Juan Carlos Montoya Rivera

Expediente 654/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
654/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Montoya Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, y al fiscal Federal adscrito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el pedimento del agente del Ministerio Público Federal adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; y, 3. Se le expida copia de la sentencia correspondiente. Sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, porque el treinta de julio pasado, se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Cúmplase.

  3. Incidental

    I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 654/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Juan Carlos Montoya Rivera; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Juan Carlos Montoya Rivera, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, el acto reclamado en el presente asunto es: a) La orden de búsqueda, aprehensión y detención; y, su ejecución TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, el quejoso atribuyó el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales Del Estado. Niega. 2. Enrique López Criollo, Juez Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 3. Aarón Hernández Chino, Juez Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 4. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 5. Rosalva Elena Zárate Herrera, Jueza Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 6. Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, Juez Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 7. María Guadalupe Muñoz Pérez, Jueza Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 8. Javier Vázquez Fernández, Juez Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 9. Magally Escamilla Rodríguez, Jueza Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 10. Idalia Arciniega Arias, Jueza Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 11. Rosa Aurora Espejel Prado, Jueza Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 12. Mirian Huerta Lechuga, Jueza Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 13. Ana Alicia Ponce Frías, Jueza Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 14. José Alvarado Sarmiento Márquez, Juez Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 15. Karla Ivonne Munguía Olmos, Juez Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega. 16. Fiscal General del Estado De Puebla. Niega. 17. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado. Niega. CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas con anterioridad, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir el acto reclamado a la referida autoridad responsable, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Juan Carlos Montoya Rivera, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables indicadas en el considerando tercero. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil veintiuno. I. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIACONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que a la fecha en que se emite el presente acuerdo, obran agregados al expediente en que se actúa, todos los informes justificados de las autoridades responsables, por tanto, se provee lo siguiente: De autos se observa que el quejoso Juan Carlos Montoya Rivera, mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, por buzón judicial y remitido ese mismo día a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las siguientes autoridades: 1. Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, por sí y en representación de: (2. Enrique López Criollo), (3. Aarón Hernández Chino), (4. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), (5. Rosalva Elena Zárate Herrera), (6. Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez), (7. María Guadalupe Muñoz Pérez), (8. Javier Vázquez Fernández), (9. Magally Escamilla Rodríguez), (10. Idalia Arciniega Arias), (11. Rosa Aurora Espejel Prado), (12. Mirian Huerta Lechuga), (13. Ana Alicia Ponce Frías), (14. José Álvaro Sarmiento Márquez) y (15. Karla Ivonne Munguía Olmos), 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado. Ahora bien, como se desprende de las actuaciones que integran el presente sumario constitucional, las mencionadas autoridades responsables, al rendir sus correspondientes informes de ley, negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman; en consecuencia, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las nueve horas con veintidós minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. OFICIO SIN MAYOR PROVEÍDO. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador General de asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, por medio del cual rinde su informe justificado, toda vez que por auto de veintinueve anterior, se proveyó lo conducente Notifíquese personalmente a la parte quejosa y, por oficio a las autoridades responsables; y, al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

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