Juan Carlos Gómez Guzmán
Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Carlos Gómez Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte, que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo que nos ocupa, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Así, toda vez que en el punto resolutivo de la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección del Justicia de la Unión a ********************, respecto de los actos que reclamó del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el efecto de que: Deje insubsistente únicamente la determinación de reservar el dictado de la sentencia definitiva en el juicio especial oral familiar 409/2019, emitida el once de noviembre de dos mil veintidós, en la audiencia de continuación de juicio, y, Proceda al dictado de la sentencia definitiva en dicho procedimiento conforme a lo establecido en los artículos 1004 y 1005 del Código Familiar para el Estado de Michoacán y determine lo que conforme a derecho corresponda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para que en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se les realice, cumpla con la sentencia de amparo. APERCIBIMIENTO. En esa virtud, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con este requerimiento, o bien, no informar y acreditar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo; por lo que, desde luego, este órgano jurisdiccional procederá en términos de lo dispuesto por dichos preceptos legales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio firmado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó la sentencia dictada en este asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
POR ESTE MEDIO Y EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA: JUAN CARLOS GÓMEZ GUZMÁN O SUS AUTORIZADOS, NO COMPARECIERON AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE MI ADSCRIPCIÓN DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, EN TÉRMINOS DEL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, EL TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; QUEDA HECHA MEDIANTE SU PUBLICACIÓN EN LA LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, MISMA DETERMINACIÓN QUE DICE: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y el mismo día en la Oficialía de Partes de este Juzgado, Juan Carlos Gómez Guzmán, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de la autoridad y acto siguientes: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Acuerdo emitido en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, al reservarse el dictar sentencia definitiva dentro del juicio especial oral 409/2019, por encontrarse pendiente la resolución de amparo sobre una medida cautelar. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el número 726/2022 y la admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada; fue señalada hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional; esto, de conformidad con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de títulos: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que integran el presente juicio, se advierte que se reclama lo siguiente: Lo determinado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, en el apartado que se reserva dictar sentencia definitiva dentro del juicio especial oral 409/2019, por encontrarse pendiente la resolución de diverso juicio de amparo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Es cierto el acto atribuido al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. La certeza de los actos reclamados se corrobora con el disco compacto en formato de video grabación y la copia certificada de la constancia del juicio especial familiar oral 409/2019, que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe con justificación, a la cual se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, dado que es una documental pública realizada y emitida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias a éste encomendadas por disposición de la Ley. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.".. CUARTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado en escrito presentado el diez de enero de la anualidad en curso, en lo que interesa señaló: ". DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO PORQUE LA RESERVA PARA EL DICTADO EN EL ESPECIAL FAMILIAR DE ORIGEN FUE EN CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE RESOLUTOR EN EL INDIRECTO 325/2022 DEL INDICE DE ESTE RESOLUTOR. .". Sin embargo, dicha causa de improcedencia se desestima, en virtud de que las razones en que se sustenta su actualización involucran el fondo del asunto; por tanto, dicho aspecto será abordado al examinar la cuestión planteada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, Novena Época, página 5, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." En virtud de lo anterior y toda vez que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte de manera oficiosa la actualización de alguna causa de improcedencia, ni fueron invocadas por las diversas partes del juicio, no se hará mayor pronunciamiento sobre el particular. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y, por tanto, se tienen por reproducidos en este apartado, máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, sin que ello se traduzca en que no serán analizados, dado que se procederá a realizar una síntesis de los mismos atendiendo a su causa de pedir, a efecto de facilitar su estudio. Es aplicable la jurisprudencia de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN...". SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. El acto reclamado, como se precisó en párrafos precedentes, es lo determinado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, en el apartado que se reserva dictar sentencia definitiva dentro del juicio especial oral 409/2019, por encontrarse pendiente la resolución del juicio de amparo 325/2022 del índice de este propio Juzgado de Distrito. De los registros digitales del juicio 409/2019, que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se advierte lo siguiente: El once de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de continuación de juicio, de conformidad con el artículo 999 del Código Familiar del Estado, por todas y cada una de sus etapas procesales hasta la fase de emisión de sentencia, misma que el juez responsable ordenó reservar, dada la existencia del juicio de amparo 325/2022, promovido por Leonor Casillas Martínez y el menor de iniciales J.T.G.C., en el cual se concedió la suspensión provisional en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, pues a esa data dijo, no se tenía conocimiento de la resolución dictada en el incidente de suspensión o en el juicio principal, por lo que tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, dicho juzgador determinó abstenerse de dictar sentencia hasta en tanto se resolviera en definitiva dicho juicio de amparo. Ahora bien, sostiene la parte quejosa, que la determinación reclamada es violatoria de los derechos que a su favor establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque la responsable, con su actuar, violentó el procedimiento familiar, al no seguir lo establecido en el artículo 1005 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Refiere que es así, dado que dicha autoridad determinó no dictar la sentencia definitiva en el procedimiento de origen, sin fundar ni motivar su decisión de suspender el dictado de dicha sentencia, pues únicamente señaló: que "hasta en tanto no se resolviera el juicio de garantías promovido por mi contraria emitiría la sentencia", pasando por alto que, el juicio de amparo al que aludió es sobre medidas cautelares con relación a los alimentos provisionales, las cuales se tendrían que resolver de fondo en sentencia definitiva, y debe recordarse que los alimentos provisionales y los definitivos se encuentran en dos momentos procesales distintos, los cuales no guardan similitud ni se entorpecen si se dicta sentencia definitiva respecto al otorgamiento de los alimentos definitivos, pues ésta no incide en la etapa provisional de alimentos, en tanto que su objeto, consiste únicamente en determinar el monto alimentario que habrá de regir desde la sentencia hasta que la obligación alimentaria se extinga por alguna causa legal, además de que no tiene efectos restitutorios o indemnizatorios, cesando el otorgamiento de la medida cautelar hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva. Agrega, que incluso para la emisión de la resolución de amparo promovido por su contraria, no se le afectaría derecho alguno, pues no se actualiza causa de improcedencia si antes de resolverse el juicio se dicta sentencia en el juicio natural que fija la pensión alimenticia definitiva. Lo anterior, pues refiere, si bien la sentencia definitiva hace cesar la pensión provisional y genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión sustentada en las pruebas ofrecidas, también lo es que no repercute en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos donde pueden afectarse derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos y las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor o del deudor alimentario. De suerte que, sostiene, aunque la sentencia definitiva entraña una nueva situación jurídica, por virtud de ésta no se eliminarían las posibles violaciones que reclama su contraria, en caso de que las hubiera. Son fundados los argumentos esgrimidos, y a fin de justificarlo, resulta necesario señalar que el Código Familiar para el Estado de Michoacán, respecto a los alimentos provisionales y definitivos, en sus artículos 443, 464, fracción I, 470 y 473, señala: "Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia." "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; .". "Artículo 470. La sentencia que decrete los alimentos: I. Fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; debiendo condenar además a abonarse por adelantado; y, II. Apercibirá al deudor alimentario que en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal." "Artículo 473. En caso de que el fallo hubiese denegado los alimentos, y se haya recurrido, y que la parte acreedora se trate de: menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas, se seguirá abonando la pensión fijada como provisional, hasta en tanto se decida el recurso." Los numerales que anteceden evidencian en términos generales, que los alimentos son los satisfactores que una persona, dado el vínculo familiar, debe proporcionar a otra -en el caso, los progenitores respecto de sus hijos- que se encuentran en estado de necesidad a efecto de que éstos últimos cuenten con lo necesario para subsistir y vivir dignamente; que éstos son provisionales y definitivos; los provisionales, serán fijados de manera inmediata al admitir la demanda; en tanto que, respecto a los definitivos, la sentencia fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional y además, que en caso de que el fallo hubiese denegado los alimentos, y se haya recurrido, y que la parte acreedora se trate de: menores de edad, se seguirá abonando la pensión fijada como provisional, hasta en tanto se decida el recurso. Asimismo, cabe señalar que los artículos 1004 y 1005 del invocado Código Familiar para el Estado de Michoacán, señalan: "Artículo 1004. La audiencia de juicio, contendrá las siguientes etapas: I. Enunciación de la litis; II. Mediación o conciliación; III. Desahogo de pruebas; IV. Alegatos; y, V. Sentencia. En esta audiencia se aplicarán, en lo que no se opongan al presente capítulo, lo señalado para el procedimiento ordinario oral." "Artículo 1005. En la audiencia el juez emitirá la sentencia por escrito y explicará brevemente su contenido. En aquellos asuntos que por su complejidad lo requiera, o que legalmente no sea factible, la sentencia podrá dictarse dentro del plazo de diez días, en una audiencia que para ese efecto se convocará, misma que quedará notificada en ese acto concurran o no las partes." Como se ve, en el procedimiento especial oral, conforme a dichos numerales, el juez, en la audiencia de juicio, una vez agotadas las etapas de enunciación de la litis, mediación o conciliación, desahogo de pruebas y alegatos, debe emitir la sentencia por escrito y explicará brevemente su contenido, salvo el caso de que dada su complejidad no sea factible, podrá dictarse en diez días. Ahora bien, es un hecho notorio para la suscrita Juzgadora los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que el juicio de amparo 325/2022, fue tramitado por la tercero interesada en este asunto, en el cual, el acto ahí reclamado, derivó del propio juicio especial oral familiar 409/2019, juicio de amparo en el cual, en lo que aquí interesa aconteció lo siguiente: En auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional para el efecto que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y los ahí quejosos recibieran la pensión alimenticia que la autoridad responsable determinó; es decir, la establecida en el auto reclamado, hasta en tanto se resolvía sobre la legalidad del dicho acto. Mediante interlocutoria de dieciocho de julio del dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva para el efecto que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y los ahí quejosos recibieran la pensión alimenticia que la autoridad responsable determinó; es decir, la establecida en el auto reclamado (30%) y no fuera disminuída, en razón de que se consideró razonable lo informado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas. Medida que se dijo, surtiría efectos hasta que las responsables recibieran notificación respecto de la sentencia del juicio de amparo del que derivó el citado incidente de suspensión. Por otro lado, se negó la suspensión definitiva, para los efectos pretendidos por la parte quejosa, es decir, continuar recibiendo el 40% fijado en acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, dictado en el juicio civil 409/2019 en el que se fijara pensión provisional de alimentos a favor de los quejosos en dicho juicio de amparo. Que el treinta de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio principal del citado asunto y se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Leonor Casillas Martínez, por su propio derecho y en representación del menor de iniciales J.T.G.C., para los efectos siguientes: ". Deje insubsistente el auto emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, reclamado, y, Emita otro, en el cual reitere todos y cada uno de los argumentos emitidos en aquella determinación que no fueron materia de estudio en esta sentencia, y respecto a la deducción de la pensión que por concepto de alimentos fue solicitada por el demandado, determine, que previo a proveer lo que en derecho proceda, resulta necesario recabar las pruebas necesarias que acrediten las posibilidades económicas actuales del deudor alimentario, y en específico, que "actualmente", Juan Carlos Gómez Guzmán, paga las sumas que por concepto de pensión alimenticia le fue decretada respecto a sus menores hijos de iniciales A.L.G.A. y J.C.G.A., y en qué porcentaje, así como las necesidades actuales de los acreedores, y una vez que cuente con dichas pruebas, determine lo que conforme a derecho proceda." Se sostiene lo anterior, pues en primer lugar, dicha suspensión no tenía el efecto de que "no" fuera dictada la sentencia en el citado juicio familiar, y en segundo, como acertadamente lo argumentó la parte quejosa en este juicio de amparo, la litis del mismo consistió en determinar la constitucionalidad del auto que modificó el importe de los alimentos provisionales decretados a favor de la parte ahí quejosa, ante lo cual, el hecho de que no hubiesen sido emitidas a esa data, la interlocutoria que resolvió el incidente de suspensión y la sentencia que resolvió el juicio en lo principal, no eran motivo suficiente para que dicha autoridad se abstuviera de emitir la sentencia correspondiente, pues la litis del juicio natural, era el determinar lo relativo a la "pensión definitiva" solicitada a favor de la parte actora en aquel procedimiento, lo cual, de manera alguna se encontraba subjúdice a lo que fuera resuelto en el juicio de amparo 325/2022. Es así, pues como se advierte de los numerales anteriormente invocados, la pensión provisional subsiste mientras es emitida la determinación que resuelve lo relativo a la definitiva, misma que no incide en la etapa provisional de alimentos, dado su objeto, que consiste únicamente en determinar el monto que habrá de regir hasta el dictado de aquella. Máxime que a la fecha ya desapareció la imposibilidad jurídica que invocó el Juez responsable en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio natural, para resolver en definitiva en dicho procedimiento, pues como quedó de manifiesto, el dieciocho de julio de dos mil veintidós, se dictó la interlocutoria que resolvió el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 325/2022 y el treinta de junio del año en curso, se dictó sentencia en el juicio principal. En mérito a lo anterior, es inconcuso que en la especie, se trasgredieron los derechos previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque se incumplió con lo establecido en los artículos 1004 y 1005 del Código Familiar para el Estado de Michoacán; consecuentemente, con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho afectado; con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Juez responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente únicamente la determinación de reservar el dictado de la sentencia definitiva en el juicio especial oral familiar 409/2019, emitida el once de noviembre de dos mil veintidós, en la audiencia de continuación de juicio, y, Proceda al dictado de la sentencia definitiva en dicho procedimiento conforme a lo establecido en los artículos 1004 y 1005 del Código Familiar para el Estado de Michoacán y determine lo que conforme a derecho corresponda. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Gómez Guzmán, por el acto, autoridad y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES; HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE CONTROL (ELECTRÓNICO) DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y el mismo día en la Oficialía de Partes de este Juzgado, Juan Carlos Gómez Guzmán, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de la autoridad y acto siguientes: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Acuerdo emitido en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, al reservarse el dictar sentencia definitiva dentro del juicio especial oral 409/2019, por encontrarse pendiente la resolución de amparo sobre una medida cautelar. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito radicó la demanda bajo el número 726/2022 y la admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesada; fue señalada hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional; esto, de conformidad con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de títulos: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que integran el presente juicio, se advierte que se reclama lo siguiente: Lo determinado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, en el apartado que se reserva dictar sentencia definitiva dentro del juicio especial oral 409/2019, por encontrarse pendiente la resolución de diverso juicio de amparo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Es cierto el acto atribuido al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. La certeza de los actos reclamados se corrobora con el disco compacto en formato de video grabación y la copia certificada de la constancia del juicio especial familiar oral 409/2019, que la autoridad responsable remitió en apoyo a su informe con justificación, a la cual se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, dado que es una documental pública realizada y emitida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias a éste encomendadas por disposición de la Ley. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.".. CUARTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El tercero interesado en escrito presentado el diez de enero de la anualidad en curso, en lo que interesa señaló: ". DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO PORQUE LA RESERVA PARA EL DICTADO EN EL ESPECIAL FAMILIAR DE ORIGEN FUE EN CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE RESOLUTOR EN EL INDIRECTO 325/2022 DEL INDICE DE ESTE RESOLUTOR. .". Sin embargo, dicha causa de improcedencia se desestima, en virtud de que las razones en que se sustenta su actualización involucran el fondo del asunto; por tanto, dicho aspecto será abordado al examinar la cuestión planteada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, Novena Época, página 5, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." En virtud de lo anterior y toda vez que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte de manera oficiosa la actualización de alguna causa de improcedencia, ni fueron invocadas por las diversas partes del juicio, no se hará mayor pronunciamiento sobre el particular. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y, por tanto, se tienen por reproducidos en este apartado, máxime que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, sin que ello se traduzca en que no serán analizados, dado que se procederá a realizar una síntesis de los mismos atendiendo a su causa de pedir, a efecto de facilitar su estudio. Es aplicable la jurisprudencia de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN...". SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. El acto reclamado, como se precisó en párrafos precedentes, es lo determinado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, en el apartado que se reserva dictar sentencia definitiva dentro del juicio especial oral 409/2019, por encontrarse pendiente la resolución del juicio de amparo 325/2022 del índice de este propio Juzgado de Distrito. De los registros digitales del juicio 409/2019, que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se advierte lo siguiente: El once de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de continuación de juicio, de conformidad con el artículo 999 del Código Familiar del Estado, por todas y cada una de sus etapas procesales hasta la fase de emisión de sentencia, misma que el juez responsable ordenó reservar, dada la existencia del juicio de amparo 325/2022, promovido por Leonor Casillas Martínez y el menor de iniciales J.T.G.C., en el cual se concedió la suspensión provisional en contra del auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, pues a esa data dijo, no se tenía conocimiento de la resolución dictada en el incidente de suspensión o en el juicio principal, por lo que tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, dicho juzgador determinó abstenerse de dictar sentencia hasta en tanto se resolviera en definitiva dicho juicio de amparo. Ahora bien, sostiene la parte quejosa, que la determinación reclamada es violatoria de los derechos que a su favor establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque la responsable, con su actuar, violentó el procedimiento familiar, al no seguir lo establecido en el artículo 1005 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Refiere que es así, dado que dicha autoridad determinó no dictar la sentencia definitiva en el procedimiento de origen, sin fundar ni motivar su decisión de suspender el dictado de dicha sentencia, pues únicamente señaló: que "hasta en tanto no se resolviera el juicio de garantías promovido por mi contraria emitiría la sentencia", pasando por alto que, el juicio de amparo al que aludió es sobre medidas cautelares con relación a los alimentos provisionales, las cuales se tendrían que resolver de fondo en sentencia definitiva, y debe recordarse que los alimentos provisionales y los definitivos se encuentran en dos momentos procesales distintos, los cuales no guardan similitud ni se entorpecen si se dicta sentencia definitiva respecto al otorgamiento de los alimentos definitivos, pues ésta no incide en la etapa provisional de alimentos, en tanto que su objeto, consiste únicamente en determinar el monto alimentario que habrá de regir desde la sentencia hasta que la obligación alimentaria se extinga por alguna causa legal, además de que no tiene efectos restitutorios o indemnizatorios, cesando el otorgamiento de la medida cautelar hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva. Agrega, que incluso para la emisión de la resolución de amparo promovido por su contraria, no se le afectaría derecho alguno, pues no se actualiza causa de improcedencia si antes de resolverse el juicio se dicta sentencia en el juicio natural que fija la pensión alimenticia definitiva. Lo anterior, pues refiere, si bien la sentencia definitiva hace cesar la pensión provisional y genera una situación jurídica que se traduce en el reconocimiento pleno del derecho del acreedor alimentario y en la determinación de una pensión sustentada en las pruebas ofrecidas, también lo es que no repercute en la situación jurídica creada con motivo de la pensión provisional que, como medida cautelar, es de naturaleza transitoria o temporal y por tanto, subsiste exclusivamente hasta que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, y regula las necesidades alimentarias surgidas durante la tramitación del juicio de alimentos donde pueden afectarse derechos de los acreedores o deudores alimentarios, los cuales no disminuyen, incrementan o resarcen con el dictado de la sentencia, pues ésta no tiene por objeto modificar, confirmar o revocar la pensión provisional, ni corregir la insuficiencia o excesividad del monto provisional de alimentos y las consecuencias que tuvo en el patrimonio del acreedor o del deudor alimentario. De suerte que, sostiene, aunque la sentencia definitiva entraña una nueva situación jurídica, por virtud de ésta no se eliminarían las posibles violaciones que reclama su contraria, en caso de que las hubiera. Son fundados los argumentos esgrimidos, y a fin de justificarlo, resulta necesario señalar que el Código Familiar para el Estado de Michoacán, respecto a los alimentos provisionales y definitivos, en sus artículos 443, 464, fracción I, 470 y 473, señala: "Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia." "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; .". "Artículo 470. La sentencia que decrete los alimentos: I. Fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional; debiendo condenar además a abonarse por adelantado; y, II. Apercibirá al deudor alimentario que en caso de incumplir con el pago, se dará vista al agente del ministerio público, para que proceda en términos de la legislación penal." "Artículo 473. En caso de que el fallo hubiese denegado los alimentos, y se haya recurrido, y que la parte acreedora se trate de: menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas, se seguirá abonando la pensión fijada como provisional, hasta en tanto se decida el recurso." Los numerales que anteceden evidencian en términos generales, que los alimentos son los satisfactores que una persona, dado el vínculo familiar, debe proporcionar a otra -en el caso, los progenitores respecto de sus hijos- que se encuentran en estado de necesidad a efecto de que éstos últimos cuenten con lo necesario para subsistir y vivir dignamente; que éstos son provisionales y definitivos; los provisionales, serán fijados de manera inmediata al admitir la demanda; en tanto que, respecto a los definitivos, la sentencia fijará la pensión correspondiente, la cual tendrá el carácter de definitiva y sustituirá la provisional y además, que en caso de que el fallo hubiese denegado los alimentos, y se haya recurrido, y que la parte acreedora se trate de: menores de edad, se seguirá abonando la pensión fijada como provisional, hasta en tanto se decida el recurso. Asimismo, cabe señalar que los artículos 1004 y 1005 del invocado Código Familiar para el Estado de Michoacán, señalan: "Artículo 1004. La audiencia de juicio, contendrá las siguientes etapas: I. Enunciación de la litis; II. Mediación o conciliación; III. Desahogo de pruebas; IV. Alegatos; y, V. Sentencia. En esta audiencia se aplicarán, en lo que no se opongan al presente capítulo, lo señalado para el procedimiento ordinario oral." "Artículo 1005. En la audiencia el juez emitirá la sentencia por escrito y explicará brevemente su contenido. En aquellos asuntos que por su complejidad lo requiera, o que legalmente no sea factible, la sentencia podrá dictarse dentro del plazo de diez días, en una audiencia que para ese efecto se convocará, misma que quedará notificada en ese acto concurran o no las partes." Como se ve, en el procedimiento especial oral, conforme a dichos numerales, el juez, en la audiencia de juicio, una vez agotadas las etapas de enunciación de la litis, mediación o conciliación, desahogo de pruebas y alegatos, debe emitir la sentencia por escrito y explicará brevemente su contenido, salvo el caso de que dada su complejidad no sea factible, podrá dictarse en diez días. Ahora bien, es un hecho notorio para la suscrita Juzgadora los asuntos que se tramitan en este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que el juicio de amparo 325/2022, fue tramitado por la tercero interesada en este asunto, en el cual, el acto ahí reclamado, derivó del propio juicio especial oral familiar 409/2019, juicio de amparo en el cual, en lo que aquí interesa aconteció lo siguiente: En auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se concedió la suspensión provisional para el efecto que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y los ahí quejosos recibieran la pensión alimenticia que la autoridad responsable determinó; es decir, la establecida en el auto reclamado, hasta en tanto se resolvía sobre la legalidad del dicho acto. Mediante interlocutoria de dieciocho de julio del dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva para el efecto que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y los ahí quejosos recibieran la pensión alimenticia que la autoridad responsable determinó; es decir, la establecida en el auto reclamado (30%) y no fuera disminuída, en razón de que se consideró razonable lo informado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas. Medida que se dijo, surtiría efectos hasta que las responsables recibieran notificación respecto de la sentencia del juicio de amparo del que derivó el citado incidente de suspensión. Por otro lado, se negó la suspensión definitiva, para los efectos pretendidos por la parte quejosa, es decir, continuar recibiendo el 40% fijado en acuerdo de ocho de julio de dos mil veinte, dictado en el juicio civil 409/2019 en el que se fijara pensión provisional de alimentos a favor de los quejosos en dicho juicio de amparo. Que el treinta de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio principal del citado asunto y se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por Leonor Casillas Martínez, por su propio derecho y en representación del menor de iniciales J.T.G.C., para los efectos siguientes: ". Deje insubsistente el auto emitido el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, reclamado, y, Emita otro, en el cual reitere todos y cada uno de los argumentos emitidos en aquella determinación que no fueron materia de estudio en esta sentencia, y respecto a la deducción de la pensión que por concepto de alimentos fue solicitada por el demandado, determine, que previo a proveer lo que en derecho proceda, resulta necesario recabar las pruebas necesarias que acrediten las posibilidades económicas actuales del deudor alimentario, y en específico, que "actualmente", Juan Carlos Gómez Guzmán, paga las sumas que por concepto de pensión alimenticia le fue decretada respecto a sus menores hijos de iniciales A.L.G.A. y J.C.G.A., y en qué porcentaje, así como las necesidades actuales de los acreedores, y una vez que cuente con dichas pruebas, determine lo que conforme a derecho proceda." Se sostiene lo anterior, pues en primer lugar, dicha suspensión no tenía el efecto de que "no" fuera dictada la sentencia en el citado juicio familiar, y en segundo, como acertadamente lo argumentó la parte quejosa en este juicio de amparo, la litis del mismo consistió en determinar la constitucionalidad del auto que modificó el importe de los alimentos provisionales decretados a favor de la parte ahí quejosa, ante lo cual, el hecho de que no hubiesen sido emitidas a esa data, la interlocutoria que resolvió el incidente de suspensión y la sentencia que resolvió el juicio en lo principal, no eran motivo suficiente para que dicha autoridad se abstuviera de emitir la sentencia correspondiente, pues la litis del juicio natural, era el determinar lo relativo a la "pensión definitiva" solicitada a favor de la parte actora en aquel procedimiento, lo cual, de manera alguna se encontraba subjúdice a lo que fuera resuelto en el juicio de amparo 325/2022. Es así, pues como se advierte de los numerales anteriormente invocados, la pensión provisional subsiste mientras es emitida la determinación que resuelve lo relativo a la definitiva, misma que no incide en la etapa provisional de alimentos, dado su objeto, que consiste únicamente en determinar el monto que habrá de regir hasta el dictado de aquella. Máxime que a la fecha ya desapareció la imposibilidad jurídica que invocó el Juez responsable en la audiencia de once de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio natural, para resolver en definitiva en dicho procedimiento, pues como quedó de manifiesto, el dieciocho de julio de dos mil veintidós, se dictó la interlocutoria que resolvió el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 325/2022 y el treinta de junio del año en curso, se dictó sentencia en el juicio principal. En mérito a lo anterior, es inconcuso que en la especie, se trasgredieron los derechos previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque se incumplió con lo establecido en los artículos 1004 y 1005 del Código Familiar para el Estado de Michoacán; consecuentemente, con el objeto de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho afectado; con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Juez responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente únicamente la determinación de reservar el dictado de la sentencia definitiva en el juicio especial oral familiar 409/2019, emitida el once de noviembre de dos mil veintidós, en la audiencia de continuación de juicio, y, Proceda al dictado de la sentencia definitiva en dicho procedimiento conforme a lo establecido en los artículos 1004 y 1005 del Código Familiar para el Estado de Michoacán y determine lo que conforme a derecho corresponda. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Carlos Gómez Guzmán, por el acto, autoridad y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES; HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE CONTROL (ELECTRÓNICO) DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).
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