Juan Carlos León Pérez

Expediente 278/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
278/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Juan Carlos León Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto número de orden 379/2020, número de origen 379/2020, del índice de este Juzgado Federal, por el que se encomendó notificar al quejoso ------------, el proveído de once de noviembre de dos mil veinte. Atento a lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, y sin que sea necesario acusar el recibo correspondiente por así haberlo solicitado el homólogo federal de mérito. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y cúmplase.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por el cual devuelve diligenciado el exhorto 333/2020 (orden 333/2020), por el que se solicitó la notificación del contenido del auto de nueve de octubre de dos mil veinte, al quejoso -----------, para los efectos a que se contrae el mismo. En consecuencia, agréguese a los autos la comunicación oficial de mérito, para los efectos legales conducentes, sin necesidad de acusar el recibo correspondiente, por así haberlo señalado la autoridad exhortada. Ahora bien, de la comunicación de cuenta se advierte que el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Carlos León Pérez, fue notificado el veintisiete de octubre de dos mil veinte, de igual forma, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En diverso aspecto, atendiendo a que el quejoso actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, tomando en consideración que el domicilio señalado se localiza fuera de la jurisdicción territorial de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 52 y 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales gírese atento exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al actuario de su adscripción se constituya en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, y notifique al quejoso Juan Carlos León Pérez, la presente determinación corriéndole traslado con la misma. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita respetuosamente a la autoridad exhortada, que únicamente remita a este Órgano Jurisdiccional de manera electrónica, el oficio mediante el cual devuelva el exhorto de mérito y la constancia de notificación encomendada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por exhorto al quejoso.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los oficios por los cuales el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez devuelve diligenciados los exhortos 273/2020 y 298/2020, remitidos a efecto de notificar al promovente Juan Carlos León Pérez, los autos de diecinueve de agosto y ocho de septiembre de dos mil veinte; sin que haya lugar acusar de recibido toda vez que el sistema genera el acuse de manera automática, aunado a que no fue solicitado por el juzgado remitente. Ahora bien, se advierte que el proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, fue notificado al aquí quejoso el diecinueve de ese mes, por lo tanto, ha transcurrido el plazo de tres días concedido para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al desahogo de la prevención presentada por su defensora pública ----------, en esos términos, al no haber realizado manifestación alguna, se hace efectivo el apercibimiento y se le tiene conforme con lo dicho por su defensora. Consecuentemente, se levanta la reserva decretada en auto de ocho de septiembre de dos mil veinte y se provee lo conducente respecto del escrito por medio del cual la defensora pública del quejoso ------------, desahogó la prevención formulada en auto de doce de marzo de dos mil veinte, y al efecto refirió: El acto reclamado en el presente juicio de amparo es la denegación de la solicitud de traslado voluntario del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Chalco al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla; La fecha en que se realizó la petición del traslado fue el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; La autoridad responsable a quien se dirigió la petición fue la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Tradicional Penal del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México; La fecha en que se emitió el auto fue el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve; y La fecha en que fue notificado el auto reclamado fue el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. En ese sentido, se tiene por desahogada la prevención, y ahora vista de nueva cuenta la demanda de amparo, se provee lo siguiente: El numeral 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (..)" Los plazos referidos en el párrafo anterior, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede, se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: 1. A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, 3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO." Sobre esas consideraciones, se advierte que el quejoso y su defensor señalan como acto reclamado, la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la que la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema Tradicional Penal del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, denegó la solicitud de traslado voluntario del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Chalco al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla; la cual, conforme a su propio dicho fue notificada desde el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Ahora bien, esa determinación encuadra dentro de los supuestos respecto de los cuales aplica el plazo genérico de quince días, ya que no se trata de una ley autoaplicativa, ni del procedimiento de extradición; tampoco es una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal no es un acto que pueda tener como efecto privar de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios; ni es de aquellos que implica un ataque a la vida, a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión destierro, desaparición forzosa, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. En ese sentido, es incuestionable, el plazo aplicable para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda, es el de quince días hábiles previsto por el artículo 17, de la Ley de Amparo, el cual inició a computarse desde el momento en el que a dicho del promovente y su defensora fue notificado del acto reclamado, lo cual ocurrió, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Por lo tanto, el plazo de quince días para promover juicio de amparo, corrió de la siguiente manera: Fecha del acto Día siguiente en que el quejoso tuvo conocimiento Término del plazo de quince días Veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve Veintisiete de mayo de dos mil diecinueve Diecisiete de junio de dos mil diecinueve De lo cual se advierte que el plazo para promover la demanda de amparo en contra de la determinación denegó la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, feneció el diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Consecuentemente, si la demanda de amparo fue presentada hasta el once de marzo de dos mil veinte, resulta evidente que el quejoso se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado; lo cual implica que el acto reclamado, se tenga como tácitamente consentido. En consecuencia, al quedar actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. En diverso aspecto, atendiendo a que el quejoso actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, mismo que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, tomando en consideración que el domicilio señalado se localiza fuera de la jurisdicción territorial de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación con los diversos preceptos 52 y 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales gírese atento exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al actuario de su adscripción se constituya en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México, y notifique al quejoso Juan Carlos León Pérez, la presente determinación corriéndole traslado con la misma. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al homólogo federal para que habilite al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. Hecho que sea, a efecto de racionalizar los recursos materiales con que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal, se solicita respetuosamente a la autoridad exhortada, que únicamente remita a este Órgano Jurisdiccional de manera electrónica, el oficio mediante el cual devuelva el exhorto de mérito y la constancia de emplazamiento encomendada. Finalmente, se hace del conocimiento al actuario judicial adscrito, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por exhorto al quejoso.

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