Juan Carlos García Habana
Expediente 1050/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Carlos García Habana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpongan recurso de revisión contra la sentencia con engrose al veintiocho de febrero del año en curso, en la que se negó el amparo y protección e la justicia federal solicitado por el quejoso **********, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes; glósense los cuadernos de suspensión respectivos y realícense las anotaciones conducentes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, hágase de su conocimiento que el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se terminó de engrosar la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa, en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado por el quejoso Juan Carlos García Habana, lo que se hizo de su conocimiento mediante el oficio 3746/2023. Asimismo, que una vez que dicho fallo cause ejecutoria, se notificará a las partes la determinación que al efecto se emita. En otro contexto, glósese a juicio de amparo en que se actúa, el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la promoción con registro 1690, al no existir razón legal para que obre por separado. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
II. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1050/2022-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ******************, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. SEGUNDO. El doce de septiembre de dos mil veintidós, este Órgano Jurisdiccional, radicó la demanda de trato, se admitió a trámite; solicitó su informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno y se emplazó como tercero interesado al licenciado ********************, Agente del Ministerio Público que intervino en la causa de control ********************. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, primer párrafo de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; con razón a que en el presente caso el acto reclamado fue ejecutado y se atribuye a la autoridad que tiene su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó; Del Juez de Control de Tlalnepantla de Baz, Estado de México: La determinación de la Juez de Control que rechaza el sobreseimiento propuesto por la defensa privada del inculpado, en la etapa intermedia, resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en la carpeta de administrativa número ********************por el delito de Cohecho en agravio de la Administración Pública. TERCERO. La Jueza de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, manifestó como cierto el acto que le fue reclamado, tal como se advierte de su correspondiente informe justificado registrado con el número de control interno ********************, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 748 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.-" Lo anterior se corrobora con el disco compacto versátil digital certificado, remitido por la autoridad responsable ordenadora en apoyo a su informe justificado, relativos a la carpeta administrativa ********************de la estadística de dicha autoridad; los que adquieren valor probatorio pleno, al haber sido certificados por la referida autoridad responsable, quien actuaron en cumplimiento a sus funciones, pues de la reproducción de los discos compactos con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relacionadas con el acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta. Además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde que se generó por primera vez, y en virtud de la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; luego, se le confiere el valor probatorio referido, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Resultan aplicables las jurisprudencias 226, 1a./J. 43/2013 (10a.) y 1a./J. 26/2019 (10a.), con rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." "VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO." CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de examen preferente. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." La autoridad responsable, en su informe con justificación, señala la inexistencia del acto reclamado, y en atención a lo expuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo en vigor, solicita se sobresea el presente asunto. Sin embargo, contrario a lo vertido por la responsable, resulta inoperante el argumento planteado por está, puesto que la misma manifiesta como cierto el acto reclamado al rendir su informe con justificación, aunado a que basta con imponerse del contenido del disco en formato DVD que anexo al mismo, para constatar la existencia de la resolución combatida en el presente sumario. Ahora bien, toda vez que las partes no hicieron valer causal diferente a la ya analizada y este juzgado no advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Atento a lo anterior, se procede el estudio del fondo del asunto al tenor de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, al no existir precepto legal alguno que obligue a este resolutor a su trascripción. Determinación que encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, registro 164618, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente epígrafe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Al respecto, la parte quejosa hace valer, como conceptos de violación, destacando los siguientes argumentos: 1.- La autoridad responsable niega el acceso efectivo a la Justicia del quejoso, apegándose a formalismos procedimentales que lo dejan en estado de indefensión, puesto que no se apega a lo previsto en los numerales 1, 2, 10, 11 y 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al momento de valorar los datos de prueba que le fueron expuestos en la solicitud de sobreseimiento de marras. 2.- La autoridad responsable violenta en su perjuicio sus derechos humanos en su vertiente de debido proceso, garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los Artículos 1º, párrafos tres y 20 apartado "A" fracciones II y X de la Constitución, puesto que no le asiste la razón porque desacredita e invalida sin argumento ni fundamento legal, las actuaciones del ministerio público, así como la valoración que hace de las entrevistas expuestas por la Defensa Privada, que el mismo ofertó como medios de prueba. Es pertinente destacar que opera a favor del quejoso la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que tiene el carácter de acusado dentro de la causa penal de la que emanan los actos reclamados, proceder que permite salvaguardar sus derechos, ya que esta figura obliga al juez de amparo a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales. Así lo informa la tesis aislada 1a. CXCIX/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Materia Penal, página 415 que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. PERMITE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL INCULPADO CUYA DEFENSA SE HAYA REALIZADO EN FORMA DEFICIENTE O NULA. En cualquier proceso penal pueden existir deficiencias en la estrategia del defensor, ya sea particular o de oficio, pero tal posibilidad no conlleva a afirmar que el juez está obligado a subsanarlas, pues exigir lo contrario sería tanto como obligarlo a velar por los intereses del inculpado, lo cual resultaría contrario al principio básico de imparcialidad que debe caracterizar su actuación. No obstante lo anterior, debe señalarse que la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, contenida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, permite salvaguardar los derechos del inculpado cuya defensa se haya realizado en forma deficiente o nula, pues esta figura obliga al juez de amparo a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales." Ahora, previo al estudio del acto reclamado, conviene precisar los siguientes antecedentes, los cuales se desprenden de la audiencia de la que deriva el acto: (.) Juez: Procede a individualizar a los intervinientes, y para tal efecto, concede el uso de la voz a la Fiscalía. Fiscalía: Se identifica y proporciona datos de localización. Juez: Concede el uso de la voz a la defensa para los mismos efectos. Defensa Privada: Se identifican y proporcionan datos de localización. Juez: En ese orden, concede el uso de la voz al acusado. Acusado: Se identifica. Juez: Tiene por individualizados y presentes a las partes, por lo que procede a declarar la apertura de la audiencia. Juez: Hace saber a los intervinientes la petición de sobreseimiento que fuera planteada por la defensa privada del acusado, mediante promoción. En tal virtud. Concede el uso de la voz a la defensa para que se haga cargo de su petición y exponga las razones por las cuales considera que se actualiza una causal de sobreseimiento. Defensa Privada: Haciéndose cargo de su solicitud, manifiesta: Que, solicita el sobreseimiento indicado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con base en los datos de prueba de los que se corrió un traslado a la representación social, en los cuales descansa una acta de inspección del lugar de los hechos, el cual está ubicado en ********************, lugar en que ocurrió el hecho imputado, el delito de cohecho que a la manifestación de los testigos que en su momento se presentaron durante la audiencia inicial, mencionaron que entraron con violencia al domicilio, a lo cual, en el acta de inspección se señala que no había ningún daño estructural en la puerta o en el interior del inmueble, lo que no es así, ya que en el acta de inspección del lugar de los hechos de fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, bajo la carpeta número ********************; que es en esta carpeta en donde se realizó la inspección y ubicación del lugar de los hechos, en la cual, en resumidas cuentas, determina que si se encuentra forzada y manipulada la puerta de acceso principal a la que se hace mención, que es en donde inicia todo el trayecto de situaciones que causan perjuicio a su representado; en el mismo se determina, también, que hay daños en algunos muebles, no varios, uno o dos, en su caso, y describe el acceso, agregando fotografías del lugar de los hechos. Que se menciona como dato de prueba, ya que, como se dijo, en audiencia inicial había un dictamen emitido por otro servidor público, quien refirió que no había un daño estructural, que no había ocurrido ningún acto de violencia durante el ingreso a inmueble que habita su representado y toda su familia, como son sus padres, sus hermanas sus hijos, y esposas; que dicha inspección fue realizada por el elemento de la policía de investigación adscrito a la Fiscalía de Combate a la Corrupción de Naucalpan, ********************, bajo la indagatoria ********************. Que en dicha inspección, se contradice lo manifestado en un principio por la representación social, junto con sus auxiliares siendo el policía de investigación que, en su momento, determinó que no existían esos daños. Que como siguiente dato de prueba, es la entrevista realizada a ********************, quien interviene como firmante en un acta circunstanciada, la cual realizan los elementos policíacos de nombre ********************y ********************, quienes son los que elaboran dicha acta, y mencionan que ******************** interviene en dicha diligencia. Esta entrevista fue tomada por el agente del ministerio público, ********************adscrito a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, bajo la misma carpeta ya mencionada, de fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós. Que ******************** se identificó con credencial de elector, firmando y poniendo su huella, respecto a lo que manifestó en la fecha mencionada, y a grandes rasgos mencionó que él nunca estuvo en el lugar de los hechos, ya que de septiembre a diciembre del año dos mil veinte, se encontraba internado en una clínica de rehabilitación para personas viciosas o con algún vicio, y estaba en tratamiento; por lo cual manifiesta que el once de noviembre del año dos mil veinte, no pudo haber estado en el lugar que se describe en el acta circunstanciada que mencionan los policías ********************y ********************. Siendo así que también manifiesta que fue buscado por personal de este honorable Juzgado, también por parte de la defensa particular y, en su oportunidad, se presentaron ante la representación social, es decir que se tuvo varias maneras de citarlo, y no se puede presumir que haya existido algún tipo de presión para este testigo, y él. de manera voluntaria, explica de manera clara los tiempos en que estuvo encerrado en este lugar, que no pudo estar el once de noviembre del año dos mil veinte, a las veintitrés horas, en donde se presume que el firmó. Refiere que no es su firma, si es su credencial, pero desconoce la manera en la que los elementos policiacos la tenían en su poder. Que, de igual manera, se tiene la entrevista de ********************, recabada por el agente del ministerio Ángel Maldonado, en sede ministerial de la Fiscalía Anticorrupción en la carpeta de investigación ya mencionada; testimonio que se recaba el diecisiete de enero del año dos mil veintidós, y, en esencial, este testigo manifiesta que ella, el día de los hechos siendo el once de noviembre del año dos mil veinte, en esa fecha y a la hora que indican los policías de investigación, ********************y ********************, ella no estuvo ahí, inclusive, ella ni siquiera conoce los hechos; que es residente del municipio de Jilotzingo, pero desconoce de eso; que efectivamente es su credencial, su identificación oficial, que consta de credencial para votar, pero jamás la proporcionó y jamás firmó ni estuvo presente en el lugar de los hechos como testigo, por lo que nunca firmó. Qué de ese dato de prueba ya tiene conocimiento la fiscalía; y que ese testimonio se recabó en dicho sede ministerial, obrando prueba anticipada de este. Que, como siguiente dato de prueba se desprende la entrevista de ********************; que este testigo declara en sede ministerial, en la Fiscalía de Combate a la Corrupción ante el mismo agente del ministerio público, ********************, siendo quienes recaban esta entrevista el veintidós de abril del año dos mil veintidós; esta persona refiere que el motivo de la detención el día once de noviembre de dos mil veinte, más o menos a la una y media de la tarde, por agentes de la policía de investigación, quienes los privan de la libertad los llevan a sede ministerial en Atizapán de Zaragoza, los incomunican, los golpean, y nunca les dicen el hecho por el cual están siendo detenidos, que jamás son asistidos por un defensor público; y lo que obra en la carpeta de investigación que nos ocupa, siendo la ********************, por el delito de cohecho, es información que se desconoce que eso está plasmado dentro de esa entrevista que fue recabada lícitamente por la autoridad mencionada; que dicha entrevista rendida el once de noviembre de dos mil veinte, en la sede ministerial de Atizapán de Zaragoza, misma entrevista que se relaciona con la carpeta de investigación que les ocupa, siendo la indicada. Que el entrevistado indica que el día once de noviembre del año dos mil veinte, siendo aproximadamente las diez horas, recibió una llamada de su amigo ********************, invitándolo a que fuera a recoger la factura de una camioneta, al lote de carros con domicilio en ********************, y que a cambio le invitaría dos mil pesos, lo que no se le sobraba, ya que en diversas ocasiones que había hecho trato con él, respecto de venta y compra de vehículos, no había tenido problema, así que aceptó, indicándole que tenía que estar ahí aproximadamente a las catorce horas, que, incluso, le dijo que lo acompañaría ********************, quien es su empleada y amiga en común; qué es aproximadamente a las trece horas con treinta minutos, que se quedó de ver con ********************, quien acudió con una menor de identidad de resguardada de iniciales ********************, y se dirigieron al lugar a bordo de su vehículo de la marca Z, tipo Ibiza, color blanco, con placas de circulación ******************** del Estado de México, llegando a la hora acordada, es decir, a las catorce horas, sin embargo, al llegar y preguntar por el encargado del lote de carros, fueron abordados por tres elementos de la policía, quienes invitaron a presentarse ante dicha autoridad, para recabarles una entrevista en relación a la factura que recogerían, sin embargo, él desconoce los hechos, como lo refirió anteriormente, que sólo acudió al lote de autos a recoger la factura, porque lo tenía registrado con el nombre de ********************, y por el volumen de la llamada, verificó que efectivamente se tratara de ********************, con quien platico unos minutos, y al colgar su llamada, ******************** le dijo "Ese pinche ********************, se pasa, hizo un jale allá por Jilotzingo con El Lalo, El Tío Chon, El Alexis y El Eduardo, a ver si no le brinca el pedo por El Chinito", a lo que no le dio importancia, ya que no le gusta meterse en problemas; siendo todo lo que desea manifestar. Que, con el dato de prueba que se presenta y del cual se corrió traslado a la fiscalía, se indica: que ese testimonio, en sede ministerial, de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, él indica que esa declaración la desconoce, que no declaró y que fue incomunicado, que primero fue privado de su libertad, retenido ilícitamente en sede ministerial, en Atizapán de Zaragoza, que nunca supo el hecho por el cual se le retiene, que nunca estuvo asistido por un defensor público, siendo lo que a groso modo manifiesta. Que en esa misma entrevista se refiere que se le dieron documentos a firmar, sin saber su contenido, ya que el mismo refiere que estaba haciendo amenazado, torturado y golpeado, con una serie de situaciones que atentaban contra su libertad y contra su dignidad, por las amenazas y por la forma en que le hablaban los policías de investigación. Que se presentó como dato de prueba la entrevista a cargo de la testigo de los hechos de nombre ******************** Stephanie Mayén Hernández, de fecha once de noviembre del año dos mil veinte, en contra de lo que refirió el día dieciocho de marzo de dos mil veintidós; indicando que fecha once de noviembre del año dos mil veinte, a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, la cual fue recabada en sede ministerial de Atizapán de Zaragoza, en donde indicó que el día once de noviembre del año dos mil veinte, más o menos a las diez y diez y media de la mañana, recibió una llamada telefónica de su amigo ********************, alias ********************, pidiéndole que por favor acompañara a ********************, quién es su jefe y amigo en común, a recoger la factura de una camioneta, a un lote de carros que está en Lomas Verdes, lo cual acepto, toda vez que ******************** es una persona de confianza y nunca ha tenido problemas con él, aparte de qué él le ha hecho algunos favores y quería corresponderle, así que le pidió a su amiga menor de identidad resguardada de iniciales ********************, que también los acompañara, quedando con Miguel de irse en su carro a la una media de la tarde, ya que después de ir por la factura, se pasarían a trabajar, así que al dirigirse hacia el lote de autos, nuevamente recibió una llamada por parte de ********************, quien se escuchaba muy nervioso, y preguntándole si ya habían pasado por la factura, a lo que contestó que ella iba en camino, pero al preguntarle si estaba bien, éste dijo "********************, me aventé un jale de mucho dinero, la neta El Lalo, El Tío Chon, El ********************, El Alexis y yo, levantamos a un chino y a su pareja", lo cual tomó como si estuviera jugando e insistió en que le contara lo que estaba pasando, a lo que contestó "Solo te lo digo porque somos amigos, pero la neta los tenemos en ********************, en casa de ********************, quien los está cuidando"; que ella creyó que seguía jugando y le dijo que ya le contara la verdad, pero éste dijo "Estás muy chava para entender pero es neta, me avisas cuando tengas la factura, yo te digo cuando la lleves, lo más seguro es que sea a casa de ********************, ahí en ********************, casi frente a la maderería, la casa es de fachada rústica y tiene puertas de color café, para que te ubiques", y que colgó la llamada sin que le pusiera interés, ya que siguió pensando que estaba jugando; que, cuando llegaron al lote de autos, aproximadamente a las dos de la tarde, cuando Miguel preguntó por la factura que iba a recoger, se les acercaron unas personas que dijeron ser policías, quienes les indicaron que la factura de la camioneta estaba relacionada con un supuesto robo de vehículo, lo cual, inmediatamente le hizo recordar lo que le acababa de decir ********************, por lo que, en cuanto a los policías, les dijeron que se presentaran ante dicha autoridad para que dijeran lo que sabían; le dio mucho miedo y se le hizo fácil ofrecerle dinero a los policías para que se pudiera ir, pero en realidad ella no sabe nada de lo que pasó sólo lo que ******************** le dijo cuándo llamaron por teléfono. Siendo todo lo que desea manifestar. Que esa entrevista se contrapone e evidencia la falsedad de las autoridades que recabaron esa entrevista, en este caso por el agente del ministerio público y por policía de investigación, ya que esta testigo, en su entrevista de fecha dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, que le fuera recabada por el agente del ministerio público, licenciado Juan ********************, adscrito a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, dentro de la carpeta ********************, este testigo refiere que desconoce de esa entrevista que indico, inclusive, igual que ********************, dice que ellos llegan al lote de autos a recoger una factura el día once de noviembre del año dos mil veinte, aproximadamente a la una y medio de la tarde que los hacen esperar en el lote de autos por aproximadamente treinta minutos, que llegan varios policías, que al momento los insultan de diversas formas, lo separan y los ponen en diversos carros, que a ella la meten en un vehículo y en todo momento le están diciendo que hable y que se conduzca con verdad, que diga qué hicieron con el chino, en dónde lo tenían que qué habla pasado con esta persona a la que habían privado de su libertad: ella en todo momento niega los hechos y dice que no sabe lo que le están hablando que por favor la dejaran de hablar con su familia para que supieran en donde iba a estar que estas personas le niegan hacer la llamada, le quitan sus cosas, la incomunican, la llevan a sede ministerial en Atizapán de Zaragoza, y ahí mismo la insultan, la golpean, la amenazan: que nunca estuvo asistida por un defensor público, que no le permiten hacer llamadas, y ella refiere que esa entrevista, al tenerla a la vista, la desconoce totalmente, ya que ella no conoce a ******************** y nunca dijo eso, que nada de eso es cierto, tan es así que ella lo refiere en sede ministerial, que ella no firmó esa entrevista, que eso no es cierto, que esa no es la verdad de los hechos y que la verdad de los hechos es la que manifestó, por lo que en ese momento denunció a los policías de investigación, sin poder referir mayor información como nombres porque no contaba con esa información, pero que ella dijo que si los tuviera a la vista, los podría reconocer, que porque esas personas la han afectado desde ese día. Que eso es a groso modo y en síntesis, lo que manifiesta esa persona ante la autoridad que recabo lícitamente esa entrevista Que esos cinco datos de prueba son los que se incorporan ante su señoría. - Interviene diverso defensor-. Que, con los datos ofrecidos en esta audiencia, en su conjunto se relacionan, ya que la declaración de ******************** Stephanie señala el domicilio de su representado es así como supuestamente los elementos ********************y ********************, llegan el domicilio de su representado e ingresan al mismo sin autorización alguna; es ahí la relación que se da con ******************** y Verónica Magdalena Rivera Reséndiz quienes firman el acta circunstanciada, y qué decir de las entrevistas que se han ventilado, lo niegan absolutamente y ante una autoridad competente. Por lo que hace a Miguel ******************** Monjaráz, se relaciona en la situación de qué acude a la agencia de autos a recoger la factura de la camioneta a que hace mención, y es ahí en donde son asegurados. Ahora, el acta de inspección que se ha ofrecido como dato de prueba contradice al acta rendida por el elemento policiaco de nombre ********************, quien es quien realiza la primera inspección y que dice que no hay ningún daño estructural en la puerta principal. En su conjunto, esto demuestra, conforme al artículo 321 fracción III, que su cliente nunca realizó un ofrecimiento de dinero para que los elementos de policía dejaran de hacer o realizar alguna actividad con relación a sus funciones, conforme al artículo 21 constitucional, violentando así, en todo momento, los derechos de su representado. Juez: Solicita a la defensa privada que precise que hipótesis de sobreseimiento estima se actualiza en el presente caso. Defensa Privada: Refiere que es la hipótesis contendida en la fracción III del artículo 327 de Código Nacional de Procedimientos Penales Juez: En atención al principio de contradicción, en control horizontal, concede el uso de la voz a la Fiscala para que manifieste lo a que su interés convenga en foro a la petición de la defensa privada. Fiscalía: En contestación a lo peticionado por la defensa privada, refiere: Que se le ha corrido traslado de la petición de sobreseimiento en la presente causa, sin embargo, precisa, que se le corrió un traslado en dónde, a pesar de lo señalado en la audiencia próxima pasada, las tres primeras fojas constan de copias fotostáticas incompletas, porque a simple vista se observa que están recortadas en sus renglones inferiores, siendo la primera por parte del texto, y las dos subsecuentes por márgenes. Asimismo, que dentro de las mismas copias, no siendo óbice que se cuenta con la indivisibilidad del Ministerio Público, las mismas cuenta con una alteración en la foja número nueve y diez, siendo que, en precisión, en la foja diez se encuentra tachado el número, por lo cual se presume alteración, además de qué sólo cuentan con un sello de seguimiento, no así de cotejo, ya que dentro de la lectura literal del preciso cotejo que se realiza, se lee "Cotejo. El presente agente del ministerio público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, sede Naucalpan de Juárez, Estado de México, en fecha dieciocho de agosto del año dos mil veintidós, cotejó la presente copia y consta de veintiún fojas útiles, es copia fiel de su original"; que aparece una firma con el nombre de Juan ********************, firma ilegible, y un sello de la fiscalía, no contando con la aseveración(sic) oficial, ya que este medio fue presentado por la defensa. Con respecto de ello, y ante esas precisiones que refiere sobre sus datos de prueba aludidos, la fiscalía considera que los mismos no son idóneos y pertinentes, toda vez que dichas declaraciones, en conjunto y en su contenido medular, al cual se le acaba de dar lectura; asimismo, la explicación de las mismas contribuyen a un hecho diverso y diferente, ya que son constantes de actas hechos correspondientes a una carpeta diferente, toda vez que la carpeta que nos ocupa, ********************, en donde se sigue el procedimiento por el hecho de cohecho cometido por particulares, en específico y en precisión, por los hechos ocurridos el once de noviembre, aproximadamente a las veintitrés horas con diez minutos, en donde agentes ministeriales manifiestan y ponen a disposición en fecha once de noviembre del año dos mil veinte, a las veintitrés con cincuenta horas, misma hora en que se da inicio del presente carpeta; los oficiales policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ********************y ********************, ponen a disposición al hoy imputado ******************** García Habana, por posibles hechos del delito de cohecho o actos de corrupción porque ellos deducen o aducen que al llegar a su domicilio, realizando actos derivados de un oficio de investigación de una carpeta diversa, el señor les menciona que ya sabía que venían ofreciéndoles cantidades de dinero para dejar de hacer sus labores, situación que es inherente a la presente carpeta, no así, los datos de prueba ofrecidos, toda vez que tienen que ver sobre hechos diversos de un levantamiento de un cadáver, situación que no nos ocupa, y es atípico a la presente carpeta, siendo que los hechos investigados y procesados en la presente causa, se refieren al delito de cohecho, no así a los hechos manifestados con respecto de la investigación deducida de la carpeta que ellos mismos manifiestan. Asimismo, y por lo que respecta a la misma acta de inspección que se manifiesta, se señala que la presente carpeta relata hechos ocurridos en el inmueble destinado a casa habitación que cuenta con fachada rústica de dos niveles en obra negra, con accesos de herrería metálica de color café, ubicada en calle Sendero del Escobar, sin número, poblado de ********************, colonia Espíritu Santo, municipio de Jilotzingo, en el Estado de México; siendo que de las precisiones que se realiza por la defensa, se señala que es calle Sendero del Escobar, número cinco, manzana doce, lote cinco, colonia ********************, en el municipio de Jilotzingo, Estado de México, situación que no es coincidente con la presente carpeta, a pesar de que sea realizado ante un agente del ministerio público diverso, se señala que el domicilio no es coincidente respecto de los hechos y del lugar de la presente carpeta que leas ocupa. Que, indistintamente señalan violaciones o alteraciones al domicilio, en una fecha que es claramente y evidentemente separada, ya que la misma que señalan es del trece de abril del año dos mil veintiuno, insistiendo que los hechos manifestados y señalados en la presente carpeta tienen que ver con los inherentes a fecha once de noviembre del año dos mil veinte. Considerando todo lo anterior es que se solicita el desechamiento de la solicitud realizada por la defensa, en torno a todo lo ya manifestado y vertido, y porque sus datos de prueba no sor idóneos ni tampoco pertinentes a su solicitud, y respecto de los hechos que se manejan en la presente carpeta Juez: Concede el uso de la voz a la defensa para que ejerza su derecho de réplica. Defensa Privada: Señala, que, comenzando con lo que indica el agente del ministerio público con relación a las primeras tres fojas, en efecto aparece como incompleta, pero revisando y platicando con el agente del ministerio público, su impresión así viene de origen, tan es así que el sello, en la parte inferior, se ve todavía ese sello, que ese sello se ve en el espacio en blanco y que así está de origen el mismo dato de prueba del cual se le corrió traslado a la fiscalía. En segundo momento, la fiscalía dice que hay una alteración en la foja nueve, diez, que él tuvo a bien solicitar dos juegos de esas copias certificadas, en donde si se tiene a bien intercambiar, se aprecia que ese error de folio es ajeno a la defensa, por lo que se presume queda claro que no hay ningún tipo de alteración, ni se está faltando al principio de deber de lealtad. Que también la fiscalía hace mención a que la defensa está variando los hechos, porque la carpeta de investigación o el hecho que hoy se investiga, deviene de la carpeta de investigación ********************, que esto fue iniciada el once de noviembre del año dos mi veinte, por el delito de cohecho cometido por particulares, en donde está como imputado su representado ******************** García Habana, pero que no se pierda de vista que, de acuerdo a la relación circunstanciada de los hechos atribuidos, y su clasificación jurídica que hizo en su momento la fiscalía, se recuerda que en fecha once de noviembre, siendo las veintitrés diez horas, los elementos de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de nombres ******************** y ********************, se constituyeron en la casa en donde habita el acusado, a decir ******************** García Habana, ubicada en Sendero del Escobar, sin número, poblado ********************, colonia Espíritu Santo, municipio de Jilotzingo, Estado de México, ya que en la carpeta de investigación diversas ********************, se desprendía información declarada por la investigada D********************, que en ese lugar se encontraba un ciudadano chino de nombre ********************, quien había sido víctima de desaparición en la carpeta de investigación diversa ********************, por lo cual, los elementos decidieron ingresar al domicilio por el riesgo inminente a la integridad corporal y libertad del ciudadano chino: y ahí dicen que se encontraba ******************** que ahí hizo el ofrecimiento de los cinco mil pesos, y que de ahí surge el hecho que se le atribuye. Que de ninguna manera son hechos diversos, que todo va relacionado; se debe recordar que los policías de investigación antes mencionados, llegan al domicilio de su representado, justamente por esa información, que una persona investigada, en este caso ********************, les dijo, -misma persona que como se ha indicado-, niega los hechos y manifiesta ante diversa autoridad que esa información no es cierta, tan no es cierta que no firma esa entrevista. Con relación al acta de inspección, a groso modo, que dice el agente del ministerio público que en ese lugar y que no se realizó; que el acta de inspección arroja que no ese lugar, al respecto, se le debe recordar a la fiscalía de la defensa no hizo esa acta de investigación, que eso lo hacen los policías de investigación, y que un primer momento, y en fecha trece de noviembre de noviembre de dos mil veinte, la hace el policía de investigación ********************, y que si bien es cierto lo que dice la fiscalía meses después, casi cinco meses después se realiza una inspección, que esto es ajeno a la defensa porque obra en actuaciones, que después de promover un amparo por incomunicación y que esa incomunicación se interrumpe hasta el día 13 de noviembre de 2020, es ahí que se solicita al agente del ministerio público que realice los actos de investigación, y no lo realiza, que hay un acuerdo ministerial en donde su homólogo, en fecha 16 de noviembre de 2020, se pronuncia al respecto y dice inclusive que hay responsabilidad penal contra esta agente del ministerio público por hechos de tortura. Que es una circunstancia ajena. Que los datos de prueba que desde el día de ayer se le corrieron traslado al agente del ministerio público, de ninguna manera se obtuvieron de manera ilícita, que sean pertinentes, que sean idóneos, porque son perfectamente compatibles con los datos de prueba que en su momento sirvieron para vincular a proceso a su representado. Juez: Cuestiona al acusado si está de acuerdo con lo manifestado por sus defensores. Acusado: Manifiesta estar de acuerdo con los argumentos expuestos por su defensa privada. Juez: Pregunta a la Fiscalía si es su deseo hacer uso de la dúplica. Fiscalía: Señala que insiste en su postura, reiterando los argumentos ya dados Juez: Cierra el debate respectivo y procede a resolver en torno a la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa privada del acusado, por lo que manifiesta: Qué en tomo al principio de contradicción, se ha dado el derecho a las partes en control horizontal, de plantear su petición así como contraponer los argumentos relativos por parte de la fiscalía. Que esta petición de sobreseimiento se puede realizar en cualquier momento, tal y como le realizó la defensa a través del escrito relativo; que así se establece en el artículo 327 al 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales: que se refiere que el ministerio público, el imputado o su defensor, podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa, recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia. Que el sobreseimiento procederá, y que se establecen cuáles son las hipótesis de procedencia del sobreseimiento. Que la defensa trae a consideración la hipótesis establecida en la fracción III, en donde se refiere que apareciera claramente la inocencia del imputado. Que esta autoridad, en términos del artículo 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, planteada esta solicitud, podrá rechazarlo o podrá decretar el sobreseimiento, incluso por motivo distinto al planteado, conforme lo prevé dicho código. Que de esos preceptos se desprende que para la actualización del sobreseimiento se requiere que quede probado, sin duda alguna, en este caso, la inocencia del imputado; que el estándar de prueba para una petición y procedencia de sobreseimiento no es el mismo entre la vinculación a proceso y la causa de sobreseimiento; que se afirma lo anterior atendiendo a que el sobreseimiento tiene el efecto de sentencia absolutoria, la cual pone fin al procedimiento en relación al imputado, en cuyo favor se dicta, que inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho, y hace cesar todas las medidas cautelares; que de ahí que no puede tenerse el mismo estándar probatorio en ambos casos, refiriendo al auto de vinculación a procesos conforme al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que, sin importar que causa de sobreseimiento, se pueda pedir en cualquier momento, sin embargo, ello no exime al peticionario de acreditar fehacientemente las causas para ello, en virtud de los argumentos que sean esgrimido, en cuanto al estándar probatorio que se exige para el dictado de un auto de vinculación a proceso, en contraposición o diferencia con el estándar probatorio de certeza que se exige para dictar un auto de sobreseimiento, por los efectos legales que ello implica. Que de ahí, considerando la naturaleza de este sobreseimiento, y atendiendo a los elementos de información, datos de prueba, que fueran recabados en una diversa carpeta de investigación ********************, conforme a la referencia de la defensa, de acuerdo a los elementos de información, en particular a cuatro entrevistas que fueron recabadas en esa carpeta de investigación, ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, es decir las entrevistas de ********************, ********************, Miguel Monjarás Fontanel, así como el distinto de ******************** Stephanie Mayén Hernández, estas entrevistas se tratan de datos de prueba que fueron recabados en aquella carpeta de investigación que se estima bajo los requisitos y cumplimiento de estos, como lo exigen los numerales 217, 221, y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que una vez que dicha unitaria ha ponderado estos datos de prueba, la información que de estos deviene, debe de hacer un análisis en torno a si estos son de tal envergadura para destruir los que en su momento fue base para una vinculación a proceso, pero se insiste, bajo el estándar probatorio de certeza que se exige para sobreseimiento. Bajo ese tenor, una vez que se analizó el contenido de estos datos de prueba, se estima que los mismos, bajo ese estándar probatorio, no pueden considerarse elementos fehacientes. y suficientes de tal envergadura para destruir los elementos probatorios que sirvieron de base para el dictado del auto de vinculación a proceso, ello es así, en razón de qué, en efecto, se advierte que el hecho por el cual se vinculara al justiciable, de acuerdo a la resolución de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo consistir en esencia en que ese día once de noviembre de dos mil veinte, siendo aproximadamente las veintitrés horas con diez minutos elementos policíacos, ********************y ********************, arribaron al domicilio del imputado, derivado de qué de una diversa carpeta de investigación, derivaba la entrevista de la persona de nombre ********************, quien proporcionaba referencias o información en torno a que era posible que en ese sitio se encontrara privado de su libertad a la persona desaparecida de nacionalidad china, por lo cual, los elementos policíacos refieren que ante esa circunstancia y virtud de qué en efecto estaba desaparecida una persona, incluso habla un boletín de búsqueda, es que deciden trasladarse a ese sitio e ingresar al interior del domicilio, localizando al imputado en el área de patio, quien finalmente les ofreciera una cantidad de dinero, con la finalidad de qué dejaran de investigar el paradero de aquella persona; posteriormente, refiere que después de la detención, por información que proporcionara el imputado, se logra finalmente la localización sin vida de la persona de nacionalidad china. Siendo este el hecho que se le atribuye al imputado, que en el particular es el de cohecho, previsto y sancionado por el artículo 346 fracción I. en relación con los numerales 6, 7 y 8 fracciones I y III, y 11 fracción I inciso c) del Código Penal Estatal. En su momento, este fue sustentado con diversos datos de prueba, como las entrevistas de ********************y ********************, igualmente un acta circunstanciada en presencia de dos testigos, ******************** y Verónica Magdalena Rivera Reséndiz, igualmente inspecciones del lugar de los hechos, dos inspecciones que se practicaron en donde se refiere que no presenta daños en su estructura ni en sus mecanismos de seguridad del portón del domicilio que nos ocupa; esto es, el domicilio ubicado, de acuerdo al hecho circunstanciada, esto es, el domicilio ubicado, de acuerdo al hecho circunstanciado, en calle Sendero del Escobar, sin número, poblado ********************, Espíritu Santo, municipio de Jilotzingo, Estado de México, que no se advierte que en aquel auto de vinculación a proceso fueran recabados o Incorporados datos de descargo por parte de la defensa, que se hacen consistir en las entrevistas de quienes refirieron ser también moradores de ese inmueble, Le********************, en donde establecieron diversas Circunstancias en torno a la detención del imputado, ello es decir que este no se encontraba en el patio, que se encontraba en diverso sitio, en una habitación, cuando arribaron los elementos policíacos, y de manera arbitraria llevaron a cabo la detención de éste. Bajo esa tesitura, en el auto de vinculación a proceso, se establecieron las razones por las cuales esos elementos de descargo no eran suficientes para no acreditar el hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado; que se autorizó un plazo de investigación complementaria en donde la finalidad era que las partes se allegaran de distintos (datos de prueba para lograr el objeto del proceso penal, el esclarecimiento de los hechos, de ahí entonces que la defensa, en torno al contenido de estos datos de prueba con los cuales pretende desvanecer esa circunstancia en el hecho delictuoso, en este acto da cuenta de las entrevistas de estas cuatro personas que se han referido. En el particular se advierte que se trata de retractaciones de las entrevistas de las personas, en este caso en particular, de la persona de nombre ******************** Stephanie Mayén Hernández; y se refiere a ella, porque en una diversa carpeta de investigación, hay un registro de qué en su momento ella emitiera una entrevista en fecha once de noviembre de dos mil veinte, en donde da cuenta del paradero posible de la persona de nacionalidad china, y una de dieciocho de marzo de dos mil veintidós en donde refiere que desconoce el contenido de aquella entrevista, así como diversas circunstancias de su detención y actos arbitrarios por parte de policías. Igualmente, el cuanto hace al testigo ********************, también refiere la defensa que se trata de una segunda versión en relación a una primera entrevista en la cual había sostenido estos mismos hechos, relacionados con la primigenia entrevista de ********************, y en esta segunda entrevista del veintidós de abril de dos mil veintidós, igualmente establece que desconoce el contenido de esa primigenia entrevista, que no estuvo asistida de defensor, que le hicieron firmar documentos bajo coacción, bajo amenazas de policías de investigación; ello, en cuanto hace a estas dos primeras entrevistas, de las que se advierte dos diversas versiones de estos testigos, en diversas carpetas de investigación, y en las segundas se establecen las razones por las cuales desconocen el contenido de su primera versión, y ahora aclarando que ello fue bajo coacción, bajo amenazas en caso de qué hayan realizado esa firma. Entonces, se debe ver que ante esta retractación, y ante estas dos versiones, resulta evidente que no se genera certeza en torno al esclarecimiento de los hechos, y para que se conceda validez a una segunda versión de los hechos, deben de satisfacerse diversos requisitos, de verosimilitud, ausencia de coacción y existencia de otros medios de prueba que los corroboren, ello conforme a la tesis con rubro INMEDIATEZ PROCESAL EN MATERIA PENAL, ANTE LA RETRACTACIÓN DE UN TESTIGO, ESE PRINCIPIO NO OPERA EN AUTOMÁTICO, POR LO QUE PARA OTORGARLE A ESTA VALOR PROBATORIO, Y EN SU CASO EFICACIA DEMOSTRATIVA, DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS QUE LE DAN SENTIDO", que son los que se han referido. De ahí entonces que, si bien, los testigos, tanto ******************** como ********************, establecen la razón por la cual desconocen el contenido de esas primeras entrevistas, lo cierto es que hasta este momento, al tratarse de datos de prueba, es decir la referencia a un medios de prueba aún no desahogado ante el Tribunal de Enjuiciamiento, a través de los principios de inmediación contradicción y publicidad, evidentemente se estima por esta unitaria que no alcanzan ese valor demostrativo que pretenden la defensa para destruir el resto de elementos probatorios en torno a este hecho delictuoso y la probable intervención del imputado, pese a que son indicios de que imposiblemente, por esas razones, firmaron en su momento esa entrevista con diversa narrativa lo cierto es que no se tiene certeza de ello. Se insiste, estos testigos deben de ser examinados a la luz de esos principios que rigen el procedimiento penal y en audiencia de juicio, en donde, a través del interrogatorio y contrata interrogatorio, se podrá advertir la veracidad o no con la que se conducen estos testigos, y se insiste, porque en particular, con estas dos versiones posteriores, no se tiene certeza de la inocencia del imputado, máxime, que las entrevistas de los primeros respondientes no han sido contradichas hasta este momento, en cuanto a advertir de su desposado alguna contradicción lógica, ello también será materia de debate en juicio oral en torno a la estimación que, en su momento, otorgue el juez de Tribunal de Enjuiciamiento. Sin embargo, como datos de prueba, hasta este momento, no son eficaces ni suficientes para destruir los de descargo. Ahora bien, obra también la entrevista de ********************, así como de ********************; ellos igualmente se conoce que firmaron un acta circunstanciada respecto del ingreso al domicilio del imputado, en aquella fecha once de noviembre de dos mil veinte. En esas entrevistas diversas de diecisiete de enero de dos mil veintidós, establecen que ellos no intervinieron en esa diligencia de intromisión al domicilio, que desconocen la razón por la cual la autoridad contaba con sus credencial; incluso refiere que Gabriel se encontraba en un diverso lugar, que estaba en un centro de rehabilitación en ese mes de noviembre de dos mil veinte. Igualmente se presume que estos datos de prueba fueron recabados por autoridad ministerial, cumpliendo los requisitos para tal efecto, no obstante lo anterior, sigue la misma suerte, pues hasta este momento no se ha aportado algún dato de prueba de tal envergadura y objetivo para establecer la no intervención de las personas en cuestión, incluso para controvertir la firma estampada en aquella acta circunstanciada del ingreso; entonces, véase que son entrevistas, datos o referencias a medios de prueba que evidentemente no son suficientes para controvertir el resto del material probatorio que, en su momento, sirvió para emitir el auto de vinculación a proceso; los señalamientos de los primeros respondientes, las diligencias de inspección, dada la naturaleza de este hecho delictuoso, tampoco han sido contradichas. Y por otro lado, cierto es que se recabó una diligencia de inspección en fecha trece de abril de dos mil veintiuno, por diverso policía de investigación, ********************en donde se establece que advierte forzadura en la puerta principal, no obstante lo anterior, estos hechos que se atribuyen al imputado, ocurrieron desde fecha once de noviembre de dos mil veinte, esta temporalidad, en este lapso de tiempo que ha pasado de una fecha a otra, evidentemente da cuenta de que le lugar de los hechos no se encuentra conservado, pasado este tiempo, salvo prueba en contrario, sin embargo, no es un dato contundente para establecer esta circunstancia. No obstante lo anterior, los propios policías de investigación establecen, de acuerdo a su narrativa, que ante el riesgo inminente, deciden ingresar al interior del domicilio; bajo esa tesitura, se advierte por esta unitaria, que, en efecto, ellos ingresaron y era factible entonces de que hicieran uso de alguna forzadura de la puerta para lograr el ingreso, en el supuesto no concedido. Bajo esa tesitura, esta unitaria reitera antes estas dos posturas antagónicas. por una parte los datos de cargo de la Fiscalía, los de descargo de la defensa, estima que estas cuestiones esenciales, antes esas dos posturas antagónicas, deben resolverse en la etapa de juicio oral cuyo objeto es esa finalidad, resolver el fondo, la esencia de la controversia; ello así lo establece el artículo 20 Constitucional, en su apartado A, fracción VIl, en donde se refiere que- la presentación de los argumentos y elementos probatorios se desarrollará de manera pública contradictoria y oral; la cuestión esencial debe ser discernida por el Tribunal de Enjuiciamiento que acrediten la inocencia del imputada en el hecho delictuoso que se le atribuye. Estos datos de prueba que sustenten un sobreseimiento deben tener esa envergadura, tener un grado de certeza que lleve a establecer que sin lugar a dudas, resulta evidente la inocencia del imputado Bajo los argumentos anteriores, esta unitaria, en términos del numeral 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, rechaza la petición de sobreseimiento de la defensa. Se insiste, no son elementos de información suficientes para desvirtuar el hecho y la probable intervención que se le atribuye al imputado. Los datos de prueba de la defensa son meramente referencias al contenido de un medios de prueba que debe desahogarse en juicio para que, una vez que se desahogue conforme a las formalidades de ley, adquiera eficacia demostrativa, en su caso de plenitud y certeza, conforme al alcance que pretende la defensa, dado que las cuestiones esenciales del procedimientos, es decir, determinar el delito, la responsabilidad penal y las consecuencias del delito, son motivo de la etapa de juicio, conforme al numeral 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se insiste, ante estas dos versiones de testigos, evidentemente deben de ser examinados para que, con base en esos criterios de verosimilitud, ausencia de coacción y congruencia, de sus atestes, bajo el interrogatorio y contra interrogatorio, finalmente constituyan prueba, y entonces el juez de Tribunal de Enjuiciamiento valore estos y finalmente otorgue el valor relativo para lograr el objeto del proceso penal; lo cual no ocurre hasta este momento, ante esas dos versiones antagónicas. Y por otro lado, ya se refirió lo relativo a esa negativa de los testigos, ********************, en torno a no haber intervenido en ese hecho, pues también se contrapone con otro registro, la propia acta circunstanciada, entonces no se cuenta con datos de prueba suficientes para establecer si intervinieron como obra su firma o no intervinieron como ellos están señalando. Se reitera, entonces, estos argumentos y elementos de información no son suficientes para actualizar la causal de sobreseimiento, ni siquiera su pretexto de hacer una interpretación amplia o extensiva, o incluso con base en el principio de presunción de inocencia, ya que el mismo puede ser constituvo de derechos o cabida a interpretaciones favorables, cuando no encuentra sustento con elementos de información suficientes. Es así como resuelve esta unitaria, en términos del numeral 330 del Código adjetivo; se rechaza la petición de sobreseimiento. Bajo esa tesitura, se habrá de continuar con la etapa intermedia, los actos relativos, conforme lo establece el numeral 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (.) Expuesto lo anterior, este juzgador estima que la determinación reclamada se encuentra ajustada a derecho y que los conceptos de violación de la parte quejosa son infundados, por los siguientes argumentos: De inicio, debe precisarse LA NATURALEZA Y ALCANCE del sobreseimiento decretado antes de la etapa de juicio en términos de lo que precisan los numerales 327, 328, 329 y 330, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra señalan: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: El hecho no se cometió; El hecho cometido no constituye delito; Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; El imputado esté exento de responsabilidad penal; Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; Muerte del imputado, o En los demás casos en que lo disponga la ley." "Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado." "Artículo 329. Sobreseimiento total o parcial El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél." "Artículo 330. Facultades del Juez respecto del sobreseimiento El Juez de control, al pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento planteada por cualquiera de las partes, podrá rechazarlo o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código. Si la víctima u ofendido se opone a la solicitud de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, el Juez de control se pronunciará con base en los argumentos expuestos por las partes y el mérito de la causa. Si el Juez de control admite las objeciones de la víctima u ofendido, denegará la solicitud de sobreseimiento. De no mediar oposición, la solicitud de sobreseimiento se declarará procedente sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir." De acuerdo con los numerales transcritos, el sobreseimiento es una resolución que pone fin de manera parcial o total (puede ser por un imputado o por un delito) al procedimiento penal, previamente al inicio de la etapa de juicio, dicha resolución tiene efectos de sentencia absolutoria cuando queda firme a favor de la persona a quien se emite, haciendo cesar todas las medidas cautelares impuestas. Para resolver sobre el sobreseimiento, el Juez debe considerar lo expuesto por las partes, en el entendido que el juzgador debe analizar si es procedente el sobreseimiento por la causa planteada o por algún motivo diverso. Aquí hay un punto importante y primordial, que es la participación de la víctima u ofendido, ya que, si el Juez admite sus objeciones, debe denegar la solicitud de sobreseimiento y solo en caso de no haber oposición, la autoridad judicial debe declarar procedente la solicitud. En esa tesitura, el sobreseimiento es una figura que permite la terminación de un procedimiento de manera anticipada, lo cual se erige como un derecho de la parte imputada para evitar la sujeción a un juicio y en su caso, recobrar la libertad o en su caso que dejen de surtir efectos las medidas cautelares; empero al ser equiparada con una sentencia absolutoria, no puede sustentarse en indicios o presunciones, sino en datos inequívocos que lleven a la convicción al juzgador sobre la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el numeral 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se sostiene lo anterior, porque el procedimiento penal acusatorio está sustentado en un principio de respeto a los derechos humanos de todas las partes, donde el legislador previó que no puede soslayarse la actividad de la víctima u ofendido, de ahí la importancia de que en audiencia se considere de forma preponderante la posible existencia de objeciones de la contraparte del imputado. Ahora, para evidenciar cuál es la actividad de valoración que se realiza en juicio oral y a cuál se refiere el legislador al permitir el sobreseimiento anticipado, debe destacarse que la actividad probatoria EN LA ETAPA DE JUICIO tiene como finalidad que el tribunal de enjuiciamiento pueda apreciar las pruebas de las partes sometidas a contradictorio, donde en términos de lo que explicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 5601/2014, debe atenderse la suficiencia probatoria a partir de: - Un análisis conjunto de los niveles de corroboración de la hipótesis de culpabilidad alegada por el Ministerio Público y de la propuesta de la defensa. - Además, que las pruebas de descargo pueden operar de dos formas para generar duda razonable, esto es a) cuestionando la credibilidad de las pruebas de cargo que sostienen la acusación, y b) corroborando la hipótesis de inocencia alegada por la defensa. El Alto Tribunal explicó la presunción de inocencia, destacando la siguiente clasificación: a) Presunción de inocencia como estándar de prueba, entendiéndose por este ".como una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado las pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona", asimismo, determinó que aquí hay dos vertientes, que son el estándar propiamente dicho (que son las condiciones que deben satisfacer las pruebas de cargo) y la regla de la carga de la prueba, entendido por ella como una norma que establece a cuál de las partes debe perjudicar procesalmente por no satisfacer el estándar de prueba. Asimismo, que en términos de lo que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la falta de prueba plena en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, empero que la prueba plena, no puede entenderse como absoluta, por lo que cualquier duda debe ser utilizada a favor del acusado, de ahí que los tribunales deben realizar un ejercicio en el que analicen si las pruebas de cargo desvirtúan las hipótesis de inocencia y si las pruebas de descargo arrojen una duda razonable respecto a la hipótesis de la fiscalía. b) La presunción de inocencia como regla probatoria, que se refiere a los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que debe reunir la prueba de cargo, la cual es directa cuando se refiere directamente a los hechos e indirecta cuando se refiere a un punto secundario; además de tener implícita la carga probatoria por parte del órgano acusador. Máxime que se deben respetar los principios de publicidad, contradicción e inmediación. Tras la explicación sobre la valoración probatoria en juicio, es pertinente realizar la siguiente pregunta: ¿El ejercicio valorativo de ponderación de las pruebas de la fiscalía y la aplicación de la duda razonable pueden ser realizados por el juzgador en la resolución de sobreseimiento planteado en términos del numeral 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales? La respuesta es negativa, y la razón de ser es simple, el sobreseimiento no es un juicio previo, aquí el juzgador de control no puede llevar a cabo un análisis conjunto de los niveles de corroboración de la hipótesis de culpabilidad alegada por el Ministerio Público y de la propuesta de la defensa, tampoco puede realizar una ponderación sobre si las pruebas de descargo cuestionan la credibilidad de las pruebas de cargo que sostienen la acusación, o si corroboran la hipótesis de inocencia alegada por la defensa, porque la Juez de Control no tiene las herramientas, la información necesaria y con justo equilibrio de las partes para hacerlo, precisamente porque como se explicó, es un ejercicio que debe realizarse en la sentencia, donde se hayan considerado todas las pruebas y elementos debatidos ante el Juez o Tribunal de enjuiciamiento. Como también se dijo, el sobreseimiento es una figura en que una de las partes plantea la posibilidad de que se emita un sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria, siempre y cuando cuente con elementos que indiquen sin duda alguna, que se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el numeral referido. Atento a ello, es claro que la intención del legislador al plasmar la intervención de la contraparte de la parte imputada, fue que el Juez pueda advertir si los elementos de prueba en que se sustenta la solicitud generan duda sobre la procedencia, entonces, debe rechazarse dicho sobreseimiento. Tal situación es así, ya que no ha existido un ejercicio de contradicción de dichos elementos probatorios (entendiendo por contradicción de los medios probatorios, como aquella posibilidad de objetar y expresar contrapruebas) para que el juzgador pueda realizar el ejercicio de valoración que se requiere para el dictado de una sentencia, de lo contrario, se dejaría en indefensión al pasivo del delito. En el caso específico, la parte quejosa expuso en la audiencia que el hecho que se le atribuye es el previsto en el artículo 346 párrafo primero fracción I, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, 11 fracción I inciso C, todos del Código Penal vigente en el Estado de México, que hace alusión al delito de Cohecho, en agravio de la Administración Pública. En ese orden, la juzgadora sostuvo que en esta etapa no puede llevarse a cabo un ejercicio de valoración entre los datos que sostuvieron el dictado del auto a vinculación a proceso y los ofertados en esa audiencia por la parte promovente y que hasta el momento en que se dictó dicha determinación no se cuenta con datos de prueba fehacientes y suficientes que acrediten la inocencia del imputado en el hecho delictuoso que se le atribuye, debe declararse improcedente la solicitud. Máxime que dichos datos ofertados por la defensa podían ser debatidos en juicio, ya que para decretarse el sobreseimiento en virtud de que apareciere claramente establecida la inocencia del imputado, debe quedar plenamente acreditada la inocencia de este. Dichos conceptos de violación son infundados, pues se reitera, EL EJERCICIO DE VALORACIÓN QUE EL IMPUTADO PRETENDE QUE LA JUEZ LLEVARA A CABO NO ES PROCEDENTE EN LA ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA LA CAUSA PENAL, ya que dicho proceder debe realizarse forzosamente en etapa de juicio, donde se puede analizar incluso si puede aplicarse a favor del acusado la duda razonable, en caso de que las pruebas de descargo generen determinada certeza sobre la hipótesis de la fiscalía, pero en el caso, no puede ser así, ya que la Juez estaba obligada a decretar el sobreseimiento solo en caso de que los datos fueran contundentes y no existiera duda, pero en el caso, la Juez precisó claramente que los datos de la defensa no generaban certeza plena para esa etapa procesal, de ahí que su actuar sea legal. Cierto, la certeza o plenitud de las pruebas para decretar el sobreseimiento no dependen de lo que la parte imputada estime que está acreditado, sino de las dudas que puedan generarse en el propio debate; en el caso, la Juez fue clara en referir que los datos de pruebas aportados en la citada audiencia no son elementos de información suficientes para desvirtuar el hecho y la probable intervención que se le atribuye al imputado. Los datos de prueba de la defensa son meramente referencias al contenido de un medio de prueba que debe desahogarse en juicio para que, una vez que se desahogue conforme a las formalidades de ley, adquiera eficacia demostrativa, en su caso de plenitud y certeza, conforme al alcance que pretende la defensa, de ahí que estimó que el debate sobre el alcance de dichos datos de prueba tendrían que ser contrapuestas a los demás medios probatorios y analizados en su conjunto por el tribunal de enjuiciamiento, ya que de lo contrario se estaría adelantando un análisis que es propio de otra etapa. Sobre este aspecto, la propia quejosa refiere que la Juez no cuenta con un parámetro real que permita decir que las entrevistas son retractaciones, contrarias a la verdad y lógica expuestas por la defensa, de igual manera que no le asiste la razón en desacreditar en invalidar las actuaciones del ministerio público en ejercicio de sus funciones de investigación; empero se estima infundada tal aseveración, dado que como se explicó, tal estándar de prueba es materia del juicio y en el acto analizado se trata de la audiencia generada a petición del acusado quien estimó contar con pruebas que acreditan plenamente su postura; de ahí que no se pueda estimar que la juzgadora haya negado el acceso efectivo a la justicia, apegándose a formalismos procedimentales, sino que su deber para resolver favorable un sobreseimiento, es verificar que no exista duda sobre la hipótesis planteada. Se vuelve a insistir, la determinación es ajustada a derecho, porque lo relevante en la audiencia de sobreseimiento materia de análisis, no es solo plantear la duda sobre la hipótesis ministerial, pues eso es materia de la sentencia como legalmente estableció la juzgadora responsable; pues se insiste, el debate realizado en razón a las entrevistas aportadas como elementos probatorios, así como las actuaciones ministeriales realizados en cumplimiento de su labor de investigación por parte del agente en cita, tendrían que analizarse a la luz de las preguntas que se plantearon y de los hechos y demás probanzas existentes. Luego, formuló como concepto de violación, que la autoridad determinó de manera equivocada que las entrevistas aportadas, son retractaciones de las primeras entrevistas, sin tomar en consideración, que del contenido de las entrevistas, no se advierte retractación alguna. Dicho motivo de disenso es infundado, pues si bien en la audiencia existió un debate en torno a si los elementos ofertados en la audiencia de mérito eran los mismos que se invocaron en etapas anteriores, lo cierto es que la juzgadora sí entró al análisis respectivo, esto es no determinó que se tratara de los mismos, sino que aclaró que tampoco daban claridad plena sobre la hipótesis de la defensa, esto es, quedará plenamente demostrada la inocencia del imputado, por lo que insistió que las probanzas fueran materia del contradictorio en la etapa de juicio oral. Asimismo, la quejosa sostuvo como concepto de violación, que la autoridad desestimó sin fundamento la vía procesal para hacer valer el sobreseimiento, ya que refirió que no puede valorar pruebas, sino que ello se debe hacer hasta la etapa de juicio; además el sobreseimiento puede ser solicitado en cualquier momento. Tal motivo de inconformidad es infundado, ya que como se dijo con anterioridad, en la audiencia de sobreseimiento no puede ejercerse la valoración de pruebas, porque no existen las bases para ello; además la Juez no desestimó la vía procesal para que la acusada hiciera valer su pretensión, sino que explicó la importancia de cada etapa y por qué no tendría que existir duda sobre el sobreseimiento planteado para que fuera procedente, esto es, que dicha audiencia no debe entenderse como una audiencia de juicio anticipada. Además, el ejercicio de contradicción y desde luego la inmediación que debe existir por parte de la juzgadora y al cual hizo alusión, tienen cabida dentro de la etapa de juicio, pues se refiere a la posibilidad de que en la etapa de desahogo de dichos elementos de prueba, pueda surgir la información necesaria para resolver el asunto, pues el ejercicio de valoración que un Juez o Tribunal realiza en la sentencia, es exhaustivo considerando absolutamente todas las pruebas que en su caso haya presentado las partes y de ese modo estar en condiciones de establecer cómo opera la presunción de inocencia. En ese sentido, el contradictorio a que refiere la impetrante que se llevó a cabo en la audiencia en que se emitió el acto reclamado, tiene cabida en esa etapa, exclusivamente en el derecho de la víctima u ofendido y en su caso de la facultad del Ministerio Público para exponer sus argumentos respecto a la solicitud de sobreseimiento, no así, respecto al debate probatorio que se insiste, como sostuvo la juzgadora responsable, será materia de la etapa de juicio. Atento lo anterior, se considera que el acto reclamado fue emitido de manera legal, pues se encuentra ajustado a las reglas previstas en los numerales 327 a 330, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y tal como lo sostuvo la juzgadora responsable, en la etapa que se analiza, no puede realizarse una valoración como pretende el quejoso, dado que ese ejercicio ponderativo y de contraposición de pruebas para evidenciar la forma en que opera la presunción de inocencia, ya sea en su vertiente de estándar de prueba y regla probatoria es propia de la sentencia. En esa línea de pensamiento, esta juzgadora no advierte queja deficiente que suplir y ante lo infundados de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** García Habana contra el acto consistente en la determinación dictada en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dentro de los autos de la causa penal ********************; atribuido a la Juez de Control de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 77, fracción I, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************** García Habana, contra el acto consistente en la determinación dictada en audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dentro de los autos de la causa penal ********************; atribuido a la Juez de Control de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; por los razonamientos expuestos en el considerativo último de la presente resolución Notifíquese mediante lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe hasta el día de hoy veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores de este Juzgado de Distrito lo permitieron. Doy fe. Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hago constar y CERTIFICO: Que la hora contenida en la evidencia criptográfica de esta acta no coincide con la hora del cierre de audiencia, derivado de que hasta este momento fue posible su autorización por el titular derivado de la carga de trabajo que existe en el órgano jurisdiccional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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