Juan Carlos Garcia Cortes
Expediente 790/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 33 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Carlos Garcia Cortes
- Juez de Control de Proceso, con sede en la congregacion La Toma, municipio de Amatlan de los Reyes, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Incidental
Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del disco de videograbación remitido por el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control de Proceso del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Córdoba, con sede en la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que el seis de enero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la orden de aprehensión emitida el veintidós de junio de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal 252/2021. Posteriormente, el Juez responsable acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues en principio, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia privada dentro del proceso penal 252/2021, en la que la Fiscal Especializada de la Unidad en Combate al Secuestro, con sede en esta ciudad, de manera oral expuso los hechos y fundamentos sobre los cuales solicitó el libramiento de una orden de aprehensión contra Juan Carlos García Cortés, por los hechos señalados por la ley como delito de secuestro agravado; además, señaló los datos de prueba con los que se acreditó la probable participación del quejoso en la comisión del delito señalado; y en atención a la solicitud oral formulada por la Fiscal, el Juez responsable concedió la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas remitidas por la 2. y 4. Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro con sede en Córdoba, Veracruz; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. Finalmente, en cuanto al billete de depósito número N 904933, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,600.00 M.N. (mil seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional); como se advierte de la certificación de cuenta, el diecisiete de enero de dos mil veintisiete, se puso a su disposición. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues del disco de videograbación remitido por el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control de Proceso del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Córdoba, con sede en la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte que el seis de enero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado, esto es, la orden de aprehensión emitida el veintidós de junio de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal 252/2021. Posteriormente, el Juez responsable acató los lineamientos trazados en el fallo protector, pues en principio, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia privada dentro del proceso penal 252/2021, en la que la Fiscal Especializada de la Unidad en Combate al Secuestro, con sede en esta ciudad, de manera oral expuso los hechos y fundamentos sobre los cuales solicitó el libramiento de una orden de aprehensión contra Juan Carlos García Cortés, por los hechos señalados por la ley como delito de secuestro agravado; además, señaló los datos de prueba con los que se acreditó la probable participación del quejoso en la comisión del delito señalado; y en atención a la solicitud oral formulada por la Fiscal, el Juez responsable concedió la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que se subsanaron las irregularidades precisadas en el cuerpo del fallo amparador. Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas remitidas por la 2. y 4. Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro con sede en Córdoba, Veracruz; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen. Finalmente, en cuanto al billete de depósito número N 904933, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,600.00 M.N. (mil seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional); como se advierte de la certificación de cuenta, el diecisiete de enero de dos mil veintisiete, se puso a su disposición. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito firmado por Rosa Elena Herrera Molina, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución al quejoso, del billete de depósito número N 904933, expedido a nombre del quejoso, por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,600.00 M.N. (mil seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional); se provee: Toda vez que de la certificación que antecede, se advierte que el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia autorizada de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en la se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso; por tanto, pónganse a disposición de la parte quejosa el billete de depósito número N 904933, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,600.00 M.N. (mil seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional); lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el primero de los artículos citados. Notifíquese; y por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control de Proceso del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Córdoba, con sede en la Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, con un anexo, consistente en un disco de audio y video relativo al proceso penal 252/2021; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el plazo de tres días, computado legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercero interesada.
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