Juan Carlos Rico Paredes
Expediente 671/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Rico Paredes
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario de este Juzgado, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintiséis de junio del dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se desechó la demanda de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Visto el escrito de cuenta que suscribe el quejoso Juan Carlos Rico Paredes, a través del cual solicita acceso electrónico al expediente en que se actúa, y señala como domicilio para oír y recibir notificaciones la dirección electrónica, a lo que se acuerda: en atención a su contenido, dígasele que se éste a lo acordado en auto de veintiséis de junio del año en curso.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta por conocimiento previo, el juicio de amparo promovido por ***, en contra del auto de formal prisión dictado en el proceso penal 71/2013, del índice del Juzgado Primero Penal de Partido, con sede en esta ciudad y las violaciones cometidas en la integración de la averiguación previa que dio origen a dicho proceso. En consecuencia, este Órgano de Control Constitucional, se avoca al conocimiento del juicio de amparo en cuestión por conocimiento previo, haciéndose saber tal circunstancia a la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo correspondiente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número ***, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En el caso, ***, por su propio derecho, en el juicio de amparo ***, del índice de este juzgado federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades que denominó como Juez Primero Penal de Partido, con sede en esta ciudad; Magistrado propietario de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato y Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quienes reclamó los actos que describió de la siguiente forma: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: RECLAMO DE LAS RESPONSABLES: . que dentro del proceso penal 71/2013, me esté juzgando dos veces, por los mismos hechos. Fui capturado mediante una orden de aprehensión. día en que fui torturado, lesionado, detenido y privado de su libertad. MEDIANTE EL PAGO DE UNA FIANZA EXCELSA (SIC), DE LA QUE TAMBIÉN ME DUELO ANTE ESTE FORO, FUI LIBERADO, MOTIVO POR EL CUAL AHORA GOZO DE MI LIBERTAD PERSONAL. . Destacando que EL SUJETO PASIDO (sic) DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL ES LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA NO ESTIMÓ NINGÚN DAÑO PECUNIARIO AL ERARIO, no atendió ello por la responsable en el auto de termino me agravia.." En dicho juicio, el veintiuno de mayo de dos mil quince se dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal: "PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ****contra actos del Juez Primero Penal de Partido y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad; por los razonamientos apuntados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JUAN ***, contra actos del Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos apuntados en el considerando sexto de esta resolución." Inconforme con lo anterior, el quejoso ***, interpuso recurso de revisión, mismo que fue registrado con el número 353/2015, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, quien en resolución de catorce de diciembre de dos mil quince, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción, superioridad que en su Primera Sala en auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, se avoco al conocimiento del asunto registrándolo con el número 883/2016, siendo resuelto en definitiva el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, plasmando las consideraciones y resolutivos siguientes: Q U I N T O. Estudio de fondo. Del escrito en el que la parte quejosa formuló el presente recurso de revisión se advierte que sustancialmente se plantean como agravios los que se citan enseguida: I. El Juez de Distrito le negó el amparo porque no acreditó la existencia de los actos reclamados, pues las autoridades responsables rindieron su informe justificado con falsedad. II. El Juez de Distrito no aplicó la suplencia de la queja en favor del quejoso y desatendió las formalidades del procedimiento porque no advirtió que no estuvo asistido de abogado defensor desde el inicio de la averiguación previa, dejándolo en estado de indefensión. El Juez de Distrito consideró que la negativa de la autoridad responsable en el informe justificado constituye la materia de fondo del asunto, ya que existen actuaciones que demuestran que fueron tres veces las que se ejerció acción penal, negándose la orden de aprehensión en esas tres ocasiones y quedando firme la determinación en dos de ellas por ministerio de ley y, en una más por resolución judicial dictada en apelación, por lo que una vez perfeccionada la acción penal y se emitió la orden de aprehensión materia del juicio de amparo. Por esa razón, la Séptima Sala Penal responsable lo juzgó por segunda vez dentro del toca penal **********, en relación a los hechos que ya habían sido juzgados por la Décima Sala Penal, dentro del toca **********. Además, al haberse ejercido tres veces acción penal acredita la violación al artículo 23 constitucional, pues el Ministerio Público no puede ejercer acción penal todas las veces que quiera porque ello desnaturaliza la cosa juzgada, figura respecto de la que no se atendió lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo y diversas tesis jurisprudenciales y aisladas que cita. III. La interpretación que realizó el Juez de Distrito respecto del artículo 23 constitucional, es incorrecta porque el principio non bis in ídem no requiere la existencia de una sentencia absolutoria definitiva, pues lo que prohíbe tal numeral es que una persona pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos. iv. La Séptima Sala responsable confirmó el auto de formal prisión emitido el veinticinco de agosto de dos mil catorce, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Celaya, y ello contravino al artículo 23 constitucional en su agravio, pues ese auto contiene los mismos hechos que ya habían sido juzgados por la Décima Sala Penal en el toca de apelación **********. . En ese orden de ideas, se concede al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Ahora bien, para definir los efectos de la tutela constitucional, se debe ponderar que la denuncia de tortura se hizo derivar de la ejecución de la orden de aprehensión dictada en el correspondiente proceso penal, seguido en contra del quejoso ante el Juez Primero de Partido con residencia en Celaya, Guanajuato; autoridad responsable que en su informe justificado destacó que incluso, ya resolvió la situación jurídica de aquél y le decretó su formal prisión por el delito de Fraude procesal. Lo que además se corroboró con la reseña que se hizo del asunto. Por tanto, la citada autoridad jurisdiccional de primera instancia, debe, por una parte, respecto de la tortura en su vertiente de delito, dar vista al Ministerio Público de su adscripción, a efecto de que proceda, de oficio y de inmediato, a investigar sobre la certeza de la denuncia de tortura que hizo el quejoso. En el entendido que dicha investigación deberá realizarse de manera independiente, imparcial y meticulosa, con la finalidad de determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal del quejoso, así como identificar y en su caso procesar a las personas responsables de su comisión. Y por otra parte, en su vertiente de violación a derechos fundamentales, si bien es cierto que lo procedente sería ordenar al juez de la causa la apertura de un incidente para realizar la investigación correspondiente sobre la propuesta de tortura que hizo el quejoso, al tenor de los lineamientos del Protocolo de Estambul. Sin embargo, ello no conduciría a ningún sentido práctico, ya que de acuerdo con la reseña que se hizo del asunto, se advierte que el quejoso, en su declaración preparatoria negó la imputación que existe en su contra; y por tanto, no habría prueba sobre la que pudiera impactar la correspondiente violación de derechos humanos, aún en el extremo de que llegara a justificarse; es decir, aunque se acreditara perfectamente la tortura, no tendría consecuencias procesales, al no haber confesión, declaración o información alguna que se tuviera que excluir. Establecido lo anterior, corresponde atender al resto de los argumentos de agravio expresados por el quejoso, de los cuales tres resultan infundados, e inoperante el restante, sin que proceda suplir la queja deficiente de acuerdo con el numeral 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ello de conformidad con lo que enseguida se expone. En el argumento referido en el punto ii., el recurrente aduce que el Juez de Distrito no aplicó la suplencia de la queja en favor del quejoso y desatendió las formalidades del procedimiento porque no advirtió que no estuvo asistido de abogado defensor desde el inicio de la averiguación previa, dejándolo en estado de indefensión. Lo que se aduce es infundado, pues de las constancias de autos se advierte que en la diligencia de veintitrés de mayo de dos mil catorce, en la que el inculpado quejoso rindió su declaración preparatoria, la cual quedó relacionada en el considerando tercero de esta ejecutoria, éste manifestó: . Lo que concierne a los argumentos de agravio descritos en los puntos iii. y iv., los cuales se analizan de manera conjunta, deben declararse infundados, en virtud de lo siguiente. . Por lo que toca al argumento a que se contrae el punto iv., en el que el recurrente aduce que la Séptima Sala responsable al confirmar el auto de formal prisión emitido el veinticinco de agosto de dos mil catorce, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Celaya, contraviene al artículo 23 de la Constitución Federal, debe desestimarse, pues en el presente asunto la determinación jurisdiccional alegada como acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión dictada el doce de mayo de dos mil catorce y no la resolución que el recurrente expresa haber confirmado el auto de formal prisión; por tanto, los alegatos al respecto de conformidad con lo que se establece en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de Amparo, no constituyen materia de estudio en esta instancia. En esa medida, ante la eficacia de parte de los agravios y la ineficacia de los restantes, lo procedente es modificar la sentencia recurrida. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: P R I M E R O. Se modifica la sentencia recurrida. S E G U N D O. Se revoca el sobreseimiento decretado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, en los considerandos segundo y tercero de la sentencia recurrida. T E R C E R O. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de los actos de tortura alegados en la demanda de amparo y para los efectos precisados al inicio del considerando quinto de la presente ejecutoria. C U A R T O. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos reclamados al Juez Primero Penal de Partido con residencia en Celaya, Guanajuato, relativos a la fianza impuesta para el otorgamiento de la libertad provisional y la violación al principio non bis in ídem, de conformidad con las consideraciones expuestas en el considerando quinto de esta ejecutoria. N o t i f í q u e s e; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido." Asimismo, por lo que hace al diverso juicio de amparo *** se advierte que el mismo fue promovido por ***; contra actos del Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, en contra del auto de formal prisión dictado en su contra dentro del proceso penal 71/2013, del índice de la responsable. Juicio que fue resuelto el quince de octubre de dos mil catorce, cuyos puntos resolutivos refieren: "PRIMERO. En términos del considerando quinto se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos y autoridades que se mencionan en el citado apartado. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra el acto que reclamó del magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos señalados en el último considerando." En contra de la determinación anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión mismo que fue registrado con el número 480/2014, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, quien en resolución de cuatro de junio de dos mil quince, confirmó en definitiva lo resuelto. Ahora bien, por lo que hace a la demanda que nos ocupa y que fuera remitida por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por conocimiento previo, se advierte que la misma fue promovida por ***, en contra del auto de formal prisión dictado en el proceso penal 71/2013, así como de las violaciones acaecidas durante la averiguación previa y validadas (según su dicho) por parte del Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad. Lo anterior al ser analizada en su integridad la demanda presentada el quince de junio del año en curso, así como de las prevenciones desahogadas por el quejoso el diecinueve y veintiuno del mismo mes y año. De lo anotado, en vinculación con lo establecido en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, en cuanto a que la sentencia debe contener, entre otros, la fijación clara y precisa del acto reclamado, se precisa que los actos reclamados lo constituyen las violaciones acaecidas durante la integración de la averiguación previa; así como el dictado del auto de formal prisión dentro del proceso penal 71/2013, del índice del Juzgado Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, en el cual se convalidaron (según su dicho) las violaciones cometidas en su contra. Lo anterior encuentra apoyo además en la Jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Abril de 2000, con número de registro 192097, del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora bien, en relación con los actos reclamados antes precisados y una vez analizada en su integridad la demanda que se recibe, entendiéndose como tal la demanda inicial y los escritos aclaratorios, así como la certificación de antecede, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, en razón de que los actos reclamados consistentes en el auto de formal prisión dictado en el proceso penal ***, así como de las violaciones acaecidas durante la averiguación previa y validadas (según su dicho) por parte del Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, ya fueron materia de otros juicios de amparo, en el caso, en los diversos 743/2014 y 782/2014, del índice de este mismo Juzgado de la Federación. Ello por lo siguiente. El indicado artículo 61, en su fracción XI, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". Como se ha visto, en los párrafos que anteceden de los juicios de amparo 743/2014 y 782/2014, el acto reclamado que el quejoso ***, reclama en este juicio de amparo, esencialmente es idéntico a los antes citados, resoluciones que fueron confirmadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ejercer su facultad de atracción y por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. Así, lo hasta ahora anotado, pone de manifiesto que las las violaciones acaecidas durante la averiguación previa y validadas (según su dicho) por parte del Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, resultó ser uno de los actos reclamados en la demanda de amparo de cuenta y con que se formó el juicio de amparo **; y por lo que hace al auto de formal prisión, éste fue materia del diverso juicio de amparo **. Por tanto, es dable afirmar que los citados actos reclamados ya fueron materia de otros juicios de amparo; en el caso, de los juicios de amparo ***y ***, de la estadística de este mismo Juzgado de la Federación; por lo que no puede de nueva cuenta, ser materia de distinto juicio de amparo, por lo que de acuerdo a las reglas de procedencia del juicio de amparo, este es improcedente cuando en el segundo o ulterior amparo (como en el caso), existe identidad de quejoso - ***-, acto reclamado - el auto de formal prisión dictado en el proceso penal **, así como de las violaciones acaecidas durante la averiguación previa y validadas (según su dicho) por parte del Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad-, tercero interesado - José Manuel Carrera Rodríguez-, y de autoridad responsable - Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad-. Apoyan lo expuesto, la Tesis I.6o.T. J/86, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Diciembre de 2007, Materia Común, Página 1532, registro 170735, de contenido: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal. Igualmente, resulta aplicable la jurisprudencia de la Séptima Época, con número de registro 237445, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Tercera Parte, página: 91, que a la letra refiere: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo; toda vez que el auto de formal prisión dictado en el proceso penal 71/2013, así como de las violaciones acaecidas durante la averiguación previa y validadas (según su dicho) por parte del Juez Primero Penal de Partido, con residencia en esta ciudad, que se reclaman en la demanda de cuenta fueron materia de los diversos juicios de amparo 743/2014 y 782/2014, de la estadística de este mismo Juzgado de la Federación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Rico Paredes, de conformidad con el artículo 113 de la invocada Ley. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por otra parte, téngase a la parte quejosa y por así solicitarlo expresamente, notifíquesele vía electrónica este acuerdo, con datos del FIREL usuario federal.abogado. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: UNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes
- Juan Carlos Rico Paredes490/2020
- Juan Carlos Rico Paredes1075/2022
- Juan Carlos Rico Paredes703/2017
- Juan Carlos Rico Paredes489/2020
- Juan Carlos Rico Paredes782/2017
- Juan Carlos Rico Paredes1139/2022
- Juan Carlos Rico Paredes789/2017
- Juan Carlos Rico Paredes921/2017
- Juan Carlos Rico Paredes602/2020
- Juan Carlos Rico Paredes1083/2014
- Juan Carlos Rico Paredes1170/2022
- Juan Carlos Rico Paredes1180/2022