Juan Carlos Diaz Garmendia
Expediente 314/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Diaz Garmendia
Actuaciones
- Principal
...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA *** LA RESOLUCION DICTADA EL VEINTITRÈS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: ...TERCERO. Inexistencia de actos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, a efecto de realizar el estudio correspondiente, se precisa que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud determinó que el virus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia. Como respuesta a dicha contingencia, el Ejecutivo Federal y algunas dependencias que integran la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, realizaron las siguientes acciones: - El Pleno del Consejo de Salubridad aprobó el "Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo de dos mil veinte; en que determinó, en lo que interesa, lo siguiente: Precisó que el Consejo de Salubridad General sancionaría las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, las cuales serían diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. Señaló que la Secretaría de Salud establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19. - Por su parte, el Presidente de la República emitió el "Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)," publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de dos mil veinte, en que, entre otras cuestiones, estableció que la Secretaría de Salud podría implementar de manera inmediata las acciones que estimara necesarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general, para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). - El Pleno del Consejo de Salubridad General emitió el "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)," publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte, en que ordenó que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones necesarias para atender dicha emergencia sanitaria. - En atención a lo anterior, el Secretario de Salud emitió el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte. - Posteriormente, el Secretario de Salud emitió el Acuerdo por el que se modifica el similar antes descrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de abril de dos mil veinte, ampliando la suspensión de actividades no esenciales hasta el treinta de mayo de dos mil veinte. - Finalmente, el catorce y veintinueve de mayo de dos mil veinte, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva, el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias"; así como el diverso "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas", ambos emitidos por el Secretario de Salud. Las normas reseñadas constituyen un hecho notorio revestido de publicidad, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser difundidos en un medio de comunicación oficial; los cuales tienen efectos de observancia general pues se emitieron por las autoridades a quienes compete la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, que es de atención prioritaria en el país. Además, en tales ordenamientos se precisó que, en caso de que fueran emitidos lineamientos sectoriales de carácter específico, éstos siempre debían tomar como referencia los contenidos incluidos en los referidos lineamientos técnicos, por ser su aplicación de carácter obligatorio. Sobre esa base, se tiene que no son ciertos los actos reclamados al Secretario de Salud del Gobierno de México, en su calidad de Presidente del Consejo de Salubridad General, consistentes en la omisión de establecer estrategias para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, en términos del "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias"; así como el diverso "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas". Ello, toda vez que, al momento de rendir su informe justificado, negó los actos que se le atribuyen; lo que, además, encuentra sustento en la circunstancia de que, al haberse declarado emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se determinó que el Secretario de Salud era la única autoridad competente para establecer las acciones necesarias para atender dicha emergencia sanitaria. Cuestión que se comprueba con el contenido del "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias"; así como del diverso "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas", en tanto que fueron emitidos por dicho funcionario, pero en su calidad de Secretario de Salud, más no como Presidente del Consejo de Salubridad General. Por otra parte, tampoco son ciertos los actos reclamados al Secretario de Salud del Gobierno de Guanajuato, en su carácter de Director General del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, consistentes en la omisión de precisar los parámetros o criterios que tomó en consideración para determinar cuáles son los "sectores habilitados", "los sectores no habilitados" y "los servicios de bajo riesgo (profesionales-oficios)", en el documento denominado "Plan de Acción Guanajuato", así como en el "Semáforo Estatal para la Reactivación". Se afirma lo anterior, porque dicha autoridad así lo manifestó en su informe justificado y, si bien consiste en un hecho negativo, se comprueba con la revisión de los documentos denominados "Plan de Acción Guanajuato", así como "Semáforo Estatal para la Reactivación", que tanto el quejoso, como dicha autoridad exhibieron en el presente asunto, de cuyo contenido se advierte que la citada responsable no los emitió con el aludido carácter de Director General, ni menos aún, se aprecia que en esos documentos se le hubiera conferido la facultad de establecer cuáles debían ser los "sectores habilitados", "los sectores no habilitados" y "los servicios de bajo riesgo (profesionales-oficios)", pues su labor solo se constriñe a mitigar los efectos de la pandemia en el ámbito del sector de salud, más no así, en los aspectos relacionados con la reactivación de los sectores económicos, a que alude el quejoso. Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa de los actos reclamados señalados, corresponde a la parte quejosa acreditar su existencia e inconstitucionalidad, sin que lo haya realizado. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia VI.2o.J/308 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página setenta y siete, del rubro "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Por tanto, no obstante que la parte quejosa aportó diversas probanzas, cierto es que ninguna desvirtúa la negativa de las autoridades responsables en relación con la existencia de los actos que de ellas se reclama, dados los motivos expuestos en párrafos que anteceden; de ahí que, es dable concluir que los actos en estudio no existen. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo II Procesal Constitucional 1 Común Primera Parte, apéndice 1917-septiembre 2011, sexta época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página trescientos cinco, cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En tal tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo , procede sobreseer en el juicio respecto de los actos en estudio, atribuidos al: - Presidente del Consejo de Salubridad General; y, - Director General del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Subdirector de Área adscrita a la Oficina de la Abogada General, en representación del Secretario de Salud, reconoció que la responsable emitió, tanto el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias"; así como el diverso "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas", publicados el catorce y veintinueve de mayo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, de manera respectiva. De ahí que, deben tenerse por ciertos los actos impugnados al estar relacionados con tales normas, pues con independencia de lo manifestado por dicha autoridad en su informe justificado, cabe señalar que aquéllos consisten en omisiones en que la responsable pudo haber incurrido al emitirlos. Por su parte, deben tenerse por ciertos los actos atribuidos al Secretario de Salud del Gobierno de Guanajuato, pues de las constancias exhibidas, se advierte que tuvo intervención en la emisión de los documentos denominados "Plan de Acción Guanajuato", así como en el "Semáforo Estatal para la Reactivación"; por lo que, las omisiones impugnadas deben verificarse a la luz de tales documentos. QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, este juzgado, de oficio, considera actualizadas las causas de improcedencia previstas en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que el quejoso ***, no obstante que aduce representar a ***", carece de interés jurídico para instar el juicio a nombre de dicha institución; asimismo, al pretender impugnar los actos reclamados por derecho propio, carece de interés legítimo para acudir a la presente instancia constitucional. Respecto de la falta de interés jurídico, la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". De la intelección de los numerales transcritos, se tiene que el interés jurídico es uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Sobre esa base, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad administrativa, se exige la acreditación de un interés jurídico ?no legítimo?, aunado a que la afectación a sus derechos debe verificarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones, pues de no comprobarse tales extremos, el juicio de amparo resulta improcedente. Por tanto, el interesado debe acreditar plenamente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica y que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Debido a lo anterior, es necesario determinar si el quejoso ***, tiene interés jurídico en el presente juicio de amparo, al aducir representar a "***". Sin embargo, hecha la revisión de las constancias que integran los autos, se considera que el quejoso fue omiso en ofrecer prueba idónea para acreditar que tiene la calidad de representante de la "**", o bien, que es su titular, pues para justificar su personalidad o titularidad exhibió: 1. Copia fotostática de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre del promovente ***; 2. Impresión de la Constancia de Situación Fiscal a nombre del promovente antes mencionado; 3. Copia simple de la Cédula de Empadronamiento Municipal, con número ***, a nombre del promovente ***; 4. Copia simple de la Asignación de Clave Catastral, emitida por el Director de Catastro Municipal de Irapuato, Guanajuato; 5. Copia simple del Permiso de Uso de Suelo, de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, expedida a favor del citado promovente; 6. Copia simple de la Orden y Acta de Visita de Verificación Sanitaria para Establecimientos Públicos con alberca con número ***, de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; 7. Copia simple de un documento denominado "Control diario de calidad del agua"; 7. Copia simple del oficio TM/DF/341/2020, relativo a la Suspensión Temporal de Actividades, dirigido a la Escuela de Natación "***", de veintidós de abril del año en curso; 8. Original del oficio ***, relativo a la Orden de Visita de Servicios de ocho de junio de dos mil veinte, expedido por la Dirección de Fiscalización de Irapuato, Guanajuato, al carbón; y, 9. Copia al carbón del Acta de Inspección de servicios con número de folio ***, de ocho de junio del año en curso. Tocante a las documentales reseñadas en los numerales 1 y 2, no obstante que son copia simple, únicamente podrían acreditar que el quejoso se encuentra inscrito en el padrón electoral y en el registro federal de causantes. Respecto de las documentales identificadas 3, 4 y 5, con independencia de su contenido, corresponden a copias simples y por sí solas, carecen de valor probatorio pleno, dado que solo demuestran la reproducción de un documento del cual no se puede tener certeza sobre su existencia o autenticidad. Finalmente, respecto de las documentales señaladas con los ordinales 6, 7, 8 y 9, de modo alguno, demuestran que el quejoso ***, tenga facultades de representación o sea titular de la ***", pues con independencia del motivo que generó las visitas de verificación, así como que se exhibieran en copia simple, no se encuentran dirigidos a su persona, sino al propietario, representante legal, responsable, encargado u ocupante de la ***". Empero, no obstante que las respectivas diligencias no se entendieron con el quejoso Juan Carlos Díaz Garmendia, en el momento en que se desahogaron no se exhibió alguna documentación de la que se advirtiera que el inconforme esté facultado para representar a la citada institución o que sea su titular. Así, se colige que el quejoso Juan Carlos Díaz Garmendia fue omiso en acreditar que es titular del derecho fundamental que defiende, respecto de la "Escuela de Natación Novaera Sport", pues no probó estar facultado para representar a la citada institución o que sea su titular, con lo que se colige que carece de interés jurídico para promover el juicio en su representación. En diverso aspecto, tocante a la falta de interés legítimo, de la intelección de la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5o, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se itera que la acción constitucional es procedente únicamente por quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Así, tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamables a través del amparo indirecto, la parte agraviada puede ser titular de un derecho subjetivo que se identifica con el interés jurídico o, en su defecto, titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sobre esa base, resulta pertinente definir la institución jurídica del interés legítimo, la cual es definida como una situación jurídica activa que permite la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del 'derecho subjetivo' (interés jurídico), una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, pero sí otorga al interesado la facultad de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se deriven. En otras palabras, el interés legítimo faculta al gobernado cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que se imponga otra distinta, pero sí a exigir de la administración el respeto y debido cumplimiento de la norma jurídica. De lo anterior se desprende, que el interés legítimo es la facultad que tienen todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen interés en que determinados actos de autoridad, se ajusten a la legalidad, cuyo objeto es que al ejercerlo les sea reparado el derecho violado; es decir, es aquella circunstancia que produce que el quejoso en el juicio de amparo sea aquella persona que resienta una afectación con motivo de un acto de autoridad que altere de manera directa su esfera de facultades y deberes, un derecho reconocido por el orden jurídico o bien, que se violen derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es aplicable al caso, la jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2012364 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.) Página: 690 "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Amparo en revisión 366/2012. Carlos Rubén Nobara Suárez. 5 de septiembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán. Amparo en revisión 241/2013. José Roberto Saucedo Pimentel. 4 de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Amparo en revisión 737/2012. 23 de octubre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 476/2013. 15 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Amparo en revisión 216/2014. Luis Manuel Pérez de Acha y otros. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Tesis de jurisprudencia 38/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Ahora bien, en la especie, ***, por propio derecho, reclamó del Secretario de Salud del Gobierno de México, la omisión de establecer estrategias para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, en términos del "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias", publicado el catorce de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; así como en el otrora "Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de mayo de 2020", publicado el quince siguiente en el citado medio de comunicación oficial. Mientras que al Secretario de Salud del Gobierno de Guanajuato, le reclama la omisión de precisar los parámetros o criterios que tomó en consideración para determinar cuáles son los "sectores habilitados", "los sectores no habilitados" y "los servicios de bajo riesgo (profesionales-oficios)", en el documento denominado "Plan de Acción Guanajuato", así como en el "Semáforo Estatal para la Reactivación". En ese sentido, el quejoso ***, acudió a esta instancia constitucional por derecho aduciendo que los actos impugnados transgreden su esfera de derechos, pues inciden en la actividad económica que realiza, que dice, consiste en la prestación del servicio que realiza de la actividad deportiva de natación. Sin embargo, como se resolvió en párrafos que anteceden, el quejoso *** fue omiso en acreditar que es titular del derecho fundamental que defiende, respecto de la "***". De lo anterior, se concluye que la parte quejosa, por propio derecho, no demostró haber resentido la afectación directa o colateral emanada de los actos reclamados, por lo que no es factible determinar que el peticionario de amparo, en lo particular, puede sufrir o resentir una transgresión directa o indirecta por su especial situación frente al orden jurídico, en su esfera jurídica con motivo del marco legal que se analiza. En efecto, aun cuando se considere su esfera jurídica en sentido amplio, en el caso, no se advierte que tales actos sean lesivos a sus derechos humanos pues, si bien acude a la presente vía como en su carácter de gobernado, aduciendo que lleva a cabo la prestación del servicio de la actividad deportiva de natación; cierto es que fue omiso en acreditar esa circunstancia, por lo que no se ubica, por sí, ni en relación a terceras personas, en el ámbito de afectación primaria de los actos que tilda de inconstitucionales, al no haber demostrado que realiza la prestación del servicio para el desarrollo de la actividad deportiva que indica, la cual sostiene se ve afectada. De ahí que, se colige que el propio inconforme, con la impugnación de tales actos pretende obtener el mismo beneficio que cualquier otro gobernado, con lo que nada lo separa de la sociedad en general. En ese sentido, de acuerdo con los argumentos que plantea, resulta patente que el interés informado en la demanda es el de cualquier otro ciudadano y, por tanto, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional en que se respeten los derechos fundamentales tales como el derecho a la prestación de cualquier servicio que permita a quien lo otorga obtener alguna retribución. Además, tampoco podría considerarse que forma parte de un derecho colectivo que le legitime para controvertir la posible restricción de derechos de primer orden como lo sería el derecho al trabajo, puesto que no acreditó encontrarse en una relación jurídica que lo coloque en una situación especial respecto de los actos que controvierte. Por tanto, se considera que aduce afectaciones meramente hipotéticas y generales, y al no involucrar un derecho colectivo, resulta inconcuso que no es posible identificar un agravio cualificado que le otorgue interés legítimo para sujetar el control constitucional del acto impugnado. Sobre estas premisas, la parte promovente no tiene un interés propio ni distinto de otros gobernados, aún al considerar su esfera jurídica en sentido amplio; de ahí la determinación de improcedencia de la demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[6], que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Además, ilustra lo expuesto, la a. CXXIII/2013 (10a.), sostenida por la Primera sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho. INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población. También resulta aplicable, la jurisprudencia 1a. CXXIII/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Julio de dos mil trece, Tomo 1, visible a en la página quinientos cincuenta y nueve. "LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, se impone sobreseer en el juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Situación que por sí misma imposibilita a esta potestad federal para ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda. SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio.
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