Juan Carlos Flores Meza

Expediente 76/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
76/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Flores Meza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia levantada por el actuario de la adscripción el quince de noviembre del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la autorizada de la parte quejosa el auto de catorce de noviembre del año en curso, por los motivos expuestos en la razón actuarial de que se trata. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que la notificación del auto de catorce de noviembre de esta anualidad, así como las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, se practiquen a la parte quejosa mediante lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese; y a la autorizada de la parte quejosa el auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés en la forma ordenada en este auto.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 1768/2023, firmado por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 1019/2023 (432/2023-D-A-A) derivado del auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, que se envió para que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, entre otras cosas, se recabara el acta de defunción del quejoso Juan Carlos Flores Meza; diligencia que se practicó el veinticuatro de octubre del año en curso, en la que se recabó certificado de defunción del quejoso, como se desprende de las constancias que se anexan; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. Acúsese recibo agradeciendo su valiosa intervención en las diligencias encomendadas y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. En sentencia pronunciada el doce de agosto de dos mil veintidós, la cual causó ejecutoria en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que las responsables Director del Hospital General de Dr. Ramón Ponce Álvarez", en Apatzingán, Michoacán y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con sede en Morelia, realizarán lo siguiente: "a).- En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en el caso, Múgica, Michoacán, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio. b).- Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que, el tratamiento definitivo al quejoso al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. c).- Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. d).- Si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario, se inicie expediente médico a nombre del quejoso, en el hospital que considera es mejor pare prestar ese servicio, tomando como referencia el Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez" de Apatzingán, Michoacán, y de no ser este la mejor opción para ello, señalar otro, cercano al domicilio del quejoso, donde se le pueda prestar la atención con los mismos alcances que en el hospital antes mencionado, con el fin de lograr cumplir con los efectos de esta sentencia. e).- Para efecto de los dos incisos anteriores, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez" de Apatzingán, Michoacán, para que sea abierto su expediente y valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. f).- En caso de que el servicio de hemodiálisis se preste en instituciones privadas bajo pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuando, las sesiones de hemodiálisis contratadas, así como a rendir la información sobre el expediente de la quejosa, a este juzgado, cuando se le requiera. En el caso concreto las autoridades responsables, realizaron diversas gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incluso en autos de dieciséis de febrero y veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con sede en Morelia, y Director del Hospital General de "Dr. Ramón Ponce Álvarez", en Apatzingán, Michoacán, informando las gestiones tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin embargo, del certificado de defunción que se adjuntó al oficio de que se trata, se advierte que el quejoso falleció el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, según se desprende del certificado de defunción que se adjunta al oficio de cuenta. Con lo anterior, este juzgado concluye que, si bien, las autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias para que le fuera proporcionada al quejoso la atención médica que requería, lo cierto es que no se está en condiciones de calificar si dicha atención médica resultó certera respecto de su padecimiento, a fin de declarar cumplido o no el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el fallecimiento del quejoso se traduce en la inexistencia por insubsistencia de materia que cumplimentar, lo que no implica que exista imposibilidad material y jurídica para que la autoridad responsable cumpla la ejecutoria de amparo; de ahí que, al desaparecer el objeto del cumplimiento, se resuelve que no existe materia del fallo protector. Sin que sea el caso remitir el expediente a la superioridad en términos del último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez, que al haberse declarado sin materia el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud del fallecimiento de la quejosa, dejó de tener ejecución el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la falta de atención médica; de ahí que, no hay derecho fundamental que reparar. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2023 (11a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Undécima Época, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 4417, cuyo rubro y texto dicen: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE EL ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho al analizar, en el trámite de cumplimiento de la sentencia de amparo, un supuesto de inexistencia de materia debido al desistimiento de la acción por la parte actora y/o por convenio entre las partes en el juicio de origen. La persona juzgadora de amparo declaró sin materia el cumplimiento y envió el incidente de inejecución de sentencia al órgano revisor, quien emitió pronunciamiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en caso de desistimiento de la acción por la parte actora y/o convenio de las partes en el juicio de origen, la persona juzgadora de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada al efecto, debe declarar sin materia el cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. Justificación: El operador de amparo debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; empero, no se actualiza tal figura en el supuesto de que la materia haya dejado de existir y, por ende, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Así, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Así, previa vista a las partes para que estén en condiciones de hacer valer lo que a su derecho corresponda conforme al artículo 201 de la Ley de Amparo, en su oportunidad ordenará el archivo del expediente. Consecuentemente, por regla general es innecesario que la persona juzgadora abra un incidente de inejecución de sentencia y es improcedente su trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. En ese sentido se proporciona congruencia al sistema de cumplimiento, ejecución e inejecución a que se contraen los artículos contenidos en el título tercero de la Ley de Amparo, la doctrina jurisprudencial y, en general, la normatividad aplicable, esto es, los acuerdos generales emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y personalmente al autorizado de la quejosa.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LUCERITO NARANJO ANAYA, AUTORIZADA DE LA PARTE QUEJOSA JUAN CARLOS FLORES MEZA, EL ACUERDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 76/2022, MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL FEDERAL, ESTO ES ASÍ, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN DONDE SE ORDENÓ REALIZAR LAS NOTIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA MENCIONADA PARTE, MISMO ACUERDO QUE DICE: Uruapan, Michoacán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 1768/2023, firmado por la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 1019/2023 (432/2023-D-A-A) derivado del auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, que se envió para que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, entre otras cosas, se recabara el acta de defunción del quejoso Juan Carlos Flores Meza; diligencia que se practicó el veinticuatro de octubre del año en curso, en la que se recabó certificado de defunción del quejoso, como se desprende de las constancias que se anexan; lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. Acúsese recibo agradeciendo su valiosa intervención en las diligencias encomendadas y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. En sentencia pronunciada el doce de agosto de dos mil veintidós, la cual causó ejecutoria en auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que las responsables Director del Hospital General de Dr. Ramón Ponce Álvarez", en Apatzingán, Michoacán y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con sede en Morelia, realizarán lo siguiente: "a).- En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en el caso, Múgica, Michoacán, a efecto de que sea la más cercana a su domicilio. b).- Se adopten las medidas sanitarias debidas, a efecto de que, el tratamiento definitivo al quejoso al padecimiento que presenta, en el lugar donde se le deba suministrar, contrarreste el riesgo la salud ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. c).- Ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, al menos dos veces por año, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. d).- Si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario, se inicie expediente médico a nombre del quejoso, en el hospital que considera es mejor pare prestar ese servicio, tomando como referencia el Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez" de Apatzingán, Michoacán, y de no ser este la mejor opción para ello, señalar otro, cercano al domicilio del quejoso, donde se le pueda prestar la atención con los mismos alcances que en el hospital antes mencionado, con el fin de lograr cumplir con los efectos de esta sentencia. e).- Para efecto de los dos incisos anteriores, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez" de Apatzingán, Michoacán, para que sea abierto su expediente y valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto, al menos dos veces por año. f).- En caso de que el servicio de hemodiálisis se preste en instituciones privadas bajo pago de la autoridad responsable, ésta se encontrará obligada a estar reportando mensualmente a la autoridad responsable que le hace el pago, si el quejoso ha recibido, cuántas veces y cuando, las sesiones de hemodiálisis contratadas, así como a rendir la información sobre el expediente de la quejosa, a este juzgado, cuando se le requiera. En el caso concreto las autoridades responsables, realizaron diversas gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, incluso en autos de dieciséis de febrero y veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, con sede en Morelia, y Director del Hospital General de "Dr. Ramón Ponce Álvarez", en Apatzingán, Michoacán, informando las gestiones tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin embargo, del certificado de defunción que se adjuntó al oficio de que se trata, se advierte que el quejoso falleció el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, según se desprende del certificado de defunción que se adjunta al oficio de cuenta. Con lo anterior, este juzgado concluye que, si bien, las autoridades responsables realizaron las gestiones necesarias para que le fuera proporcionada al quejoso la atención médica que requería, lo cierto es que no se está en condiciones de calificar si dicha atención médica resultó certera respecto de su padecimiento, a fin de declarar cumplido o no el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el fallecimiento del quejoso se traduce en la inexistencia por insubsistencia de materia que cumplimentar, lo que no implica que exista imposibilidad material y jurídica para que la autoridad responsable cumpla la ejecutoria de amparo; de ahí que, al desaparecer el objeto del cumplimiento, se resuelve que no existe materia del fallo protector. Sin que sea el caso remitir el expediente a la superioridad en términos del último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez, que al haberse declarado sin materia el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud del fallecimiento de la quejosa, dejó de tener ejecución el acto reclamado en el presente asunto, consistente en la falta de atención médica; de ahí que, no hay derecho fundamental que reparar. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2023 (11a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Undécima Época, Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 4417, cuyo rubro y texto dicen: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE EL ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho al analizar, en el trámite de cumplimiento de la sentencia de amparo, un supuesto de inexistencia de materia debido al desistimiento de la acción por la parte actora y/o por convenio entre las partes en el juicio de origen. La persona juzgadora de amparo declaró sin materia el cumplimiento y envió el incidente de inejecución de sentencia al órgano revisor, quien emitió pronunciamiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en caso de desistimiento de la acción por la parte actora y/o convenio de las partes en el juicio de origen, la persona juzgadora de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada al efecto, debe declarar sin materia el cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. Justificación: El operador de amparo debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; empero, no se actualiza tal figura en el supuesto de que la materia haya dejado de existir y, por ende, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Así, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Así, previa vista a las partes para que estén en condiciones de hacer valer lo que a su derecho corresponda conforme al artículo 201 de la Ley de Amparo, en su oportunidad ordenará el archivo del expediente. Consecuentemente, por regla general es innecesario que la persona juzgadora abra un incidente de inejecución de sentencia y es improcedente su trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. En ese sentido se proporciona congruencia al sistema de cumplimiento, ejecución e inejecución a que se contraen los artículos contenidos en el título tercero de la Ley de Amparo, la doctrina jurisprudencial y, en general, la normatividad aplicable, esto es, los acuerdos generales emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; y personalmente al autorizado de la quejosa.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que a través del escrito registrado con el consecutivo 3670, que remitió el representante legal de la clínica particular "Calidad en hemodiálisis" informó el fallecimiento del quejoso Juan Carlos Flores Meza (ocurrido el treinta y uno de julio de dos mil veintidós), motivo por el cual se requirió a la autoridad responsable, Director del Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez" de Apatzingán, Michoacán y al Oficial del Registro Civil de Múgica, Michoacán para que remitan la documental que acredite tal fallecimiento, sin que se haya logrado su obtención. Por tanto, a fin de corroborar el fallecimiento del quejoso, tomando en consideración que en la credencial para votar del quejoso que se adjuntó a la demanda de amparo, se advierte que éste tiene su domicilio en calle sin nombre sin número, localidad El Letrero, en Múgica, Michoacán, en tales condiciones, dado que fuera de lugar de residencia de este tribunal; con apoyo en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como en el 158, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, a fin de que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, realice lo siguiente: 1.- Se constituya en el domicilio antes indicado y requiera a los familiares o personas que lo habitan, le exhiban el acta de defunción de quejoso Juan Carlos Flores Meza (ocurrido el treinta y uno de julio de dos mil veintidós), y en su caso, recabe una copia de la misma, o bien, indague con ellos el lugar y fecha de defunción. 2.- Para el caso, de que no encuentre el domicilio o a los familiares del quejoso Juan Carlos Flores Meza, acuda al panteón municipal de esa localidad El Letrero, en Múgica, Michoacán y/o con el encargado del orden y/o presidencia municipal correspondiente, para que indague si en ese panteón se encuentra sepultado el quejoso, levantando el acta correspondiente. Hecho lo anterior, remita las constancias que acrediten el cumplimiento de la citada encomienda. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. NOTIFÍQUESE.

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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