Juan Carlos Gómez Zárate

Expediente 1047/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1047/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Gómez Zárate

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías que promueve Juan Carlos Gómez Zárate, contra el acto reclamado al agente del Ministerio Público titular de la mesa XIX del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado, actualmente mesa de Trámite del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y fiscal General del Estado de Oaxaca; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmense expedientes impreso y electrónico respectivamente, regístrense en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1047/2019. Examinada en su integridad la demanda de garantías, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. Es así, pues del análisis de la demanda de garantías, se advierte, que el quejoso Juan Carlos Gómez Zárate, por propio derecho, reclama del agente del Ministerio Público titular de la mesa XIX del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado, actualmente mesa de Trámite del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y del fiscal General del Estado de Oaxaca, los siguientes actos: ".********************. ACTOS RECLAMADOS: a) De las autoridades señaladas en su doble carácter de ORDENADORAS Y EJECUTORAS, reclamo: PRIMERO: LA OMISIÓN para acordar mi solicitud y promoción hecha por mi defensor particular Licenciado Darío Alfredo Velasco García de fecha 6 de Noviembre de 2015, en la que se le solicitó a la Titular de la mesa XIX del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado, actualmente Mesa de Trámite del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que se remitieran los autos al Ciudadano Fiscal del Estado, para que éste, en ejercicio de sus funciones determinara a mi favor el no ejercicio de la acción penal y que conforme a derecho está obligados a realizar, dentro del plazo estipulado por la Ley. SEGUNDO: LA NEGAT********************A para acordar mi solicitud y promoción hecha por mi defensor particular Licenciado Darío Alfredo Velasco García de fecha 6 de Noviembre de 2015, en la que se le solicitó a la Titular de la mesa XIX del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del Estado, actualmente Mesa de Trámite del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que se remitieran los autos al Ciudadano Fiscal del Estado, para que éste, en ejercicio de sus funciones determinara a mi favor el no ejercicio de la acción penal y que conforme a derecho está obligados a realizar, dentro del plazo estipulado por la Ley." Por otra parte, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio para el suscrito, la existencia del juicio de amparo número ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el propio quejoso Juan Carlos Gómez Zárate, por propio derecho, en contra de las mismas autoridades y actos que se reclaman en la presente demanda de amparo (fojas 2 - 6 del juicio de amparo 327/2016). En el citado juicio de amparo ******************** la agente del Ministerio Público de la Mesa Nueve del Sector Central, al rendir su informe justificado, informó que el referido ocurso de seis de noviembre de dos mil quince, en donde se solicitó que se remitieran los autos al fiscal General del Estado de Oaxaca, para que en ejercicio de sus funciones determinara a favor del promovente el no ejercicio de la acción penal, fue respondido por la agente del ministerio público responsable, mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciséis (fojas 14 - 15 del juicio de amparo 327/2016). Por ello, en proveído de once de marzo de dos mil dieciséis, se requirió al quejoso, para que dentro del término de quince días, ampliara su demanda respecto del acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciséis, recaído a su escrito de seis de noviembre de dos mil quince, sin que haya hecho manifestación al respecto (foja 27 del juicio de amparo 327/2016). Mediante sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el juicio, por lo que respecta a los referidos actos, pues se concluyó que al haberse dado respuesta al escrito del quejoso, cesaron los efectos de los actos reclamados (fojas 31 - 33 del juicio de amparo 327/2016); dicho fallo causó ejecutoria el veintiséis de mayo del mismo año (foja 38 del juicio de amparo 327/2016). De lo antes expuesto, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." Lo anterior es así, porque en el juicio de garantías número ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, el quejoso reclamó los mismos actos que en el juicio constitucional 1047/2019, del índice de este propio juzgado. En esas condiciones, este órgano de control constitucional considera que en la especie se surte la causa de improcedencia citada, toda vez que existe diverso juicio, anterior al de cuenta, en que los actos reclamados en el presente juicio de garantías 1047/2019, promovido por Juan Carlos Gómez Zárate ya fueron materia de estudio en el diverso juicio ******************** del inventario de este propio órgano jurisdiccional; de ahí que se considere improcedente el presente juicio de amparo, pues las cuestiones que alega en la demanda de garantías origen del presente expediente ya no pueden ser estudiadas, en razón de que esos aspectos ya fueron resueltos en la ejecutoria antes mencionada. Al caso tiene aplicación, la jurisprudencia sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1532, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL ******************** DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO ********************, ******************** ********************, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA; Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo ********************, fracción ********************, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizadas únicamente para tales efectos a las personas que refiere, sin gozar de las demás facultades que establece el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten ante este juzgado encontrase legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de sus autorizados pueda hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE ******************** POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 264/2011,(1) estableció que conforme a la ratio legis del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo tienen el derecho subjetivo general de solicitar, a su costa, copia certificada de las constancias que fueron integradas al expediente por la autoridad responsable a través de su informe justificado, sin que se prevea restricción alguna. Luego, acotando que la obligación de mantener la reserva y sigilo de constancias establecida en el numeral 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, está dirigida al Ministerio Público y no al Juez de Distrito, se deduce que válidamente puede autorizarse al quejoso la expedición de copias certificadas de las constancias en que aparezca la averiguación previa o la orden de aprehensión girada en su contra, cuando por virtud del informe justificado esas constancias se integren al juicio de amparo, porque no hacerlo podría generar una limitación al derecho de igualdad procesal del quejoso relacionado con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que conforme al artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información contenida en las investigaciones de delitos ante el Ministerio Público, se considera reservada, ya que tal disposición no se ve afectada cuando se trata de información concerniente a la propia persona del quejoso y el acceso a esa información redunda directamente en el ejercicio de su derecho fundamental de defensa; de ahí que la información "reservada o confidencial" contenida en la averiguación previa y/o en la orden de aprehensión aportada mediante el informe justificado, debe entenderse con esa connotación siempre que se trate de personas diversas del quejoso, o se trate de información que no esté relacionada directamente con éste, pues en este supuesto sí debe operar la protección de datos prevista en diverso numeral 114 de la mencionada ley." Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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