Juan Carlos Rodriguez Martinez

Expediente 76/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
76/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/02/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rodriguez Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el treinta de enero de dos mil diecisiete, que desechó la demanda de garantías, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA. Por este medio y en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de treinta de enero de dos mil diecisiete, se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado en esa misma data, que dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *****, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo bajo el número 76/2017-VIII, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo, como cita, sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, en términos de lo dispuesto por el citado precepto legal. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo de la Ley de Amparo; mismo que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..". Por su parte, el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, disponen lo siguiente: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio". Del contendido del dispositivo que se ha transcrito, se desprende que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó. En esas condiciones, si en el caso del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama el auto de seis de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca *****, a través del cual la responsable declaró que no es apelable el auto de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dictado por la Juez Cuarto Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, en el Juicio Ordinario Civil ****** sobre incidente de actualización, liquidación y pago de alimentos definitivos no pagados promovido por ******, por sí y en ejercicio de la patria potestad y custodia de la menor de edad *****, en contra del quejoso. Ante ello, dicho acto debió, en principio, ser impugnado a través del medio ordinario de defensa, que en el caso, es el recurso de revocación acorde con lo previsto por el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Lo anterior es así, ya que el citado artículo refiere que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó; y así, a través de este medio de impugnación, se puede lograr que el tribunal ad quem corrija las anomalías que dieron origen a declarar que no procedía el recurso de apelación que se interpuso, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal; en tal virtud, al existir legalmente este recurso, si no lo hizo valer la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, no se cumple con el principio de definitividad. Por tanto, al establecer en forma genérica el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato: "Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que los substituya en el conocimiento del negocio.", cabe destacar que si no existe precepto específico en el sentido de ser procedente el recurso de apelación en contra del auto dictado por el tribunal de alzada, en el cual desecha ese medio de impugnación, entonces debe concluirse que procede el diverso recurso de revocación, ya que éste resulta procedente contra los autos que no fueren apelables. Además, se insiste, en la legislación civil adjetiva local, no existe disposición expresa en el sentido de que el auto emitido por el tribunal de alzada que declare que no procedía el recurso de apelación, a su vez, sea irrecurrible, máxime que esa determinación se emite a través de un auto o acuerdo, no de una sentencia, ni de uno que resuelva un incidente. No pasa inadvertido para el suscrito que el artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato establece que los autos que en segunda instancia resuelvan un incidente no admiten recurso alguno; sin embargo, tal precepto resulta inaplicable al caso, en virtud que el acto reclamado no resuelve un incidente, sino que se declaró que no procedía el recurso de apelación instado en contra del auto dictado el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por la juez de origen. En tal virtud, al no haberse hecho valer el medio de impugnación procedente, es claro que no se satisfizo por el impetrante del amparo el principio de definitividad que regula el juicio de garantías, que consiste en que antes de acudir a esta instancia constitucional se deben agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que regula el acto reclamado, por lo que se considera colmada la causa de improcedencia en estudio. En virtud de lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XVIII, párrafo primero, de la ley de la materia. En otro contexto, en virtud de que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarles las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por otra parte, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con fundamento en el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso al Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes, que con el fin de respetar su derecho a la intimidad dentro del presente juicio, al hacerse pública la sentencia y demás resoluciones, en correlación a lo dispuesto en los artículos 110, 113, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se suprimirán sus datos personales por constituir información confidencial, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido.

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