Juan Carlos Mendoza Gil
Expediente 1117/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Carlos Mendoza Gil
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1117/2016-II-D. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías presentada por Juan Carlos Mendoza Gil, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 2 Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 3 Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 4 Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 5 Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 6 Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 7 Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 8 Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla 9 Director General de la Agencia Estatal de Investigación (en su denominación correcta) Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con cuarenta minutos del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá por separado una multa equivalente de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. No ha lugar a remitirle copia de la demanda de amparo, pues la misma se remitirá al momento de requerir el informe previo, de conformidad con el artículo 116 del multicitado ordenamiento legal. En otro sentido, se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. En la inteligencia, que deberán de rendir su respectivo informe justificado en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo se les impondrá por separado una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 251 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a las autoridades que, en su caso, convengan en la existencia el acto reclamado, precisen si las constancias que remitan como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Manuel Rodrigo Cortés Pérez y Erick Jarid Gallardo Camarillo, al tener registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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