Juan Carlos Robles Alvarado

Expediente 2331/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2331/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Robles Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el seis de mayo del año que transcurre (fojas 143 a 145), la Delegada de la autoridad responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de siete de mayo del año en curso (foja 146), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia dictada el quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 98 a 117), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "**Sentencia que causó ejecutoria el doce de abril del año en curso (fojas 130 a 131), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar el ente responsable denominado Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciiones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que vigilara que fuera desincorporada de la esfera jurídica del promovente del amparo, en el presente y ni en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, por cada acto jurídico realizado, es decir, por la inscripción de documento público o privado y por la inscripción del préstamo hipotecario, lo anterior respecto de la cantidad de $9,617.04 (nueve mil seiscientos diecisiete pesos 04/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público, así como los impuestos para el fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; asimismo, calcular el monto que la parte quejosa deberá erogar con motivo de los impuestos especiales contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, tomando como base la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por los conceptos previamente referidos, los cuales resultan ser dos; asimismo, la cantidad resultante debía ser actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el seis de mayo del año que transcurre (fojas 143 a 145), la Delegada de la autoridad responsable denominada Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia del cheque expedido a nombre de la parte promovente del amparo (foja 144), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución. Ahora bien, a la cantidad total que la parte quejosa erogó por el pago de derechos conforme a los preceptos declarados inconstitucionales, a saber, $9,617.04 (nueve mil seiscientos diecisiete pesos 04/100 moneda nacional), debe restársele la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde el monto mínimo a pagar, tal como está ordenado en la sentencia, por cada acto jurídico realizado, es decir, por la inscripción de documento público o privado y por la inscripción del préstamo hipotecario, lo que arroja un total de $9,057.04 (nueve mil cincuenta y siete pesos 04/100 moneda nacional). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en seis de noviembre de dos mil dieciocho y que el dieciséis de abril de dos mil diecinueve se generó el cheque 0001231, mismo que fue recibido el dos de mayo de dos mil diecinueve (foja 144), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho a marzo de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476 y para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.020070977917981. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,057.04 (nueve mil cincuenta y siete pesos 04/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $9,238.82 ( nueve mil doscientos treinta y ocho pesos 82/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $181.78 (ciento ochenta y un pesos 78/100 moneda nacional). De ello se obtiene que la autoridad devolvió la cantidad de $9,238.82 (nueve mil doscientos treinta y ocho pesos 82/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se SOBRESEYÓ y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Ahora bien, en cuanto a su diversa petición, dígase que no ha lugar a proveer favorablemente, en virtud de que con el anexo que acompaña, se advierte que la parte quejosa fue notificada el veintinueve de abril de este año; por lo que, no se puede tomar como desinterés, de su parte en este momento.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa un cheque valioso por la cantidad condenada, por lo cual solicita que este Juzgado Federal haga del conocimiento lo anterior a la parte quejosa; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el ocurso de cuenta para los efectos legales correspondientes. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a). Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b). Poner a su disposición el numerario a entregar y c). Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haber realizado dicha entrega del título nominativo que menciona o en su caso, las constancias con las que compruebe que notificó lo anterior a la parte quejosa, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución dictada el quince de marzo de dos mil diecinueve, dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, como se aprecia de la certificación que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérasele a la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. De igual forma, solicítese a la responsable que en las constancias que envíe a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, indique la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Asimismo, con sustento en el precepto referido anteriormente, en su párrafo tercero de la citada Ley y el artículo 33, fracción LI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad antes señalada dar cumplimiento con la ejecutoria de mérito. Apercibidas dichas autoridades que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el arábigo 258 de la ley de la materia, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas, equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se les hace del conocimiento a las aludidas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; con el conocimiento, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por Ricardo Humberto García Ibarra, en su carácter de autorizado de la parte quejosa Juan Carlos Robles Alvarado, a través del cual solicita se declare que la sentencia dictada en autos ha causado ejecutoria; sin embargo, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE.

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