Juan Carlos Flores Ramos
Expediente 310/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Flores Ramos
Actuaciones
- Principal
... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, proveído que no fue recurrido dentro del término legal Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: no es de relevancia documental. DESTINO: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. En el entendido que, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, así como que el sistema sólo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.
- Principal
Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copia del escrito de demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, fórmese por duplicado y en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 614/2020, promovido por "Servicio Arteaga", Sociedad Anónima de Capital Variable; contra actos que reclama de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que, en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciban el oficio correspondiente, rindan por duplicado informe previo, en el que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se les reclama y se impondrá por omisa, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, en términos de lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, en relación con el diverso 238 de la misma ley. Para efecto de lo anterior, remítase a las responsables copia simple de la demanda de garantías. En el entendido, de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria, fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, o bien por correo institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR -FIJACIÓN DEL ACTO A PARALIZAR- El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues la parte quejosa solicitó la medida cautelar y en esencia indicó que los actos por los que se admitió la demanda que pretende paralizar, consisten en: - La aprobación, expedición y promulgación de Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el uno de julio de dos mil veinte, específicamente, los artículos 119, 124, 125, 126, 127, 143, 144, 145 y el Titulo Tercero del Libro Cuarto denominado "De la vigilancia del mercado, la verificación y vigilancia." La ejecución de los numerales impugnados a través de cualquier acto tendente a la verificación del cumplimiento de las normas oficiales NOM-005-ASEA-2016, NOM-004-ASEA-2017, NOM-016-CRE-2016, NOM-005-SCFI-2017 y NOM-185-SCFI-2017. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADOS Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, salvo que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa desvirtúen su existencia, pues no puede partirse del supuesto de que los actos son ciertos cuando el propio inconforme lo reconoce en los hechos de la demanda; sin que ello prejuzgue sobre su procedencia pues para tal efecto deben analizarse los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para efectos de la suspensión provisional, la norma impugnada se tiene por cierta pues su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que no se encuentra sujeto a prueba. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicita que se conceda la medida cautelar para los siguientes efectos: a) Se suspendan las verificaciones encaminadas a la evaluación de conformidad a las normas señaladas como inconstitucionales, es decir, las responsables se abstengan de aplicar a la moral quejosa los artículos tildados de inconstitucionales. Ahora, en el caso, el acto reclamado constituye en esencia la publicación, observancia y aplicación de la Ley de Infraestructura de Calidad publicada en el Diario Oficial de la Federación, el uno de julio de dos mil veinte, particularmente en el capítulo relativo a la Vigilancia del Mercado y la Verificación de la conformidad de Normas Oficiales Mexicanas, así como las consecuencias que esto implica. De lo que se sigue que, en sí mismo, tal acto de molestia es susceptible a la medida cautelar, dado que, por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro, como lo es la afectación a las garantías de seguridad jurídica de la moral quejosa. De igual manera, se toma en consideración de que además se actualizan las condiciones que establece el artículo 128 de la ley de la materia, es decir: "I. Que la solicite el quejoso; II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Cabe precisar que el artículo 148 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, dispone que cuando en el amparo se reclame una norma general autoaplicativa, sin señalar un acto concreto de aplicación, podrá concederse la suspensión del acto reclamado para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la quejosa. Apoya esta consideración la Jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Materia Común, visible en la página 1726, del Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión". De igual manera, la tesis XXVII.3o.4 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1956, Tomo II, registro 2006086, Décima Época, Materias Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello, deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión". En efecto, en lo referente al acto reclamado en cuestión, se encuentran satisfechos los requisitos que para la concesión de la medida cautelar de que se trata, refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que: En lo relativo a la fracción I, del precepto en comento, la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión del acto reclamado. Por lo que ve a la fracción II, del artículo en mención, debe decirse que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que se trata de intereses y únicamente afectarían a la moral quejosa. Luego, de no concederse la suspensión solicitada, se ocasionarían daños y perjuicios de difícil reparación, a consecuencia de la privación temporal de algunos de sus derechos, los cuales no podrían ser ejercitados mientras surta plenamente sus efectos el acto reclamado, pues se afectaría su esfera jurídica protegida por la norma legal. Por consiguiente, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que por el momento no se le aplique la Ley que tilda de inconstitucional, así como las consecuencias que esto implique, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Sin que en el presente caso haya lugar a fijar fianza alguna a la aquí quejosa, a fin de que surta efectos la medida cautelar decretada, toda vez que, del contenido de la demanda de amparo, hasta el momento, no se desprende que exista tercero perjudicado a quien se le pudieran ocasionar daños y perjuicios con el otorgamiento de la suspensión provisional, ni se advierte que se actualicen los supuestos contenidos en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 447, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 379, Tomo IV, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN SIN FIANZA. La suspensión debe concederse sin fianza cuando, además de llenarse los requisitos de la ley, no hay tercero perjudicado". ALEGATOS En cuanto a los escritos de la parte quejosa, con números 6790/2020 y 6791/2020, donde en el primero pide que no se lleve a cabo la aplicación de la Ley de Infraestructura de la Calidad, específicamente la verificación, en virtud de que la considera inconstitucional, pues en su caso, se permitiría la aplicación de una ley que ya no permite la presencia de testigos, al realizarse la verificación correspondiente, así como para que no se levante acta de verificación, donde no se dé el derecho a la quejosa a nombrar testigos, que no se tenga la obligación de circunstanciar el acta, que no sea necesario entregar una copia del acta o que la autoridad no tenga la obligación de cumplir con la ley, ya que si sucede este tipo de actos, se causaría un perjuicio de imposible reparación; solicitando que se le conceda la suspensión provisional a la moral quejosa, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que por el momento no se le aplique la Ley que tilda de inconstitucional, así como las consecuencias que esto implique; mientras que en el segundo, aduce que es un hecho notorio la publicación de la ley que combate, y reitera la petición de la suspensión provisional, para los efectos ya precisados. Bajo esa línea de pensamiento, dígasele al quejoso que, no existe mayor pronunciamiento al respecto, dado que, en párrafos anteriores, se hizo pronunciamiento de la suspensión provisional. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las documentales que anexó la parte quejosa con su demanda así como las diversas ofrecidas en mediante escrito recibido vía electrónica y registrado con el número de orden 8177/2020; lo anterior, sin perjuicio de su relación en la audiencia respectiva; haciéndose la precisión que las que obran en copia certificada, es por haberse exhibido con esa calidad o en original. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Ahora, en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio principal de donde deriva la presente incidencia, se tuvo a la parte quejosa señala señalando un usuario electrónico a efecto de que se le realicen las notificaciones vía electrónica, así como para que se le autorice el acceso al expediente electrónico en el presente asunto. Atento a su solicitud, y toda vez que el promovente cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales Conjuntos 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, así como las facultades que permite dicho sistema, en el presente juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción IV y 30, fracción II, de la legislación de la materia, practíquense al quejoso, por vía electrónica, las notificaciones que tengan el carácter de personales. Se informa a los usuarios que para la resolución de dudas sobre el uso del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, podrán contactarse al Escritorio de Soporte a través del correo electrónico escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx, o bien, comunicarse a los números telefónicos: (55) 5449 9500 extensión 1507. (55) 5647 6050. 800 836 95 25 (Lada sin costo). Por otra parte, en caso de que el Sistema presente fallas técnicas que impidan el envío de documentación y la consulta de las actuaciones judiciales, deberán informar sobre la respectiva problemática en el vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", o bien, de no poder utilizar dicha herramienta, levantar un reporte al correo electrónico: soportejuridicopslpjf@correo.cjf.gob.mx, para que el área correspondiente rinda un informe en que precise la existencia o no de la falla reportada y, de ser el caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó, a efecto de que este juzgado provea lo conducente. De modo que, este juzgado no podrá pronunciarse sobre la existencia de fallas que llegaran a alegar las partes, sin que medie el informe que rinda el área correspondiente, por lo que es obligación del usuario dar aviso a dicha unidad administrativa en los términos señalados en el párrafo que antecede. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento que el expediente físico queda a su disposición para su consulta; en el entendido que para su revisión se deberá agendar una cita para que se permita el acceso a este juzgado, lo cual se tendrá que realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx . Además, se le comunica que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. AUTORIZADOS A ***** se le tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de lo asentado en la certificación de cuenta; mientras que en restringidos del propio numeral a la diversa persona que se indica, por así solicitarlo expresamente. EXPEDICIÓN COPIAS Por lo que hace a la solicitud de la parte quejosa sobre que se autorice la expedición de copias certificadas del presente acuerdo, se precisa que, de conformidad con el artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que obren en el expediente electrónico de los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, que incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. En ese sentido, como la parte promovente cuenta con autorización para la consulta del expediente electrónico, no procede acordar de conformidad la expedición de las copias que solicita, en tanto que puede obtener las impresiones que requiera del presente acuerdo a través del Portal de Servicios en Línea, el cual tiene la evidencia criptográfica de los funcionarios que intervinieron en su emisión y por ello, tales impresiones pueden considerarse como copias certificadas electrónicamente. Como se dijo en líneas atrás, de considerarlo pertinente, en su momento, puede obtener las copias de la medida cautelar en la forma antes indicada, dado su acceso al expediente electrónico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Por otra parte, el correo electrónico que se proporcionó con el escrito y la etiqueta con la que se presentó la demanda, constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. No obstante lo anterior, se le invita a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese.
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