Juan Carlos Maturano Saldaña

Expediente 1961/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1961/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2017

Partes del expediente

  • Juan Carlos Maturano Saldaña

Actuaciones

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México; tres de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa haber aceptado la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************y********************, de lo que se toma conocimiento. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes que evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues el presente asunto se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Tania Valera Aymerich López y Juan Carlos Maturano Saladaña, por su propio derecho, contra actos de la Legislatura del Estado de México y otras; y regístrese en el libro de gobierno con el número 1961/2016-V. Designación de representante común. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, y por así solicitarlo los promoventes, téngase como representante común a Juan Carlos Maturano Saldaña. Competencia. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Ahora, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el aquí promovente hace consistir el acto reclamado en: "a) De la Legislatura del Estado de México, la aprobación del Decreto que dio vigencia al artículo 95, fracción 1, inciso e, rango 6 de la Tarifa, así como fracción 11, rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en 2015, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. b) Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, la promulgación del Decreto que originó la vigencia del artículo 95, fracción 1,inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción 11,rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en 2015, por las razones que se harán valer en el capítulo correspondiente. c) Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, dicho artículo y las fracciones indicadas que son objeto de impugnación el cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la compraventa contenida en la escritura que otorgamos para adquirir un inmueble mediante pago en efectivo, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 95, fracción 1, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como fracción 11,rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal de 2015, por ser inconstitucional del mismo cuerpo normativo, como más adelante se demostrará." Ahora bien, del Capítulo de hechos, específicamente en el apartado III, y del cual narra los hechos que originan el acto reclamado, mismo que dice así: "III.-Resulta que el 09 de diciembre del presente año, recogimos en la notaría 75 del Distrito Federal, el primer testimonio de la escritura relacionada en el hecho I anterior, siendo que dicho instrumento nos fue entregado por personal administrativo de la citada notaría y al revisarlo nos percatamos que en sus anexos obra agregado el comprobante de inscripción ente el Instituto de la Función Registral del Estado de México, mismo trámite que se ingresó el 25 de abril 2016, por el citado notario para el registro de la citada escritura ante el referido Instituto, en donde consta que se pagó la suma de $33,490.00 pesos, moneda nacional, mediante el recibo identificado con el número 17XH0469013111799232, para cubrir los derechos por la citada inscripción del instrumento en el que se hicieron constar la compraventa." Y, de los anexos que adjuntaron a su demanda como lo es el Testimonio Notarial cincuenta y cinco mil novecientos noventa y nueve (55,999) y del recibo 17XH0469013111799232 de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, por concepto de pago de derechos por treinta y tres mil cuatrocientos pesos (33, cuatrocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), se desprende que dicho pagó se realizó ante la Oficina Registral de Tlalnepantla, Estado de México, específicamente en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Lo anterior evidencia que la norma reclamada impone la obligación de realizar un trámite; por lo que tiene principios de ejecución precisamente en el lugar en que debe realizarse el supuesto normativo, el lugar donde radica la Oficina Registral de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que atiende al propio municipio de Tlalnepantla de Baz y Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene principios de ejecución material en la circunscripción territorial en que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, ya que, es ahí donde tiene su residencia la Oficina Registral de Tlalnepantla de Baz, y es ahí en el lugar en que se refleja la ejecución de la norma reclamada Sirve de apoyo a la anterior consideración por su contenido, la tesis sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2°. XII/95, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES". En las relatadas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, ya que dentro de su jurisdicción se proyectan los principios de ejecución del acto reclamado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente vía fax. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. En conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 26, fracción III y 27, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Leticia Becerril Bedolla y Luis Roberto Damián José, y al resto de las personas indicadas en el proemio de la demanda, por así solicitarlo expresamente los promoventes, en términos del segundo párrafo del numeral citado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Finalmente acorde con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal celebrada en Sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de los métodos electrónicos en el cuaderno principal únicamente para las actuaciones realizadas por este Juzgado de Distrito. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa, por conducto de su representante común. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

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