Juan Carlos Sanchez Palafox

Expediente 1025/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1025/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
02/12/2016

Partes del expediente

  • Juan Carlos Sanchez Palafox
  • Juez Sexto de lo Penal de la Ciudad de Puebla
  • Alan Joaquin Quiroz Mejia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO LA RESOLUCIÓN DE UNO DE DICIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 80 a 93), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Juan Carlos Sánchez Palafox para el efecto de que el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla realizara lo siguiente: "SÉPTIMA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Juan Carlos Sánchez Palafox; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracciones I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que el Juez Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: Deje sin efectos el acuerdo que dictó el siete de junio de dos mil dieciséis, únicamente en la parte en que fijó el monto para que el quejoso pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución dentro de la causa penal 101/2013. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente conforme a derecho." (.)" (foja 92 vuelta). Los vicios formales destacados, se advierten en la parte conducente del considerando sexto que a continuación se transcribe. "(.) Al respecto, se considera que el Juez responsable al emitir la resolución reclamada, expresó como fundamento para sustentar su decisión los artículos 350, 351, 354, 355 y 356 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, los cuales ya fueron estudiados en párrafos que anteceden; no obstante en la parte en que fijó los montos que la parte quejosa debe exhibir para gozar del beneficio de la libertad bajo caución, atinente al cumplimiento de las obligaciones, multa y reparación del daño, omitió motivar de manera adecuada su determinación, lo que deja a la parte quejosa en estado de indefensión, como se expone a continuación. Si bien la autoridad responsable al emitir el acto reclamado mencionó los antecedentes y peligrosidad; la gravedad y circunstancias del delito imputado; el interés en sustraerse de la acción de la justicia; su condición económica; también lo es que fue omisa en considerar adecuadamente esa información al establecer el monto para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones procesales. Se afirma lo anterior, dado que por tal concepto fijó al inculpado Juan Carlos Sánchez Palafox la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos 00/100 M.N.); tomando en cuenta las siguientes consideraciones: a) Los antecedentes de la parte acusada, refirió que se trataba de un primo delincuente, al ser la primera vez que se le iniciaba un proceso. b) La gravedad y circunstancias del delito imputado en este rubro indicó que al ser la primera vez que se le iniciaba un proceso su peligrosidad era mínima; asimismo, hizo constar que el delito por el que se le instruía la causa penal era el de abuso de autoridad el cual es de naturaleza dolosa y relató las circunstancias en que fue cometido el ilícito. c) El mayor o menor interés que pueda tener la acusada en sustraerse a la acción de la justicia, al respecto consideró que de acuerdo a la mecánica de los hechos el procesado perpetró conductas de índole dolosas por lo que a fin de evadir su responsabilidad podría sustraerse de la acción de la justicia. d) Las condiciones económicas de la parte acusada, de las que indicó se advertía que aun y cuando dijo obtener de su desempeño laboral $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), no pueden considerarse determinantes de su situación económica, tomando en cuenta que el patrimonio de una persona se integra además por el conjunto de bienes y derechos de que es poseedor. e) La naturaleza de la garantía fijada, la que señaló era en cualquiera de las formas. No obstante lo anterior, fue omisa en motivar por qué consideró pertinente fijar esa cantidad para garantizar sus obligaciones procesales, es decir, de dónde obtuvo o por qué razón fijó ese monto; además, esa cuantía no resulta congruente con las circunstancias que ponderó, dado que respecto a la gravedad y circunstancias del delito señaló que el imputado era de peligrosidad mínima; sin que estableciera además que el delito no es considerado grave por el artículo 69 del código procesal del Estado; por lo cual no existe razón para fijar una caución elevada, o al menos no justificó su determinación. De la misma forma, al señalar que puede sustraerse de la acción de la justicia para evadir su responsabilidad, no estableció si era mínimo o máximo su interés para hacerlo, así como tampoco tomó en consideración que tiene su domicilio bien establecido dentro de la jurisdicción de ese juzgado, que tiene como dependientes económicos a sus hijos, lo que lo obliga a permanecer en su lugar de residencia; incluso si el delito atribuido no es grave es posible pensar que no tiene intención de sustraerse; circunstancias que el juez responsable debió haber ponderado al fijar el monto para garantizar el cumplimiento de las obligaciones procesales, pues esa cantidad precisamente tiene como finalidad asegurar la presencia del inculpado en el proceso. Asimismo, en cuanto a sus condiciones económicas, el juez responsable observó que el inculpado cuenta con un ingreso de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) mensuales y destacó que su salario no podía ser determinante para establecer su situación económica, porque el patrimonio de una persona se integra además por el conjunto de bienes y derechos de que es poseedor; lo cual resulta incongruente dado que fue omiso en apreciar que tiene dependientes económicos y que de autos de la causa penal no se aprecian datos que permitan deducir los bienes o derechos que conforman su patrimonio, pues incluso el procesado manifestó que el domicilio en donde habita no es de su propiedad, sino de su hermano, lo cual hizo constar al rendir su declaración preparatoria; circunstancias que el juez de la causa paso por alto, porque de haberlo hecho habría advertido que la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos 00/100 M.N.) no es asequible para el inculpado, dado que tendría que destinar la totalidad del ingreso de su trabajo de casi tres meses, sin tomar en consideración los gastos esenciales de subsistencia, tales como alimentación, vestido, gastos médicos; tanto de él, como de sus dependientes económicos (tres hijos). Aspectos que denotan que la responsable al fijar el monto correspondiente para garantizar la libertad personal del aquí quejoso omitió ponderar integralmente la naturaleza, modalidades y circunstancias de ejecución del delito, las características y antecedentes del inculpado, sus condiciones económicas, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, y el mayor o menor interés que pudiera tener en sustraerse a la acción de la justicia, tal como lo dispone el artículo 355 de la legislación procesal penal; por lo que, con dicha omisión, se deja en estado de indefensión al procesado de mérito, al no saber a ciencia cierta las razones por las que se fija tal cantidad. Lo anterior encuentra apoyo además, en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXI, Materia Penal, registro 309724, página 580, de rubro y texto: "LIBERTAD CAUCIONAL LA GARANTÍA QUE DEBE OTORGARSE PARA DISFRUTAR DE LA, DEBE FIJARSE ATENDIENDO A LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ACUSADO. La fracción I, del artículo 20 constitucional determina que el acusado será puesto en libertad inmediatamente que lo solicite bajo fianza hasta por diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le imputa, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con pena mayor de cinco años de prisión. Ahora bien, si aquél es un obrero que percibe un sueldo de seis pesos diarios, y el Juez le fija como caución la suma de cinco mil pesos, no tuvo en cuenta la situación económica del propio acusado y los medios de vida de que dispone, y debe concederse el amparo, para el efecto de que se fije nueva caución, teniendo en cuenta las circunstancias personales del quejoso y no sólo la gravedad del delito." Por otro lado, en cuanto al concepto de multa, la autoridad responsable estimó fijar la cantidad de $1,460.80 ( mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N), que consideró era el equivalente a veinte días de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los transitorios del segundo, primer párrafo y tercero del Decreto por el que se declaran reformados y adicionados diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación de salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; concepto que también resulta violatorio de derechos fundamentales, en virtud de que no dijo de dónde obtuvo esa cantidad de días de unidades de medida y actualización, a cuanto equivalía cada día en unidad monetaria, en qué se basó o cuál fue el parámetro que tomó en cuenta para ello, y mucho menos expuso la operación aritmética que realizó; esto a efecto de que el imputado tuviera la certeza de dicha operación y pudiera atacarla, sin embargo, al no mencionar tal circunstancia lo deja en estado de indefensión para controvertir la decisión jurisdiccional. Igualmente, respecto al rubro relativo al monto para garantizar la posible reparación del daño moral y material, el juez de origen fue omiso en explicar por qué era procedente fijar la cantidad de $1,460.80 ( mil cuatrocientos sesenta pesos 80/100 M.N), que consideró era el equivalente a veinte días de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los transitorios del segundo, primer párrafo y tercero del Decreto por el que se declaran reformados y adicionados diversas disposiciones de la Constitución en materia de desindexación de salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; ya que no expuso razonamientos lógico-jurídicos que den a conocer el parámetro o base para llegar a esa cantidad que se encuentren relacionados con el delito que se le atribuye, como pudieron ser los gastos erogados, o bien, dictámenes o exámenes practicados a los agraviados para poder estimar el daño moral y material producido, y hacerlo cuantificable. Aunado a que tampoco especificó a cuanto equivalía cada día de unidad de medida y actualización en unidad monetaria, en qué se basó o cuál fue el parámetro que tomó en cuenta para ello, ni la operación aritmética que realizó para obtener tal cantidad. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.111/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, Materia Penal, registró 176945, página 437, de rubro y texto siguiente: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ DEL PROCESO DEBE FIJAR SU MONTO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado precepto constitucional señala que para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria que pueda imponerse al inculpado. En tal virtud, y atento al proceso legislativo que precedió a la reforma del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación de 3 de julio de 1996, se concluye que al momento de fijar el monto de la caución que un indiciado debe exhibir para gozar de la libertad provisional, no siempre debe señalarse la cuantía mínima de la sanción pecuniaria, así como tampoco deberá ser la máxima, sino que la graduación de dicha caución queda al prudente arbitrio del juzgador, quien deberá valorar las circunstancias específicas del inculpado y de la comisión del delito y observar las reglas previstas por el referido dispositivo constitucional, sin que ello implique que el hecho de fijar como caución un monto mayor a la multa mínima que correspondería imponer con motivo de la comisión del delito de que se trate, se prejuzgue sobre la acreditación de la responsabilidad o el grado de culpabilidad del inculpado, sino que se está tratando de proteger tanto a la víctima como a la sociedad, al impedir que el sujeto activo se sustraiga a la acción de la justicia y siga cometiendo hechos delictivos en su perjuicio, independientemente de que será hasta el momento de dictar la sentencia definitiva cuando pueda hacerse un pronunciamiento sobre la culpabilidad del indiciado." Así, resulta evidente que los razonamientos expuestos por el Juez de primera instancia no son acordes a la Constitución ni a la legislación secundaria que rige el acto reclamado, ya que dichos argumentos no son aptos ni suficientes para hacerle del conocimiento a la parte quejosa, el por qué se le fijaron las citadas cantidades para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, así como la multa y la reparación del daño. Motivo por el cual, el acto reclamado es violatorio de derechos fundamentales, pues como se advierte de la trascripción del acto reclamado, el juez responsable incurrió en una violación de tipo formal, al no motivar suficientemente la resolución que se impugna de inconstitucional, ya que no emitió razones lógico- jurídicas para justificar por qué llegó a la conclusión de que para que el procesado pueda gozar del beneficio constitucional de la libertad provisional bajo caución, debía exhibir las cantidades plasmadas en el acuerdo reclamado, pues no se advierte que haya realizado el estudio de la naturaleza, modalidades y circunstancias de los delitos, las características del inculpado (condiciones personales y económicas), la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, los daños y perjuicios causados a la parte ofendida, así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pudiera imponérsele." (89 a 92). En proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 156 a 158). Mediante oficio 8294 de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (foja 174), la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de siete de junio pronunciada en el proceso 101/2013, únicamente en la parte en que se fijaron los montos para que el aquí quejoso pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución, y la diversa de siete de noviembre de dos mil dieciséis con la que pretendió dar cumplimiento (foja 176); Pronunció una nueva resolución en la que realizó el estudio de los antecedentes de la parte acusada, la naturaleza, modalidades, gravedad y circunstancias del delito imputado, el mayor o menor interés que pueda tener el acusado en sustraerse a la acción de la justicia, las características del inculpado (condiciones personales y económicas), la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, la naturaleza de la garantía fijada, la reparación del daño moral y material, los daños y perjuicios causados al ofendido, así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pudiera imponérsele y las probanzas con las que sustentó su determinación; y, Con base en ello fijó la cantidad de $17,201.20 (diecisiete mil doscientos un pesos con veinte centavos), para que el aquí quejoso pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución (en las formas previstas por la ley, esto es, en efectivo, en póliza de fianza, en hipoteca y en fianza personal), y que en forma desglosada ampara los siguientes conceptos: La cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos cero centavos) como garantía de las obligaciones procesales a cargo del aquí quejoso tomando en cuenta además de los antecedentes del procesado, la sanción mínima privativa de libertad que prevé el delito que se le imputa, doloso de ejecución instantánea y las particularidades del inculpado descritas en la foja 176 vuelta; La cantidad de $730.40 (setecientos cuarenta pesos con cuarenta centavos) para garantizar la posible sanción pecuniaria a que pudiera hacerse acreedor (equivale a diez días de salario mínimo vigente en la época de los hechos $73.04 (setenta y tres pesos con cuatro centavos) tomando también en cuenta como punto de partida el término medio de la sanción pecuniaria a que se refiere el artículo 420 del Código Penal del Estado de Puebla; y, La cantidad de $1,460.80 (mil cuatrocientos sesenta pesos con ochenta centavos) para garantizar la posible reparación del daño moral equivalente a veinte días de salario mínimo vigente en la época de los hechos, tomando además en cuenta y como punto de partida el dictamen del médico legista que calificó las lesiones ocasionadas a Alan Joaquín Quiróz Mejía, así como también el término medio de la sanción pecuniaria a que se refiere el artículo 420 del Código Penal del Estado de Puebla que sanciona el delito de abuso de autoridad. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en atención a su contenido, téngasele a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en atención a su contenido, téngasele a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo proveniente del Juzgado Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual, manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, pues exhibe copia certificada de: La resolución dictada el siete de noviembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal de origen, de la cual se advierte que, dicha autoridad no motivó suficientemente la citada resolución, ya que no realizó lo siguiente: Respecto al rubro relativo al monto para garantizar la posible reparación del daño moral, consistente en la cantidad de $1,460.80 (un mil cuatrocientos pesos con ochenta centavos moneda nacional), no expuso los razonamientos lógico-jurídicos que den a conocer el parámetro o base para llegar a esa cantidad que se encuentren relacionados con el delito que se le atribuye, como pudieron ser los gastos erogados, o bien, dictámenes o exámenes practicados a los agraviados para poder estimar el daño moral y material producido, y hacerlo cuantificable. Ahora bien, cabe precisar que los efectos de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, son los siguientes: (.) Deje sin efectos el acuerdo que dictó el siete de junio de dos mil dieciséis, únicamente en la parte en que fijó el monto para que el quejoso pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución dentro de la causa penal 101/2013. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente conforme a derecho. (.) En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Juez Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos el acuerdo que dictó el siete de junio de dos mil dieciséis, únicamente en la parte en que fijó el monto para que el quejoso pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución dentro de la causa penal 101/2013, así como el diverso dictado el siete de noviembre de dos mil dieciséis. b) Emita una nueva resolución en la cual purgue el siguiente vicio formal: Establezca respecto al rubro relativo al monto para garantizar la posible reparación del daño moral, consistente en la cantidad de $1,460.80 (un mil cuatrocientos pesos con ochenta centavos moneda nacional), cuáles son los razonamientos lógico-jurídicos que den a conocer el parámetro o base para llegar a esa cantidad que se encuentren relacionados con el delito que se le atribuye, como pudieron ser los gastos erogados, o bien, dictámenes o exámenes practicados a los agraviados para poder estimar el daño moral y material producido, y hacerlo cuantificable. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis; (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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