es la orden de aprehensión, debe estar fundado y motivado, esto es, que la autoridad que lo emita, debe expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión del mismo y el fundamento legal en que apoye su determinación. En apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que informa, se cita la tesis XIX.2.J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 666, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSION. FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De conformidad con lo establecido por el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión debe contener como requisitos esenciales los siguientes: a).- que sea dictada por autoridad judicial; b).- que preceda a ésta, una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c).- que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. Además, como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. De ahí que no basta con que el Juez de la causa haga una relación de las pruebas existentes en la averiguación previa y concluya que se encuentran probados los elementos del tipo penal respectivo, así como la probable responsabilidad penal del indiciado. Aunado lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente los requisitos de forma y fondo establecidos por el artículo 16 Constitucional, párrafos primero y tercero, ya señalados, sino que debe atenderse a lo previsto en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales del indiciado, tutelados en la Constitución Federal. Lo anterior, dado que podrían actualizarse las hipótesis siguientes: 1) Que en la orden de aprehensión se aplique una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. 2) Que la orden haya sido librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. Las anteriores consideraciones se encuentran determinadas en la jurisprudencia por contradicción de tesis 31/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 285, materia Penal, Novena Época, con registro digital 193892, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Indicado lo anterior, es menester contestar, en ese momento, el primer concepto de violación que hace valer el quejoso, consistente en que, no se le respetó su garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 Constitucional; concepto de violación que resulta infundado, pues como se determinó, la orden de aprehensión es un acto de molestia, que no precisa respetar dicha garantía, sino estar debidamente fundado y motivado en términos del citado artículo 16 Constitucional. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 5, materia Común, Novena Época, con registro digital 200080, del rubro y texto siguientes: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Ahora bien, ya que el resto de la argumentación del quejoso se refiere a que no está demostrado que se haya cometido un hecho considerado por la ley como delito, ni la probabilidad de que él haya lo haya cometido o participado en su comisión, tales conceptos de violación se entienden estudiados y contestados al momento de realizar el estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada, cuya suplencia de la queja opera de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Pues bien, se tiene que en el caso, se tiene que el Juez responsable dictó orden de aprehensión en contra del quejoso Juan Carlos Sánchez Aguilar, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada, previsto y sancionado en los artículos 172, fracción II y 175, fracción II, del Código penal del Estado de Chihuahua. Lo anterior, con la competencia legal para ello, pues se trata de hechos ocurridos dentro de su jurisdicción territorial y que constituyen un delito del orden común, sin que se tenga noticia, hasta el momento, de que el quejoso pertenezca a una entidad estatal que amerite someterlo a un fuero especial. Al respecto, se tiene que en efecto, dicha orden de captura fue emitida por una autoridad judicial competente; asimismo, se tiene que a su emisión precedió la denuncia de la madre de la víctima menor de edad, ante el agente del Ministerio Público, de doce de marzo de dos mil veintiuno. Con lo anterior, se cumplen los requisitos constitucionales consistentes en que la orden de aprehensión haya sido dictada por autoridad judicial (inciso a)), que se haya presentado denuncia de un hecho que ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad (inciso b)), sin que se tenga noticia de que el activo del delito pertenezca al Ejército o a alguna Institución que requiera someterlo a una jurisdicción especial (inciso 3)). Indicado lo anterior, corresponde analizar si la orden de captura reclamada, cumple con el resto de los requisitos constitucionales señalados, es decir: que del material probatorio existente en la carpeta de investigación, se desprendan datos que acrediten que se cometió un hecho considerado por la ley como delito y que esos datos hagan probable la participación del indicado en su comisión o que haya participado en su comisión (inciso c)); que la orden de aprehensión reclamada, se encuentre debidamente fundada y motivada (inciso d)); que en la orden de aprehensión se aplique una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso (inciso 1)); y, que la orden haya sido librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (inciso 2)). Antes de iniciar el análisis de lo anterior, es necesario precisar, respecto a la demostración de la existencia de un hecho considerado como delito por la ley, que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de una orden de aprehensión, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, por identidad de razones, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Pues bien, para comenzar el estudio de la orden de aprehensión, propiamente, se relacionan los elementos de prueba que tomó en cuenta el Juez responsable, existente en la carpeta de investigación relativa, el cual le hizo de su conocimiento el agente del Ministerio Público solicitante, en cumplimiento al artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales: 1.- Denuncia realizada por **********, realizada el doce de marzo de dos mil veintiuno, a las quince horas con diecinueve minutos, ante la Representación Social, en su carácter de madre de la víctima menor de edad. 2.- Acta de nacimiento de la víctima menor de edad, de la que se desprende que sus padres son ********** y **********, así como que, nació el doce de octubre de dos mil nueve. 3.- Comparecencia ante el agente del Ministerio Público, de la víctima menor de edad, en fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, a las dieciséis horas con dieciséis minutos. 4.- Informe de agresión sexual, realizado sobre la persona de la víctima menor de edad, por la médica legista **********, el doce de marzo de dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con veintinueve minutos. 5.- Impresión diagnóstica del estado psicológico realizado a la víctima menor de edad, por el perito en psicología **********, adscrito a la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Zona Norte, el día trece de marzo de dos mil veintiuno. 6.- Informe policial de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, elaborado por el Oficial adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas, en el cual dio cuenta de las entrevistas que realizó: a **********, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a las trece horas, padre de la víctima menor de edad; a la hermana de la víctima, ambos menores de edad, esto en presencia de su madre, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos, asimismo, anexó la serie fotográfica de identificación escolar de ésta última entrevistada; así como a **********, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a las catorce horas con treinta minutos, madre de la víctima menor de edad. Asimismo, dicho Oficial anexó a su informe, serie fotográfica del domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad. Ahora bien, en términos del artículo 141, primer párrafo, fracción III y segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público solicitó al Juez de control, solicitud para girar orden de aprehensión y en vista de los datos de prueba que se desprenden de las diligencias arriba descritas, expuso lo siguiente: Por lo que se advierte de los analizados medios de prueba que derivan de la carpeta de investigación, surgen indicios suficientes que por su conexión lógica llevan a establecer la probabilidad fundada acerca de que el imputado concretizó la figura delictiva de VIOLACIÓN AGRAVADA prevista y sancionada por el artículo 172 fracción II en relación al 175 fracción II, del Código Sustantivo en la materia. Delitos en el que el C. JUAN CARLOS SÁNCHEZ AGUILAR se le atribuye en la comisión del hecho que se le pretende imputar, la participación como AUTOR MATERIAL según lo establece el artículo 21 en su fracción I y modo de COMISIÓN DOLOSA establecida en el artículo 18 fracción I, siendo un DELITO CONSUMADO y tratándose de un delito INSTANTÁNEO según el artículo 17 fracción I todos los anteriores del Código Sustantivo en la materia. En tal contexto, se ha acreditado la factible autoría del indiciado en el delito de que se trata y colmado así el segundo de los requisitos de fondo a que alude el artículo 16 Constitucional para motivar una orden de aprehensión. Esta Representación Social advierte que existe la necesidad de cautela, puesto que de la denuncia interpuesta por quien se refiere víctima se desprende que el imputado actualizó y exteriorizó la conducta descrita como el delito de Violación Agravada, en perjuicio del menor de edad ********** (sic) de 11 años de edad, toda vez que le impuso cópula vía anal, introduciéndole uno de sus dedos, en el ano del sujeto pasivo, esto en el domicilio ubicado en CALLE **********, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, por lo cual nos encontramos en el supuesto del artículo 19 constitucional, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente donde se refieren los delitos que merecen pena privativa de libertad de manera oficiosa, el cual nos menciona que el juez ordenará la prisión oficiosamente en los delitos entre otros, el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA. De igual manera, cabe presumir que ********** pueda tratar de obstaculizar el desarrollo de la investigación tal como lo establece el numeral 169 en su fracción III, en virtud de que podrá intimidar, amenazar o influir sobre lo que puedan declarar los testigos o la misma víctima, en virtud de que el indiciado es familiar político de la víctima, ya que es esposo de una de las tías paternas del sujeto pasivo, con quien la víctima y su familia tenían una relación estrecha, tan es así que el pasivo del delito, en ocasiones se dirige hacia el indiciado como papá, aunado a lo anterior es que se presenta el riesgo para la víctima, y en caso de no contar con una medida cautelar que permita resguardar a la víctima de su victimario a tiempo estas conductas podrían desencadenar en delitos de mayor gravedad, por lo que tomando en cuenta las circunstancias y particularidades en que se encuentran los sujetos, así mismo, debemos de considerar, que el indiciado vulneró en diversas ocasiones la libertad y seguridad sexual de la víctima, los cuales, a criterio de esta representación social, son los principales bienes jurídicos tutelados, por lo que se presume que una vez que tenga conocimiento del hecho a imputar el mismo no comparezca a la citación para la audiencia de formulación de imputación, aunado, a que el delito de VIOLACIÓN AGRAVADA es de aquellos contemplados por nuestra carta magna, como aquellos que merecen prisión preventiva de manera oficiosa. (.) Esto es, a fin de dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público, especificó que el tipo penal de que se trata, es el de violación agravada, previsto y sancionado en los artículos 172, fracción II y 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua; que su ejecución fue consumada e instantánea y que el indiciado actuó como autor material del mismo, de forma dolosa; lo anterior, en términos de los artículos 17, fracción I, 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Pues bien, el Juez responsable estimó que con los datos de prueba que se desprenden de las diligencias mencionadas, se demuestra la concreción de un hecho considerado por la ley como delito, específicamente el de violación, previsto y sancionado en el artículo 172, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que dice: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: (.) II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. De dicha norma, el Juez responsable consideró que la estructura típica del delito de que se trata, se compone de los siguientes elementos: Que el sujeto activo, por vía anal o vaginal, introduzca cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo distinta al pene, en la persona del pasivo y Que la víctima sea menor de catorce años o que por cualquier causa, no pueda resistir ese hecho, o no tenga la capacidad de comprender su significado. Indicado lo anterior, como acertadamente lo precisó el Juez responsable, atendiendo a la calidad específica de la víctima, esto es, menor de catorce años (la cual se demostrará más delante), la resolución relativa a la orden de aprehensión que le fue solicitada, la dictó desde la perspectiva, no estereotipada, del interés superior del menor, previsto en los artículos 1, 4 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (de la cual el Estado Mexicano es parte); 2, segundo párrafo, de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos de Niñas, Niños y Adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 25/2012, con registro digital 159897, del rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.. Luego, tal como lo consideró, el primer elemento típico señalado, consistente, en el caso, en que el activo del delito introduzca vía anal, una parte del cuerpo humano distinto al pene, en la persona del sujeto pasivo, se demuestra con los datos de prueba que se desprenden de la denuncia de la madre de la víctima menor de edad, **********, quien el doce de marzo del presente año, expuso ante el Representante Social, que es madre del menor de iniciales I.I.A.H., quien en ese momento contaba con once años de edad, que el siete de marzo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiún horas, en compañía de sus hijos, entre ellos la menor víctima, acudió al domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad, a visitar a su ex cuñada de nombre ********** y a **********, éste esposo de aquélla, que al llegar, su menor hijo se dirigió a una de las habitaciones a ver la televisión junto con la hija de ********** y el propio **********, que después de aproximadamente una hora (a las veintidós horas), se retiró en compañía de sus menores hijos, y al ir circulando, su hijo, aquí víctima, le pidió que detuviera la marcha del vehículo, pues tenía algo que platicarle, que hecho lo anterior, su menor hijo le dijo textualmente que: "te acuerdas que yo ahorita estaba dormido en la casa de mi tía Miriam, yo me desperté porque yo sentí la mano de mi papá ********** en medio de mis pompis", que por esto, la declarante lo abrazó y empezaron a llorar, que su hijo le dijo que pensó que no le creería, que entonces ella le preguntó qué más le había hecho, que si sintió la mano de su tío por fuera o por dentro del pantalón que vestía, que si le había agarrado su pene, a lo cual le contestó que ********** le metió su mano por dentro de su pantalonera y le estaba tocando sus glúteos y de pronto sintió un dolor fuerte, por eso se despertó, que ********** le dijo que no dijera nada, que sacó un billete de veinte pesos de su bolsa y le indicó que ese billete era para que se quedara callado. Como lo estimó el Juez responsable, lo anterior se corrobora con los datos que se desprenden de la declaración de la propia víctima, menor de edad, ante la Representación social, de doce de marzo del año en curso, quien le expuso que se llama **********., que el domingo pasado fueron a la casa de su tía ********** porque iban a vender unas cosas, que cuando llegaron, pasaron y él se quedó sentado en la sala y luego se fue al cuarto de sus tíos, que ahí estaba su "papá **********", que él es su tío pero le dice "papá **********", que estaba acostado en su cama y su prima ********** estaba acostada también y estaba toda tapada hasta la cabeza, que él saludó a su tío ********** y se puso a ver la tele, que estaba sentado en la cama de su tío, que se sintió cansado y con sueño y por eso se acostó y se quedó dormido cuando estaba viendo la tele, que se despertó porque sintió un dolor muy fuerte y vio que la mano de su tío estaba dentro de su pantalón, que él estaba metiéndole su dedo por donde hace popo, entonces hizo un movimiento brusco para que viera que estaba despertando y su tío quitó la mano rápidamente y se acomodó, como que se sentó, que él se levantó y empezó a caminar para ir con su mamá, pero se acercó porque pensó que podía ser sospechoso y que él pensara que estaba a punto de decirle a su mamá, que cuando se acercó le dio un billete de veinte pesos y le susurró al oído que no le dijera a nadie, entonces él se fue con su mamá. Dicho señalamiento de la menor víctima, corroborado por su madre, como lo consideró el Juez responsable, claramente se refiere a que fue ultrajado sexualmente, además, el declarante es claro en dar circunstancias de lugar y modo en las que, el sujeto activo del delito, le introdujo una parte de su cuerpo (dedo) distinta al pene, vía anal. En relación con dicho señalamiento, como indicó el Juez responsable, en atención al interés superior del niño (cuya fundamentación se señaló líneas arriba), como principio rector de actuación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, él debe garantizar la protección de sus derechos, tomando en cuenta desde luego, que los delitos de índole sexual, por lo general, se llevan a cabo en ausencia de testigos, por lo que el dicho de los sujetos pasivos, aun tratándose de mejores de edad, adquiere especial relevancia y son refractarios a la prueba directa, resultando efectivamente aplicable a lo anterior, las tesis siguientes: con registro digital 219676, del rubro: DELITOS SEXUALES, OFENDIDO EN LOS. VALOR DE SU DECLARACIÓN.. con registro digital 212471, tesis X.1º.J/16, del rubro: VIOLACIÓN. VALOR DEL DICHO DE LA OFENDIDA. TRATÁNDOSE DEL DELITO DE.. Pero además, aunado al señalamiento de la menor víctima y de la declaración de su madre que la corrobora, como expuso el Juez responsable, se cuenta con los datos que se advierten del informe de agresiones sexuales, elaborado por la médica legista **********, del cual se desprende que al revisar al paciente en posición genupectoral (oración mahometana), apreció ambos glúteos íntegros, la región peri anal con pliegues borrados en un radio según las manecillas del reloj, de las 12 a las 8, con eritema reciente, con desgarres anales recientes en un radio según las manecillas del reloj de las 5 y 6, así como las 11, con eritema reciente, así como proceso inflamatorio reciente moderado, lo anterior, compatible con penetración de data reciente, con tono de esfínteres normales. Así como con el dictamen psicológico emitido por el licenciado **********, en el cual dicho experto señaló que luego de haberse entrevistado con el menor de edad víctima, advirtió que presenta alteración emocional moderada, que no descarta la presencia de secuelas emocionales que podrían aumentar su grado de afectación y que el menor se percibe vulnerable ante su agresor, debido a los hechos ocurridos. De manera que, como lo concluyó el Juez responsable, valorando los datos de prueba señalados, adminiculados entre sí, en términos de los artículos 259, 260 y 261, párrafos primero y segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es posible concluir que el pasivo del delito fue vulnerado en su libertad y seguridad sexuales (bienes jurídicos tutelados), pues un sujeto de sexo masculino, introdujo uno de sus dedos en la cavidad anal de la víctima, entendiéndose por dedo, un miembro del cuerpo distinto al pene. Conducta que ejerció sobre una persona menor de catorce años, ya que en el momento en que se desplegó, la víctima contaba con once años de edad, lo que constituye el segundo elemento de la descripción típica del delito, el cual se demuestra con la documental pública consistente en la copia certificada del acta de nacimiento número 594, expedida por la Oficialía 7 del Registro Civil del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, registrada en el libro 3, a folio 194, el veinte de noviembre de dos mil nueve, de la que se advierte que la menor victima nació el doce de octubre de dos mil nueve, esto es, que en el momento en que ocurrieron los hechos, tenía la edad señalada, razón por la cual desde luego era incapaz de ejercer con libertad su sexualidad, ni conocer la trascendencia de sus actos en ese ámbito. Ahora bien, como indicó el Juez responsable, la hipótesis agravante del delito, prevista en el artículo 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que dispone: Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) II. Quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto; (.) Esto es, que el hecho considerado por la ley como delito, se haya cometido por el activo, quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respecto, se demuestra tomando en cuenta que tanto el menor de edad víctima, como su madre, señalaron que entre aquél y la familiar del activo, existía una relación de confianza, tan es así que el menor lo consideraba como un padre, aunque no lo era, de ahí que naciera una relación de confianza, tan es así, que el día de los hechos, el menor llegó al domicilio del activo y se dirigió donde éste se encontraba, se acostó a un lado para ver televisión y, posteriormente, al sentirse seguro, se quedó dormido, desde luego, sin esperar, de ninguna manera, ser agredido sexualmente por quien consideraba como a un padre. Así pues, como determinó el Juez responsable, en el momento en que dictó la orden de aprehensión reclamada, existían datos de prueba suficientes para estimar que, como lo expuso el agente del Ministerio Público al solicitar dicha orden de captura, se llevó a cabo el hecho considerado por la ley como delito de violación agravada, previsto y sancionado por el artículo 172, fracción II, en relación con el numeral 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Continuando, como lo apreció el Juez responsable, existe la probabilidad de que el aquí quejoso **********, haya cometido, por sí, el hecho que la ley prevé como delito de violación agravada, en términos de los artículos 18, fracción I y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que de los datos de prueba ya señalados y valorados, se desprende la probabilidad de que haya sido él, precisamente, quien el siete de marzo de dos mil veintiuno, entre las veintiún y veintidós horas, en el interior del domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad, introdujo parte de su cuerpo, específicamente un dedo, en el ano del sujeto pasivo, quien no pudo resistir el acto, debido a su edad biológica, en ese momento, de once años. En efecto, como lo estimó el Juez responsable, lo anterior se desprende del señalamiento directo que en ese sentido realizó el menor de edad víctima, quien de forma clara y precisa indicó que la persona a quien le dice "papá", pero que es su tío político, en el momento en que él se encontraba en el domicilio y habitación de éste, viendo televisión y se quedó dormido, Juan Carlos Sánchez Aguilar, cometió la conducta señalada en el párrafo anterior, de lo cual se percató porque sintió un dolor muy fuerte en esa área de su cuerpo y se despertó, observando dicha conducta. Señalamiento que, como señaló el Juez responsable, se encuentra apoyado con el informe de agresiones sexuales, ya descrito, que arrojó datos que evidencian penetración en la región anal de la víctima, de data reciente; esto es, los hallazgos reportados son congruentes con la declaración del menor de edad víctima. Finalmente, como lo concluyó el Juez responsable, en el caso, se satisface la exigencia prevista en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, existe necesidad de cautela, pues como señaló el agente del Ministerio Público, debido a que el delito de que se trata merece prisión preventiva oficiosa de conformidad con los artículos 19, segundo párrafo, Constitucional y 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que las penas en sí mismas, que corresponden a dicho delito, son severas, esto es, diez a treinta años de prisión según artículo 172 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que puede incrementarse en dos terceras partes debido a la agravante prevista en el numeral 175 del mismo ordenamiento legal, desde luego existe riesgo de que la sujeción del indiciado al proceso penal se vea demorada e incluso obstaculizada. En conclusión, al resultar del estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada dictada el diez de abril de dos mil veintiuno, por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, que se dictó observando los requisitos del artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues con los datos de prueba que se desprenden de las diligencias llevadas a cabo en la carpeta de investigación relativa, en este momento, se encuentra demostrado lo siguiente: a) la verificación de un hecho que el Código Penal del Estado de Chihuahua, en sus artículos 172, fracción II y 175, fracción II, señalan como delito de violación agravada, b) la probabilidad de que Juan Carlos Sánchez Aguilar, haya cometido dicho ilícito, c) la necesidad de cautela, y d) que la orden de aprehensión reclamada está debidamente fundada y motivada. Por lo tanto, al encontrarse demostrado, al menos en grado de probabilidad la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, de la misma manera, la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió dolosamente y por sí, así como al estar fundada y motivada la orden de aprehensión reclamada conforme a lo expuesto al realizar su estudio oficioso, los conceptos de violación relativos que hizo valer el quejoso, resultan infundados. Aunado a lo anterior, se advierte que el Juez responsable respetó las formalidades previstas en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión de una orden de aprehensión, no aplicó retroactivamente la ley, pero aplicó la vigente aplicable y expedida con anterioridad. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********, en relación con dicho acto reclamado; negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades policiacas señaladas como responsables, pues no se les reclamó por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, a **********, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente expediente y la cuenta secretarial, se advierte que a las diez horas con diez minutos del día de hoy, se encuentra programada la audiencia constitucional del presente asunto. Sin embargo, existe imposibilidad para celebrarla, ya que aún no han transcurrido los ocho días para que las partes se impongan de los informes con justificación rendidos por el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales Contra la Familia y Trata de Personas de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, todas con sede en esta ciudad, a efecto de que aquéllas puedan ofrecer pruebas y formular alegatos; esto, de conformidad con el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales Contra la Familia y Trata de Personas de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, ambas con sede en esta ciudad; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, ya que dichas autoridades señalaron sus denominaciones correctas, se ordena que se efectúen las modificaciones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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