Juan Carlos Gómez Gómez
Expediente 1227/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2019
Partes del expediente
- Juan Carlos Gómez Gómez
Actuaciones
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Juan Carlos Gómez Gómez, a través del cual solicita la devolución de la factura número A 42969, que adjunto a su escrito de demanda. Corolario a lo anterior, dígase al promovente que se esté a lo ordenado en proveído de seis de septiembre del año pasado (fojas 30 y 31). Notifíquese.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (fojas 26 a 28), en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otro lado, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dese vista al quejoso Juan Carlos Gómez Gómez, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger la factura número 42969, que adjuntó a su escrito de demanda, apercibido que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia certificada por el Secretario de este Juzgado; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VII)Toluca, Estado de México; veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Desahogo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene por recibido el escrito de cuenta suscrito por Juan Carlos Gómez Gómez, a través del cual desahoga la prevención formulada el quince de agosto de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, se tiene por cumplimentada la prevención de mérito por lo que se procede a proveer en los términos siguientes: Causa de improcedencia. Por ser preferente su estudio, primero se analiza la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En atención a lo anterior, del análisis integral de la demanda, así como del escrito de cuenta, este órgano jurisdiccional advierte que el presente juicio es improcedente porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." De conformidad con el numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. En el entendido que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, en el caso particular, el quejoso reclama la resolución administrativa de doce de julio de dos mil dieciocho, a través de la cual, el Delegado Regional de Movilidad del Estado de México, adscrito a la Dirección General de Movilidad Zona I, de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, le impuso una multa por la liberación del vehículo al que hace mención, la cual es un acto de índole administrativo; razón por la cual previo a acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debía impugnarla en sede administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos del Código Administrativo del Estado de México, pues al respecto existe jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa de este Circuito Judicial, en la que se definió que dicho ordenamiento no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los previsto en la Ley de Amparo y, por tanto, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. Dicho criterio está localizable en la Décima Época, Registro: 2010436, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: PC.II.A. J/3 A (10a.), Página: 2936, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.". Máxime que no se ubica en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que prevé la fracción XX del citado artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, se obtiene que el acto reclamado no carece de fundamentación, pues incluso se controvierte una indebida fundamentación y motivación por parte de la autoridad, destacando que la responsable consideró que el quejoso vulneró los numerales 706 y 7.13 del Código Administrativo de Estado de México. Aunado a que del análisis integral de los conceptos de violación contenidos en el escrito de demanda, no se advierte que el quejoso sólo alegue violaciones directas a la Constitución respecto a lo reclamado, porque como se destacó, aduce que carece de una debida fundamentación y motivación, lo cual es una cuestión de legalidad y no de constitucionalidad. Destacando que el juicio contencioso administrativo al que se ha hecho mención, se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y no en un reglamento. Sin que pase inadvertido que el quejoso señale como actos destacados el oficio y/o orden de visita de verificación de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, atribuidos a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México y al Director General de Movilidad Zona I, adscrito a la Dirección General de Movilidad Zona I, de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, así como la ejecución de la orden de verificación el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, respecto del Inspector y/o Verificador adscrito a la Dirección General de Movilidad Zona I, de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, toda vez que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se obtiene que tales actuaciones son previas al trámite del procedimiento administrativo en el que se emitió la resolución reclamada y precisamente son las que originaron la emisión de la multa contenida en la resolución en mención. Razón por la cual se estima que en todo caso también deberán ser motivo de impugnación en la vía administrativa correspondiente al inconformarse con la resolución que culminó dicho procedimiento. Máxime que en el supuesto que fuesen impugnadas en forma autónoma al procedimiento administrativo en comento, el presente juicio de amparo sería improcedente por extemporáneo, pues el quejoso refiere que tuvo conocimiento de ellos, desde el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, temporalidad en la que fue conducido con su vehículo al corralón; y, la demanda fue promovida más de dos meses después de esa situación, en concreto, cincuenta y cinco días hábiles posteriores a que ello ocurrió. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personal porque dicha notificación permite que las partes hagan valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de quince de agosto de dos mil dieciocho (fojas 21 a 23), se tuvo como domicilio del quejoso, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese la notificación de esta determinación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Gómez Gómez, por derecho propio, contra actos de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1227/2018-VII. Prevención. Ahora bien, el numeral 114 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)" En ese sentido, la fracción II del artículo 114, transcrito, no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos previstos en artículo 108 de la legislación en comento; sino cualquier deficiencia, irregularidad u omisión, expresamente indicadas en las restantes fracciones, que pudiese obstaculizar el trámite respectivo. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con copias del mismo, entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: Único. Deberá formular, "bajo protesta de decir verdad" una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le constan y constituyen antecedentes del acto reclamado. Ello en razón de que si bien es cierto, en su demanda incluyó un capítulo relativo a los hechos y abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado, en el que realizó diversas manifestaciones, también es cierto que dichas aseveraciones no se realizaron bajo protesta de decir verdad, lo cual evidencia que el promovente no dio cabal cumplimiento a lo previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, sin que pase inadvertido que en su capítulo en donde expresa la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, haya manifestado esa situación bajo protesta de decir verdad pues ello solo fue en cuanto a dicha temporalidad, no así respecto de sus antecedentes. Aunado a que dicha expresión no puede ser sustituida por la expresión final "protesto lo necesario", pues ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. Tal requerimiento obedece a que dicha formalidad constituye parte esencial del capítulo de antecedentes del acto reclamado, y del contexto de la demanda no se advierte de manera clara tal aspecto. Al caso es aplicable, por haberse interpretado disposición de similar contenido la tesis 347, publicada en la página 293 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 - 2000, tomo VI, Materia Común, registro 917881, cuyo rubro y texto son: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Asimismo, se invoca, la tesis número I.7o.A.100 K, que se aprecia en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." A la promovente se le apercibe que de no cumplir con los extremos del requerimiento formulado, en el lapso concedido para tal efecto, se procederá en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Autorizados. En atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones y documentos. Domicilio. En términos del artículo 26 fracción lll, la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de publicación que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional por así haberlo señalado. Habilitación. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con sustento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Resguardo de los documentos. Guárdese en la caja de seguridad de este Órgano Jurisdiccional el documento consistente en la factura número 42969, con el número de registro 8/2018. Notifíquese.
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