Juan Carlos Rodríguez Martínez
Expediente 203/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Rodríguez Martínez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por -----, en su carácter de quejoso; atento a su contenido y como lo solicita, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágasele la devolución de las documentales a que alude, una vez que allegue a este Juzgado las copias simples de los documentos que refiere, a fin de que se pueda realizar la compulsa correspondiente, previa razón de recibido que se deje en autos.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto dictado el quince de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por *******************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.
- Principal
Vistos los escritos de cuenta signados por **********, en su carácter de quejoso; respecto al primero de ellos, en atención a su contenido y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena expedirle a su costa copia certificada de las constancias a que alude, previa razón de recibo que se deje en autos para debida constancia. Hágase saber al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, se hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Finalmente, en cuanto al segundo de los escritos de cuenta, a través del cual solicita la devolución de los documentos que fueron anexados al escrito inicial de demanda; en tales condiciones, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, por lo que una vez que quede firme la resolución dictada el quince de marzo de dos mil dieciséis, se acordará lo conducente previa solicitud que haga al respecto.
- Principal
CONSTANCIA. Como está ordenado en quince de marzo de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de esta fecha, que señala: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido, con residencia en Salamanca, Guanajuato, y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 1, 4,14, 16, 17, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 203/2016-II, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en el auto de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, emitido en los autos del juicio civil **********, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido, con residencia en Salamanca, Guanajuato, en el que, entre otras cosas, se ordena la ejecución de la sentencia interlocutoria de fecha once de diciembre de dos mil quince, confirmada mediante resolución de doce de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la magistrada propietaria de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, levantándose el cómputo correspondientes para hacer efectivo el pago de lo condenado al aquí quejoso; la resolución dictada el siete de marzo de dos mil dieciséis, en el recurso de revocación, que confirma dicho proveído; así como el proveído de cuatro de marzo del mismo año que provee sobre la ejecución de la liquidación de sentencia. Sin embargo, respecto de dichos actos, se actualiza la causal antes invocada, toda vez que las resoluciones reclamadas en esta vía constitucional, fueron dictadas en la etapa de ejecución de sentencia. Por tanto, este Juzgado Federal estima que no se ha dictado el último acto en ese período de ejecución, como será la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. En el presente asunto, se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que el impetrante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen número **********, al tener el carácter de parte demandada; por lo que no puede equipararse a un tercero extraño. Por tanto, es dable concluir que el promovente debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y el acto que reclama no tiene esa característica. En ese tenor, es incuestionable que el impetrante sólo podrá promover el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento natural, en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordene el archivo definitivo del expediente, donde podrán reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que lo hubiere dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. De lo que se sigue, que el acto reclamado por sí solo no causa a la parte promovente un agravio personal y directo, esto es, se trata de un de acto emitido en un incidente promovido en ejecución de sentencia, respecto del cual el juicio de amparo prospera, como se dijo, sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude el hoy inconforme y cuando proceda el juicio de amparo, donde tendrá la oportunidad, se insiste, de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente. Por tanto, este juzgador estima que hasta que se declare por cumplida la sentencia o se diga el impedimento que se tenga para el cumplimiento, así como la que ordene el archivo definitivo del expediente serán las que harán procedente el juicio de amparo. Por otra parte, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.
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