Juan Carlos Mejía Arteaga
Expediente 66/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2018
Partes del expediente
- Juan Carlos Mejía Arteaga
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 34 a 37), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Mejía Arteaga, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, dígase a las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto que en virtud de lo acordado en líneas que preceden, en esta data se deja sin efectos la suspensión de plano y oficio decretada mediante proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho (fojas 05 a 10); lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Encargado de la Dirección de Seguridad y Operación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, mediante el cual rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio decretada en acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho (fojas 05 a 10). En consecuencia, toda vez que mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (foja 24), se reservó dar vista con los informes de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio que en esa fecha se acordaron, con fundamento en lo establecido en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso con los citados informes y con el recibido en esta fecha, debiendo correr traslado al quejoso con copia simple de los mismos. Por otro lado, bajo el mismo precepto legal, se tiene por recibido el escrito aparentemente signado por el quejoso Juan Carlos Mejía Arteaga, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento formulado en el acuerdo de veintidós de enero de dos mil dieciocho (fojas 5 a 10). Sin embargo, del escrito de cuenta signado aparentemente por el citado quejoso se advierte que la firma contenida difiere de manera notable de la asentada en el escrito de demanda (foja 4), así como con la de la constancia de notificación de veintitrés de los cursantes (foja 13), lo cual crea incertidumbre jurídica respecto de la pretensión intentada. Lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Juan Carlos Mejía Arteaga fue quien suscribió el escrito inicial y ocurso de cuenta, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. Escrito de demanda (foja 4). Constancia de notificacion (foja 13). Escrito de desahogo. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la constancia de notificación de cuenta tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de la actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora, de la diligencia referida se advierte que la firma estampada por el agraviado difiere notablemente de la visible en la demanda de amparo y el escrito aclaratorio; lo anterior, sin que este órgano jurisdiccional tenga que allegarse de una prueba en materia de caligrafía para determinar si Juan Carlos Mejía Arteaga fue quien suscribió el escrito inicial y ocurso de cuenta, pues resulta evidente que las firmas son notoriamente distintas. En consecuencia, resulta ilógico especular que las firmas estampadas supuestamente por la misma persona contengan rasgos notoriamente diferentes, toda vez que la firma es el signo grafico que distingue a una persona de otra. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5°, fracción I, y 6° de la misma legislación, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda promovida por Juan Carlos Mejía Arteaga. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, tomo VII, Novena Época, cuyo contenido es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Luego, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. . Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene precisar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.) publicada en la página 1344, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Ahora bien, el artículo 6° de la Ley de Amparo expresa que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del diverso precepto legal 5º, de la misma legislación, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de este del derecho que en su concepto ha sido afectación por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, al no coincidir la firma estampada por Juan Carlos Mejía Arteaga en el escrito de cuenta, con la que calza en la constancia de notificación (foja 13), así como con la demanda de amparo (foja 4), se advierte que dichos ocursos no fueron signados por el quejoso, de lo cual se deduce que el juicio de amparo no fue promovido por el gobernado a quien perjudica la actuación reclamada, con lo que se viola el principio de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 5°, fracción I, y 6° de la propia legislación. Sobre el particular se invoca, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la jurisprudencia V.2o. J/75, publicada en la página 77 del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, Tomo 68, Octava Época, del texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Finalmente, sirve de apoyo la tesis publicada con la clave V.1º.19K, en la página 1391 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1999, Tomo IX, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DISCREPANCIA DE LA FIRMA QUE LA CALZA Y LA ESTAMPADA EN LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN DE LA MISMA. La determinación de desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo, cuando existe discrepancia notoria entre la firma que la calza y la de la diligencia de ratificación de la misma, es correcta tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y por tanto la demanda de amparo debe ser firmada por el interesado o por su representante para que quede de manifiesto la voluntad de instar el juicio; pues estimar lo contrario, significaría aceptar como válido el proceder de un apoderado que se presenta a ratificar una demanda que no suscribió, con lo que se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió." Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y córrase traslado con copia simple de los informes relativos a la suspensión de plano y oficio. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VIII.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa contenida en su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, por medio del cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 1283/2017-VIII (número de orden 1310/2017), acúsese el recibo correspondiente. En diverso orden, la primer certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, como quedó establecido en el acuerdo de doce de enero pasado (foja 197); sin embargo, de autos se advierte que el tercero interesado Macrino García Gómez, fue emplazado a juicio el dieciséis de enero del año en curso (foja 226), por lo que a la fecha no ha transcurrido el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el que se debe dar vista a las partes para que se impongan de autos. Por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, motivo por el cual con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se ordena diferirla y, en su lugar, se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del doce de febrero del año en curso, para su desahogo. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXVII.3o.7 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1451, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, Décima Época, con registro número 2006279, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Por otro lado, la segunda certificación de cuenta evidencia que el citado tercero interesado Macrino García Gómez no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Toluca, Estado de México dentro del plazo de tres días otorgado mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 138 y 139); por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí determinado y con fundamento en lo establecido en los artículos 26, fracción III, 27, fracción II, y 29, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones correspondientes en este asunto, aun las que deban ser de carácter personal, se les notifiquen por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Sultepec; con fundamento en con fundamento en lo establecido en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Control y de Juicio Oral de Sultepec, México, con el objeto de que en auxilio a las labores de este órgano de control constitucional y con independencia de la fecha en que se reciba la presente encomienda, incluso en días y horas inhábiles tal como lo establece el artículo 21 de la Ley de la materia, notifique la presente determinación, al quejoso Pedro García Porcayo. Notifíquese y por exhorto al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
Toluca, México; a veintidós de enero de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Mejía Arteaga, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Director General de Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 66/2018. Ahora bien, previo acordar lo conducente respecto de la procedencia de este juicio, es propio señalar que el acto reclamado en esta instancia consiste en la orden de traslado del quejoso a un diverso centro carcelario del que actualmente se encuentra interno, a saber, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, México y su ejecución. Precisado lo anterior, a efecto de salvaguardar los derechos fundamentales del quejoso y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano y de oficio para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el promovente de amparo no sea trasladado del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra interno a uno diverso. Dicha suspensión se concede siempre y cuando, no se trate del cumplimiento a una sentencia que haya causado ejecutoria, o bien, de una cuestión de competencia definida. Asimismo, se precisa que la medida cautelar decretada no surtirá efecto alguno si la orden de traslado es dictada con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Finalmente, tampoco surtirá efecto alguno si previo a la emisión del presente auto se encuentra acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la orden de traslado reclamada se emitió con motivo de: a) Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte de la parte quejosa. b) Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. c) Riesgo objetivo de la salud o la integridad de los reclusos. d) Peligro para los internos. e) Seguridad de los propios quejosos. f) Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario. g) Tratándose de delincuencia organizada y por medidas especiales de seguridad. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J 58/2016 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013066, que señala: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." A las autoridades responsables se hace de su conocimiento que de no acatar esta medida suspensional, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la Ley de la materia. Asimismo, las responsables deberán informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas, en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en los términos señalados en Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. En diverso orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 114, fracciones I y II, 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 51 y 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se considera pertinente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendida de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente: ÚNICO. Deberá realizar bajo protesta de decir verdad una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado, de los cuales se adviertan los siguientes elementos: a) Indique si la orden de traslado reclamada fue emitida por alguna autoridad Judicial, esto es, por un Juez de Control o de Ejecución, o bien, si únicamente por las autoridades administrativas que señala; en la inteligencia que de haber sido emitida por alguna de las citadas autoridades judiciales deberá manifestar su denominación correcta y si las señala como responsables. b) Deberá señalar el número de expediente de las causas o procesos con los cuales está vinculado, así como ante qué autoridades se encuentran radicados los expedientes respectivos y el estado procesal que actualmente guardan. c) El impetrante de amparo deberá manifestar si contra los actos reclamados ha promovido el medio de impugnación ordinario que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber, el recurso de apelación y, si así fuere, tendrá que precisar ante qué autoridad judicial se radicó, el estado procesal que guarda dicho medio de impugnación, si a la fecha de la presentación de la demanda ya se resolvió, y en qué data, así como si en su caso tal determinación la señala como reclamada; en el entendido que de reclamar la resolución del recurso de apelación de referencia tendrá que indicar la fecha de notificación o de conocimiento de ésta. d) El quejoso deberá preciar la forma en que cada una de las autoridades que señala como responsables ha intervenido en la emisión y/o ejecución de los actos que señala como reclamados, pues de lo manifestado en el escrito de demanda no se advierte con claridad tal circunstancia. e) El peticionario de la protección constitucional deberá expresar si en una temporalidad de seis meses a la fecha ha promovido diversos juicios de amparo contra el acto reclamado en la demanda que se provee; en este aspecto, además tendrá que informar el número de expedientes, ante qué juzgado de Distrito se tramitaron y el estado procesal de éstos. Cabe acotar, que tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda por el promovente de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, resulta insuficiente para tener por colmado el requisito inserto en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable, se invoca, la tesis número I.7o.A.100 K, que se aprecia en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." También, resulta aplicable por haberse interpretado disposición de similar contenido la tesis 347, publicada en la página 293 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, tomo VI, Materia Común, registro 917881, cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso actualmente se encuentra interno en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, México, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al peticionario de amparo en su lugar de reclusión. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En otro punto, respecto a la solicitud de copias certificadas del presente auto, expídanse gratuitamente al quejoso, y dado que éste no señaló autorizados para oír y recibir notificaciones, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que haga entrega de las citadas copias en el centro de reclusión del promovente, a saber, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, México. Sirve como apoyo a lo anterior en lo que interesa la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Registro: 2006793, Página: 347, que establece: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido." En otro orden de ideas, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por realizada la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Luego, aquí cabe acotar que constituye un hecho notorio la circunstancia de que las autoridades administrativas señaladas con el carácter de responsables por el peticionario de amparo en este juicio, son dependientes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, lo cual se corrobora al acceder al sitio oficial de internet de dicha dependencia gubernamental http://dgprs.edomex.gob.mx/. Al respecto, sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1373, del Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2013, Décima Época, con número de registro 2004949, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Acorde a lo anterior, en armonía con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aunado a la naturaleza del acto que aquí se reclama, se ordena que los oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables en este asunto, se envíen tomando en consideración la denominación actual y correcta de la entidad gubernamental de la que son dependientes. En razón de lo anterior, se orden hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, con fundamento en lo previsto en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado, Azucena Lazalde Íñiguez, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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