Juan Carlos García Millan

Expediente 88/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
88/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos García Millan

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa IV. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 88/2019-IV, promovido por *****, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Tiene este carácter el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." "IV.- ACTO RECLAMADO: Se señala como tal la omisión de la responsable para dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral con número 307 2017 dentro del término señalado en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo." Acto reclamado que el quejoso señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público Federal adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, al reclamarse una omisión a una autoridad del trabajo, cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 307 2017. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, dicha autoridad señalada como responsable, remitió copia certificada del auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, donde se declaró cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 307 2017; a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de una documental pública expedida por funcionario en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en la página ciento cuarenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1995, Tomo VI, Materia Común, que establece lo siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. ." CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, y tampoco se actualiza de oficio, causa alguna de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el amparista. QUINTO. Conceptos de violación. No se hace transcripción de los conceptos de violación alegados, por no existir precepto legal alguno que así obligue a este juzgador. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y datos siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." (Jurisprudencia 2a. J.58 2010, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830). SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa refiere, en esencia, que la responsable viola sus derechos humanos, dado que no ha emitido el laudo respectivo en el expediente laboral 307 2017. El aludido argumento es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, en la especie se reclama la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de realizar y elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponde dentro del expediente laboral 307 2017. En ese sentido, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Federal establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior, se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Luego, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerar que, como se aprecia de las constancias que obran en autos, desde la emisión del auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos del expediente laboral 307 2017 para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo; sin embargo, no se acreditó que a la fecha en que se falla el presente asunto, se haya emitido el laudo correspondiente en el conflicto laboral sometido a la potestad de la autoridad responsable. Al respecto, cabe destacar que los preceptos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que contienen los términos que deben respetar los tribunales laborales, para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal. Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." Los numerales antes transcritos establecen que una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal; asimismo, que una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de quince días. El diverso artículo 244 de la ley en consulta, establece: "Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes." El precepto reproducido establece que si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala; empero en el supuesto de que se hicieran modificaciones o adiciones, se hará constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, por lo que una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes. De modo que, como ya se dijo, si de la constancia que remitió la autoridad responsable, se obtiene que desde el siete de mayo de dos mil dieciocho, dictó un acuerdo en el proceso laboral de referencia, que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al Auxiliar Dictaminador para que emita el proyecto de laudo correspondiente, e inexiste constancia alguna de la que se advierta que el Auxiliar Dictaminador, hubiera realizado el proyecto relativo, para que se procediera a su discusión y aprobación dentro de los quince días siguientes, es inconcuso que existe una dilación en el trámite del juicio laboral. En efecto, en el procedimiento laboral se instituyeron los principios de celeridad, inmediatez, economía y sencillez, a fin de evitar el entorpecimiento y obstaculización de la función jurisdiccional de los tribunales, por lo que si en el presente asunto, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que hasta el momento en que se emite la presente determinación el Auxiliar Dictaminador, no ha elaborado el proyecto de resolución dentro del expediente laboral 307 2017, se concluye que, al momento en que se admitió la demanda de amparo y fue solicitado a la responsable su informe justificado, ha existido una dilación en el trámite del referido juicio laboral, y como consecuencia un exceso en el término a que hacen referencia los numerales 242 y 242 Bis antes invocados para emitir, discutir y aprobar el proyecto de laudo correspondiente; pues de acuerdo a lo establecido en dichos preceptos legales, la autoridad responsable debió haber tomado las determinaciones correspondientes a efecto de continuar con las diversas etapas del juicio y emitir el laudo correspondiente, en virtud de que el término de quince días que contempla el artículo 242 Bis ya citado, constituye un límite fijado por el legislador conforme al cual debe administrarse la justicia en el procedimiento del trabajo, sustentado en el derecho que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no se observó; independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que la autoridad debe realizar dentro del ámbito de sus facultades las actuaciones necesarias a fin de que el proyecto de laudo sea emitido en tiempo y así estar en posibilidad de concretar el dictado del mismo. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia IV 3.T. J 57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página: 1283, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. ." En tales circunstancias, lo procedente es conceder al quejoso *****, el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, emita el proyecto de laudo correspondiente en el juicio laboral 307 2017 y proceda a su discusión y aprobación conforme a lo previsto en la legislación de la materia y ordene notificar dicha determinación en el lugar que para tal efecto haya señalado el quejoso. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve a poyo a lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2.J. 45 2007). ." SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. ." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra el acto y autoridad precisados en el Considerando Segundo de esta sentencia, para los efectos expuestos en el Considerando Sexto de la misma.

  2. Principal

    Mesa IV. Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos del presente juicio, se desprende que la audiencia constitucional fue fijada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de la presente anualidad; sin embargo, en aras de una justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 Constitucional, la referida audiencia constitucional se anticipa para las once horas con quince minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, rinde su informe justificado y adjunta la constancia relativa; por tanto, con su contenido, dése vista a las partes para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de siete de noviembre del año en curso, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente respecto al desahogo de la documental pública que ofreció el promovente, consistente en el expediente original del juicio laboral 307/2017 del índice de la autoridad responsable, hasta que se contara con la misma. Por lo cual, conforme a la razón de cuenta, se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza, la copia certificada del auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, que se anexó al oficio de cuenta, donde se declaró cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 307/2017, sin prejuicio de relacionarla en la audiencia constitucional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo; no así la totalidad de las constancias que integran dicho expediente y que ofreció el quejoso, en virtud de que la autoridad oficiante al rendir su informe justificado manifestó expresamente la existencia del acto reclamado y, para justificar la constitucionalidad del mismo, estimó suficiente, para la emisión de la sentencia correspondiente en el presente asunto, remitir la copia certificada que acompaño. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Moisés Malvaez Mercado, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, promovida por Juan Carlos García Millán, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 88/2019-IV. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por el quejoso, en contra la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 307/2017; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Sin que se aperture el incidente de suspensión, en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a la responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también le será aplicada en el caso de que no rinda su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este Órgano de Control Constitucional, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Por otra parte, dado que la quejosa refiere que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Calimaya, Estado de México; con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese a éste al presente sumario constitucional, mediante oficio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como de la presente determinación; asimismo, se le hace saber el derecho que tiene de apersonarse a este juicio si a sus intereses conviniere. Por otro lado, se tiene como domicilio el que cita el quejoso en su demanda de amparo para los efectos que refiere; y por autorizados en términos del artículo 24 de la legislación citada a Jesús González Ramírez, Jesús Antonio González Barragán, Li Tai Díaz Sánchez, Artemisa Antonio Mondragón Miranda, Diana Roldán Teja, David Cardoso Barón y Gabriela Sánchez Maya, limitación que se establece respecto de los mismos, con excepción de la citada Sánchez Maya, hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por otra parte, por lo que respecta a la documental pública que ofrece el promovente, consistente en el expediente original del juicio laboral 307/2017 que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se tiene por ofrecida y admitida, por lo que una vez que se cuente con la misma se proveerá respecto a su desahogo. Asimismo, en relación al diverso medio de prueba relativo a la instrumental pública de actuaciones consistente en todo lo actuado y por actuar en el presente juicio de amparo, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se integre el presente sumario constitucional. Y por lo que respecta a las pruebas que ofrece el promovente, consistentes en la presuncional legal y humana, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de la misma en la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. También, se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito.

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