Juan Carlos Romero Huerta
Expediente 1367/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Carlos Romero Huerta
- Fiscal Investigador Vigésimo Cuarto en Motul, de la Fiscalía General del Estado
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, su oficio número 10126/2019, de fecha veintidós de octubre pasado, mediante el cual comunica a este órgano de control constitucional que en autos del toca relativo al recurso de queja 266/2019, se admitió a trámite dicho recurso interpuesto por la parte quejosa, en el juicio que nos atañe. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a los mismos, para los efectos legales correspondientes, el escrito de Daniel Segura Segura, apoderado legal del quejoso ******, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de siete de octubre del presente año. Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que SI ES CIERTO, que por auto de siete de octubre pasado, se desechó la demanda de amparo que promovió *******, por conducto de su apoderado legal *****, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Envíese el original del escrito de expresión de agravios, junto con copia certificada de las constancias que conforman este expediente original 1367/2016-V-A, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la razón actuarial de fecha ocho de octubre pasado, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente el contenido del acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, a la parte promovente, en el domicilio señalado en el escrito de demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágasele la notificación del presente acuerdo, así como del diverso proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve, y las subsecuentes, aún las personales, si las hubiere, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. Notifíquese por lista de estrados a la parte promovente. Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *******, quien se ostenta apoderado legal de *********, en contra de los actos que reclama del Fiscal Investigador Vigésimo Cuarto en Motul de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que hace consistir en lo siguiente: La omisión de realizar las diligencias necesarias para la investigación de los hechos denunciados en la carpeta de investigación A1 A1 *****y de dictar las medidas de protección a la víctima. Fórmese expediente, regístrese con el número ****, que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad de ********, como apoderado legal de ************, en términos de la copia certificada de la escritura pública número cincuenta y siete mil trescientos setenta y cuatro, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública Número Noventa y Siete de la Ciudad de México. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, el suscrito Juzgador estima que respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, resulta indispensable asentar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los referidos numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Del transcrito precepto legal en concordancia con el artículo 20, apartado C, fracción VIl, Constitucional, se advierten los siguientes aspectos: Las decisiones y omisiones del Ministerio Público, entre ellas, la abstención de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control. El Juez de Control convocará a una audiencia, en la cual se podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público, así como ordenarle abrir la investigación dentro de la Carpeta de Investigación y continuar con la persecución penal. Por su parte, la porción normativa referida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Lo anterior, se traduce en la potestad de esos sujetos para agotar el control judicial en contra de las determinaciones destacadas, derecho el cual no incide hasta el punto de considerarlo como una obligación de las víctima u ofendidos. Es decir, ese derecho al tener su génesis en lo dispuesto por la fracción VIl, apartado "C", del artículo 20 Constitucional, se debe de considerar como la prerrogativa de las víctimas u ofendidos de impugnar cierto tipo de omisiones y determinaciones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, lo cual engloba dos aspectos: El derecho del gobernado (víctima u ofendido) quien podrá o no agotar ese medio ordinario de defensa y, La obligación de la autoridad (Juez de Control), respecto la admisión y decisión en definitiva al ejercer un control judicial. Los dos puntos destacados, no pueden llegar al extremo de considerar al derecho de las víctimas u ofendidos como una imposición que dé cabida incluso a una interpretación restrictiva de esa prerrogativa. Ahora, los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento como en el dictado de la resolución de un asunto, el más común es el recurso. Así, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación, que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica. Por tanto, el recurso es un medio de impugnación que se interpone contra una resolución pronunciada en un proceso ya iniciado, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Cabe agregar que al margen de la manera como el legislador aluda o designe a un "recurso" o a la acción de interponerlo (verbigracia, inconformarse, recurrir, etcétera), debe considerarse que lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada. Ahora, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -control judicial-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión, abstención o resolución del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. En ese orden de ideas, cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen una omisión del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (control judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Por tanto, al constituir el acto reclamado en la omisión de realizar las diligencias necesarias para investigar los hechos en la carpeta de investigación de origen, así como de dictar las medidas de protección a la víctima; la parte quejosa puede reclamar dicha omisión mediante el control judicial ante el juez de control, en los términos en que dispone el artículo 258 del citado cuerpo de leyes, el cual no constituye una excepción al principio de definitividad que impera en el presente procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, los sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia publicada en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, materia común, con número de registro 175624, del rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Igualmente, sirve de apoyo lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia ***2018 (10ª.), Décima Época, Materias Común, Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, visible en la página 943, con número de registro 2017640, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. ..." De ahí que si el promovente no agotó el principio de definitividad a que se encuentra obligado, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra las omisiones en la integración de la carpeta de investigación, en lo que se traducen los actos reclamados en el presente juicio, entonces, es notoriamente improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por *******, apoderado legal de *******. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Finalmente, fórmese el correspondiente expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte promovente y regístrese.
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