Juan Carlos Martínez Ávalos
Expediente 246/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Martínez Ávalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido y con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, por medio del cual en atención al requerimiento inserto en proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, acusa recibo de las copias certificadas del Toca de Apelación 08/2021, así como siete discos compactos, remitidas con el oficio 14889/2021, de este índice; en consecuencia, se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo el acuse en comento, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el cual fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia terminada de engrosar el cinco de julio de dos mil veintiuno, en la que en su resolutivo primero se sobreseyó el presente juicio y en el segundo la justicia de la unión no amparó ni protegió a ----------, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, incisos a y b; y 20, fracción II, inciso a, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo a la parte quejosa, en tanto el original del incidente de suspensión, es depurable, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por tanto, se deben dejar únicamente la demanda y determinaciones en las que fue concedida, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia, mientras que el duplicado es susceptible de destrucción. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otra parte, se aprecia que ya no son necesarias las constancias remitidas por las siguientes autoridades: Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, consistentes en seis discos en formato DVD, relativos a la carpeta administrativa 178/2019, del índice de la responsable. Magistrada Presidenta del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, relativas a las copias certificadas del Toca de Apelación 08/2021, así como siete discos DVD. Por lo tanto, devuélvanse a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a dichas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acusen recibo de las constancias que se les remiten. Apercibidas que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tengan para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 246/2021-III, promovido por ----------- ----------- ----------- -----------, por conducto de su defensor ----------- ---------------, contra actos del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el tres de abril de dos mil veintiuno en el Buzón Electrónico del Poder Judicial de la Federación, remitido el cinco siguiente por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ----------- ----------- ----------- -----------, por conducto de su defensor, demandó el amparo y la protección de la justicia federal en contra de las siguientes autoridades y actos: Autoridad responsable. Magistrados Integrantes del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec. Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. El presente sumario es únicamente de carácter informativo, por lo que no forma parte integral de la sentencia que se dicta en el presente asunto. Acto reclamado. Auto de fecha 11 de marzo de 2021, dictado por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, dentro del toca de apelación 08/2021 por el que confirma el auto de vinculación a proceso dictado en contra del señor ----------- ----------- ----------- -----------, con fecha 11 de diciembre de 2020 y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de siete de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda que se registró con el número 246/2021-III. Asimismo, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción, quien no formuló pedimento. Seguida la secuela procesal se emplazó al tercero interesado de identidad reservada O.R.R. y al agente del Ministerio Público adscrito a la sala responsable; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior es así, pues la resolución reclamada tiene ejecución en el municipio de Ecatepec, que es donde se encuentra recluido el quejoso, esto es, dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: Al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México: La resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación 08/2021, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el once de diciembre de dos mil veinte y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. A la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México: La ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, al rendir su informe justificado, únicamente se pronunció respecto de la existencia de la resolución reclamada, pero no aclaró si en ésta también se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva decretada en la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, como lo hizo respecto del auto de vinculación a proceso. No obstante, de las constancias que acompañó a su informe justificado, se advierte en el auto de quince de febrero de dos mil veintiuno dictado en el toca de apelación 08/2021, que se desechó el recurso de apelación en contra de la citada medida cautelar, pues el recurso de apelación no fue interpuesto en tiempo, así que el medio de defensa sólo se admitió respecto del auto de vinculación a proceso. Por lo tanto, en la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca de apelación 08/2021, no se pronunció respecto de la medida cautelar, sino sólo del auto de vinculación a proceso. Ante la inexistencia del acto, por lo que corresponde a la medida cautelar, lo procedente es sobreseer en el juicio conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México y el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, en sus informes justificados aceptaron respectivamente haber emitido el auto de vinculación a proceso en la carpeta administrativa 1902/2020 y haber confirmado esa resolución reclamada en el toca 08/2021. Lo cual se corrobora con la causa penal 08/2021 y de los discos en formato versátil digital. Constancias remitidas por las responsables en apoyo a su informe justificado, a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, como lo establece en su artículo 2. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y este juzgado no advierte la actualización de alguna diversa, por lo que se procede a estudiar el acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo. A continuación se procede a analizar la regularidad constitucional del auto de vinculación a proceso que fue materia del recurso de apelación, bajo el entendido de que en el presente caso aplica la suplencia de la queja deficiente en favor del quejoso es total, al ubicarse en el supuesto del artículo 79, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo. Sobre esa base, es necesario atender los requisitos contenidos en el artículo 19 constitucional, así como en los numerales 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicables al momento de los hechos. Además, es importante tener en cuenta que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal. En ese tenor, de los artículos de referencia se desprende que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos tanto de forma como de fondo, que a continuación se analizan: I. Requisitos formales. A. Que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal. Este requisito se encuentra colmada, pues en la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, preguntó al imputado si le hicieron del conocimiento sus derechos constitucionales, a lo que respondió no del momento, por lo que la Jueza procedió a hacerle de su conocimiento sus derechos constitucionales. B. Haberse formulado imputación. Requisito cumplido porque la agente del Ministerio Público en presencia de la jueza de control, del investigado y de su defensa en audiencia inicial de ocho de diciembre de dos mil veinte, formuló imputación contra el ahora quejosa, haciendo de su conocimiento que se le investigaba por el hecho con apariencia de delito consistente en: extorsión con modificativas agravantes al ostentarse como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso; se haya cometido con violencia; para su comisión, el sujeto activo se aproveche de tener alguna relación de confianza con la víctima; con motivo de la amenaza de muerte al pasivo entregue alguna cantidad de dinero. Lo anterior, en agravio de la víctima de identidad resguardada de iniciales O. R. R, por los hechos llevados a cabo en diferentes fechas en el año dos mil veinte, quien al ganarse su confianza y obtener datos personales de los documentos que presentó al momento de que la víctima inscribió a su hijo a la escuela de futbol, y así conocer su capacidad económica como la actividad a la cual se dedicaba, es que le pidió de forma inicial un millón de pesos, y más dinero en fechas posteriores, pues de lo contrario atentaría contra su vida o la de su familia. C. El imputado debe haber rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar y D. Debe dictarse dentro de setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la jueza penal - plazo que se puede duplicar a petición suya o su defensa- y plazo durante el cual deben estar asistidos por un defensor. Este requisito igualmente se encuentra satisfecho, por las siguientes razones: La Juez de Control informó al imputado que pusiera atención a la imputación que realizaría la agente del Ministerio Público, para posteriormente declarar si así lo deseaba; acaecido lo anterior, se le dio intervención y se limitó a señalar voy a guardar silencio, también manifestó que su situación jurídica se resolviera en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas por favor. El auto de vinculación a proceso, fue dictado dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, en razón de que el plazo para resolver su situación jurídica inició el seis de diciembre a las trece horas con treinta y cinco minutos y el mismo concluía a las trece horas con treinta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil veinte, y si el auto de vinculación a proceso se emitió el once de diciembre de dos mil veinte, es evidente que fue resuelto en tiempo. Asimismo, quedó acreditado que el imputado estuvo legalmente asistido durante el desarrollo de todos los segmentos de la audiencia inicial por el defensor particular designado en la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veinte-----------------------, por lo que también se cumplió con el requisito de defensa técnica y adecuada a favor del quejoso. E. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. Este requisito se encuentra cumplido pues la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec resultó ser competente para resolver la situación jurídica del quejoso, por razón de materia, fuero y persona. Además, como lo refirió la Jueza, el posible hecho delictuoso se cometió en Ecatepec, por lo tanto, de manera preliminar, la autoridad responsable sí era competente para dictar el auto de vinculación de acuerdo con el artículo 11, fracción III, de la Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México2. F. Debe dictarse únicamente por hechos que fueron motivo de imputación -aunque la jueza puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público- G. Debe estar fundado y motivado. H. Se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito. Por lo que respecta a estos requisitos formales identificados en los incisos F, G y H, serán materia de estudio a la par de los elementos de fondo, por estar íntimamente relacionados con éstos. II. Requisitos de fondo: 1. La existencia de datos de prueba en los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, que razonablemente establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; 2. La existencia de datos de prueba que razonablemente establezcan la probabilidad de que el imputado cometió el ilícito o participó en su comisión; y 3. Que no se compruebe plenamente a favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. De igual forma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 16, 20 y 133 constitucionales, todo acto de autoridad que entrañe afectación a la libertad de una persona, como puede considerarse al auto de vinculación a proceso, debe estar justificado en un mandamiento -aun emitido de forma oral- que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, motivado y fundado en leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que materializa las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Definidas las formalidades a cumplir, ahora el hecho delictivo que se atribuye al imputado ----------- Manuel Llamas López, es el hecho delictuoso de extorsión con circunstancia complementaria con punibilidad autónoma, en términos de lo dispuesto por los artículos 266 párrafos primero y tercero, fracciones I, III, VI y VII, del Código Penal para el Estado de México, en agravio de persona masculina de identidad reservada de iniciales O. R. R. Hecho circunstanciado. Sobre el particular el tribunal de alzada expuso que de los datos de prueba introducidos por el Ministerio Público, se obtenía lo siguiente: Desde el mes de febrero del 2020, la víctima conoce a ----------- ----------- -----------, en virtud, que inscribió a su menor hijo a la escuela de fútbol, en donde es propietario; sin embargo, es en el mes de julio del presente año 2020, le presentó un segundo sujeto de sexo masculino que en su momento dijo llamarse ---------------, quién después ----------- ----------- le refirió que esta persona al igual que otras personas sin identificar de quienes se trataba, formaban parte del grupo Jalisco Nueva Generación, que eran personas peligrosas y requerían que la víctima cooperará con diversas cantidades exigiendo en un primer momento, $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.), en virtud que si no, atentaría con su vida y la de su familia, referían que los tenían ubicados, ----------- ----------- servía como intermediario e iba a recibir dichas cantidades, es así que la víctima le refirió que era una cantidad exagerada que si lo podía apoyar, ----------- ----------- le refirió que le ayudaría y que pagara en un primer momento la cantidad de $500,000.00 pesos, cantidad que entrega en diversas fechas juntando esos $500,000.00 pesos, ----------- ----------- le refirió que no eran los $500,000.00 pesos, que ahora se tenía que completar el millón de pesos al señor ----------- -----------, también incluso refiere que estas cantidades no solamente la sacan de una cuenta sino que también tiene que solicitar prestado para completar este millón de pesos pero posteriormente ----------- ----------- le dijo que también se le pidió la cantidad de $300,000.00 pesos, dinero que el señor ----------- ----------- entrega también en distintas fechas a lo largo de este año, completando solamente $1,280,000.00 pesos, sino que los últimos $300,000.00 pesos no los logra completar; sin embargo, se le exige a ----------- ----------- que para el día viernes, siendo el día 4 de diciembre del 2020, e incluso la víctima recibió mensajes a su teléfono celular de número desconocido que ahora sabe fue encontrado a ----------- -----------, en donde se envían mensajes que si no cooperaba con este grupo Nueva generación lo iban a levantar, por temor a su integridad, es por ello que la víctima cooperaba y daba estas cantidades que ----------- ----------- le exigía, todas estas en sus oficinas ubicadas en vía López Portillo de la colonia Árbol de Guadalupe Victoria Ecatepec Estado de México, se las entregaba personalmente a ----------- -----------; sin embargo, al estar harta la víctima de estas exigencias al no tener más capital, precisamente entregar y completar el dinero y al darse cuenta que nunca lo iban a dejar en paz, es así que decide presentarse ante la representación social en fecha 3 de diciembre, iniciando la denuncia correspondiente siendo canalizado con un policía de investigación, quien se puso de acuerdo para un operativo en donde la víctima iba a entregar el numerario que logró juntar por la cantidad de $20,000.00 pesos para el día 4 de diciembre del presente año, es así que siendo aproximadamente las 17:00 horas la víctima se presenta ante los elementos policíacos siendo elementos de la policía de investigación de nombre Marco Antonio Jiménez Ramírez y Luis Antonio Sánchez Juárez con quienes la víctima entablaron pláticas de seguridad, se le brinda un chaleco antibalas y la víctima les muestra esos $20,000.00 pesos, que efectivamente logró juntar, es así que lo acompañan al lugar de la entrega sobre avenida López Portillo Colonia Árbol de Guadalupe Victoria Ecatepec a un lado de una tienda bodega Aurrera, en dónde lo siguen a distancia y la víctima se entrevista con ----------- -----------, quién lo estaba esperando, en un vehículo automotor de la marca Mazda tipo 3 color azul con blanco, en dónde estaba a bordo del mismo en el asiento del conductor y es la víctima quién en ese momento se dirigirse con usted, siendo aproximadamente las 17:33 horas de dicha fecha haciendo entrega del numerario de $20,000.00 con motivo de las exigencias precisamente por miedo a que atentara contra su integridad y familia; sin embargo, al referir la víctima qué es lo último que iba a dar, es que ----------- ----------- ----------- se molesta y le refiere que con si el grupo Jalisco Nueva Generación querían más, les tenía que entregar más, si no lo iban a matar a él y a su familia, mostrándole incluso un arma de fuego con la cual incluso amenaza a la víctima, momento en que es percibido por los elementos policiacos primeros respondientes quienes proceden a su detención ante el señalamiento de la víctima recuperando los $20,000.00 pesos y efectivamente asegurando los indicios relacionados cómo lo son una mariconera, en dónde ----------- ----------- agarró el numerario y es así como se registró el numerario, encontrando un teléfono celular entre sus ropas, que al marcar la víctima porque tenía el número que corresponde precisamente lo enciende y entran las llamadas a ese teléfono celular amarillo con negro marca Kodak, así como aseguran el arma de fuego qué es Subametralladora que encuentran en el asiento debajo del asiento del conductor de este vehículo en el cual ----------- ----------- iba a bordo, así como también aseguran esta unidad. Hecho delictuoso de extorsión. La existencia de la conducta de extorsión, el tribunal de alzada la tuvo acreditada con la entrevista de la víctima, quien adujo que en el mes de julio de dos mil veinte, ----------- ----------- ----------- -----------, le exigió la cantidad de un millón de pesos, de lo contrario, atentaría contra su vida y la de su familia, quien entregó esa cantidad en diferentes fechas, así como más dinero por el temor de la amenaza, y sobre todo, porque se ostentó como intermediario de la asociación delictiva Cartel Jalisco Nueva Generación, así como haberle presentado a otra persona de nombre Héctor Lugo García Garcés, como integrante de la misma asociación. Asimismo, ese temor se incrementó al realizar un pago en el mes de diciembre de dos mil veinte a ----------- ----------- ----------- -----------, quien al ser informado por la víctima que ya no le daría más dinero, además de amenazarlo con atentar contra su vida y la de su familia, también le mostró un arma de fuego, y reiterarle que con el Cartel Jalisco no se juega, que si se le pide más, más dinero debe entregar. Entrevista respecto de la cual, el tribunal de alzada señaló que permite advertir que el activo tuvo como fin obtener una ganancia de carácter económico a cambio de la seguridad y tranquilidad del pasivo, haciendo uso de la violencia moral, y aprovechándose de la amistad o confianza que tuvo con la víctima, para obtener información del modus vivendi de la víctima y de su familia, así como de su capacidad económica, al investigar a qué se dedicaban, y saber su estatus económico por haberle visto coches bonitos. El anterior dato de prueba, no fue aislado sino corroborado con la entrevista de los policías ------------- y ----------------------------------------------, tienen conocimiento de este hecho delictivo que la víctima el día de la detención del investigado, observaron previamente que la víctima entabló comunicación con la persona que se encontraba a borde de un vehículo en el lugar pactado de entrega, y vieron como entregó la víctima una bolsa negra donde previamente y ante su vista, había depositado la cantidad de veinte mil pesos, momento en el cual rodean al vehículo y son informados por la víctima que la persona que está a bordo quien lo ha estado extorsionando, entregándole el dinero y lo había amenazado con un arma de fuego, encontrándose al acusado el dinero, y debajo del asiento del conductor una sub ametralladora marca Beretta Italika calibre 22 metálica con madera de color negro cargador y nueve cartuchos útiles, en su bolsa delantera derecha del pantalón un teléfono marca celular de la marca kodak de color amarillo con negro, el cual en ese momento la víctima procede a marcar al número del que provenían los mensajes de amenaza (55 1700 3043), y en ese momento entró la llamada. Ante el señalamiento de la víctima es que se procedió a detenerlo encontrándose en el estacionamiento de la plaza avenida López Portillo, Colonia El Árbol de Guadalupe Victoria, de la colonia del municipio de Ecatepec Estado de México. Dicho dato de prueba, es idóneo y pertinente para suponer razonadamente la existencia del hecho que la ley señala como delito, motivo de la formulación de la imputación, pues corroboran que la víctima había sido extorsionada por ----------- ----------- ----------- -----------, pues precisamente el día de su detención la víctima le entregó una bolsa negra que contenía la cantidad de veinte mil pesos, que había sido contado ante la presencia de los policías, y a quienes les informó la víctima que la persona que se encontraba en el lugar del conductor del vehículo era quien le exigía cantidades de dinero, pues de lo contrario perdería su vida o la de su familia, además que fue amenazado con un arma de fuego, que fue encontrada en el vehículo. En consecuencia, no fue contrario al principio de legalidad que la autoridad responsable haya establecido la existencia del hecho previsto en la ley como ilícito, esto es, que el quejoso haya exigido una cantidad de dinero para no atentar contra la vida de la víctima o la de su familia. Agravantes. En otro aspecto, consideró el tribunal de alzada que se actualizó la presencia de un sólo hecho delictivo como lo es el de extorsión, con las circunstancias que lo agravan por las fracciones I, III, VI y VII, del artículo 266 del Código Penal vigente en el Estado de México3, que refieren en ese orden: 3 Artículo 266.- Al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño, se le impondrán de ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos días multa. Se ostente como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso, se cometa con violencia, para su comisión, el sujeto activo se aproveche de tener alguna relación de confianza con la víctima; así como, con motivo de la amenaza de muerte al pasivo y/o violencia cometidas por el activo del delito, entreguen alguna cantidad de dinero o cosas. Respecto de esas agravantes la autoridad responsable señaló que fueron acreditadas con la entrevista de la víctima, pues fue a quien el quejoso le presentó supuestamente un amigo que pertenecía al cartel Jalisco Nueva Generación, y después exigirle que tenía que entregar la cantidad de dinero que le pidieran a cambio de no causarle un mal grave a él o a su familia, motivo por el cual y a efecto de que no le causaran un mal a la víctima o familia, les entregó div ersas cantidades de dinero, haciendo un total de un millón doscientos ochenta mil pesos. Asimismo, en la última entrega de dinero lo intimidaron con una pistola grande que incluso vio cómo la Se impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: I. Se ostente como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso; III. Se cometa con violencia; VI. Para su comisión, el sujeto activo se aproveche de tener alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares; VII. Con motivo de la amenaza de muerte al pasivo o un tercero, intimidación y/o violencia cometidas por el activo del delito, entreguen o dejen a disposición del sujeto activo o de un tercero, ya sea la víctima o un tercero, alguna cantidad de dinero o cosas, o bien otorguen beneficios tales como contratos, empleos, cargos o comisiones, para evitar cualquier daño, en su persona, familia o bienes, lo anterior aun cuando se cumpla en apariencia los procedimientos para tal efecto; sacó el quejoso debajo del asiento del conductor; de tal manera, que la entrega del numerario no fue voluntario. En otro aspecto, relató la víctima que llevaba a su hijo a la escuela donde era dueño el ahora quejoso, y ambos crearon una relación de amistad, y aprovechándose ----------- ----------- -----------, de la confianza que le brindó, los empezó a investigar a que se dedicaba, y saber su capacidad económica al saber que llevaba coches bonitos; es cuando empezó a pedirle dinero al pasivo para no causarle un mal grave a él o a su familia; refiriéndole el activo que aunque ya no llevara a su hijo a la escuela él los tenía bien ubicados, motivo por el cual les entregaba el dinero que le pedía. El anterior dato de prueba, como lo planteara la autoridad responsable, se advierte la acreditación de las agravantes atribuidas por la agente del Ministerio Público, porque es a quien el investigado le presentó una persona afirmando que pertenecía al cartel Jalisco Nueva Generación, (se ostente como miembro de alguna asociación o grupo delictuoso), y a partir de ello, es que le empezó a exigir un millón de pesos, y decirle que él recibiría esa cantidad por ser el encargado por esa asociación para ello, y de no hacerlo, se le causaría un mal grave que lo era atentar contra la vida de él o de su familia (con motivo de la amenaza de muerte al pasivo o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero para evitar cualquier daño, en su persona, familia o bienes). Asimismo, respecto al requisito que para su comisión, el sujeto activo se aproveche de tener alguna relación de confianza con la víctima, relató la víctima que a inicios del dos mil veinte fue cuando inscribió a su hijo a la escuela de futbol a la que es propietario el investigado, quien se ganó su confianza, y no tuvo reparo en contestar al investigado sus preguntas relacionadas con las actividades económicas a las que se dedicaban, además de entregar al momento de la inscripción, documentos donde se encontraban sus datos personales. Finalmente, en relación con la agravante de que el hecho se comenta con violencia, además de la amenaza de muerte, la víctima señaló que al momento de la última entrega de dinero, le dijo al investigado que sería lo último, pero éste se molestó y lo amenazó al decirle que si el grupo Jalisco Nueva Generación quería más, se le daba más, si no lo iban a matar a él y a su familia, mostrándole incluso un arma de fuego con la cual amenazó a la víctima, momento que fue observado por los elementos policiacos quienes procedieron a su detención recuperando el dinero entregado, encontrando un teléfono celular entre sus ropas, que al marcar la víctima al número donde provenían los mensajes con amenazas, es que entraban las llamadas a ese teléfono celular, así como aseguran una subametralladora que encuentran en el asiento debajo del asiento del conductor de este vehículo. Ante tales condiciones, fue apegado a derecho que se hayan acreditado las circunstancias agravantes del hecho delictivo, pues se basaron en la declaración de la víctima, a quien se le exigió dinero a cambio de no ser dañado en su persona o la de su familia por las distintas agravantes efectuadas por el investigado. Probable responsabilidad. En otro aspecto, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para vincular a proceso a una persona dentro del sistema acusatorio de corte adversarial y oral, no basta que se acredite la existencia de un verdadero hecho delictuoso, sino que además deben existir datos de intervención reprochable del imputado, es decir, elementos que razonablemente conduzcan a estimar al imputado con algún tipo de intervención en la comisión de dicho hecho, pues, sólo así se cumple con el principio de intervención necesaria del derecho penal. En ese sentido, la existencia de datos de prueba que justifiquen que existe la probabilidad de que el imputado ----------- ----------- ----------- Avalos, intervino en el hecho delictuoso de extorsión la autoridad señaló que la intervención del quejoso fue como autor material en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción I, inciso c, del Código Penal en el Estado de México. El tribunal expuso lo siguiente: De la misma forma, de los antecedentes de la investigación, se desprende que el ahora justiciable, tienen un grado de intervención en la conducta que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 fracción I, inciso c), del Código Penal Vigente en la entidad, al quedar acreditada su probable intervención, en virtud de que, de lo expuesto por la víctima, testigos y oficiales remitentes, se desprende que fue el activo, quien en diversas ocasiones le pidió dinero al pasivo ostentándose que pertenecía al cartel Jalisco Nueva Generación, y a cambio de no ocasionarle un mal grave, tanto a él como a su familia, le solicitaban diversas cantidades de dinero; por lo que fue hasta el día cuatro de diciembre de dos mil veinte, cuando a través de un operativo acude a la bodega Aurrera, que está en la López Portillo, colonia El Árbol, Ecatepec, en el estacionamiento observa el vehículo Mazda color blanco con azul, en donde estaba ----------- -----------, se acerca y le entrega la bolsa con los veinte mil pesos, quien los guarda en una mariconera, diciéndole la víctima qué es lo único y ya no les va a dar más dinero, pero el imputado se molesta, le dice que con los de Jalisco Nueva generación no se juega y que sí que ellos querían más dinero tenía que entrar o si no lo tenía que matar a él y a su familia, mostrándole una pistola grande que incluso vio como sacó debajo del asiento del conductor, situación de la que se percataron los policías que le daban seguridad, se acercan al vehículo, le piden que descienda del mismo y encuentran el dinero en una mariconera así como el arma siendo una ametralladora, la cual fue inspeccionada por los policías de investigación y analizada por el perito en balística. La intervención del quejoso como autor material en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracción I, inciso c, del Código Penal en el Estado de México, en su grado de probabilidad, fue establecida por el tribunal de alzada con el señalamiento firme y directo por parte de la víctima de identidad resguardada de iniciales O.R.R., que junto con los oficiales remitentes, se desprende que fue el activo, quien en diversas ocasiones le pidió dinero al pasivo ostentándose que pertenecía al cartel Jalisco Nueva Generación, y a cambio de no ocasionarle un mal grave, tanto a él como a su familia, le solicitaban diversas cantidades de dinero. Señalamientos que a consideración de este juzgado merecen confiabilidad, dado que no fueron controvertidos con datos de prueba eficaces y eficientes, pues de ellos se desistió la defensa del quejoso con su anuencia, y sí por el contrario advirtió en cuanto a la víctima, que fue precisa en mencionar cómo realizó de manera reiterada diversas exigencias de dinero por parte del quejoso, y que fueron entregadas por la víctima por el temor a que pudiera ser efectiva la amenaza de privarlo de la vida a él o su familia. Asimismo, conocer al ahora quejoso al inscribir a su hijo a la escuela de futbol de la que es propietario, y después de saber su capacidad económica, es que supo que podía darle las cantidades que le fueron exigidas. Datos de prueba que son idóneos, pertinentes y razonables para acreditar la probable intervención del imputado como autor material del delito, conforme al artículo 11, fracción I, inciso c, del Código Penal vigente para el Estado de México. Con base en esas consideraciones, ya que el cúmulo de datos de prueba expuestos por la fiscalía en la audiencia inicial, analizados de acuerdo con las reglas de la valoración probatoria en términos del numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resultan idóneos, pertinentes y, hasta el momento de la audiencia inicial, suficientes para establecer que se cometió el hecho imputado y que el aquí quejoso probablemente participó en su comisión. En consecuencia, el auto de vinculación a proceso cumple con los requisitos de fundamentación y motivación a que alude el primer párrafo, del artículo 16 de la Constitución, porque se estableció de manera fundada y motivada. En otro orden de ideas, de los datos de prueba narrados, tampoco se actualiza alguna causa excluyente del delito o de la probable responsabilidad del indiciado. Conceptos de violación. Los conceptos de violación del quejoso se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente referir que, en su demanda de amparo, en síntesis, hizo valer lo siguiente: Primero. Que en su recurso de apelación ofreció como medios de prueba el testimonio de Marco Antonio Jiménez Ramírez, Luis Antonio Sánchez Juárez, Francisco Ulloa Limón y Kevin ----------- Alpízar, así como el contrato de prestación de servicios para uso y goce de la cancha de futbol ubicada en Ecatepec, y el Registro Nacional de Detenciones relacionada con ----------- ----------- ----------- -----------, los cuales fueron desechados por el tribunal de alzada y le impidieron desarrollar una defensa técnica y adecuada, limitando su derecho a ofrecer pruebas en la etapa de apelación. Segundo. Que al limitarlo a exponer alegatos aclaratorios, en la audiencia de once de marzo de dos mil veintiuno, contraviene el principio de oralidad, los derechos de debido proceso, legalidad, imparcialidad, debida fundamentación y motivación. Tercero. Que en la audiencia inicial de once de diciembre de dos mil veinte, no fue garantizado el auxilio judicial para la incorporación de medios de prueba ofertados por la entonces defensa del quejoso, lo que contraviene los derechos de debido proceso, legalidad, imparcialidad, debida fundamentación y motivación. En ese sentido, para dar respuesta a los conceptos de violación se debe tomar en consideración que los artículos 314 y 3154 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que es factible que el imputado o su defensa soliciten que la resolución sobre la situación jurídica se emita dentro del plazo de setenta y dos horas o su duplicidad. 4Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación El imputado o su Defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el Juez de control. Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Ello, en aras de ejercer su derecho de defensa, lo que los faculta, en términos de lo que dispone el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a incorporar datos de prueba que consideren necesarios. Y para el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa u otra personal, el Juez de Control puede admitir, incluso, el desahogo de los medios de prueba que ofrezca el imputado o su defensor, cuando al inicio de la audiencia o su continuación, se justificara su pertinencia. Siguiendo, para tales efectos, como lo establece el artículo 315 del ordenamiento adjetivo de referencia, las reglas previstas para el desahogo de las pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. De esta manera, la ley concede al imputado la facultad de incorporar datos o medios de prueba durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o su ampliación, para los efectos de la resolución de vinculación a proceso. Ahora bien, en el primer agravio expuso el quejoso que en su recurso de apelación ofreció diversas testimoniales y documentos que fueron desechados por el tribunal de alzada durante el trámite de su recurso y le impidieron desarrollar una defensa técnica y adecuada, limitando su derecho a ofrecer pruebas en la etapa de apelación. Dicho concepto de violación es infundado, pues de conformidad con los artículos invocados, es en la audiencia inicial y en la audiencia de prórroga de plazo constitucional, las etapas idóneas donde el quejoso y su defensor están en aptitud de ofrecer los datos de prueba para que sean tomados en consideración al momento de resolver el auto de vinculación a proceso. Pero el ofrecimiento de esas pruebas no puede realizarse al momento de interponerse el recurso de apelación, porque -como lo expuso la autoridad al inicio de su resolución-, el estudio de ese medio de defensa, de conformidad con el artículo 4615 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se limita a pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Por lo tanto, esa autoridad fue limitada por el legislador para que al conocer del recurso de apelación se circunscribiera a estudiar los agravios expuestos, pero no para admitir, ni desahogar pruebas, pues ello sería extender el examen a cuestiones no planteadas ante la Jueza de Control, quien como quedó expuesto en los antecedentes del acto, sí respetó el ejercicio de ese derecho a la parte quejosa. Lo anterior, además encuentra respaldo en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. El principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defenso. Entonces, si la parte quejosa se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas en las etapas previas al auto de vinculación a proceso, y el tribunal de alzada se encuentra impedido de admitirlas, pues ello va más allá del objeto del recurso de apelación, es por lo que fue correcto que se desecharan esas pruebas, pues de hacerlo también se infringiría el principio de contradicción al que también tiene derecho la parte acusadora para realizar objeciones o formular repreguntas. En el segundo argumento, señala la parte quejosa que al limitarlo a exponer alegatos aclaratorios en la audiencia de once de marzo de dos mil veintiuno, infringe el principio de oralidad, los derechos de debido proceso, legalidad, imparcialidad, debida fundamentación y motivación. Dicho argumento es infundado, pues si bien es cierto que de conformidad con el artículo 4776 del Código Nacional 6 Artículo 477. Audiencia Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio. de Procedimientos Penales, existe una audiencia para escuchar alegatos aclaratorios del recurso de apelación, ésta se limita a conceder precisamente la palabra a la parte recurrente para que exponga sus alegatos aclaratorios sobre los agravios manifestados por escrito, sin que pueda plantear nuevos conceptos de agravio; sin embargo, ello, no irroga perjuicio a la parte recurrente, porque deriva de un procedimiento penal donde se la ha dado la oportunidad de defenderse, teniendo la oportunidad de ofrecer pruebas, refutar las de la parte acusadora y ejercer su derecho de contrarréplica. Dicho de otra forma, el procedimiento penal se estructura de diversas etapas que se suceden unas a otras, pero al pasar de una a otra, por el principio de preclusión, no se puede ejercer un derecho que se debió ejercer en otro momento. De tal forma que, en la audiencia para escuchar alegatos aclaratorios, no se puede exhibir datos de prueba, ni objetar las de la parte acusadora, o incluso, ofrecer nuevos agravios, pues el objeto de esa audiencia se encuentra limitado. En estas condiciones, contrario a lo señalado por la parte quejosa, si bien se limita la audiencia relativa de alegatos en la apelación a despejar dudas que haya en sus agravios, ello no le irroga perjuicio porque previamente ya se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas y plantear sus agravios. De pretender que en una audiencia se le permita ofrecer pruebas o plantear argumentos, ello iría en detrimento del principio de seguridad jurídica para las partes involucradas, además de apartarse de las formalidades esenciales del procedimiento penal. En la audiencia, el Tribunal de alzada podrá solicitar aclaraciones a las partes sobre las cuestiones planteadas en sus escritos. En el último concepto de violación, señaló el quejoso que en la audiencia inicial de once de diciembre de dos mil veinte, no fue garantizado el auxilio judicial para la incorporación de medios de prueba ofertados por la entonces defensa del quejoso, lo que contraviene los derechos de debido proceso, legalidad, imparcialidad, debida fundamentación y motivación. Dicho concepto de violación es inoperante pues no se encuentra dirigido a controvertir el acto reclamado en el presente juicio, sino a una etapa que fue materia de estudio en el recurso de apelación resuelto por la responsable. Al margen de ello, puede advertirse de la audiencia de referencia, que después de individualizar a las partes7, la Jueza de Control dio cuenta con las promociones 25033 y 24931, respecto de los datos de prueba que requirieron auxilio judicial ofertados en audiencia inicial. Posteriormente, acordó favorable el desistimiento de los demás datos de prueba ofertados por la defensa en la audiencia inicial, quien al manifestar no contar con datos de prueba por incorporar, procedió a realizar argumentos no vinculatorios a favor de su representado, abriendo el debate respectivo. Entonces, no hubo restricción alguna por parte de la Jueza de Control para incorporar los medios de prueba ofrecidos, pues los que requerían preparación se dio cuenta de ellos, y los que requerían desahogo al desistirse el procesado de su desahogo, es que la jueza estuvo imposibilitada de reiterar su desahogo, pues ello le corresponde a quien los ofrece. 7 Tiene por individualizado a los sujetos procesales intervinientes, se procede a dar cuenta con las promociones 25033 y 24931, respecto de los datos de prueba que requirieron auxilio judicial ofertados en audiencia próxima pasada. Acto seguido, la defensa se desiste de los datos de prueba ofertados en audiencia próxima pasada, asimismo, manifiesta no contar con datos de prueba por incorporar, procediendo a realizar argumentos no vinculatorios a favor de su representado, abriendo el debate respectivo. Ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya advertido alguna causa para suplir la deficiencia de la queja. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la Jueza de Control, pues no se combatió por vicios propios, sino que se hizo depender de la constitucionalidad del acto atribuido a la ordenadora. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ----------- ----------- ----------- -----------, por el acto analizado en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ----------- ----------- ----------- -----------, por la resolución emitida el once de marzo de dos mil veintiuno por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, en el toca 08/2021, por los motivos expuestos en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio y constancias procedentes del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio de las cuales devuelve diligenciado el exhorto 104/2021 con número de orden 104/2021, de este índice jurisdiccional, enviado con la finalidad de emplazar a juicio al tercero interesado de identidad reservada con iniciales O.R.R.; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que sea necesario emitir el acuse correspondiente, por así haberlo indicado la autoridad exhortada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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