Juan Carlos López García
Expediente 381/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Carlos López García
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto del cinco de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar, que existen documentos que deban ser devueltos a la parte quejosa; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger la documental que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del propio Pleno.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de derechos fundamentales contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 172, fracción XII y 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios, o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" En la especie, el quejoso hace consistir el acto reclamado en: La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". EL AUTO DE RADICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL EXPEDIENTE No. 44/2020 de fecha 21 de febrero del 2020 y 28 de febrero 2020, reclamando de igual forma la apreciación del juzgador para aceptar la demanda propuesta ordenar su RADICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO ya que NO SE APEGO A LAS FORMALIDADES QUE LA LEY EXIGE, como se apreciará más adelante, toda vez que NO SE RADICO CONFORME LAS FORMALIDADES DE LEY Y POR ENDE NO DEBIO EMPLAZARSE LA MISMA." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que: El veinte de febrero de dos mil veinte, Maricela Venegas Tovar, promovió juicio de divorcio incausado en contra de ********************, ante el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, registrándolo bajo el número 44/2020. El veintiuno de febrero de dos mil veinte, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Concepción del Oro, Zacatecas, admitió la demanda y ordenó emplazar al demandado ********************; lo que constituye uno de los actos reclamados. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, es emplazado al juicio de divorcio incausado ********************; lo que constituye el diverso acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, la determinación de veintiuno de febrero de dos mil veinte, que admitió a trámite el juicio de divorcio incausado promovido por Maricela Venegas Tovar, contra ********************, que constituye el acto reclamado, no es un acto que afecte en grado predominante o superior al demandado, aquí quejoso, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar, lo que no constituye un acto de ejecución irreparable, ya que no afecta de manera directa e inmediata, los derechos sustantivos, de la parte quejosa, tutelados por la Constitución General de la República, a través de los derecho fundamentales, ello en atención a que el único efecto que produce tal determinación, es, admitir la demanda ordenar su emplazamiento y llevar a cabo el emplazamiento al mismo, lo que como se asentó no resulta ser de imposible reparación. Lo mismo ocurre en tratándose del diverso acto que hace consistir en el emplazamiento llevado acabo el veintiocho de febrero de la presente anualidad, toda vez que éste constituye una violación de carácter procesal porque no afecta directamente un derecho sustantivo, previsto en las normas constitucionales o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, toda vez que el demandado aquí quejoso ante el emplazamiento no está imposibilitado para comparecer a juicio natural del que deriva el acto reclamado a impugnarlo mediante los recursos o medios de defensa ordinarios. En efecto, la afectación que dice sufrir el quejoso, con el acto reclamado, constituye un acto que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derecho fundamentales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una determinación favorable en el juicio del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como es el hecho de que la responsable, admita a trámite una demanda de divorcio incausado y ordene el emplazamiento del demandado, y por tanto, el emplazamiento del mismo; pues resulta claro, que éste constituye una violación procesal que podría no trascender en el sentido de la resolución, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable y en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con la determinación reclamada, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como por similitud jurídica la jurisprudencia VI.2o.C. J/175, visible en la página 1187, X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al efecto dice: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." También es aplicable en lo conducentes, la tesis II.1o.C.T.44 K, Registro 199901, Página 396, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO PUEDE SER OIDO EN EL JUICIO. El acto consistente en el emplazamiento ilegal, no es un acto de imposible reparación, pues el mismo no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, mismos que pueden ser impugnados dentro del juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia." En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Concepción del Oro, Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. No se soslaya que en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se apercibió a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la prevención ahí contenida se daría trámite a su demanda de amparo, atendiendo únicamente a los asentado en ella, pues el desechamiento antes señalado guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos.
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