Juan Carlos Santos Luis y Otros.
Expediente 375/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos Santos Luis y Otros.
- Jesús Santos Luis y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL 375/2021 MESA 4A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral 375/2021 mesa 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado por el juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca; por el que informa que el tres de mayo del año en curso devolvió el despacho con número de orden 124/2021 y origen 92/2021, mismo que se acordó y se dio de baja en proveído de trece de mayo del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 375/2021 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintiuno. 1. Se recibe despacho diligenciado. Agréguese el oficio signado por la juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, mediante el cual remite diligenciado el despacho con número de orden 124/2021 y origen 92/2021, de este órgano jurisdiccional, que se envió con la finalidad de notificar al representante común de la parte quejosa el proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a través del cual se solicitó aclarar su demanda de amparo. Dése de baja en el libro de gobierno correspondiente y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con las anotaciones correspondientes. 2. Hecho notorio. De la certificación de cuenta se advierte que el juicio de amparo 319/2021 fue promovido por los mismos quejosos que en este juicio de amparo, contra el acto reclamado al Tribunal Unitario Agrario número Veintiuno en el Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de acordar su escrito presentado en el expediente agrario 44/2016; el cual fue sobreseído por actualizarse una causal de improcedencia. Asimismo, como la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario número Veintiuno en el Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado en el citado juicio, adjuntó el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente agrario 44/2016, mismo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo y que la parte quejosa fue omisa en exhibir con su escrito de cuenta; por tanto, dedúzcase copia y agréguese a este expediente, el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como la sentencia por la cual se sobreseyó en el juicio, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, porque constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. 3. Se agrega escrito. Agréguese el escrito signado por los quejosos 1) Luis Gudelia, 2) Mauro Antonio Santos Luis, 3) Jesús Santos Luis, 4) Juan Carlos Santos Luis, 5) José Santos Luis y 6) Sergio Leopoldo Santos Luis, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención realizada en proveído de dieciséis de abril del año en curso. Ahora, se procede a determinar lo conducente en relación con la admisión o no de la demanda de amparo. 4. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, los quejosos 1) Luis Gudelia, 2) Mauro Antonio Santos Luis, 3) Jesús Santos Luis, 4) Juan Carlos Santos Luis, 5) José Santos Luis y 6) Sergio Leopoldo Santos Luis, en su escrito aclaratorio precisaron que únicamente reclaman el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno emitido en el expediente agrario 44/2016, por el Tribunal Unitario Agrario número Veintiuno en el Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Por ello, respecto al quejoso 1) Sergio Leopoldo Santos Luis se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo y tercero, ambos de la Ley de Amparo; el primer artículo y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La causa de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica, de la propia Ley de Amparo o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. El diverso artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; .". De la transcripción anterior se advierte que cuando se esté en procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo indirecto sólo es procedente cuando el acto reclamado sea la última resolución dictada en aquél; pudiendo reclamarse las demás violaciones cometidas en ese período que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. El legislador definió qué se debe entender por la expresión "última resolución"; a saber: a) la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, b) declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o c) la que ordena el archivo definitivo del expediente. Es importante mencionar que la limitación de actos contra los que procede el juicio de amparo, tiene como finalidad no retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia, pues se prioriza que la sentencia se ejecute lo más pronto posible. Sin embargo, esas hipótesis no son absolutas, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre la sustentada por la primera y segunda sala, estimó que tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes, siempre y cuando: El acto infrinja directamente derechos sustantivos. Que esos derechos sustantivos sean ajenos a la cosa juzgada; es decir, independientes a los que se puedan afectar por la propia ejecución de sentencia. Criterio que dio origen a la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 163152, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Es decir, a pesar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo no prevé la procedencia del amparo contra actos intermedios en la etapa de ejecución, de acuerdo con el criterio citado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí es factible promover el juicio de amparo indirecto contra actos intermedios en la ejecución, siempre y cuando el acto afecte derechos sustantivos de difícil reparación. De la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte el acto reclamado lo es el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal Unitario Agrario número Veintiuno en el Estado de Oaxaca, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca en el expediente agrario 44/2016; en el cual se determinó lo siguiente: (Imagen escaneada) El citado acto reclamado, jurídicamente, no debe ser considerado como la última resolución que se dictó en el procedimiento de ejecución, pues su finalidad fue citar a las partes en determinada fecha para que lleguen a una amigable composición, respecto a la forma de ejecutar la sentencia dictada en expediente agrario 44/2016, en términos de lo establecido por el artículo 191 de la Ley Agraria. Así, se puede establecer que la determinación reclamada no vulnera ningún derecho sustantivo, porque la autoridad responsable únicamente realizó lo señalado por el artículo 191 de la Ley Agraria, para que las partes propongan la forma en que se llevará a cabo la ejecución de la sentencia, procurando llegar a un avenimiento al respecto, por lo que es inconcuso que se continuará con el trámite de ejecución; por ello, se actualiza dicha causal de improcedencia. De ahí que respecto del acto reclamado por el quejoso 1) Sergio Leopoldo Santos Luis, se actualiza la causa de improcedencia citada. Por otra parte, respecto de los diversos quejosos 2) Luis Gudelia, 3) Mauro Antonio Santos Luis, 4) Jesús Santos Luis, 5) Juan Carlos Santos Luis, 6) José Santos Luis, del análisis de las constancias que integran este asunto se advierte que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." El referido precepto tiene su fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de 'instancia de parte agraviada' en el juicio de amparo, pues, en lo sustancial, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Asimismo, el artículo 6º de le Ley de Amparo prevé: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del contenido de los artículos transcritos se advierte que los juicios de amparo sólo pueden ser promovidos por las partes a quienes perjudique directamente la ley o el acto reclamado, es decir, constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, que el acto reclamado perjudique en forma personal y directa a la parte quejosa, de tal forma que sólo podrá analizarse el fondo del asunto si se satisface el requisito previo del acreditamiento del perjuicio. Se invoca en apoyo a lo antes expuesto, por las razones que la contienen, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." No está por demás señalar que en este caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto, pues esta figura jurídica se entiende como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar su actualización en el caso concreto, porque, por disposición expresa del último párrafo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente tiene que contar con un interés jurídico comprobable. De tal manera que si los actos reclamados en este juicio provienen de una autoridad administrativa en materia agraria, como lo es el Tribunal Unitario Agrario número Veintiuno en el Estado de Oaxaca, residente en Oaxaca de Juárez, para que proceda el juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que tiene un interés jurídico, y no legítimo; ello dada la naturaleza jurisdiccional de los actos reclamados. Se reitera que los quejosos no forman parte de la relación jurídica procesal en el expediente agrario 44/2016, tal y como lo señaló la autoridad responsable en el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, como se aprecia de la siguiente imagen: (Imagen escaneada) De lo anterior se advierte que los quejosos 2) Luis Gudelia, 3) Mauro Antonio Santos Luis, 4) Jesús Santos Luis, 5) Juan Carlos Santos Luis, 6) José Santos Luis, pese a que hayan firmado escritos dirigidos al expediente en comento del índice de la autoridad responsable, no forman parte del juicio natural, por lo que el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente agrario 44/2016, no afecta el interés jurídico de los referidos peticionarios del amparo, ya que no se les priva de algún derecho real o personal, pues dicho acuerdo únicamente fue dirigido a las partes procesales en el juicio, entre ellos a 1) Sergio Leopoldo Santos Luis, no así los diversos impetrantes de amparo; además, lo acordado ahí únicamente es en relación a ejecución de la sentencia dictada en dicho juicio, pues se citó citar a las partes en determinada fecha para que lleguen a una amigable composición, respecto a la forma de ejecutar la sentencia dictada en expediente agrario 44/2016, en términos de lo establecido por el artículo 191 de la Ley Agraria. Es aplicable al caso concreto, por identidad jurídica, la tesis aislada VI.2o.C.297 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." Criterio que desde luego resulta aplicable al caso, dado que, como ya se indicó, la sola emisión o existencia del acuerdo reclamado referido no lesiona algún interés de los quejosos, tanto por no encontrarse dirigidas a su persona, como por no haberse ordenado expresamente la afectación de un derecho de esos promoventes, pues los destinatarios de tal acto de autoridad son las personas que intervinieron en el juicio natural; por ello, aunque la autoridad responsable fue clara en precisar que ellos no forman parte de la relación jurídico procesal en el citado expediente agrario, se insiste, no afecta el interés jurídico de los referidos quejosos, porque no son parte en el expediente agrario 44/2016. En consecuencia, al actualizarse las citadas causas de improcedencia con fundamento en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo y tercero, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA, DE PLANO, por motivos manifiestos e indudables de improcedencia, la demanda de amparo promovida por 1) Sergio Leopoldo Santos Luis, 2) Luis Gudelia, 3) Mauro Antonio Santos Luis, 4) Jesús Santos Luis, 5) Juan Carlos Santos Luis, 6) José Santos Luis. 5. Diversas peticiones de los quejosos. Respecto a lo solicitado por los quejosos en su última parte de su escrito de cuenta, relativo a que 1) solicitan la "INCOMPETENCIA EN MATERIA PENAL A LA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE AMPARO" y se 2) "NOTIFIQUE A EL (sic) MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN; dígaseles que no ha lugar acordar lo solicitado, en virtud de que en párrafos precedentes se desechó su demanda de amparo. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados. Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Y únicamente para recibir notificaciones, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en su escrito de cuenta, debido a que no se encontró registro a su favor en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf). 6.2 Correo electrónico y número telefónico. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 d el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado en su periodo de vigencia por el diverso 1/2021, se tiene al quejoso proporcionando el correo electrónico y número telefónico que cita en su demanda como medios de comunicación que, de ser necesario, podrán emplearse para establecer comunicación no procesal y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esas herramientas tecnológicas; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de este auto en el que se desecha la demanda de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. 10. Autorización al (la) actuario (a) judicial. Se autoriza al (la) actuario (a) en turno, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, con las medidas de seguridad debidas y previo procedimiento de autorización que realice dicho (a) fedatario (a) público (a) (envío de oficio y de lista de internos para tener acceso al mismo), se traslade y haga presente en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en el día de la semana que específicamente se programe para tal fin y notifique personalmente este proveído a la parte quejosa, con la respectiva copia autorizada. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por así haberlo solicitado expresamente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 375/2021 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de mayo de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que el Juzgado Mixto de Primera Instancia, residente en Ejutla de Crespo, Oaxaca, no ha devuelto el despacho con número de orden 124/2021 y de origen 92/2021, que le fue enviado con la finalidad de notificar a la parte quejosa el proveído de dieciséis de abril del actual, a través del cual se solicitó aclarar su demanda de amparo; no obstante que dicha autoridad auxiliar quedó notificada el veinte de abril del año en curso, tal y como se aprecia del acuse de recibo que se existe en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: 2.1. Requerimiento y apercibimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere al juez Mixto de Primera Instancia, residente en Ejutla de Crespo, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, devuelva la citada comunicación oficial o, informe el estado en que se encuentra el referido despacho. Se apercibe a dicho juez que en caso de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento legal que tuviera para ello, se le impondrá como medida de apremio, multa equivalente a cincuenta días de unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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