Juan Carlos Rico Paredes

Expediente 789/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
789/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rico Paredes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el treinta de junio de dos mil diecisiete (f. 12-15), que desechó la demanda promovida por Juan Carlos Rico Paredes quien se ostentó como mandatario judicial que dijo tiene reconocido en los juicios C417/2017 y C4189/2017; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo recibida en línea promovida por ***, quien se ostenta como mandatario judicial, carácter que dice tiene reconocido en los juicios C417/2017 y C418/2017; contra actos del Juez Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato; que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 789/2017-V-1, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Así, una vez analizada la demanda de amparo, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato; actos que en lo conducente, describió de la forma siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: RECLAMO DE LA RESPONSABLE: VIOLACIONES DIRECTAS AL PACTO FEDERAL, TODA VEZ QUE SIN MOTIVACIÓN ALGUNA, POR LA RESPONSABLE ME REALIZA UN APERCIBIMIENTO DE DESERCHAR MI LIBELO ACTIO, CON EL VIRTUAL INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO DE EXHIBIR DOCUMENTOS. Asimismo, como antecedentes del acto reclamado se desprende, en lo conducente, que ante el Juzgado Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, *** promovió juicios de regularización de predios rústicos; lo que motivo la formación de los juicios civiles 417/2017 y 418/2017; en los que el tres de julio de dos mil diecisiete se notificó a la promovente en los referidos expedientes un requerimiento emitido en cada uno de dichos expedientes; requerimientos que consistían en que la mencionada promovente precisara el nombre de la persona de quien adquirió la posesión del inmueble materia de prescripción; acredite con documental idónea la calidad del inmueble rústico; y exhiba constancia original y/o copia certificada que justifique la autorización oficial del perito que elaboró el plano que se anexó al escrito correspondiente; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos ordenados desecharía la solicitud formulada; lo que a juicio del solicitante del amparo es violatorio de garantías porque lo relacionado con la autorización del perito no está dentro de su esfera jurídica; es decir no está a su disposición; y además, no está fundamentado ni motivado el requerimiento relacionado con la documental idónea; siendo los citados requerimientos los que constituyen en este juicio de amparo el acto reclamado. Ahora, del contenido del artículo 5, de la Ley para la Regularización de Predios Rústicos en el Estado de Guanajuato, se desprende que el que haya poseído un predio rústico con las condiciones y requisitos exigidos por los artículos 1246, 1247 y 1248 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y no tenga título de propiedad, podrá justificar la posesión como medio para acreditar el dominio; y que quienes se encuentren en el supuesto señalado en el primero de los citados artículos podrá acudir ante el Juez de Primera Instancia Civil del Partido Judicial donde se ubique el predio rústico para iniciar el procedimiento especial y demostrar que cumple con las condiciones exigidas para obtener resolución declarativa de posesión como medio para acreditar el dominio. Asimismo, del artículo 14 de la mencionada Ley para la Regularización de Predios Rústicos en el Estado de Guanajuato, se desprende que a falta de disposición expresa en dicha Ley, se aplicarán de manera supletoria, en lo procedente, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; respectivamente. Fijado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al Principio de Definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debió agotar el recurso ordinario, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. En la especie, el acto reclamado consistente en los requerimientos con apercibimiento de desechar las solicitudes que dieron origen a la formación de los expedientes de origen; carece de definitividad para los efectos del juicio de amparo, toda vez que en su contra, procede el RECURSO DE REVOCACIÓN a que se refiere el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; dispositivo que a la letra dice: Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En efecto, el demandante del amparo debió interponer el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, pues este tiene como efecto, modificar, revocar o nulificar los actos tildados de inconstitucionales y, al no hacerlo, es claro que soslayó agotar el Principio de Definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, siendo por ende, indispensable para la procedencia del juicio de amparo el cumplimiento de aquel principio, pues resulta evidente que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales los actos reclamados no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Asimismo, en el caso no se actualiza ninguno de los casos de excepción a que se refieren los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; puesto que el acto reclamado no se encuentra vinculado con actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (inciso a). De igual forma, el acto reclamado que por esta vía se combate no lo constituyen la orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (incisos b y d). Además de que la parte quejosa no es persona extraña al procedimiento de origen ya que se trata de la parte actora en el juicio natural, y para la procedencia del recurso o medio de defensa que establece la Ley que rige el acto no se requiere de interpretación adicional y tampoco su fundamento legal es insuficiente para determinarlo (inciso c). Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostentó como mandatario judicial que dice tiene reconocido en los juicios C417/2017 y C418/2017, con fundamento en el artículo 113 de la invocada Ley. Es aplicable al caso, en lo sustancial, la Jurisprudencia de datos de localización y rubro siguiente: Séptima Época Registro: 257209 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 12, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 37 RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Octava Época Registro: 224800 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Civil, Común Tesis: I. 4o. C. J/25 Página: 361 IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción Vil, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngasele señalando como usuario federal.abogado para recibir notificaciones vía electrónica. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano