Juan Carlos Pineda Navarro
Expediente 297/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Juan Carlos Pineda Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la resolución de veintiuno de septiembre del dos mil quince, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha SENTENCIA EN LA QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JUAN CARLOS PINEDA NAVARRO, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que no se cuente con los talones postales de notificación de los oficios 21134, 21135 y 21136 dirigidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, representado por el Director General de Amparos Contra Leyes, todas residentes en México, Distrito Federal, mediante los cuales se notifica la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, toda vez que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable sólo estará legitimada para recurrir los fallos de amparo que afecten el acto que de cada una de ella haya reclamado, y en el caso, se desprende que dicha resolución no afecta a las citadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número XX.1K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable a fojas ciento veintisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de mil novecientos noventa y cinco, que, a la letra, dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SOLO ESTAN FACULTADAS A INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN QUE RESULTEN AFECTADAS.- Es de explorado derecho que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, de lo que se determina que las responsables y en general todas las demás partes, sólo está legitimadas para recurrir los fallos de amparo que únicamente les afecten". De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable a fojas ochenta y cuatro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que, a la letra, dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE NOTIFICA POR LISTA EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 26, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la resolución de veintiuno de septiembre del dos mil quince, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha SENTENCIA EN LA QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JUAN CARLOS PINEDA NAVARRO, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que no se cuente con los talones postales de notificación de los oficios 21134, 21135 y 21136 dirigidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público, representado por el Director General de Amparos Contra Leyes, todas residentes en México, Distrito Federal, mediante los cuales se notifica la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil quince, toda vez que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable sólo estará legitimada para recurrir los fallos de amparo que afecten el acto que de cada una de ella haya reclamado, y en el caso, se desprende que dicha resolución no afecta a las citadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número XX.1K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable a fojas ciento veintisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de mil novecientos noventa y cinco, que, a la letra, dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SOLO ESTAN FACULTADAS A INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN QUE RESULTEN AFECTADAS.- Es de explorado derecho que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, de lo que se determina que las responsables y en general todas las demás partes, sólo está legitimadas para recurrir los fallos de amparo que únicamente les afecten". De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable a fojas ochenta y cuatro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, que, a la letra, dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A LA PARTE QUEJOSA De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja los documentos que fueron exhibidos en el presente juicio, y en caso de no hacerlo en el plazo señalado, podrán ser destruidos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL DE LA CUAL SE DESPRENDE QUE NO FUE POSIBLE NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DICTADA EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO Y EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PUBLIQUESER LA MISMA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO CUARTO...
- Principal
SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO CUARTO...
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