Juan Carlos Ortiz López

Expediente 931/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
931/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ortiz López
  • Héctor Camacho González
  • Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México
  • Juan Carlos Ortiz López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a los puntos 7.1.1, numerales 1 y 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración ya que se concedió el amparo y carece de relevancia documental ; y, la misma suerte corre el original del incidente, pues se negó y otorgó la medida cautelar definitiva. Sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, conforme al diverso numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en mención, relacionado con el arábigo 8.1, en su numeral 2, del manual citado con antelación, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO CORRESPONDIENTE, SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO DE INICIALES H.C.G., EL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTDÓS POR MEDIO DE LISTA: "Toluca, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y en atención a que la parte quejosa realizó diversas manifestaciones sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. En consecuencia, se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: 1. La Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, a través de su Consejero Jurídico y Secretario, promovió juicio de amparo en el que reclamó el acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio administrativo 75/2019, en el cual se analizó el cumplimiento a la sentencia relativa y se tuvo por no cumplida realizando para ello la cuantificación respectiva. 2. Una vez radicado el sumario constitucional, y seguido en sus etapas procesales, mediante sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, la Séptima Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en el Municipio de Toluca: Deje insubsistente el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio administrativo 75/2019, de su índice; Emita otro en el que: a) Con libertad de jurisdicción, se pronuncie de manera fundada y motivada en relación con la cuantificación correspondiente para la liquidación de la parte actora, atendiendo lo establecido en el artículo 96 de Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses. Lo anterior, en el entendido de que una vez que emita el auto correspondiente y la notificación respectiva, deberá remitir a este órgano jurisdiccional, las constancias que así lo acrediten; con lo cual se tendrá por cumplida la sentencia, sin que sea materia de la concesión la determinación respectiva, ni las actuaciones subsecuentes." 3. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la sentencia concesoria causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento respectivo. 4. Ante ello, previa autorización de prórroga para acatar el fallo protector, a través de los oficios con folios TJA-7SR/55/2022 y TJA-7SR/83/2022, la responsable Séptima Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, remitió las constancias con las cuales acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen valor probatorio pleno, se advierte que se atendió a los efectos del fallo protector, ya que la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, realizó lo siguiente: El once de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la determinación de ocho de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio administrativo 75/2019 de su índice. Razón por la cual se estima que cumplió el primer efecto de la sentencia amparadora, reseñada en el número uno. En esa misma fecha dictó resolución, en la que con plenitud de jurisdicción procedió a cuantificar el pago de la indemnización, prima por año de servicio y demás prestaciones. Sobre esa base, el Tribunal realizó la cuantificación correspondiente tomando en consideración la indemnización de tres meses sueldo integrado diario dando la cantidad de treinta y dos mil cuatrocientos veintiséis 46/100 moneda nacional ($32,426.46); veinte días por año de servicio, en términos del artículo 95, párrafo tercero, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, resultando la cantidad de cincuenta y tres mil dieciséis pesos 00/100 moneda nacional ($53,016.00); remuneración diaria ordinaria del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, sumando la cantidad de ciento veintinueve mil setecientos cinco pesos 84/100 moneda nacional (129,705.84); aguinaldo parte proporcional del año dos mil dieciocho, en el entendido de que la baja fue el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dando la cantidad de catorce mil cuatrocientos once pesos 06/100 moneda nacional ($14,411.6); y la prima vacacional proporcional al año dos mil dieciocho, tomando en consideración el artículo 96 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, resultando la cantidad de siete mil doscientos cinco pesos 8/100 ($7,205.8). Concluyendo dicha responsable que la cantidad líquida global de las prestaciones antes precisadas dio como resultado la cantidad de doscientos treinta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional ($236,765.7); por tanto, en dicha resolución estableció que no se había pagado cantidad alguna a la parte actora, por lo que está pendiente el cumplimiento íntegro de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el juicio administrativo de origen; ahora, por lo que respecta a las retenciones legales en las materias de seguridad social y tributaria, consideró que corresponden al empleador la obligación legal de retener y deducir con cargo al salario del servidos público, las cantidades que correspondan a las citadas materias. De igual forma, ordenó requerir a la autoridad demandada para que, retenga y deduzca con cargo a las percepciones de la parte actora de las cantidades que corresponden a las materias tributarias y de seguridad social, únicamente por lo que respecta a la remuneración diaria ordinaria, aguinaldo y prima vacacional, para posteriormente, enterarlas a las autoridades correspondientes, con el apercibimiento que de no cumplir se le impondría una multa por la cantidad de cien a trescientas veces la unidad de medida y actualización de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Además, ordenó a la demandada para que dentro del plazo de tres días al en que surta efectos la notificación de la citada actuación, sin prórrogas y dilaciones realice el pago a la actora de la cantidad de doscientos treinta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional ($236,765.7), menos (restar) las retenciones y deducciones por concepto de impuesto sobre la renta y cuotas en materia de seguridad social, únicamente, respecto de la remuneración diaria ordinaria, aguinaldo y prima vacacional, con el apercibimiento que de no cumplir se le instruirían dos acciones, la primera multa por la cantidad de cien a trescientas veces la unidad de medida y actualización de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y la segunda relativa a inicial el procedimiento para la destitución del servidor público responsable del incumplimiento de lo condenado en dicho procedimiento. Además, ordenó la notificación de la referida actuación de once de enero del año en curso a las partes del expediente de origen, mediante notificación electrónica, misma que fue realizada el trece siguiente. Consideraciones vertidas en el cumplimiento al fallo protector, con las cuales se estima ha quedado acatado en los términos otorgados por este juzgado, puesto que la responsable con plenitud de jurisdicción realizó la cuantificación relativa en términos del artículo 96, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por cuanto hace a los conceptos de indemnización relativa a los salarios vencidos del actor desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa en el ocurso presentado el veintiuno de los cursantes, a través del cual, refirió que existe una confusión en el acuerdo que emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo, pues refiere al momento de cuantificar la cantidad de doscientos treinta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional ($236,765.7), y posteriormente, en un apartado estableció como el monto global la diversa cantidad de doscientos cinco mil cuarenta y siete pesos 59/100 moneda nacional ($205,047.59); sin embargo, la cantidad que consideró en primer término se evidencia que coincide con la suma de las prestaciones a que fue condenada la accionante de amparo. Además, en el último párrafo del acuerdo de once de enero del año en curso, se evidencia que el requerimiento a la demandada fue por la cantidad de doscientos treinta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional ($236,765.7), coincidiendo con el total de la suma de las prestaciones a que fue condenada en el juicio de origen; de ahí que se acredite qué cantidad se requirió a ésta, para el cumplimiento del juicio administrativo de origen. Máxime que lo que alude el autorizado de la parte quejosa, respecto a dos cantidades que se estableció como monto total a liquidar en el acuerdo de cumplimiento, constituye un aspecto que emitió la autoridad responsable con libertad de jurisdicción y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a las partes, así como por oficio a la responsable."

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y en atención a que la parte quejosa realizó diversas manifestaciones sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. En consecuencia, se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: 1. La Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, a través de su Consejero Jurídico y Secretario, promovió juicio de amparo en el que reclamó el acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, emitido por la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio administrativo 75/2019, en el cual se analizó el cumplimiento a la sentencia relativa y se tuvo por no cumplida realizando para ello la cuantificación respectiva. 2. Una vez radicado el sumario constitucional, y seguido en sus etapas procesales, mediante sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión solicitada por la parte quejosa, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, la Séptima Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con sede en el Municipio de Toluca: Deje insubsistente el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio administrativo 75/2019, de su índice; Emita otro en el que: a) Con libertad de jurisdicción, se pronuncie de manera fundada y motivada en relación con la cuantificación correspondiente para la liquidación de la parte actora, atendiendo lo establecido en el artículo 96 de Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses. Lo anterior, en el entendido de que una vez que emita el auto correspondiente y la notificación respectiva, deberá remitir a este órgano jurisdiccional, las constancias que así lo acrediten; con lo cual se tendrá por cumplida la sentencia, sin que sea materia de la concesión la determinación respectiva, ni las actuaciones subsecuentes." 3. Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la sentencia concesoria causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento respectivo. 4. Ante ello, previa autorización de prórroga para acatar el fallo protector, a través de los oficios con folios TJA-7SR/55/2022 y TJA-7SR/83/2022, la responsable Séptima Sala Regional de Jurisdicción Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, remitió las constancias con las cuales acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen valor probatorio pleno, se advierte que se atendió a los efectos del fallo protector, ya que la Séptima Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, con residencia en Toluca, realizó lo siguiente: El once de enero de dos mil veintidós, dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la determinación de ocho de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio administrativo 75/2019 de su índice. Razón por la cual se estima que cumplió el primer efecto de la sentencia amparadora, reseñada en el número uno. En esa misma fecha dictó resolución, en la que con plenitud de jurisdicción procedió a cuantificar el pago de la indemnización, prima por año de servicio y demás prestaciones. Sobre esa base, el Tribunal realizó la cuantificación correspondiente tomando en consideración la indemnización de tres meses sueldo integrado diario dando la cantidad de treinta y dos mil cuatrocientos veintiséis 46/100 moneda nacional ($32,426.46); veinte días por año de servicio, en términos del artículo 95, párrafo tercero, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, resultando la cantidad de cincuenta y tres mil dieciséis pesos 00/100 moneda nacional ($53,016.00); remuneración diaria ordinaria del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, sumando la cantidad de ciento veintinueve mil setecientos cinco pesos 84/100 moneda nacional (129,705.84); aguinaldo parte proporcional del año dos mil dieciocho, en el entendido de que la baja fue el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dando la cantidad de catorce mil cuatrocientos once pesos 06/100 moneda nacional ($14,411.6); y la prima vacacional proporcional al año dos mil dieciocho, tomando en consideración el artículo 96 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, resultando la cantidad de siete mil doscientos cinco pesos 8/100 ($7,205.8). Concluyendo dicha responsable que la cantidad líquida global de las prestaciones antes precisadas dio como resultado la cantidad de doscientos treinta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional ($236,765.7); por tanto, en dicha resolución estableció que no se había pagado cantidad alguna a la parte actora, por lo que está pendiente el cumplimiento íntegro de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el juicio administrativo de origen; ahora, por lo que respecta a las retenciones legales en las materias de seguridad social y tributaria, consideró que corresponden al empleador la obligación legal de retener y deducir con cargo al salario del servidos público, las cantidades que correspondan a las citadas materias. De igual forma, ordenó requerir a la autoridad demandada para que, retenga y deduzca con cargo a las percepciones de la parte actora de las cantidades que corresponden a las materias tributarias y de seguridad social, únicamente por lo que respecta a la remuneración diaria ordinaria, aguinaldo y prima vacacional, para posteriormente, enterarlas a las autoridades correspondientes, con el apercibimiento que de no cumplir se le impondría una multa por la cantidad de cien a trescientas veces la unidad de medida y actualización de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Además, ordenó a la demandada para que dentro del plazo de tres días al en que surta efectos la notificación de la citada actuación, sin prórrogas y dilaciones realice el pago a la actora de la cantidad de doscientos treinta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional ($236,765.7), menos (restar) las retenciones y deducciones por concepto de impuesto sobre la renta y cuotas en materia de seguridad social, únicamente, respecto de la remuneración diaria ordinaria, aguinaldo y prima vacacional, con el apercibimiento que de no cumplir se le instruirían dos acciones, la primera multa por la cantidad de cien a trescientas veces la unidad de medida y actualización de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y la segunda relativa a inicial el procedimiento para la destitución del servidor público responsable del incumplimiento de lo condenado en dicho procedimiento. Además, ordenó la notificación de la referida actuación de once de enero del año en curso a las partes del expediente de origen, mediante notificación electrónica, misma que fue realizada el trece siguiente. Consideraciones vertidas en el cumplimiento al fallo protector, con las cuales se estima ha quedado acatado en los términos otorgados por este juzgado, puesto que la responsable con plenitud de jurisdicción realizó la cuantificación relativa en términos del artículo 96, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por cuanto hace a los conceptos de indemnización relativa a los salarios vencidos del actor desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa en el ocurso presentado el veintiuno de los cursantes, a través del cual, refirió que existe una confusión en el acuerdo que emitió en cumplimiento a la sentencia de amparo, pues refiere al momento de cuantificar la cantidad de doscientos treinta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional ($236,765.7), y posteriormente, en un apartado estableció como el monto global la diversa cantidad de doscientos cinco mil cuarenta y siete pesos 59/100 moneda nacional ($205,047.59); sin embargo, la cantidad que consideró en primer término se evidencia que coincide con la suma de las prestaciones a que fue condenada la accionante de amparo. Además, en el último párrafo del acuerdo de once de enero del año en curso, se evidencia que el requerimiento a la demandada fue por la cantidad de doscientos treinta y seis mil setecientos sesenta y cinco pesos 07/100 moneda nacional ($236,765.7), coincidiendo con el total de la suma de las prestaciones a que fue condenada en el juicio de origen; de ahí que se acredite qué cantidad se requirió a ésta, para el cumplimiento del juicio administrativo de origen. Máxime que lo que alude el autorizado de la parte quejosa, respecto a dos cantidades que se estableció como monto total a liquidar en el acuerdo de cumplimiento, constituye un aspecto que emitió la autoridad responsable con libertad de jurisdicción y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente a las partes, así como por oficio a la responsable.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, desahoga la vista otorgada en autos y realiza manifestaciones con respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria por la autoridad responsable. En atención a su contenido, téngase a la ocursante desahogando la vista; manifestaciones que serán tomadas en consideración al momento de que este juzgado se pronuncie respecto al cumplimiento realizado al fallo protector. Notifíquese.

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