Juan Carlos Martinez Patricio

Expediente 698/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
698/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Martinez Patricio

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    I)TOluca, Estado de México; seis de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida ... por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 698/2019-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que de la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que aunque el quejoso aduce reclamar -LA CITACIÓN INFUNDADA DE AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN SIN DETENIDO, ORDEN DE APREHENSIÓN, ASEGURAMIENTO, ORDEN DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, ORDEN DE PRIVACIÓN PREVENTIVA OFICIOSA O CUALQUIER OTRA MEDIDA CAUTELAR-, real y efectivamente reclama el auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, por el que se le cita a la audiencia inicial de formulación de imputación sin detenido, dentro de la carpeta administrativa 511/2019, que se sigue por el delito de homicidio. Lo anterior es así toda vez que el propio quejoso así lo señala en el apartado denominado como -HECHOS-, que contiene transcripción íntegra del auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, aunado a que, en sus conceptos de violación aduce indebida fundamentación por parte de la autoridad señalada como responsable, es decir, refiere que la responsable ha dejado de cumplir los preceptos legales 14, 16, 19 y 20 Constitucionales, en relación con los diversos 15 fracción I, IV párrafo final y XVII del Código Penal del Estado de México, lo cual no es propio de un acto omisivo. Sumado a ello, en el capítulo de autoridades responsables, señala como tal al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social con residencia en Santiaguito Almoloya de Juárez, Estado de México, como autoridad ejecutora; asimismo, del capítulo de suspensión del acto reclamado de la demanda de amparo se desprende que solicita la concesión de la medida cautelar para los siguientes efectos: "...LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS DE MANERA PROVISIONAL Y POSTERIORMENTE DEFINITIVA, PARA EL EFECTO DE NO SER PRIVADO DE MI LIBERTAD POR LA INFUNDADA CITACIÓN DE AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN SIN DETENIDO, POSIBLE DETENCIÓN, ASEGURAMIENTO, ORDEN DE COMPARECENCIA, ORDEN DE APREHENSIÓN, ORDEN DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTADA U ORDEN DE PRIVACIÓN PREVENTIVA OFICIOSA ...". Énfasis añadido. De todo lo anterior se deduce que la intención real y efectiva del quejoso es reclamar el acto que se precisó, cuyos efectos son de carácter positivo. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Establecido lo anterior, se tiene que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. En efecto, se considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Los numerales transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos emitidos fuera de juicio que causen una afectación jurídica al quejoso. Sin embargo, el acuerdo que cita a la persona investigada a la audiencia en que se formulará imputación en su contra, es un acto dictado fuera de juicio que no incide en su esfera de derechos, porque constituye un mero aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional a atender la diligencia. Ello es así toda vez que no basta con que el acto reclamado se haya emitido fuera de juicio, para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. En efecto, la citación para acudir a la audiencia inicial no causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo, conforme al contenido de los numerales 141, fracciones I y II, y 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y [...] Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el Juez de control califique de legal la detención, el Ministerio Público deberá formular la imputación, acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su Defensor. [...]" De la transcripción anterior se colige que la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación. En este sentido, la citación para la audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento. Cobra puntual aplicación la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala del más Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 239, que se muestra enseguida: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Lo resaltado es propio. Consecuentemente, de conformidad con el criterio expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), al actualizarse la causa de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, lo conducente es desechar de plano la demanda que promueve Juan Carlos Martínez Patricio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, y otras autoridades DOMICILIO. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizados en términos amplios a Ángel Trejo Romero y a Juan Jesús Galeana Delgado, por contar con el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y al resto de las personas mencionadas se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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