Juan Carlos Granados Aguilar
Expediente 333/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/05/2022
Partes del expediente
- Juan Carlos Granados Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de siete de abril de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de esta anualidad, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. De igual forma, dado que en el presente asunto obra un documento original, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca para recogerlo; apercibida que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; quien a fin de garantizar las medidas de sanidad necesarias y tomar las providencias atinentes para tal efecto, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo en comento, el presente cuaderno permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", devuelve el oficio 10851/2022 de la estadística de este Juzgado de Distrito, dirigido al tercero interesado "H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan" de la que se aprecia en la etiqueta de visita y control marcado el recuadro "D03 Envió Rehusado por el Destinatario " y la leyenda "Está mal dirigido no es Huixquilucan" (Sic). En ese sentido, en obvio de mayores dilaciones procesales, comisiónese a cualesquiera de los actuarios adscritos a efecto de que reenvíe el oficio de cuenta vía correo electrónico; en la inteligencia que de contar con algún impedimento para ello deberá asentar la razón correspondiente y dar cuenta al suscrito a efecto de acordar lo conducente.
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su informe justificado dentro del presente sumario constitucional; asimismo, para acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, remite el expediente laboral 841/2012 de su índice. En ese sentido y del estado de autos, se aprecia que el acto aquí reclamado lo es el siguiente: La omisión de dictar el acuerdo de requerimiento de pago y/o embargo del laudo, emitido en el juicio laboral 841/2012. En esa tesitura, si del informe justificado recibido en esta data, se advierte que el cuatro de abril de dos mil veintidós el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, acordó un escrito de la parte aquí quejosa en el que solicitó se emitiera auto de pago y/o embargo del laudo, emitido en el juicio laboral 841/2012, y en respuesta a ello, la autoridad responsable señaló fecha para que tenga verificativo su reinstalación y ordenó que posterior a su desahogo acordará lo que en derecho proceda respecto del incidente de liquidación ordenado en el laudo dictado en ese asunto, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De un análisis gramatical de tal disposición de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, este juzgador arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, acontece cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. En ese orden de ideas, como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo la omisión de dictar el acuerdo de requerimiento de pago y/o embargo del laudo, emitido en el juicio laboral 841/2012; sin embargo, de las constancias remitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se advierte que el cuatro de abril de dos mil veintidós, se pronunció respecto a dicha solicitud, en el sentido que señaló fecha para que tenga verificativo su reinstalación y ordenó que posterior a su desahogo acordará lo que en derecho proceda respecto del incidente de liquidación ordenado en el laudo dictado en ese asunto Circunstancia, de la que se advierte que han cesado los efectos del acto combatido, pues fue sustituido por el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, que declaró en su lugar señalar fecha para que tenga verificativo su reinstalación y ordenó que posterior a su desahogo acordará lo que en derecho proceda respecto del incidente de liquidación ordenado en el laudo dictado en ese asunto, Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica sustancial y en lo conducente, la jurisprudencia con registro digital: 169736 de la Novena Época, Tesis: VIII.1o. J/28 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Mayo de 2008, página 862 que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE IMPUGNA UN LAUDO CON EL QUE SE PRETENDIÓ DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DICTA UN ACUERDO PLENARIO POR EL CUAL LA TIENE POR NO CUMPLIDA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA JUNTA RESPONSABLE AÚN NO HAYA DECLARADO LA INSUBSISTENCIA DE AQUÉL. El acuerdo plenario emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito por el cual tiene por no cumplida la ejecutoria de amparo que concedió la protección constitucional a la parte quejosa respecto de un laudo dictado por la Junta en acatamiento a ella, debe ser observado ineludiblemente por ésta; en tal virtud, cualquier juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo con el que se pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria es improcedente por haber cesado los efectos del acto reclamado, con independencia de que la autoridad responsable todavía no haya declarado la insubsistencia de ese laudo, pues con el aludido acuerdo cesan los efectos de éste, al ordenar que quede sin efectos y se pronuncie uno nuevo en el que se cumplan los lineamientos de la ejecutoria de amparo, actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio con apoyo en el artículo 74, fracción III, de esta ley." Asimismo, por las razones que la informan la tesis relevante I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, materia común, Página: 1491, Registro: 165870 del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En ese contexto, como se mencionó con anterioridad se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y toda vez que el diverso 63, fracción V, de la misma ley, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél; por consiguiente, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las once horas del dieciocho de abril de dos mil veintidós, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, se advierte que en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se proveyó lo relativo al archivo definitivo en este asunto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. No obstante, es de precisarse que en veinticinco de marzo de dos mil veinte, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, de conformidad al Acuerdo General referido en el párrafo precedente, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a) de dicho Acuerdo; asimismo, que el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, mientras que el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la suspensión definitiva, lo que se determina de conformidad con lo que establece el artículo 18, inciso a), de dicho Acuerdo General. En diverso orden, se precisa que el término para la destrucción del principal y duplicado del incidente de suspensión, no reiniciará con la aclaración del destino. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años el original del cuaderno incidental, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar y terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de ese expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, reingrésese el presente asunto al archivo definitivo donde se encontraba.
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