Juan Carlos Guevara Santamaría

Expediente 329/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
329/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Guevara Santamaría

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que no existen documentos en original o copia certificada exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. Por tanto, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es depurable.

  2. Principal

    Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se otorgó a la parte quejosa Juan Carlos Guevara Santamaría, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que el responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso Juan Carlos Guevara Santamaría, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 275/2019, por el delito de homicidio calificado, y en su lugar dicte otro en el que excluya el dato de prueba consistente en el reconocimiento por fotografía hecho al aquí quejoso; hecho lo anterior resuelva con libertad de jurisdicción si con los demás datos de prueba se acredita la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del hecho delictivo que la fiscalía le imputa. Lo anterior, en la inteligencia que, la infracción que ha quedado relatada en esta sentencia no tiene por efecto anular actuaciones anteriores a la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, como son la audiencia de formulación de la imputación ni los datos de prueba invocados por las partes dentro del término constitucional, sino que el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción, una vez subsanados los vicios a que se ha hecho referencia, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior o en uno diverso, con lo cual quede cumplido el amparo. Cabe precisar que la audiencia en la que se dicte una nueva determinación en cumplimiento al fallo protector, deberá ser presidida por el mismo juez de control que actuó en la audiencia de formulación de imputación de quince de marzo de dos mil diecinueve, en la que se conoció de la imputación y de la solicitud de vinculación a proceso por el Ministerio Publico sustentada en los datos de prueba ahí expuestos, en aras de privilegiar el principio de inmediación que rige al sistema oral acusatorio, pues es el precisado juez de control quien presenció las actuaciones referidas y conoció de viva voz la exposición de los datos de prueba a cargo de la representación social, es decir, se encontró en contacto directo con la fuente de la que emanaron los antecedentes de investigación." En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio C/1527 de ocho de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital, remitió un disco DVD certificado, en el cual se dio cuenta con la celebración de la audiencia de esa misma fecha, llevada a cabo dentro de la causa penal 275/2019, en la que se advierte siguió los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo resolviendo con plenitud de jurisdicción la situación jurídica del imputado. Cabe precisar que la autoridad responsable no realizó la declaratoria expresa de que dejaba insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso Juan Carlos Guevara Santamaría, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 275/2019, por el delito de homicidio calificado; sin embargo, ésta quedó insubsistente con la sentencia que otorgó el amparo y protección constitucional solicitada por la parte quejosa, al haber determinado la inconstitucionalidad de dicho auto de vinculación a proceso, de ahí que es innecesario que se requiera a la autoridad responsable para que declare que deja insubsistente dicha determinación, porque esa insubsistencia fue consecuencia inmediata y directa de la ejecutoria de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia .1o.A. J/19 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO. TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS. Los efectos de una sentencia de amparo que establece la inconstitucionalidad de un determinado acto no están supeditados a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia del acto; por el contrario, el acto deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente. Por ende, es innecesario que el juzgador requiera a la autoridad que declare la insubsistencia del acto reclamado, pues esa es una consecuencia inmediata y directa de la ejecutoria de amparo que evidenció su inconstitucionalidad, lo que deben efectuar las responsables en cumplimiento del fallo que otorgó la protección de la Justicia de la Unión es emitir los actos necesarios para que la anulación del reclamado surta toda su fuerza y vigor respecto de sus efectos y consecuencias." Además, la audiencia de ocho de agosto de dos mil diecinueve, en la que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, fue presidida por el mismo juez que emitió el auto de vinculación a proceso de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se excluyó el reconocimiento por fotografía. La videograbación de que se habla, adquiere el carácter de documento público lato sensu para efectos del juicio de amparo, y como tal se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, máxime que esta constancia se reputa idónea para corroborar fehacientemente lo acontecido en la audiencia desarrollada ante la juez de origen responsable, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Asimismo, mediante proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera respecto del citado informe de autoridad y anexos, sin que se hiciera valer algo al respecto. Así, al confrontar lo anterior con los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez atendió a todos los lineamientos descritos por este Órgano Jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    se publica auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve, con efectos de notifica a la parte quejosa y tercera interesada: Visto; atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto se advierte que por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se otorgó a la parte quejosa Juan Carlos Guevara Santamaría, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que el responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso Juan Carlos Guevara Santamaría, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 275/2019, por el delito de homicidio calificado, y en su lugar dicte otro en el que excluya el dato de prueba consistente en el reconocimiento por fotografía hecho al aquí quejoso; hecho lo anterior resuelva con libertad de jurisdicción si con los demás datos de prueba se acredita la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del hecho delictivo que la fiscalía le imputa. Lo anterior, en la inteligencia que, la infracción que ha quedado relatada en esta sentencia no tiene por efecto anular actuaciones anteriores a la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, como son la audiencia de formulación de la imputación ni los datos de prueba invocados por las partes dentro del término constitucional, sino que el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción, una vez subsanados los vicios a que se ha hecho referencia, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior o en uno diverso, con lo cual quede cumplido el amparo. Cabe precisar que la audiencia en la que se dicte una nueva determinación en cumplimiento al fallo protector, deberá ser presidida por el mismo juez de control que actuó en la audiencia de formulación de imputación de quince de marzo de dos mil diecinueve, en la que se conoció de la imputación y de la solicitud de vinculación a proceso por el Ministerio Publico sustentada en los datos de prueba ahí expuestos, en aras de privilegiar el principio de inmediación que rige al sistema oral acusatorio, pues es el precisado juez de control quien presenció las actuaciones referidas y conoció de viva voz la exposición de los datos de prueba a cargo de la representación social, es decir, se encontró en contacto directo con la fuente de la que emanaron los antecedentes de investigación." En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio C/1527 de ocho de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de la Capital, remitió un disco DVD certificado, en el cual se dio cuenta con la celebración de la audiencia de esa misma fecha, llevada a cabo dentro de la causa penal 275/2019, en la que se advierte siguió los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo resolviendo con plenitud de jurisdicción la situación jurídica del imputado. Cabe precisar que la autoridad responsable no realizó la declaratoria expresa de que dejaba insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso Juan Carlos Guevara Santamaría, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 275/2019, por el delito de homicidio calificado; sin embargo, ésta quedó insubsistente con la sentencia que otorgó el amparo y protección constitucional solicitada por la parte quejosa, al haber determinado la inconstitucionalidad de dicho auto de vinculación a proceso, de ahí que es innecesario que se requiera a la autoridad responsable para que declare que deja insubsistente dicha determinación, porque esa insubsistencia fue consecuencia inmediata y directa de la ejecutoria de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia .1o.A. J/19 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO. TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS. Los efectos de una sentencia de amparo que establece la inconstitucionalidad de un determinado acto no están supeditados a que la autoridad realice alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia del acto; por el contrario, el acto deja de surtir efectos legales desde que se pronuncia la ejecutoria correspondiente. Por ende, es innecesario que el juzgador requiera a la autoridad que declare la insubsistencia del acto reclamado, pues esa es una consecuencia inmediata y directa de la ejecutoria de amparo que evidenció su inconstitucionalidad, lo que deben efectuar las responsables en cumplimiento del fallo que otorgó la protección de la Justicia de la Unión es emitir los actos necesarios para que la anulación del reclamado surta toda su fuerza y vigor respecto de sus efectos y consecuencias." Además, la audiencia de ocho de agosto de dos mil diecinueve, en la que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, fue presidida por el mismo juez que emitió el auto de vinculación a proceso de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se excluyó el reconocimiento por fotografía. La videograbación de que se habla, adquiere el carácter de documento público lato sensu para efectos del juicio de amparo, y como tal se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, máxime que esta constancia se reputa idónea para corroborar fehacientemente lo acontecido en la audiencia desarrollada ante la juez de origen responsable, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Asimismo, mediante proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus derechos correspondiera respecto del citado informe de autoridad y anexos, sin que se hiciera valer algo al respecto. Así, al confrontar lo anterior con los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez atendió a todos los lineamientos descritos por este Órgano Jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexo, signado por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, por el cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio; con ello, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso por el término de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se le practique de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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