Juan Carlos Sánchez Palafox
Expediente 834/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alan Joaquín Quiroz
- Juan Carlos Sánchez Palafox
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del tres al veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO LA RESOLUCIÓN DE 23 DE FEBRERO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 75 a 90), se concedió el amparo a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Dada la incongruencia advertida, deberá desglosar correctamente los elementos del cuerpo del delito de abuso de autoridad, acorde a lo que dispone la fracción IV del artículo 419 del Código Penal para el Estado de Puebla, y acorde con las pruebas que obran en la causa penal de origen determine si se encuentra acreditados, estudio que deberá ser debidamente fundado y motivado. b) Deberá indicar de qué manera se probó el elemento normativo "actos arbitrarios y atentatorios", y a partir de la valoración y adminiculación de los medios de prueba indique, que fue el quejoso, aquí inconforme, quien ejecutó una conducta arbitraria y atentatoria a los derechos del agraviado que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado; es decir, debe exponer detalladamente la mecánica de los hechos, y partir de ello aclarar cuáles eran sus facultades frente a los hechos en que participó, cuáles eran los derechos de Alan Joaquín Quiroz Mejía, para finalmente explicar cuál fue el derecho o derechos afectados, o bien el acto arbitrario cometido por los servidores públicos en los hechos denunciados por el aludido agraviado. c) Deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de los delitos en estudio. d) Deberá precisar de manera precisa cuál en sí fue la participación que desplegó el quejoso en la ejecución del delito que se le imputa, es decir, cuál fue la acción que en realidad realizó el inculpado, aquí quejoso que agravió al pasivo del delito." Resolución contra la cual, el quejoso interpuso recurso de revisión, por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca R-358/2016 (fojas 211 a 238), resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión. Así las cosas, mediante proveído de primero de febrero de dos mil diecisiete (fojas 239 a 242), este órgano jurisdiccional solicitó a la autoridad responsable el cumplimiento de la presente ejecutoria. Por lo anterior, mediante oficio 590 de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 253 a 268), la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución, dictada en los autos de la causa penal 101/2013 de su índice, mediante la cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada consistente en el auto de formal prisión de uno de mayo de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso Juan Carlos Sánchez Palafox, decretándole auto de formal prisión por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV y 420 del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alán Joaquín Quiroz Mejía. Resolución en la cual, se advierte que en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, desglosó los elementos del cuerpo del delito de abuso de autoridad, al establecer que son: "a) La calidad de servidor público en el agente delictivo del delito (elemento objetivo). b) Un acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la república o del Estado (elemento subjetivo)" (foja 255). Asimismo, estableció que con el caudal probatorio que obra en autos, como son: a) La denuncia del agraviada Alán Joaquín Quiroz Mejía; b) Las testimoniales de Josué López Guerrero, Carlos Eduardo Martínez Sinto y Luis Gabriel Apam Tello; c) Diligencia de reproducción de video y audio desahogada por el Ministerio Público el seis de mayo de dos mil doce; d) Boleta de infracción número 61251, el oficio S.M./D.J.C/007/2012, signado por el Director de Juzgados Calificadores; e) La remisión número 142392, dictamen clínico toxicológico número 7173; f) Acta 18850CEN/2 de fecha catorce de enero de dos mil doce; g) Parte informativo de la misma fecha signado por los oficiales Juan Carlos Sánchez Palafox y Rafael Ortega Loranca; y, h) Expediente laboral del aquí quejoso en su carácter de servidor público como elemento policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Se acreditaron los elementos del cuerpo del delito señalados en párrafos precedentes (fojas 255 a 262). Igualmente, tuvo por acreditado el elemento normativo "actos arbitrarios y atentatorios"; al establecer la mecánica de los hechos, así como los derechos del agraviado Alán Joaquín Quiroz Mejía, previstos en la Constitución Federal, las facultades del aquí quejoso como elemento de policía, y los derechos afectados o el acto arbitrario, pues explicó: ".se desprenden versiones contradictorias, pues en este afirman que eran aproximadamente las 00:00 cero horas del 14 catorce de enero de 2012 dos mil doce, cuando se percataron que el ofendido se pasaba los altos, alcanzándolo calles adelante, lo cual resulta contradictorio a lo que se aprecia en la diligencia de reproducción de video, en cuanto a que el vehículo se encontraba parado e incluso de lo asentado en la acta de infracción, de la que se advierte que fue levantada a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos, por conducir en estado de ebriedad, es decir, que una hora treinta minutos de que vieran a la unidad pasándose los altos, ya lo habían infraccionado; de ahí que si de las constancias mencionadas se desprenden incongruencias entre el día y hora en que se levantó la infracción y lo asentado en dicho parte, es evidente que desvirtuaron los motivos por los cuales procedieron al aseguramiento de su automotor y su detención y puesta a disposición de un juez calificar, por lo consiguiente se acredita la ilegalidad de dichos actos, pues al tenor de lo dispuesto por el diverso 212 del Código Reglamentario para el Municipio, en los casos de que los responsables sean sorprendidos al momento de cometer la infracción, habrá lugar a su detención por elementos de las fuerzas de seguridad pública o seguridad vial, en su caso, quienes deberán radicar de inmediato el asunto ante el Juez Calificar, debiendo poner al detenido a disposición de dicha autoridad; tal como lo indica el artículo 16 párrafo V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, circunstancia que sobre el particular no aconteció, dado que en autos no se encuentra plenamente acreditado que el citado ofendido condujera en estado de ebriedad una unidad vehicular; acreditándose asó el elemento normativo del delito en análisis." (fojas 261 vuelta y 262). Asimismo, en dicha determinación se establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito en estudio, al establecer: "Bajo ese orden de ideas la lógica y natural concatenación del cúmulo de probanzas analizadas nos conducen a sostener que en la causa se encuentra acreditado el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por los artículos 419 fracción IV y 420 del Código Penal del Estado, en relación al 13 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Alán Joaquín Quiroz Mejía, pues demuestran que el 13 trece de enero de 2012 dos mil doce, aproximadamente a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos, en los momentos en que el aquí agraviado se encontraba en compañía de otras dos personas, a bordo de su vehículo marca Smart, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación TWT1498 del Estado de Puebla, debidamente estacionado, sobre la avenida 15 quince Poniente a la altura de la 7 Sur de esta ciudad, arribaron a dicho lugar dos servidores públicos, quienes en su calidad de elementos de la Policía Municipal, después de cuestionarlo de los motivos por los cuales se encontraba en dicho lugar estacionado, y dada la reacción del mismo en cuanto a no estar cometiendo ninguna infracción o falta administrativa por lo que les solicitó se le permitiera retirarse a lo que no accedieron, para luego al arribar al lugar de los hechos otros agentes policiacos sostuvieran que el mismo conducía en estado de ebriedad, para finalmente procedieran a llevarse su vehículo y a su ilegal detención, así como fue puesto a disposición de un juez calificar, quien lo infraccionó; actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, al controvertir lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, trasgrediendo así el bien jurídicamente tutelado en el precepto referente a la correcta administración del servicio y función pública." Finalmente, el juez de la causa estableció la conducta que desplegó el aquí quejoso en la ejecución del delito imputado al establecer que fue como autor material, por haber sido quien: 1. llegó a bordo de la patrulla rotulada "PT-1004", 2. procedió a detener y esposar al agraviado bajo el argumento de que era procedimiento de rutina, para luego subirlo a dicha patrulla (fojas 262 vuelta y 263). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 23 DE febrero DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de febrero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 75 a 90), se concedió el amparo a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Dada la incongruencia advertida, deberá desglosar correctamente los elementos del cuerpo del delito de abuso de autoridad, acorde a lo que dispone la fracción IV del artículo 419 del Código Penal para el Estado de Puebla, y acorde con las pruebas que obran en la causa penal de origen determine si se encuentra acreditados, estudio que deberá ser debidamente fundado y motivado. b) Deberá indicar de qué manera se probó el elemento normativo "actos arbitrarios y atentatorios", y a partir de la valoración y adminiculación de los medios de prueba indique, que fue el quejoso, aquí inconforme, quien ejecutó una conducta arbitraria y atentatoria a los derechos del agraviado que se encuentran garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado; es decir, debe exponer detalladamente la mecánica de los hechos, y partir de ello aclarar cuáles eran sus facultades frente a los hechos en que participó, cuáles eran los derechos de Alan Joaquín Quiroz Mejía, para finalmente explicar cuál fue el derecho o derechos afectados, o bien el acto arbitrario cometido por los servidores públicos en los hechos denunciados por el aludido agraviado. c) Deberá precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución de los delitos en estudio. d) Deberá precisar de manera precisa cuál en sí fue la participación que desplegó el quejoso en la ejecución del delito que se le imputa, es decir, cuál fue la acción que en realidad realizó el inculpado, aquí quejoso que agravió al pasivo del delito." Resolución contra la cual, el quejoso interpuso recurso de revisión, por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca R-358/2016 (fojas 211 a 238), resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión. Así las cosas, mediante proveído de primero de febrero de dos mil diecisiete (fojas 239 a 242), este órgano jurisdiccional solicitó a la autoridad responsable el cumplimiento de la presente ejecutoria. Por lo anterior, mediante oficio 590 de siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 253 a 268), la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución, dictada en los autos de la causa penal 101/2013 de su índice, mediante la cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada consistente en el auto de formal prisión de uno de mayo de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso Juan Carlos Sánchez Palafox, decretándole auto de formal prisión por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por los artículos 419, fracción IV y 420 del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alán Joaquín Quiroz Mejía. Resolución en la cual, se advierte que en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, desglosó los elementos del cuerpo del delito de abuso de autoridad, al establecer que son: "a) La calidad de servidor público en el agente delictivo del delito (elemento objetivo). b) Un acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de la república o del Estado (elemento subjetivo)" (foja 255). Asimismo, estableció que con el caudal probatorio que obra en autos, como son: a) La denuncia del agraviada Alán Joaquín Quiroz Mejía; b) Las testimoniales de Josué López Guerrero, Carlos Eduardo Martínez Sinto y Luis Gabriel Apam Tello; c) Diligencia de reproducción de video y audio desahogada por el Ministerio Público el seis de mayo de dos mil doce; d) Boleta de infracción número 61251, el oficio S.M./D.J.C/007/2012, signado por el Director de Juzgados Calificadores; e) La remisión número 142392, dictamen clínico toxicológico número 7173; f) Acta 18850CEN/2 de fecha catorce de enero de dos mil doce; g) Parte informativo de la misma fecha signado por los oficiales Juan Carlos Sánchez Palafox y Rafael Ortega Loranca; y, h) Expediente laboral del aquí quejoso en su carácter de servidor público como elemento policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Se acreditaron los elementos del cuerpo del delito señalados en párrafos precedentes (fojas 255 a 262). Igualmente, tuvo por acreditado el elemento normativo "actos arbitrarios y atentatorios"; al establecer la mecánica de los hechos, así como los derechos del agraviado Alán Joaquín Quiroz Mejía, previstos en la Constitución Federal, las facultades del aquí quejoso como elemento de policía, y los derechos afectados o el acto arbitrario, pues explicó: ".se desprenden versiones contradictorias, pues en este afirman que eran aproximadamente las 00:00 cero horas del 14 catorce de enero de 2012 dos mil doce, cuando se percataron que el ofendido se pasaba los altos, alcanzándolo calles adelante, lo cual resulta contradictorio a lo que se aprecia en la diligencia de reproducción de video, en cuanto a que el vehículo se encontraba parado e incluso de lo asentado en la acta de infracción, de la que se advierte que fue levantada a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos, por conducir en estado de ebriedad, es decir, que una hora treinta minutos de que vieran a la unidad pasándose los altos, ya lo habían infraccionado; de ahí que si de las constancias mencionadas se desprenden incongruencias entre el día y hora en que se levantó la infracción y lo asentado en dicho parte, es evidente que desvirtuaron los motivos por los cuales procedieron al aseguramiento de su automotor y su detención y puesta a disposición de un juez calificar, por lo consiguiente se acredita la ilegalidad de dichos actos, pues al tenor de lo dispuesto por el diverso 212 del Código Reglamentario para el Municipio, en los casos de que los responsables sean sorprendidos al momento de cometer la infracción, habrá lugar a su detención por elementos de las fuerzas de seguridad pública o seguridad vial, en su caso, quienes deberán radicar de inmediato el asunto ante el Juez Calificar, debiendo poner al detenido a disposición de dicha autoridad; tal como lo indica el artículo 16 párrafo V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, circunstancia que sobre el particular no aconteció, dado que en autos no se encuentra plenamente acreditado que el citado ofendido condujera en estado de ebriedad una unidad vehicular; acreditándose asó el elemento normativo del delito en análisis." (fojas 261 vuelta y 262). Asimismo, en dicha determinación se establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito en estudio, al establecer: "Bajo ese orden de ideas la lógica y natural concatenación del cúmulo de probanzas analizadas nos conducen a sostener que en la causa se encuentra acreditado el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por los artículos 419 fracción IV y 420 del Código Penal del Estado, en relación al 13 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Alán Joaquín Quiroz Mejía, pues demuestran que el 13 trece de enero de 2012 dos mil doce, aproximadamente a las 23:30 veintitrés horas con treinta minutos, en los momentos en que el aquí agraviado se encontraba en compañía de otras dos personas, a bordo de su vehículo marca Smart, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación TWT1498 del Estado de Puebla, debidamente estacionado, sobre la avenida 15 quince Poniente a la altura de la 7 Sur de esta ciudad, arribaron a dicho lugar dos servidores públicos, quienes en su calidad de elementos de la Policía Municipal, después de cuestionarlo de los motivos por los cuales se encontraba en dicho lugar estacionado, y dada la reacción del mismo en cuanto a no estar cometiendo ninguna infracción o falta administrativa por lo que les solicitó se le permitiera retirarse a lo que no accedieron, para luego al arribar al lugar de los hechos otros agentes policiacos sostuvieran que el mismo conducía en estado de ebriedad, para finalmente procedieran a llevarse su vehículo y a su ilegal detención, así como fue puesto a disposición de un juez calificar, quien lo infraccionó; actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, al controvertir lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, trasgrediendo así el bien jurídicamente tutelado en el precepto referente a la correcta administración del servicio y función pública." Finalmente, el juez de la causa estableció la conducta que desplegó el aquí quejoso en la ejecución del delito imputado al establecer que fue como autor material, por haber sido quien: 1. llegó a bordo de la patrulla rotulada "PT-1004", 2. procedió a detener y esposar al agraviado bajo el argumento de que era procedimiento de rutina, para luego subirlo a dicha patrulla (fojas 262 vuelta y 263). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos, el ocurso signado por el quejoso Juan Carlos Sánchez Palafox; visto su contenido, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha su promoción por notoriamente improcedente, en razón a que no es el momento procesal oportuno para desistirse del presente juicio de amparo, ni del recurso de revisión registrado con el número R-358/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En primer lugar, el desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva a emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Por cuanto hace al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2000, consideró que el desistimiento de la demanda de amparo se puede manifestar en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria. La jurisprudencia invocada, es del rubro y texto siguientes: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Ahora bien, de autos se advierte que el trece de septiembre de dos mil dieciséis se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo al quejoso Juan Carlos Sánchez Palafox; resolución que confirmó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito por resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete. Así las cosas, mediante proveído de diez de febrero del actual, se tuvo a la referida autoridad responsable remitiendo las constancias con las que adujo haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, entonces, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. En ese tenor, se estima que el desistimiento del presente juico de amparo formulado por el demandante constitucional es improcedente, porque la realiza después de causada ejecutoria la sentencia de amparo y en el procedimiento de cumplimiento de la misma, por lo que una vez que transcurra el término que se le concedió para desahogar la vista concedida por acuerdo de diez de febrero pasado, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. No se soslaya por la suscrita que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª. LI/2014 (10ª.), estableció que es procedente que la parte quejosa pueda desistirse al cumplimiento de la sentencia de amparo, siempre y cuando la concesión del amparo tenga por efecto que las autoridades responsables devuelvan las cantidades monetarias a que fueron condenadas por la autoridad jurisdiccional a través del juicio constitucional; sin embargo, tal supuesto no se actualiza en el caso, ya que el amparo que se otorgó al impetrante del amparo no tiene por efecto la devolución de alguna suma monetaria. La tesis aislada mencionada, es del rubro y texto siguientes: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA ANTE EL DESISTIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE TRATE DE INTERESES PATRIMONIALES PREVIA RATIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Según el principio de prosecución judicial, el interés de los quejosos por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro de éste, representa un aspecto necesario dentro del trámite del juicio de amparo hasta su resolución final, pues de lo contrario, no habría razón para emitir una sentencia o agotar las instancias procesales respectivas. De ahí que, si bien el orden público requiere del cumplimiento de las sentencias como respuesta a la eficacia de reparación de cualquier derecho humano violado, lo cierto es que cuando la concesión del amparo tenga por efecto que las autoridades responsables devuelvan las cantidades monetarias a que fueron condenadas por la autoridad jurisdiccional a través del juicio constitucional es procedente, previa ratificación de su voluntad ante el órgano jurisdiccional en el cual se encuentra radicado el incidente de inejecución de sentencia, que los beneficiados con la concesión del amparo desistan de su cumplimiento, pues ante tal manifestación y tratándose del pago de pesos, el perjuicio patrimonial sólo corresponde a ellos; de suerte que ya no subsiste la materia del incidente de inejecución y, por tanto, debe declararse sin materia, sin que esto implique que la autoridad haya cumplido, sino que se actualiza un presupuesto procesal que impide la continuación del procedimiento de ejecución, sin que pueda aplicárseles, en su caso, la norma declarada inconstitucional.
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