Juan Carlos García Reyes
Expediente 1270/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1270/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/10/2018
Partes del expediente
- Juan Carlos García Reyes
Actuaciones
- Principal
I) Toluca, Estado de México; ocho de octubre de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, donde se sobreseyó en el juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse, las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente cuaderno es depurable, pues se sobreseyó, sin embargo mediante auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho se concedió la suspensión de oficio y de plano en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto). En el entendido que en no existen documentos exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de distrito carece de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
I) Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil dieciocho. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, dese vista con el oficio signado por el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia del Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México, a través del cual rinde informe justificado. Lo anterior, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
i)Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Ténganse por recibidos los oficios signados por el Subdirector del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, en suplencia por ausencia del Director de dicho centro de reclusión, así como por el por el Coordinador del Área de Criminología del mismo centro carcelario y el Director Técnico Legal en ausencia y suplencia del Director General de Prevención y Reinserción Social, mediante los cuales rinden sus informes de cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano concedida al quejoso Juan Carlos García Reyes, mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho Asimismo, las primeras dos autoridades responsables de referencia rinden sus respectivos informes justificados. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes de referencia, efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Notifíquese.
- Principal
i) Toluca, Estado de México; veintidós de agosto de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda promovida... , contra actos del Director de Prevención y Readaptación Social en el Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1270/2018-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia del presente asunto, se hace consistir en: La orden de traslado del quejoso Juan Carlos García Reyes del Centro Preventivo y de Reinserción Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México a diverso Centro Federal de Readaptación Social. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo se suspende de plano y oficio el acto reclamado, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" La suspensión aquí otorgada no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte de la quejosa; Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales de la inculpada y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; Riesgo objetivo de la salud o la integridad de la quejosa; Peligro para los internos; Seguridad de la propia quejosa; Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. La suspensión concedida no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad diversa a las señaladas como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugnan; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluido el quejoso o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se ordene la apertura del incidente de suspensión, en virtud de que ya se proveyó respecto de la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables sus informes justificados, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se le reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PREVENCIÓN DE AUTORIDADES INEXISTENTES. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrán como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. NOTIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. DOMICILIO. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso las notificaciones del presente asunto en el lugar donde se encuentra recluido, por así solicitarlo expresamente en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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