Juan Carlos Reyes Romero

Expediente 623/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 47 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
623/2021
Año
2021
Actuaciones
47
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Reyes Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 623/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En sentencia autorizada de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a JUAN CARLOS REYES ROMERO, para los efectos siguientes: ".a). Deje insubsistente la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, suscrita por la 2. Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en Xalapa, Veracruz en la que no autorizó la petición del no ejercicio de la acción penal, realizada por el 1. Fiscal Séptimo Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas con residencia en Veracruz, Veracruz, en favor del quejoso JUAN CARLOS REYES ROMERO, en los autos de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7°/1020/2019 reclamada. b). En su lugar, de oficio, autorice le petición del no ejercicio de la acción penal realizada por el 1. Fiscal Séptimo Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas con residencia en Veracruz, Veracruz, donde declare extinguida la acción penal ejercida contra el quejoso por el delito aludido, al haber prescrito ésta por el transcurso del tiempo." Por otro lado, en acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En proveído de veinte de mayo siguiente se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/3496/2022, la 2. Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres y Niños y de Trata de Personas, con sede en Xalapa, Veracruz, notificó a la 1. Fiscalía Séptima Especializada con residencia en Veracruz, Veracruz, que previó al estudio de las constancias que forman la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7°/1020/2019, determinó que se encuentra prescrita la acción penal, toda vez la victima manifestó que los hechos con apariencia de delito ocurrieron el seis de julio de dos mil doce, y al momento de comparecer a la Fiscalía fue el diez de abril de dos mil diecinueve; agotando el plazo permitido en el contenido de los artículos 99, 109, 110, 111, 112, 117, 118 y demás relativos del Código Penal para el Estado de Veracruz. En ese sentido, concedió la autorización de la petición del no ejercicio de la acción penal, realizada por el 1. Fiscal Séptimo Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas con residencia en Veracruz, Veracruz, y confirmó la resolución del no ejercicio de la acción penal; en sustento con la fracción II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz. Por otra parte, obra en autos el oficio 1146/2022 signado por la 1. Fiscal Séptima Especializado en Investigación de delitos de violencia contra la Familia, Mujeres, niñas y niños y de trata de personas con sede en Veracruz, al cual anexó copia certificada de la determinación de trece de mayo de dos mil veintidós, donde se desprende que consideró que los datos de pruebas recabados en la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7°/1020/2019, no resultaron ser idóneos, pertinentes ni en su conjunto suficientes para ejercitar acción penal en contra del aquí quejoso, al no acreditarse en su totalidad los elementos objetivos, subjetivos y normativos de la hipótesis legal del delito de abuso sexual, ni tampoco indicios razonables que permitan suponer la participación del quejoso en los hechos denunciados; concluyendo en términos del artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales el no ejercicio de la acción penal, por la prescripción del derecho de interponer querella. En las relatadas consideraciones, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo se cumplieron con las actuaciones de la Fiscalía Coordinadora Especializada con sede en Xalapa, Veracruz, al autorizar la petición del no ejercicio de la acción penal, realizada por el 1. Fiscal Séptimo Especializado con residencia en Veracruz, tal y como se aprecia del oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/3469/2022, así como de la copia certificada de la resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7°/1020/2019 del índice de la referida fiscalía con sede en Veracruz, Veracruz. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizara manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En sentencia autorizada de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a JUAN CARLOS REYES ROMERO, para los efectos siguientes: ".a). Deje insubsistente la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, suscrita por la 2. Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en Xalapa, Veracruz en la que no autorizó la petición del no ejercicio de la acción penal, realizada por el 1. Fiscal Séptimo Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas con residencia en Veracruz, Veracruz, en favor del quejoso JUAN CARLOS REYES ROMERO, en los autos de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7°/1020/2019 reclamada. b). En su lugar, de oficio, autorice le petición del no ejercicio de la acción penal realizada por el 1. Fiscal Séptimo Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas con residencia en Veracruz, Veracruz, donde declare extinguida la acción penal ejercida contra el quejoso por el delito aludido, al haber prescrito ésta por el transcurso del tiempo." Por otro lado, en acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En proveído de veinte de mayo siguiente se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/3496/2022, la 2. Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres y Niños y de Trata de Personas, con sede en Xalapa, Veracruz, notificó a la 1. Fiscalía Séptima Especializada con residencia en Veracruz, Veracruz, que previó al estudio de las constancias que forman la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7°/1020/2019, determinó que se encuentra prescrita la acción penal, toda vez la victima manifestó que los hechos con apariencia de delito ocurrieron el seis de julio de dos mil doce, y al momento de comparecer a la Fiscalía fue el diez de abril de dos mil diecinueve; agotando el plazo permitido en el contenido de los artículos 99, 109, 110, 111, 112, 117, 118 y demás relativos del Código Penal para el Estado de Veracruz. En ese sentido, concedió la autorización de la petición del no ejercicio de la acción penal, realizada por el 1. Fiscal Séptimo Especializado en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas con residencia en Veracruz, Veracruz, y confirmó la resolución del no ejercicio de la acción penal; en sustento con la fracción II del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz. Por otra parte, obra en autos el oficio 1146/2022 signado por la 1. Fiscal Séptima Especializado en Investigación de delitos de violencia contra la Familia, Mujeres, niñas y niños y de trata de personas con sede en Veracruz, al cual anexó copia certificada de la determinación de trece de mayo de dos mil veintidós, donde se desprende que consideró que los datos de pruebas recabados en la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7°/1020/2019, no resultaron ser idóneos, pertinentes ni en su conjunto suficientes para ejercitar acción penal en contra del aquí quejoso, al no acreditarse en su totalidad los elementos objetivos, subjetivos y normativos de la hipótesis legal del delito de abuso sexual, ni tampoco indicios razonables que permitan suponer la participación del quejoso en los hechos denunciados; concluyendo en términos del artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales el no ejercicio de la acción penal, por la prescripción del derecho de interponer querella. En las relatadas consideraciones, se desprende que los efectos de la ejecutoria de amparo se cumplieron con las actuaciones de la Fiscalía Coordinadora Especializada con sede en Xalapa, Veracruz, al autorizar la petición del no ejercicio de la acción penal, realizada por el 1. Fiscal Séptimo Especializado con residencia en Veracruz, tal y como se aprecia del oficio FGE/FCEIDVCFMNNYTP/3469/2022, así como de la copia certificada de la resolución de trece de mayo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP7°/1020/2019 del índice de la referida fiscalía con sede en Veracruz, Veracruz. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto a todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica a la parte tercero interesada por este conducto, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor trámite el oficio recibido vía correo electrónico, al cual se le concede pleno valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2º. de esta ley, apoya a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, signado por la 2. Fiscal Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de personas con sede en Xalapa, Veracruz, toda vez que las constancias que manifiesta en su oficio de cuenta, fueron recibidas y acordadas mediante auto de veinte de mayo del año en curso. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el quejoso, en atención a su contenido, referente a la expedición de copias certificadas de las actuaciones que obran en autos, estese a lo dispuesto en el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el que se ordenó la expedición de copias, siempre y cuando obren agregadas dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa, previa constancia de recibo que obre en autos. Asimismo, como lo solicita téngase como autorizados a efecto de recibir las constancias que manifiesta a los letrados en su escrito de cuenta. Por otra parte, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Asimismo, hágase de su conocimiento que el servicio de fotocopiado es un servicio independiente de los órganos jurisdiccionales, y que maneja determinados horarios para que los justiciables pueden sacar las copias de los expedientes que solicitan, ello tomando en consideración el esquema de trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020. En ese sentido, dígasele que en el sitio donde se encuentra el centro de fotocopiado (sótano de este Palacio de Justicia Federal) se advierte el siguiente aviso: Del que se advierte el protocolo a seguir para la obtención de las copias que requiera a su costa. Notifíquese en términos de ley.

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