Juan Carlos Miravete Aguiar

Expediente 1575/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1575/2017
Año
2017
Actuaciones
23
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Miravete Aguiar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    V.- (AVISO PARTE QUEJOSA) Vista la certificación de cuenta, se advierte que, dentro del plazo fijado, la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 338 a 347), por la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia en mención ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, glósese únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente. en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno, háganse las anotaciones respectivas. Ahora, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la moral quejosa, por lista a la moral tercero interesada por ser el domicilio señalado para tal efecto.

  2. Principal

    V.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que, dentro del plazo fijado, la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo contra la sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 338 a 347), por la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia en mención ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, glósese únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente. en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno, háganse las anotaciones respectivas. Ahora, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrá serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la moral quejosa, por lista a la moral tercero interesada por ser el domicilio señalado para tal efecto.

  3. Principal

    V.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE 31/01/2018, QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTO, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1575/2017-V; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Concretos Balestra de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal Juan Carlos Miravete Aguilar, mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecisiete (p.p. 1 y 2), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo con tal carácter, a: a).- El Juez VIGÉSIMO DE LO CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en su calidad de autoridad ordenadora; Autoridad con domicilio oficial bien conocido en la ciudad de México.". "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad ordenadora, se reclama lo siguiente: a).- Reclamo todos los proveídos, resoluciones o autos pronunciados, y diligencias ordenadas y practicadas dentro del expediente número 4/2017 consistente en el embargo precautorio promovido en el juzgado Vigésimo de lo civil de la ciudad de México, promovido en contra de La Moral Concretos Balestra de Oriente S.A. de C.V., tendientes a la constitución, perfeccionamiento del embargo precautorio de la cuenta que en banco Banorte, BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., bajo el número 0461374173, mi representada tiene en dicha institución bancaria en esta ciudad de Toluca estado de México. b).- Todas las consecuencias de Hecho y de Derecho que la iniciación, tramitación y fallo de dicho juicio natural produzcan en perjuicio de mis derechos personales." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito el día de su presentación, por auto del tres de octubre de dos mil diecisiete (p.p. 6 a 9), se registró con el estadístico 1575/2017-V y se admitió; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se reservó el emplazamiento de los tercero interesados; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de Por auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (p. 180), se ordenó el emplazamiento de la moral tercera interesada Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, la cual se tuvo por debidamente emplazada en actuación del once de enero de dos mil dieciocho (p. 328). La audiencia constitucional, previos diferimientos, se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracciones I y V, de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución material dentro del ámbito de competencia de este órgano de control de la constitucionalidad. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de las constancias de autos se obtiene que el quejoso reclama: ? Todo lo actuado en los autos del expediente 4/2017, del índice del Juzgado Vigésimo Civil de la Ciudad de México, relativo a las providencias precautorias promovidas Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en contra de Concretos Balestra de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Francisco Olvera Alanís, en su carácter de acreditado y obligado solidario, así como la orden emitida por la autoridad responsable, mediante la cual se embarga e inmoviliza, la cuenta bancaria a nombre de la aquí quejosa número 0461374173, en la Institución de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima. TERCERO. La promoción del presente juicio es oportuna, de conformidad con lo siguiente. El quejoso comparece a juicio como tercero extraño al procedimiento de donde emana el acto reclamado y señala, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días a que alude el artículo 17 de la propia Ley, comenzó a correr al día siguiente en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedor del acto reclamado, esto es, el veintiséis de septiembre del mismo año (día siguiente hábil) y feneció el diecisiete de octubre del mismo año, sin contar los días veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, uno siete, ocho, catorce y quince de octubre de dos mil diecisiete por ser sábados y domingos, ni veintidós y veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, por haber sido declarados inhábiles, conforme al comunicado número 27 de veinte de septiembre del presente año, del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual determinó suspender labores en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Estado de México y otras entidades, a partir de esa fecha para reanudarse el día veinticinco del mes en curso y del diverso comunicado de veinticuatro siguiente, por el que se informó que la suspensión de labores se prorrogaba al lunes veinticinco de septiembre; sin que se cuente tampoco el doce de octubre del año próximo pasado por ser inhábil conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó el dos de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es de concluirse que fue presentada oportunamente. CUARTO. La Juez Vigésimo de lo Civil en la Ciudad de México (p. 13), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza de los actos reclamados que se corrobora con las constancias que acompañó en apoyo a su informe de ley, relativas a la copia certificada del expediente 4/2017, inherente a las diligencias prejudiciales de providencias precautorias promovidas Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en contra de Concretos Balestra de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Francisco Olvera Alanís, en su carácter de acreditado y obligado solidario. Documentos públicos que por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones alcanzan eficacia demostrativa en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Para un mejor entendimiento del asunto es importante hacer relación de los antecedentes más trascendentes relativos al acto reclamado en el presente juicio de amparo. 1) Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil diecisiete ante la Oficialía de Partes Común en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a través de sus apoderados legales, instaron providencias precautorias en contra de Concretos Balestra de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Francisco Olvera Alanís, en su carácter de acreditado y obligado solidario (p.p. 17-27). 2) Mediante acuerdo de once de enero de dos mil diecisiete, la Juez Vigésimo de lo Civil de la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió su conocimiento, la radicó con el estadístico 4/2017, y las desechó (p.p. 120 y 121). 3) Inconforme el promovente con la determinación citada, interpuso recurso de apelación, del que conoció y resolvió la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora ciudad de México), en el Toca 128/2017/01, quien el uno de marzo de dos mil diecisiete, determinó revocar el auto apelado y ordenó, para garantizar la cantidad de cinco millones ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos pesos con ochenta y dos centavos, se giraran oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su conducto se notificaran las Instituciones Bancarias para que de existir cantidades a nombre de la aquí quejosa, fueran retenidas; disponiendo que, una vez ejecutadas las providencias precautorias, el que pidió, debería acreditar la presentación de la demanda ante el juez competente, dentro de los tres días siguientes, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, quedaría sin efectos la retención de los bienes (p.p. 143 a 158). 4) Mediante acuerdo del nueve de marzo de dos mil diecisiete, la Juez hoy responsable, tuvo por recibidos los autos y el testimonio de alzada, y en atención al sentido del mismo, ordenó se libraran los oficios correspondientes (p. 160). 5) En proveído de doce de mayo del mismo año, se tuvo a la promovente de la providencias precautorias, exhibiendo un acuse de presentación de demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra de la aquí quejosa, misma que fuera asignada para su conocimiento al Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México (p.p. 168 y 169). 6) A través del proveído de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los oficios a través de los cuales, entre otras Instituciones Crediticias, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, comunicó el bloqueo de la cuenta de inversión 0461374173, a nombre de la moral quejosa (p.p. 175 y 179). Siendo el estado que guarda el expediente del que emana el acto reclamado en esta instancia de control constitucional. SEXTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, deben analizarse las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan oficiosamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, máxime que el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad, dispone que procede el sobreseimiento, cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia. En el caso a estudio, las partes no señalaron ninguna causa de improcedencia, ni este juzgador advierte la actualización de alguna de ellas; por lo que se procede al estudio de fondo. SÉPTIMO. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 68/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, página 38, registro 191384, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." No obstante lo anterior, se precisa que el impetrante de amparo aduce, esencialmente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no se le otorgó garantía de audiencia pues no se le llamó a las providencias precautorias, violándose así sus derechos fundamentales de defensa, de legalidad, se seguridad jurídica y debido proceso. El concepto de violación sintetizado, resulta infundado, en atención a las siguientes consideraciones: En primer lugar es necesario establecer, que el derecho de audiencia, se encuentra reconocido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Del precepto constitucional transcrito, se advierten las formalidades que se deben seguir en un juicio y que son: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De los preceptos transcritos, se considera que el inciso a), enmarca lo que es la primera notificación, que determina el hecho de que el demandado esté en aptitud de comparecer ante el tribunal para defenderse, ejercitando con toda amplitud sus derechos y, por ende, en el caso resulta que si se viola dicho precepto, los derechos subsecuentes también son vulneradas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción 47/95, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, registro 200234 que dispone: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen además, las relativas al derecho de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho formal de audiencia a favor de los gobernados, entre las que destacan, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, lo que tiene como finalidad que el gobernado conozca la existencia del procedimiento mismo y esté en aptitud de preparar su defensa; que se le otorgue la posibilidad de presentar su defensa a través de la organización de un sistema de pruebas y que, quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de réplica a fin de desvirtuar las afirmaciones de su parte contraria; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, finalmente, que el procedimiento iniciado se concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia integrada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 163-168, Cuarta Parte, página 195, registro 240531, que establece: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Lo anterior puntualiza que el emplazamiento es el acto mediante el cual se hace del conocimiento a una persona la existencia de la acción que se ha ejercido en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, por lo que, la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación procesal grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Ahora bien, el artículo 1168 del Código de Comercio -vigente a partir de enero de dos mil quince-, establece las medidas cautelares en los términos siguientes: "Artículo 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código; II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo." De la lectura del anterior precepto legal se desprende que en los juicios mercantiles sólo pueden dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias consistentes en la radicación de persona o la retención de bienes, en cuyo caso se observarán las formalidades siguientes: a) Cuando se vaya a ejercitar una acción real, la medida procederá cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes; y, b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquéllos en que se ha de practicar la diligencia y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. c) Si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito u otros bienes fungibles, se presumirá el riesgo de que sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Por su parte los artículos 1177 y 1178 de la legislación mercantil es del tenor siguiente: "Artículo 1,177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio." "Artículo 1,178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código." De la interpretación de los artículos en cita se desprenden los dos supuestos en los que se puede solicitar una providencia precautoria; esto es, antes de iniciado el juicio o una vez ya iniciado este. De igual forma, se observa que para cada una de esas dos hipótesis se siguen reglas distintas a saber: 1. Para las providencias precautorias prejudiciales no se cita a las partes contra la que se promueve. 2. Para las providencias precautorias una vez iniciado el juicio, se tramita vía incidental y sí se debe citar a la parte contra la que se promueva. Ahora, como ya se indicó la quejosa se duele de que no fue llamada a las providencias precautorias, las cuales, como se desprende de los antecedentes del acto reclamado, fueron promovidas en la vía prejudicial, esto es, antes de iniciar el juicio en contra de la impetrante del amparo. Por tanto, en términos de los artículos 1168, 1177 y 1178 del Código de Comercio, es indiscutible que contrariamente al sentir de la peticionaria del amparo, los actos reclamados no transgreden el derecho fundamental de audiencia alegada por ésta, pues se trata de una medida necesarias para mantener la situación de hecho existente antes de iniciarse el juicio, mismo que durará un tiempo determinado mientras que dicho juicio sea promovido, que en el caso concreto, se estableció un plazo de tres días. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 1a. LXXIX/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Marzo de 2007, página 264, registro 172949, que establece: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EL ARTÍCULO 1171 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- Si bien es cierto que el artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé la posibilidad de decretar todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente ya sea antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo, también lo es que el artículo 1171 del Código de Comercio, al no incluir en su texto la permisión de dictar la medida precautoria que impida enajenar los bienes que sean materia del litigio mercantil, en tanto que prohíbe expresamente que en los juicios mercantiles se dicten providencias precautorias distintas al arraigo de personas y al secuestro de bienes, no deja en estado de indefensión al gobernado ni viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, así como tampoco permite la privación de bienes sin que las partes sean escuchadas en su defensa, pues éstas cuentan con la legitimación necesaria para hacer uso de todos los medios de impugnación otorgados por la ley para anular la eventual enajenación en el supuesto de que resulte ilegal, así como para reivindicar los bienes enajenados." No es óbice a lo anterior, que el criterio contenido en la citada tesis fuera abandonado parcialmente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 415/2012, de la cual derivó la tesis 1a/J. 27/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 552, registro 2003884, de rubro: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. CUANDO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA NO SE FUNDA EN LOS CASOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA RESTRICCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1171 DE LA MISMA LEY PARA DICTARLAS, NO IMPIDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PREVISTAS EN LOS NUMERALES 384 A 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (ABANDONO PARCIAL DE LAS TESIS 1a. LXXIX/2007 Y 1a. LXXXI/2007).", en tanto no se opone a lo aquí resuelto. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento en cuanto a los diversos conceptos de violación en que la quejosa refiere que se transgreden sus derechos fundamentales de defensa, de legalidad, se seguridad jurídica y debido proceso, pues éstos los hace derivar de que no se le otorgó audiencia previa y respecto a la cual se ha evidenciado la falta de razón de dicha impetrante. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar a Concretos Balestra de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Finalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícese la presente notificación a la tercero perjudicada, por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional, no obstante que la presente actuación debe notificarse personalmente, tal y como se dispone en el artículo 26, fracción I, inciso e) de la ley de la materia, sin embargo, la referida señaló las listas para tal efecto (p. 331). Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Concretos Balestra de Oriente, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos, por la autoridad y en los términos establecidos en el último considerando del presente fallo.

  4. Principal

    V.- ÚNCIO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE AL QUEJOSO.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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