Juan Carlos García Lara
Expediente 838/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Carlos García Lara
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del doce de noviembre de este año, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, en atención a que se desechó la demanda de amparo en este juicio. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese, por vía electrónica al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Michel Navarrete Archundia, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por ***********************, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 838/2020-III. El quejoso reclama el desahogo de la prueba confesional a su cargo, en su carácter de codemandado, en la audiencia del diecinueve de octubre del año en curso, dentro del juicio ordinario civil de responsabilidad subjetiva ***********, del índice del Juzgado responsable. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, 170, fracción I, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. De los preceptos se desprende que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, en virtud de que con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama no tiene efectos de imposible reparación, sino que se trata de una actuación que afecta derechos procesales de las partes en el juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afectan de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del proceso de origen; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Cabe precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Además, el perjuicio podrá actualizarse al dictar la sentencia definitiva del juicio natural, y será en ese momento cuando podrá evidenciarse si se agravió al quejoso, esto es, si la violación de que ahora se duele trascendió al resultado del fallo, debido a que aún no se resuelve el expediente ***********, del índice del juzgado responsable; pues, ello únicamente podrá materializarse al momento en que se resuelva dicho juicio, mismo que incluso, pudiera resultar favorable a sus pretensiones. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizado al usuario "*************" para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la Actuaria Judicial adscrita, a efecto de que realicen el registro correspondiente. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones a través del correo que señala, toda vez que la ley de la materia no lo contempla. Sin embargo, se toma conocimiento del mismo, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgado considere necesario durante la tramitación de este juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Michel Navarrete Archundia, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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