Juan Carlos Oviedo Nuñez

Expediente 2406/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2406/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
09/05/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Oviedo Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito, el diez de abril de la presente anualidad (fojas 122-123), el Director General del Fondo de Pensiones, para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve (foja 124), se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hubiera desahogado esa vista. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la legislación en comento, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el nueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 40-67), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y, 2. Para que el Director General y Presidente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, todos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el respectivo ámbito de sus funciones, realicen las gestiones necesarias y devuelvan al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha de otorgamiento de su pensión (noviembre de dos mil dieciocho). Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector.". De lo anterior se colige que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: a) No aplicar a la parte quejosa ni en el presente ni en el futuro lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, hasta que no se modifiquen. b) Devolver al quejoso la cantidad correspondiente a las deducciones que le descontaron por la aplicación del "concepto 53", con base en la citada porción normativa, desde la fecha del otorgamiento de su pensión. En auto de siete de febrero pasado (fojas 89-90) causó ejecutoria dicha sentencia y, por ende, se requirió su cumplimiento. En ese contexto, mediante oficios y anexos presentados el veinte y veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 97, 98, 100, 101, 103 y 104), respectivamente, las autoridades responsables informaron que se habían desincorporado de la esfera jurídica del quejoso los preceptos declarados inconstitucionales; asimismo, que devolvieron al quejoso mediante trasferencia electrónica la cantidad de ********************, la cual, a su dicho, correspondía al monto que se descontó al quejoso con motivo de la aplicación de la porción normativa combatida en este juicio, correspondiente de la primera quincena de noviembre a la segunda de diciembre de dos mil dieciocho. Sin embargo, en auto de veintiséis siguiente, se analizó sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria y se determinó que ésta no se encontraba cumplida, toda vez que el periodo de devolución no era el correcto, pues el primer acto de aplicación de la ley reclamada fue el quince de noviembre de dos mil dieciocho y la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión causó ejecutoria el siete de febrero de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de devolución debería abarcar hasta que reintegrara el monto total y no hasta diciembre de dos mil dieciocho, como lo había hecho. En consecuencia, el director responsable mediante oficio y anexo de diez de abril del presente año (foja 122-123), informó el cumplimiento total de la ejecutoria de mérito, toda vez que devolvió la cantidad de ********************, relativa a la cantidad restante de los descuentos efectuados en la cuota pensionaria del agraviado, por motivo de la aplicación de la porción normativa reclamada, correspondientes de la primera quincena de noviembre a la primera de febrero actuales. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales y, que estos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre, que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio constitucional, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, éste déjese por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito, el diez de abril de la presente anualidad (fojas 122-123), el Director General del Fondo de Pensiones, para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de once de abril de dos mil diecinueve (foja 124), se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hubiera desahogado esa vista. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la legislación en comento, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el nueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 40-67), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y, 2. Para que el Director General y Presidente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, todos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el respectivo ámbito de sus funciones, realicen las gestiones necesarias y devuelvan al peticionario de amparo las cantidades que se le descontaron, por el "concepto 53", con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales, desde la fecha de otorgamiento de su pensión (noviembre de dos mil dieciocho). Lo que deberá efectuar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore un acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial debidamente certificadas, para acreditar el cumplimiento al fallo protector.". De lo anterior se colige que los actos que debían realizar las autoridades responsables, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: a) No aplicar a la parte quejosa ni en el presente ni en el futuro lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, hasta que no se modifiquen. b) Devolver al quejoso la cantidad correspondiente a las deducciones que le descontaron por la aplicación del "concepto 53", con base en la citada porción normativa, desde la fecha del otorgamiento de su pensión. En auto de siete de febrero pasado (fojas 89-90) causó ejecutoria dicha sentencia y, por ende, se requirió su cumplimiento. En ese contexto, mediante oficios y anexos presentados el veinte y veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 97, 98, 100, 101, 103 y 104), respectivamente, las autoridades responsables informaron que se habían desincorporado de la esfera jurídica del quejoso los preceptos declarados inconstitucionales; asimismo, que devolvieron al quejoso mediante trasferencia electrónica la cantidad de ********************, la cual, a su dicho, correspondía al monto que se descontó al quejoso con motivo de la aplicación de la porción normativa combatida en este juicio, correspondiente de la primera quincena de noviembre a la segunda de diciembre de dos mil dieciocho. Sin embargo, en auto de veintiséis siguiente, se analizó sobre el cumplimiento dado a la citada ejecutoria y se determinó que ésta no se encontraba cumplida, toda vez que el periodo de devolución no era el correcto, pues el primer acto de aplicación de la ley reclamada fue el quince de noviembre de dos mil dieciocho y la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión causó ejecutoria el siete de febrero de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de devolución debería abarcar hasta que reintegrara el monto total y no hasta diciembre de dos mil dieciocho, como lo había hecho. En consecuencia, el director responsable mediante oficio y anexo de diez de abril del presente año (foja 122-123), informó el cumplimiento total de la ejecutoria de mérito, toda vez que devolvió la cantidad de ********************, relativa a la cantidad restante de los descuentos efectuados en la cuota pensionaria del agraviado, por motivo de la aplicación de la porción normativa reclamada, correspondientes de la primera quincena de noviembre a la primera de febrero actuales. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales y, que estos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre, que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otro lado, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio constitucional, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados, por ende, éste déjese por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, de ahí que, en su momento, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE********************Téngase por recibido el comunicado de cuenta signado por la delegada de la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, a través del cual informa haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en autos, en razón de que devolvió al quejoso mediante transferencia electrónica la cantidad de $********************; y, para corroborar su dicho, remite copia de la citada transferencia********************En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE********************Téngase por recibido el comunicado de cuenta signado por la delegada de la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, a través del cual informa haber dado cumplimiento al fallo protector dictado en autos, en razón de que devolvió al quejoso mediante transferencia electrónica la cantidad de $********************; y, para corroborar su dicho, remite copia de la citada transferencia********************En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.

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