Juan Carlos Meza Cumplido

Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
699/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Meza Cumplido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recurso de Revisión Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio y anexo que remite vía juicio en línea, la licenciada ********************, agente de Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-3 de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en su carácter de tercera interesada; en atención a su contenido, se tiene a la promovente interponiendo recurso de revisión contra la resolución interlocutoria de modificación a la suspensión definitiva emitida el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el presente incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 699/2023-IV. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso b), 84, 86 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la resolución recurrida, como del recurso de revisión interpuesto en su contra, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este incidente de suspensión, así como el escrito de expresión de agravios original del recurrente para la substanciación del recurso hecho valer. Asimismo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. Notifíquese en lista electrónica; personalmente a la parte quejosa (en línea), a la agente del Ministerio Público de la Federación tercera interesada (en línea), así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (vía correo electrónico oficial); y, por oficio a la asesora jurídica de las víctimas, parte tercera interesada y a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/7294/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 142, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento a resolución de modificación de suspensión definitiva Visto el oficio y anexo consistente en un disco en formato DVD remitidos por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en Funciones de Juez de Control, agréguense a los autos para que conste como legalmente corresponda. En atención a su contenido, se tiene al oficiante informando el cumplimiento dado a la resolución incidental de modificación a la suspensión definitiva de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en este incidente de suspensión, para lo cual remite acta de la audiencia de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, relativa a la revisión de medidas cautelares, así como el registro audio visual certificado de dicha audiencia. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.YMAR/LRV

  3. Incidental

    Incidental Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Resultando Primero. Juicio de amparo. El quejoso ********************, promovió juicio de amparo y solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, consistentes en: El auto de vinculación a proceso que se dictó en su contra el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************/2023, del índice del Centro de Justicia Penal en Ciudad Juárez, Chihuahua. La medida cautelar que se le impuso en la audiencia inicial, consistente en prisión preventiva oficiosa. Lo anterior se lo atribuyó al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. Dicha demanda fue turnada, originalmente, a l Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, quien posteriormente, lo remitió a este Juzgado por considerar que este órgano jurisdiccional conoció previamente de los hechos que motivaron los actos reclamados, competencia que fue aceptada por este Juzgado en auto de dieciocho de julio del año en curso, donde se registró este asunto con el número de juicio de amparo ********************/2023-IV. Segundo. Determinación de la suspensión provisional y definitiva. El dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se inició el trámite de este incidente de suspensión, en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, cuyo Titular proveyó sobre la suspensión provisional en dicho auto. Posteriormente, en audiencia incidental de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, resolvió sobre la suspensión definitiva del acto reclamado que nos ocupa, consistente en la medida cautelar que se le impuso en la audiencia inicial celebrada en la causa penal ********************/2023, del índice del Centro de Justicia Penal en Ciudad Juárez, Chihuahua, consistente en prisión preventiva oficiosa. Al respecto, determinó lo siguiente: (.) se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de la autoridad que deba juzgarle por motivo de la causa penal seguida en su contra (.). Tercero. Incidente de modificación a la suspensión definitiva. Mediante escrito recibido en este Juzgado el dos de octubre de dos mil veintitrés, el defensor particular del quejoso, solicitaron la modificación a la suspensión definitiva. Al respecto, en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, se inició la tramitación de esta incidencia y se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días; la cual fue desahogada por la agente del Ministerio Público de la Federación tercera interesada y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Por otra parte, el seis de octubre de dos mil veintitrés, se recibió el informe relativo del Juez de Control responsable, quien posteriormente, el once de octubre del mismo año, remitió el registro audio visual certificado, en formato DVD, de la audiencia inicial, celebrada en la causa penal ********************/2023, los días trece, diecisiete y dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Tercero. Audiencia incidental. Una vez concluido el trámite de integración de este incidente de modificación a la suspensión definitiva, se señalaron fecha y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente incidente de modificación a la suspensión definitiva, de conformidad con el artículo 154 de la Ley de Amparo. Segundo. Informe de Juez responsable. En su informe, el Juez de Control responsable, manifestó que efectivamente, en audiencia inicial celebrada en la causa penal ********************/2023, el catorce de abril del año en curso, se impuso al quejoso ********************, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que uno de los hechos señalados en la ley como delito que se le imputa, es el de homicidio en su forma de comisión dolosa, previsto en el artículo 302 del Código Penal Federal, el cual se encuentra comprendido en el numeral 167, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero. Fijación de la litis. En el caso, se tiene que al quejoso efectivamente se le impuso como medida cautelar, conforme a lo expuesto en el considerando que antecede, la prisión preventiva oficiosa, así como que, en la resolución de suspensión definitiva, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, determinó que el quejoso, en cuanto a su libertad personal, quedaba a disposición del Juez de amparo, mientras que, en cuanto a la continuación del proceso penal, quedaba a disposición del Juez de Control responsable. De manera que, la litis en este incidente consiste en analizar si surgieron condiciones que ameriten modificar la situación determinada en la suspensión definitiva, en relación con la libertad personal del quejoso, en relación con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se le impuso en la causa penal ********************/2023, por el Juez de Control responsable. Cuarto. Estudio de fondo. En principio, debe indicarse que el artículo 154 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: Artículo 154. La resolución que conceda o niega la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión. De conformidad con dicho numeral, el incidente de modificación a la suspensión definitiva, procede en aquellos casos en los que ocurra un hecho superveniente que obligue al Juzgado a ajustar la situación jurídica creada por la resolución inicialmente dictada, a las nuevas circunstancias fácticas. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 109/2013, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 354, materia Común, Décima Época, con registro digital 2005043, que se invoca por identidad de razones, del rubro y texto siguientes: MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 140 de la Ley de Amparo, vigente hasta la fecha recién señalada, establece la facultad del juez de distrito para revocar o modificar su decisión sobre la concesión o negativa de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, cuando aún no exista sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo y concurra un acontecimiento fáctico que impacte sobre la situación jurídica valorada por aquél al dictar la resolución sobre la suspensión. Sin embargo, de una interpretación textual y finalista del citado precepto legal se desprende que al ser una condición material para la modificación o revocación de la suspensión la existencia de un hecho superveniente, la determinación del juez al respecto deberá tomarse una vez que escuche a las partes del juicio de amparo y les haya permitido presentar pruebas y alegatos, tal como ocurre en el procedimiento ordinario de un incidente de suspensión de conformidad con el artículo 131 de la referida legislación. Por ende, el hecho superveniente no constituye un requisito de procedencia del incidente de modificación o revocación de la suspensión al que da lugar el artículo 140 de la Ley de Amparo abrogada; por el contrario, su calificativa como superveniente implica en sí misma un pronunciamiento sobre la viabilidad de tal situación fáctica para afectar el estatus jurídico que motivó la concesión o negativa de la suspensión. Por tales razones, se concluye que con la excepcionalidad de que sea notoria y evidente la inexistencia del hecho superveniente, el juzgador deberá tramitar el incidente relativo de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley citada en términos de su artículo 2o., con el fin de permitir a las partes del juicio presentar pruebas y alegatos. Dicha notoria y evidente inexistencia no se origina por una simple deficiencia en la carga probatoria por el promovente, pues ello es materia de fondo del propio incidente; más bien, se dará cuando desde la solicitud interpuesta para modificar o revocar la suspensión, el juez advierta de forma clara e indubitable que no se satisfacen los requisitos primarios de un hecho superveniente; por ejemplo, podrá desecharse la solicitud del incidente cuando los acontecimientos o las pruebas aducidas como una causa superveniente ya fueron valoradas en la resolución de la suspensión, no guarden indiciariamente una relación con las partes o el acto reclamado, o ya hayan sido señalados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como causas no supervenientes, como la emisión y publicación de la jurisprudencia. El subrayado es nuestro. Pues bien, antes de entrar al estudio de la actualización, o no, de ese hecho superveniente, cuestión que, como indica la Primera Sala, es de fondo, se determina la actualización de los presupuestos correspondientes. Legitimación de la parte actora incidentista En el caso, este incidente de modificación a la suspensión definitiva, lo promovió el defensor particular del quejoso ********************, quien evidentemente resiente de forma directa los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso y de la suspensión definitiva cuya modificación se solicita. Existencia de una resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva de los actos reclamados. Dicho requisito de procedibilidad, evidentemente también se cumple, pues como se indicó, existe una resolución sobre la suspensión definitiva, en la cual se determinó que el quejoso, en cuanto a su libertad personal, quedaba a disposición del Juez de amparo, mientras que, en cuanto a la continuación del proceso penal, quedaba a disposición del Juez de Control responsable. La sentencia dictada en el juicio principal, no haya causado ejecutoria. Constituye un hecho notorio para quien resuelve, que se invoca conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, que en el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión, no se ha dictado sentencia. Indicado lo anterior, se procede a analizar la actualización, propiamente, de un hecho o circunstancias supervenientes. Para lo anterior, debe tenerse en cuenta la situación jurídica que creó la resolución de suspensión definitiva que se pretenda modificar, ya que la finalidad que persigue esta incidencia, es demostrar que ese hecho superveniente trae como consecuencia natural y jurídica la revocación o modificación fundada de la suspensión definitiva o, como se precisará más delante, del requisito de efectividad. Así es, como ya se indicó, el citado artículo 154 de la Ley de Amparo, constituye el fundamento del denominado incidente de revocación o modificación de la suspensión por hecho superveniente, figura conocida como mutabilidad o flexibilidad de las resoluciones que se dicten en el incidente de suspensión, el que procede dentro del trámite del incidente de suspensión, respecto de la resolución interlocutoria que resuelve acerca de la medida cautelar definitiva. Dicha flexibilidad de las providencias suspensionales tiene por objeto facultar al Juez de Distrito para revocar o modificar la resolución suspensiva, sin que esto constituya un medio para remediar o corregir errores o deficiencias del procedimiento, ni una oportunidad para enmendar la apreciación del juzgador o la conducta asumida por las partes, pues no se trata de un recurso que permita revalorar las condiciones en que se produjo tal resolución, ni admite analizar la legalidad del pronunciamiento suspensional. Lo que ocurre es el surgimiento de hechos con posterioridad a su dictado, que plantea un cambio de circunstancias que justifican su revocación y aun su modificación; tan es así que por hecho superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse el incidente, hecho de tal naturaleza, que lleve consigo, como consecuencia natural y jurídica, la revocación o modificación de la resolución jurisdiccional que concedió o negó el beneficio. Esto es, se trata de elementos fácticos sobrevenidos que el juzgador no estuvo en aptitud de considerar para decretar la medida suspensional por virtud de que éstos, en el instante en que se tenía que proveer sobre la medida, eran inexistentes o imprevisibles. Las anteriores precisiones encuentran apoyo en la jurisprudencia 443, aprobada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 917977, visible a página 376, tomo VI, apéndice 2000, materia común, quinta época, que dice: SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. Por hechos supervenientes sólo deben entenderse los que tienen lugar con posterioridad a la resolución dictada en el incidente de suspensión, y que modifican la situación jurídica existente cuando se pronunció esa resolución. Así como en la diversa tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, con registro 308679, página 5224, tomo LXXII, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. Por causa superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse el incidente y que sea de tal naturaleza que lleve consigo como consecuencia natural y jurídica, la revocación fundada de la suspensión; pero si las pruebas que el quejoso rinde, tienden a justificar cosas o hechos que ya existían con anterioridad y que no se comprobaron en su oportunidad, no existe motivo para conceder la suspensión por causa superveniente. En el caso, como lo indicó el Juez de Control responsable, en su informe, en audiencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ********************/2023, impuso al quejoso ********************, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que uno de los hechos señalados en la ley como delito que se le imputa, es el de homicidio en su forma de comisión dolosa, previsto en el artículo 302 del Código Penal Federal, el cual se encuentra comprendido en el numeral 167, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, este último, que dispone lo siguiente: Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; (.) El subrayado es nuestro. Como se aprecia claramente del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito de homicidio en su comisión dolosa, previsto por el artículo 302 del Código Penal Federal, está considerado como de aquellos en los cuales el agente del Ministerio Público de la Federación, no puede dejar de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y por su parte, el Juez de Control, no puede dejar de imponerla, sino que, la posibilidad de que el imputado haya participado en la comisión del hecho así considerado por la ley como el delito indicado, traía aparejada indefectiblemente la imposición de dicha medida cautelar, se insiste, conforme al citado numeral. Sin embargo, posteriormente, en sesión ordinaria virtual de trece de julio de dos mil veintitrés, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, resolvió la contradicción de criterios 40/2023, en cuya ejecutoria, terminada de engrosar el catorce de agosto de dos mil veintitrés, en lo que interesa, se expuso lo siguiente: (.) H) Suspensión provisional en contra de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 189. Ahora bien, bajo las anteriores consideraciones, es necesario determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, o en su caso, si solo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo. 190. Por ello, es dable traer a colación que la disyuntiva interpretativa que originó la presente contradicción de criterios, surgió a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó al Estado Mexicano -las cuales fueron ampliamente desarrolladas en el apartado correspondiente de esta ejecutoria- mismas que se agotan en la declaración de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, en los términos en que se ha realizado hasta ahora en nuestro país. 191. Así, atendiendo al caso concreto y por cuanto hace a los alcances de la concesión de la medida suspensional provisional sobre la imposición de la prisión preventiva oficiosa, es necesaria la remisión a los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales a la letra señalan: "Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento". El resaltado es propio. "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo." El resaltado es propio. 192. Del contenido de los artículos 163 y 166 de la multicitada Ley de Amparo, se advierte que cuando una persona solicita el amparo contra actos que afecten su libertad personal dentro de un procedimiento penal -privativos o no-, la suspensión del acto reclamado tendrá un efecto específico, es decir, que el quejoso quedará a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, pero únicamente en lo que se refiere a su libertad personal. 193. En dichos numerales, claramente se prevén los efectos de la suspensión, tratándose de actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal y en el caso específico de medidas cautelares privativas de libertad, como lo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. 194. Por tanto, el numeral 166 de la invocada ley fija que si se trata de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, a los contenidos en el artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no resulta posible realizar ponderación alguna respecto del análisis a la apariencia del buen derecho, en virtud de que en su fracción I, establece los términos de procedencia de la suspensión y sus efectos. 195. Referente a ello, se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ******** 21, al señalar entre otras cuestiones, que las normas establecidas en el apartado relativo a la suspensión en materia penal de la Ley de Amparo, son aplicables a los actos que de forma expresa ahí se establecen, porque tales disposiciones obedecen a circunstancias específicas que fueron valoradas a priori por el legislador ordinario y que consideró especialmente relevantes para darles una solución específica. 196. La ejecutoria anterior, dio origen a la tesis jurisprudencial de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL."12 197. En efecto, la ley de la materia realiza la precisión textual de cuáles son los términos y condiciones bajo los que habría de resolverse lo relativo a la suspensión de los actos en materia penal tratándose de delitos que impliquen la imposición de la de prisión preventiva oficiosa, es porque ciertamente, el legislador asumió el mandato constitucional previsto en el artículo 19 de la Carta Magna, adecuando y armonizando el apartado correspondiente respecto de esa especificidad de casos. 198. Sin embargo, por lo hasta aquí expuesto no se puede inadvertir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se condenó a México, en particular, por considerar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, son vinculantes y obligatorias para el Estado Mexicano; además, deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Asimismo, se ordenó tomar las medidas necesarias para implementar las decisiones de dicho tribunal y garantizar la plena protección de los derechos humanos en todo nuestro territorio, circunstancia que indudablemente representa un parteaguas en la evolución e interpretación de dicho paradigma. 199. Así, como se dijo en el apartado correspondiente de esta ejecutoria, si bien para la determinación del catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, se estará a aquellos delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente descritos, ilícitos respecto de los cuales procede la suspensión provisional conforme a lo establecido en la fracción I, del artículo 166, de la Ley de Amparo, también lo es que conforme a la jurisprudencia nacional e internacional, todos los operadores jurídicos estamos llamados a realizar un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares establecidos por el Tribunal Interamericano multicitado. 200. Sin que además deje de considerarse que a lo largo de las importantes sentencias emitidas por el Máximo Tribunal del país, así como de las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha podido observar cómo sin necesidad de descartar las disposiciones constitucionales, mediante el principio pro persona y la interpretación conforme, se ha desarrollado gradualmente un enfoque interpretativo que busca favorecer y maximizar los derechos de todas las personas, que a diferencia de la facultad de invalidar la Constitución , estas herramientas hermenéuticas sí son reconocidas constitucionalmente, y a través de ellas, el Poder Judicial de la Federación está obligado a proteger, respetar, promover y garantizar de manera plena y efectiva los derechos humanos de las personas. 201. Un ejemplo de ello es la resolución del amparo en revisión ******** 12, en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó una posible restricción sobre el tipo de indemnización que se debía otorgar por la expropiación de un bien, así con los mecanismos interpretativos respectivos, asunto en el que se determinó que debía optarse por el criterio más favorable para la persona, siendo este el establecido por el Tribunal Interamericano, sin necesidad de inaplicar el texto constitucional. 202. Ahora, este nuevo entendimiento del artículo 19 constitucional, busca que la prisión preventiva ya no tenga efectos automáticos, sino que esta sea razonada en cada caso concreto, ya que la forma en que hasta la fecha ha sido entendida, es más una medida punitiva, que una medida cautelar. 203. Luego, si bien es cierto la fracción I, del artículo 166 de la Ley de Amparo, receta expresamente que tratándose de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, la concesión de la suspensión solamente tendrá como efecto que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que este señale -únicamente en lo que se refiera a su libertad-, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación, también lo es que ello no impide que se realice una interpretación conforme, en la búsqueda de una protección más amplia. 204. El artículo 107, fracción X de la Carta Magna, que se replica en el diverso 138 de la Ley de Amparo, como ya se dijo, es en donde se establece la forma para determinar si es procedente la concesión de la medida suspensional, que concebida como una medida cautelar que se otorga de manera temporal y provisional, no implica una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. 205. Para resolver este punto de la litis es necesario traer al escenario lo resuelto por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria virtual de quince de junio de dos mil veintitrés, en la contradicción de criterios *******, en la cual en lo que atañe, este órgano colegiado determinó que el numeral 166 de la Ley de Amparo en efecto admite una interpretación conforme, que ha sido reconocida por el Máximo Tribunal de este país, en la cual el orden jurídico se analiza en concordancia con los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Por tanto, concluyó este Pleno, que es posible que el órgano jurisdiccional de amparo resuelva con relación a la suspensión de amparo en términos más amplios a lo que prevé ese artículo. 206. Lo anterior se afirma, ya que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad *******, determinó que existen excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida. 207. En el presente caso, este Pleno Regional considera que existen elementos que configuran la apariencia del buen derecho, lo que a su vez, hace verosímil que la suspensión provisional tenga efecto de tutela anticipada cuando el acto que se reclame consista en la imposición de la prisión preventiva oficiosa. 208. Ciertamente, el pronunciamiento hecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las sentencias correspondientes a los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que en lo que aquí concierne, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos suficientes que permiten afirmar que en el caso, se actualiza de manera efectiva el principio de la apariencia del buen derecho, ya que se presume que hay probabilidades considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional, esto es, cuando se resuelva el fondo de asunto. 209. Esta interpretación busca encontrar una armonía entre las normas nacionales e internacionales, priorizando aquella que brinde una protección más amplia, por tanto, es precisamente bajo esa interpretación aplicada al artículo 166 de la Ley de Amparo, que se puede concluir que tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva -en este caso oficiosa-, la persona juzgadora de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la Ley de Amparo, en relación al 107, fracción X, constitucional, es decir, conforme a las reglas generales de la suspensión, no deberá limitarse al efecto señalado, en la fracción I del numeral 166 de la Ley de Amparo, ya que ello no representa ningún beneficio para el quejoso y no protege el derecho humano a la libertad personal. 12 210. Así, ante el nuevo paradigma que representan las más recientes sentencias y jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la progresividad y dinamismo que caracteriza al sistema jurídico mexicano, éste órgano colegiado estima que en la búsqueda de una protección más amplia y exaltando la relevancia del principio pro persona bajo la apariencia del buen derecho, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional contra la prisión preventiva oficiosa, ésta deberá concederse con efecto de tutela anticipada. 211. Ahora bien, no se soslaya que en la referida contradicción de criterios ******* , este Pleno Regional dirimió aspectos relativos a los efectos de la suspensión contra la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 166, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, mientras que en el presente asunto se está en presencia de la prisión preventiva oficiosa o automática, no obstante, no existe razón para utilizar una base argumentativa distinta en cuanto a la interpretación conforme del precepto, ya que en ambos casos el efecto de la suspensión es exactamente el mismo, es decir, que el quejoso solo quede a disposición de la persona juzgadora de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador de la causa para la continuación del procedimiento. 212. Asimismo, resulta pertinente destacar que en la referida contradicción de criterios *******, del índice de este Pleno Regional que fue mencionada anteriormente, se señaló que el Máximo Tribunal de nuestro país sostiene que la suspensión del acto reclamado tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del promovente pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. 213. De manera que, para lograr el objetivo de la suspensión del acto reclamado como medida cautelar, la Ley de Amparo contiene una serie de disposiciones legales encaminadas todas ellas a conservar viva la materia del amparo, analizar la afectación de intereses a terceros e intereses de la sociedad, y a su vez, dentro de esas disposiciones legales se prevé, desde la suspensión automática de los actos hasta la posibilidad de tomar las medidas que estime convenientes las juezas y jueces de Distrito para que no se afecten derechos de terceros, evitando perjuicios a los interesados hasta donde sea posible, lo que lleva implícito no sólo la suspensión -paralización de los actos reclamados-, sino la existencia y contemplación de otras medidas cautelares, revertir el efecto de una persona que se encuentra privada de la libertad, o levantar un estado de clausura ya ejecutada, actos que llevan implícito un adelanto de la efectividad de la sentencia de fondo, en caso de ser favorable a la parte quejosa. 214. Ejecutoria de este Pleno Regional en la que igualmente se hizo referencia a la diversa contradicción de criterios ******** 12 , en la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. 215. Asimismo, la Segunda Sala hizo hincapié en la trascendencia de la suspensión del acto reclamado, misma que debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, ya que ambas pretenden generar las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, es incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. 216. Por tanto, señaló que la suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa, ese beneficio conservará su vigencia únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. 217. Luego, se precisó que existe excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, circunstancia que se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo, argumentos que dieron origen a la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL."12 218. De modo que si la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, y ahí se resolvió categóricamente que es inconvencional la figura consistente en la prisión preventiva oficiosa; por tanto, es dable afirmar que cuando se reclama este tipo de actos en el juicio de amparo, para proveer sobre la suspensión provisional o definitiva debe partirse de la base de que la apariencia del buen derecho está demostrada, lo cual lleva consigo que se le den efectos restitutorios -tutela anticipada-. 219. De ahí que, el órgano jurisdiccional basado en esa interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. 220. Luego, el peligro en la demora es patente, pues el tiempo que pase el quejoso bajo los efectos de una prisión preventiva automática, no se le podrá reparar aunque se obtenga una sentencia favorable; de modo que al no advertirse que la suspensión pueda trastocar el interés social y orden público sino todo lo contrario, al estar interesada la sociedad en el resguardo y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales en que México forme parte, el efecto de la suspensión será para que el juez responsable, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el término de cuarenta y ocho horas, -en aplicación analógica a la revisión de medidas cautelares que prevé el artículo 162-, señale fecha para la celebración de una audiencia en la que, -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada en el juicio de garantías y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversas medidas cautelares. 221. Entonces, basado en el principio pro persona, al ser la jurisprudencia de la Corte Interamericana no solo vinculante sino una extensión a la Convención Americana de Derechos Humanos, que representa una protección más amplia para aquel derecho, y respecto de la cual -Constitución y Convención- guardan una relación sin distinción jerárquica, cuando se pida la suspensión de un acto como el que se estudia, deberá otorgarse en los términos anteriormente señalados. 222. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que la jurisprudencia P./J. 20/2014, derivada de la contradicción de criterios ********, contrario a lo resuelto por uno de los tribunales contendientes, no constituye un obstáculo, ni inobservancia alguna para hacer esta interpretación, porque no se está dilucidando una cuestión de fondo, es decir, no se está resolviendo sobre la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como tampoco del 166 de la Ley de Amparo, sino solamente la apariencia del buen derecho en la suspensión provisional, merced de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicables al caso concreto. 223. En otras palabras, la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, el pronunciamiento sobre la inconvencionalidad del artículo 19 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se contempla el acto reclamado, será materia de análisis que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, porque la tutela anticipada es una medida provisional que no sustituye la sentencia definitiva. 224. De esa manera, por las particularidades del asunto, la presente ejecutoria no supone la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del texto constitucional, sino que implica el cumplimiento a la obligación constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona, mediante un examen de interpretación más favorable conforme a la misma disposición fundamental, únicamente por cuanto hace a los efectos de la suspensión provisional en el caso específico. 225. En ese orden de ideas, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. Por lo tanto, en estricto acatamiento a la ejecutoria descrita, así como al criterio que en ella se indicó, debe prevalecer, respecto de la privación de la libertad de un imputado, con motivo de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se modifica en el aspecto relacionado, se insiste, con su libertad personal, la suspensión definitiva dictada en este incidente de suspensión y se determina lo siguiente: El Juez de Control responsable, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, con base en las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciba noticia de esta resolución (término que se fija en aplicación analógica del artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales), señale fecha para la celebración de una audiencia en la que -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que impuso (cuyo análisis se negó a debatir en la audiencia inicial, negativa que constituye uno de los actos reclamados en el juicio de amparo) al quejoso y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversa o diversas medidas cautelares, esto es, la que considere razonablemente adecuada; y en caso de que las analizadas no sean suficientes para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de testigos, o evitar la obstaculización de procedimiento, de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales), podrá imponer la prisión preventiva pero justificada, es decir, de forma fundada y motivada en las condiciones del caso. Por tanto, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 147 y 154 de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. Se declara procedente el incidente de modificación a la suspensión definitiva planteado por la parte quejosa, para el efecto indicado en la última parte del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese en lista electrónica; personalmente a la parte quejosa (vía juicio en línea) y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable, a la Fiscal Federal tercera interesada (vía correo electrónico) y a la representante de las víctimas en la causa penal, aquí tercera interesada. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintitrés. Juez responsable cumple requerimiento Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, que remite la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. En atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a lo solicitado en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, para lo cual anexa registro certificado de audio y video, certificado, en disco compacto con formato DVD, de la audiencia inicial desahogada del catorce al dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en la causa penal ****/2023. Se señalan fecha y hora para audiencia incidental, en incidente de modificación a la suspensión definitiva En atención a que de la certificación de cuenta, se advierte que la vista que se dio a las partes, en auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, ya transcurrió para todas y cada una, asimismo, del estado de autos se advierte que ya se cuenta con el informe que rindió el Juez responsable y con el registro certificado de audio y video de la audiencia inicial descrita. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 154 de la Ley de Amparo, se señalan las trece horas del veinte de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental relativa al incidente innominado de modificación de suspensión. Notifíquese en lista electrónica; personalmente a la parte quejosa (en línea) y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la licenciada *****, asesora jurídica adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tercera interesada a la licenciada *****, agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula I-1, de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (vía correo electrónico) tercera interesada, así como al Juez responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.

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