Juan Carlos Sanchez de Cordova
Expediente 1616/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1616/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Carlos Sanchez de Cordova
- Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán; veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, a las diez horas con quince minutos del treinta de agosto de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del licenciado Diego Jezreel Nieto Bianchi, Secretario con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de sus representantes legítimos. Acto seguido, se da cuenta al Juez con la demanda, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual obra agregado con conocimiento a las partes y con el emplazamiento de la tercera interesada Maricruz Pérez Montalvo (foja 14), así como su apersonamiento al juicio (foja 15). A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido en tiempo y forma el informe justificado en comento. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las copias certificadas remitidas por la responsable (fojas 31 a 47). A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en atención a su propia naturaleza, se tienen por desahogadas las referidas probanzas; para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se declara cerrado dicho periodo. De igual manera, se abre el de alegatos y el Secretario da cuenta con el pedimento 514/2022, formulado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (promoción 17281, fojas 19 a 22), en el que solicitó, por los motivos que expone, se niegue el amparo y protección de la justicia federal o se dicte el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Al respecto el Juez determina: con fundamento en el precepto 124 de la ley de la materia, se tienen por vertidos los alegatos de la fiscal adscrita, mismos que podrán ser tomados en cuenta al dictar el fallo constitucional, sin que las demás partes hayan formulado sus alegatos, por lo que se cierra este periodo. A continuación, al no haber diligencias pendientes por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución: Visto, para resolver el juicio de amparo 1616/2022-IX-B, promovido por Juan Carlos Sánchez de Córdova, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de junio de este año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el treinta de junio siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Juan Carlos Sánchez de Córdova a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó a la Jueza Primera de Oralidad Familiar en turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de uno de julio de este año, se admitió a trámite la demanda de amparo, bajo el número 1616/2022-IX-B; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; y, entre otras cosas, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía. De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: - La omisión de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de diecinueve de abril de este año, dentro del procedimiento especial de divorcio 414/2019. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Jueza Primera de Oralidad Familiar en turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (promoción 18288, foja 30), pues no obstante que en su informe justificado lo acepta, de las constancias que remitió como a poyo a éste (fojas 31 a 47), se desvirtúa dicha certeza. Documentales que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En efecto, de dichas constancias se aprecia que mediante acuerdo de veintidós de junio de este año se admitió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de diecinueve de abril de este año, dictado dentro del procedimiento especial de divorcio 414/2019, por lo que se dio vista a las partes por el término de tres días, para el uso de sus derechos (foja 44); determinación que se notificó por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado el treinta de junio siguiente (foja 44, vuelta). Posteriormente, en providencia de dos de agosto de este año, la responsable citó a las partes a fin de que dentro del término de tres días, se dictara la resolución correspondiente (fojas 45 y 46). En ese sentido, de lo anterior se aprecia que a la fecha en la que se presentó la demanda (veintinueve de junio de este año), la Jueza responsable no se encontraba en posibilidad de resolver el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de diecinueve de abril de este año, pues el término otorgado a las partes para hacer valer sus derechos respecto del mismo, se notificó hasta el treinta de junio de la anualidad, es decir, después de la presentación de la demanda. De ahí que es innegable que deviene inexistente la omisión que se le atribuye. Cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Así, ante la inexistencia del acto atribuido a dicha autoridad, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Sánchez de Córdova, contra el acto que reclamó de la jueza responsable, por la razón expuesta en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán; doce de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos, el informe con justificación de la Jueza Primera de Oralidad Familiar en Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que no obra agregado en autos el informe con justificación del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, turno vespertino, con sede en esta ciudad, pues se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado en auto de uno de julio de este año para ello. Esto, pues si bien el oficio respectivo le fue notificado el cuatro de julio pasado, lo cierto es que constituye un hecho notorio que dicha autoridad responsable gozó de su primer período vacacional, comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintidós, como se aprecia del Acuerdo General Conjunto número AGC-2112-44 de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por el que se aprueba el calendario judicial de suspensión de labores correspondiente al año 2022, publicado en el Diario Oficial del Estado el quince de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, con el fin de dar oportunidad a que dicha responsable se encuentre en aptitud de rendir el referido informe, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con quince minutos del treinta de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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