Juan Carlos Morales Florentino
Expediente 590/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Carlos Morales Florentino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE FECHA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 590/2022-I-1. Resultando Primero. Mediante escrito de uno de julio de dos mil veintidós, el quejoso *******, por conducto de su defensora particular la licenciada *******, promovió juicio de amparo contra la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó: [.]LA ILEGAL OMISION DE DICTAR Y NOTIFICAR PERSONALMENTE EL AUTO QUE ACUERDE LA SOLICITUD DE QUE LA DEFENSORA PARTICULAR Y LOS PERITOS PARTICULARES QUE RADICAN EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEDAN ESTAR PRESENTES EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL POR MEDIOS ELECTRONICOS, DENTRO DEL JUICIO ORAL NUMERO ******* DE LOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA RESPONSABLE [.]. Segundo. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Trámite al escrito inicial. En auto de cinco de julio de dos mil veintidós, se ordenó formar expediente y registrar el asunto como juicio indirecto 590/2022-I-1; se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Vista a la quejosa para ampliar. Mediante proveído de quince de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de contestación dada a su petición por parte de la autoridad responsable; apercibida que de no cumplir con lo ordenado en el presente auto, éste asunto se resolverá únicamente respecto de la omisión reclamada inicialmente en la demanda. Atento a lo anterior, y en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a la vista del quince de julio del presente año, en proveído de dieciséis de agosto, se le tuvo por precluido el derecho a ampliar su demanda, y, se hizo efectivo el apercibimiento decretado. Quinto. Audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama la omisión de autoridad residente en el territorio donde ejerce jurisdicción esta juzgadora. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados; por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión por parte del Juez responsable de dictar y notificar personalmente el auto respecto a la solicitud emitida por la defensora particular y los peritos particulares, lo anterior a fin de que puedan estar presentes en la audiencia de juicio oral por medios electrónicos, dentro del juicio oral número ******* de los que se encuentran a cargo de la responsable Tercero. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos que actúa en funciones del Tribunal de Enjuiciamiento, al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el seis de abril del año en curso, presentado por la licenciada *******, en el cual solicitó que en la audiencia de debate de juicio oral, la intervención de la defensa, así como la declaración de los dos peritos ofertados fuera por medios electrónicos, esto dentro del juicio oral *******, del índice de la responsable. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que obran dentro del juicio oral ******* que remitió la autoridad responsable; documental a la que se le reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia.Por lo tanto, dicho acto se tiene como fehacientemente demostrado. Cuarto. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, la que suscribe estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En suma, se infiere que el juicio de control constitucional se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el uno de julio de dos mil veintidós, Mardia Astorga García promovió juicio de amparo a favor de Juan Carlos Morales Florentino, contra actos de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó la omisión de dictar y notificar personalmente el auto que acuerde la solicitud de que la defensora particular y los peritos particulares que radican en la ciudad de puebla, puedan estar presentes en la audiencia de juicio oral por medios electrónicos, dentro del juicio oral número 52/2022, y mediante auto de cinco de julio del año en curso, se admitió a trámite la demanda. Ahora, de las constancias del juicio oral 52/2022 remitidas por la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, se advierte que en auto de once de julio de dos mil veintidós, se proveyó en cuanto a la solicitud de la intervención de los peritos en el juicio mediante videoconferencia, para lo cual se le indicó que dicha incidencia deberá plantearla en audiencia de debate en presencia de, todos los intervinientes, ello atendiendo a los principios contemplados de los artículos 4 al 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se indicó que se autorizó que la abogada defensora intervenga en el juicio mediante videoconferencia, siempre y cuando se garanticen los derechos del acusado de contar con una adecuada defensa y se respete el principio de continuidad de las audiencias, dicho acuerdo se notificó por correo electrónico a la defensora particular el doce de julio de la presente anualidad. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que obran en el juicio oral ******* que remitió la autoridad responsable; documental a la que se le reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el once de julio de dos mil veintidós, acordó la promoción de la parte quejosa y el mismo fue debidamente notificado; por ende, la omisión reclamada, cesó sus efectos; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito. También resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en este juicio de amparo, por *******, por conducto de su defensora particular la licenciada *******, contra el acto y autoridad responsable precisados en el resultando primero. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Oficiante informa Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, en atención a su contenido se tiene a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Enjuiciamiento del distrito judicial Bravos, comunicando que se dictó fallo condenatorio en contra del aquí quejoso ******* por los delitos de abuso sexual con penalidad agravada, así como diverso de violación con penalidad agravada previstos y sancionados por los artículos 174 y 172 fracción 11 ambos en relación con el numeral 175 fracción VII del Código Penal vigente al momento de los hechos, cometidos en perjuicio de la víctima de iniciales *******; y que señaló las doce horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, para la realización de la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional. Lo anterior, de conformidad con el artículo196 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte, que, para las diez horas del día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que se encuentra de licencia la titular de este Juzgado Federal y la que suscribe no está facultada para fallar en definitiva el presente asunto, según lo establece el segundo párrafo del artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: [.] Cuando una jueza o un juez de distrito falten por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario o la secretaria respectiva practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, dando aviso de ello al Consejo de la Judicatura Federal y remitiendo copia de la resolución dictada. [.] Diferimiento de audiencia En consecuencia, toda vez que la titular de este tribunal se encuentra haciendo uso de una licencia, se difiere la audiencia constitucional que había de celebrarse en esta fecha y se señalan las diez horas con diez minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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