Juan Carlos Pérez Aguilar
Expediente 1124/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1124/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2021
Partes del expediente
- Juan Carlos Pérez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. .... se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. ... una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, dígase al promovente del juicio que cuenta con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que comparezca al local de este juzgado de Distrito, debidamente identificada, a recoger la documentación original que exhibió y obra en autos, apercibida que de no hacerlo, sin previo acuerdo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda de cuenta, promovida por ***, por propio derecho; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1124/2021-II-A. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama de la autoridad responsable Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otra: La orden o instrucción dada a efecto de hacer de su conocimiento que la próxima semana (sin especificar la fecha exacta), le sería iniciado un procedimiento administrativo, el cual podría culminar en el cese del cargo que éste desempeña como Actuario y/o Notificador de la Cuarta Sección de la Sala Superior Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México. DESECHAMIENTO Atento a lo anterior, el juicio intentado es improcedente al advertirse que se actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción III, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" En efecto, en el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede ante un juez de Distrito contra actos, resoluciones u omisiones provenientes de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, así como aquellos que deriven de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se promueva en contra de la resolución que lo concluya, o bien, cuando se impugnen actos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, se considera que en la legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente. Es así, pues de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 107, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Es decir, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo contra la sentencia definitiva, que es donde estas pueden producir una afectación. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece el ordinal 107, fracción III, inciso b) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. No obstante, el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa y la celebración de la audiencia prevista en el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, no causan por sí mismos una afectación grave, trascendental e irreparable al quejoso, ya que consisten únicamente en su apertura, y la prosecución procesal a través de diversas etapas, dentro de las cuales se encuentra la audiencia de Ley, por lo que no es la instauración, ni el desarrollo de la citada audiencia en donde se resuelve si efectivamente un servidor público, es responsable o no administrativamente, sino que tal circunstancia es determinada, en dado caso, con la resolución que pone fin a dicho procedimiento, contra la cual, en caso de ser adversa, previo recurso que se haga valer, procedería el juicio de amparo. Además, no se advierte que con el inicio de dicho procedimiento se le hubiere impuesto alguna sanción o medida cautelar que le depare algún perjuicio, por ende, no puede ser considerado como un acto de imposible reparación para considerar la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, sino que únicamente le hacen del conocimiento que en próximos días dará inicio un proceso disciplinario en su contra, mismo que cabe señalar, debe sustanciarse en todas sus etapas, para determinar si es o no responsable administrativamente. Por tal motivo, el inicio del procedimiento que en esta vía se impugna, no conlleva una ejecución que sea de imposible reparación, toda vez que forma parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que aún no se ha resuelto en definitiva y será hasta la resolución de éste, cuando la parte quejosa esté en aptitud de combatirlo en la vía constitucional, por lo que, los actos en estudio son de carácter intraprocesal. Por tanto, se considera que los actos reclamados de ninguna manera producen daño irreparable a los derechos de la parte impetrante del amparo. Sin que en el caso resulte aplicable la jurisprudencia de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO", toda vez que esta contempla un supuesto distinto como lo es el relativo al caso del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, y en la especie se trata de un procedimiento administrativo que por sí mismo no lleva implícito la separación del cargo del servidor público, como sí sucede cuando se trata de servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, en relación con la fracción XII, del artículo 61, y 5º fracción I, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ***, por encontrar en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en la lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. CORREO ELECTRÓNICO En esas condiciones, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere para que aporte como "medios de comunicación alternos" (no procesal) un correo electrónico y número telefónico, para efecto de establecer comunicación. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) En diverso aspecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a la parte quejosa para que si es su deseo y atendiendo a las posibilidades con que cuente haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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