Juan Carlos Rico Betancourt

Expediente 840/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
840/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Rico Betancourt

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. QUEDA FIRME AUTO Por otra parte, vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d); en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE ... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa JUAN CARLOS RICO BETANCOURT, el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, que determinó lo siguiente: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ténganse por recibidos el informe justificado que rinde la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, del cual se proveyó el veinte de enero del año en curso; asimismo ofrece prueba consistente en DVD documentales de su intención e invoca la causal de improcedencia que refiere, así como la de sobreseimiento. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así mismo, el precepto 77, fracción II, de la ley de la materia, establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De la interpretación relacionada de los artículos anteriormente transcritos, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye: la orden de aprehensión y su ejecución. Consecuentemente, mediante oficio 01790/2017, el juez responsable manifestó que en la audiencia de reapertura del proceso de catorce de diciembre de dos mil veinte, se dejó insubsistente la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, dentro de la causa penal 1790/2017, instruida en su contra por el delito de Robo calificado en lugar cerrado, con número único de caso 02- 2017-19793, por su comparecencia de manera voluntaria a la referida audiencia [10:4:45 a 10:06:20], como se advierte del disco compacto que se adjuntó al informe justificado del juez responsable, al que se le otorga el valor probatorio pleno. En tal virtud, es evidente que el acto que por la presente vía se reclama ha cesado sus efectos, pues las consecuencias del acto reclamado desaparecieron en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica, dado que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo IX, cuyo rubro y texto disponen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, es aplicable la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, perteneciente a la Novena Época, con el título y contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado; por lo cual, lo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de enero de dos mil veinte. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Por último, se ordena notificar personalmente a las partes la presente determinación, en el entendido que dicha diligencia deberá realizarse con las medidas de distanciamiento social y observando los protocolos de seguridad e higiene establecidos en los diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de salvaguardar la integridad física de las personas que intervienen en ésta. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Con vista a las partes, intégrese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California; con lo anterior, dése vista a las partes, a efecto de que se impongan con la anticipación debida de su contenido, y en su oportunidad hágase nueva relación en la audiencia constitucional correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional correspondiente. De igual forma, téngase a la autoridad responsable de referencia, señalando la causal de sobreseimiento, lo que se tomara en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, ténganse por señalados los correos electrónicos myrna.ramos@pjbc.gob.mx y diana.lemus@pjbc.gob.mx, así como los números telefónicos (686) 216-32-96 y (686) 288-89-10; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la cual se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra en una de las hipótesis previstas en el ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19; por tanto, atendiendo a las particularidades del presente asunto se procede a realizar el pronunciamiento respectivo con relación al estado procesal que guardan los presentes autos. SE ACUERDA Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no se cuenta con las constancias necesarias para resolver el presente juicio de amparo, dado que la autoridad responsable Juez de Control de este Partido Judicial no rindió su informe justificado; en consecuencia con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable de mérito, para que en el término de tres días a partir de que sea legalmente notificado del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado por el aquí quejoso; apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese.

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