Juan Carlos Rojas Hernández

Expediente 579/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
579/2020
Año
2020
Actuaciones
35
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rojas Hernández
  • Juan Carlos Rojas Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor pronunciamiento, el oficio de cuenta signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambas con residencia en la Ciudad de México, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo amparador dictado en el presente asunto. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 579/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de doce de mayo de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconformes con dicha resolución, las autoridades responsables Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Comisionado y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, todos con residencia en la Ciudad de México, interpusieron recurso de revisión en su contra, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 234/2021 de su estadística, por una parte desechó y por otra confirmó la sentencia recurrida, la cual ampara y protege a JUAN CARLOS ROJAS HERNÁNDEZ, para los efectos siguientes: 1). Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de la Salud (COFEPRIS) a través del 2. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deje insubsistente el oficio reclamado. 2). En su lugar, emita un nuevo oficio debidamente fundado y motivado en el que, atendiendo a las consideraciones expuestas en esta sentencia, otorgue a Juan Carlos Rojas Hernández la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar) del estupefaciente Cannabis Sativa Índica o Americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como 'Marihuana' o 'Cannabis', en el entendido de que corresponderá a la COFEPRIS establecer los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior, no supone en ningún caso que la autorización sanitaria se otorgue al quejoso para realizar actos de comercio o cualquiera otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, incluidos actos para su importación. En esas condiciones, mediante auto de veintiocho de enero del año en curso, se requirió su cumplimiento a la 1. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS) y 2. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambas con residencia en la Ciudad de México. Seguidamente, en auto de doce de mayo del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra el oficio con registro 8315, signado por la Subdirectora Ejecutiva de los Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en suplencia del Coordinador General Jurídico y Consultivo, y este en representación de las autoridades responsables 1. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 2. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambas con sede en la Ciudad de México; al cual anexó copia certificada del oficio CAS/DEREPSQ/3352/2021 de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno emitido a favor del quejoso JUAN CARLOS ROJAS HERNÁNDEZ, por el cual dejó insubsistente el diverso oficio 203301EL350877 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte y le otorgó autorización sanitaria para la realización de las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocido comúnmente como "marihuana": sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana) Sin comprender dicha autorización, en ningún caso la realización de actos de comercio, suministro o cualquier otro referido o inherente a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas o actos para su importación, incluida en esta prohibición las semillas adquiridas mediante los permisos sanitarios correspondientes o que sean producidos a raíz de las actividades permitidas en la autorización referida. En tales condiciones, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que la autoridad responsable 1. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS) a través del 2. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, atendiendo los lineamientos dictados en la misma, dejó insubsistente el oficio reclamado y en su lugar emitió un nuevo oficio por el cual otorgó al quejoso la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente Cannabis Sativa Índica o Americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como 'Marihuana'. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa exhibió el original del Oficio No. 303301EL350877 en el presente juicio de amparo, como prueba de su parte; en esas condiciones, y en atención al artículo 18, primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte tercero quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a JUAN CARLOS ROJAS HERNÁNDEZ que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado documento. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Asimismo, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    IV. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de doce de mayo de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Inconformes con dicha resolución, las autoridades responsables Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Comisionado y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, todos con residencia en la Ciudad de México, interpusieron recurso de revisión en su contra, el cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 234/2021 de su estadística, por una parte desechó y por otra confirmó la sentencia recurrida, la cual ampara y protege a JUAN CARLOS ROJAS HERNÁNDEZ, para los efectos siguientes: 1). Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de la Salud (COFEPRIS) a través del 2. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deje insubsistente el oficio reclamado. 2). En su lugar, emita un nuevo oficio debidamente fundado y motivado en el que, atendiendo a las consideraciones expuestas en esta sentencia, otorgue a Juan Carlos Rojas Hernández la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar) del estupefaciente Cannabis Sativa Índica o Americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como 'Marihuana' o 'Cannabis', en el entendido de que corresponderá a la COFEPRIS establecer los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior, no supone en ningún caso que la autorización sanitaria se otorgue al quejoso para realizar actos de comercio o cualquiera otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, incluidos actos para su importación. En esas condiciones, mediante auto de veintiocho de enero del año en curso, se requirió su cumplimiento a la 1. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS) y 2. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambas con residencia en la Ciudad de México. Seguidamente, en auto de doce de mayo del año en curso, se acordó y ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así toda vez, que obra el oficio con registro 8315, signado por la Subdirectora Ejecutiva de los Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en suplencia del Coordinador General Jurídico y Consultivo, y este en representación de las autoridades responsables 1. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 2. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambas con sede en la Ciudad de México; al cual anexó copia certificada del oficio CAS/DEREPSQ/3352/2021 de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno emitido a favor del quejoso JUAN CARLOS ROJAS HERNÁNDEZ, por el cual dejó insubsistente el diverso oficio 203301EL350877 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte y le otorgó autorización sanitaria para la realización de las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, indica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocido comúnmente como "marihuana": sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar; asimismo, para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana) Sin comprender dicha autorización, en ningún caso la realización de actos de comercio, suministro o cualquier otro referido o inherente a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas o actos para su importación, incluida en esta prohibición las semillas adquiridas mediante los permisos sanitarios correspondientes o que sean producidos a raíz de las actividades permitidas en la autorización referida. En tales condiciones, se advierte que la ejecutoria de amparo está cumplida en su totalidad, toda vez que la autoridad responsable 1. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS) a través del 2. Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, atendiendo los lineamientos dictados en la misma, dejó insubsistente el oficio reclamado y en su lugar emitió un nuevo oficio por el cual otorgó al quejoso la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente Cannabis Sativa Índica o Americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, así como su Psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol) en conjunto conocidos como 'Marihuana'. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa exhibió el original del Oficio No. 303301EL350877 en el presente juicio de amparo, como prueba de su parte; en esas condiciones, y en atención al artículo 18, primer y segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye a cualesquiera de las actuarias adscritas a este Juzgado Federal, que realicen a la parte tercero quejosa la notificación contenida en el primer párrafo del Acuerdo General referido, esto es, se le notifique personalmente a JUAN CARLOS ROJAS HERNÁNDEZ que deberá acudir a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de noventa días, a recoger el citado documento. Apercibido que de no hacer lo anterior, dentro del citado plazo, una vez concluido el mismo, en su oportunidad, se procederá a la destrucción de dichos documentos, junto con las actuaciones del presente expediente. Asimismo, hágase del conocimiento de dicha parte que de conformidad con el artículos 3 y 4, capítulo II del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia que se toman en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19, se determinó que a fin de acceder a los órganos jurisdiccionales, los justiciables deberán previamente generar una cita en el Portal de Servicios en Línea en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" dentro de la cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", el cual, una vez elegida la hora y fecha de su preferencia, proporcionara un código QR (que podrá presentarse electrónicamente o impreso) que permitirá que la parte en el juicio que haya generado la cita, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingrese al órgano jurisdiccional correspondiente; debiendo hacerse del conocimiento en el momento de la generación de la cita, si las personas que acudirán a la misma se encuentran dentro del grupo vulnerable de Covid-19 o cuentan con alguna discapacidad, a fin de que este juzgado tome las medidas establecidas en el citado acuerdo general para tal caso. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ambas con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto las restantes autoridades responsables, remitan las constancias correspondientes al total cumplimiento. Así mismo, y como lo solicita la autoridad responsable, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de treinta días hábiles para que cumpla con la ejecutoria de amparo, en la inteligencia que ese plazo iniciará a partir de la legal notificación de este acuerdo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento establecido en el proveído de veintiocho de enero del año en curso, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se les impondrá multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.

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