Juan Carlos Espinoza del Rio
Expediente 587/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2023
Partes del expediente
- Dolores Azucena Orantes Ventura
- Juan Carlos Espinoza del Rio
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta firmado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, con residencia en esta ciudad, por el cual, en cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional en proveído de veinticuatro de abril del año en curso, informa que de la búsqueda de la base de datos que obra en dicha secretaría, hasta la fecha no obra respuesta dada al oficio ********************, dirigido al Presidente Municipal Constitucional de Las Rosas, Chiapas. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el oficio de cuenta. Atento a su contenido, toda vez que de lo informado por la oficiante, se advierte que se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento al fallo protector, téngase a la citada autoridad en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, respecto a lo informado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 193, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Ayuntamiento Municipal de las Rosas, Chiapas para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, remita las constancias respectivas relativas a la respuesta dada al oficio ********************, de veinte de abril del año en curso, que le remitió la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, asimismo, de cuenta de las gestiones que se encuentre realizando para lograr el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo, del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por Juan Eduardo Martínez Figueroa, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita que se realice el cotejo y compulsa de la copia certificada de la patente notarial expedida a la quejosa Erika Falconi Maza, por el Gobernador del Estado y que el original del citado documento sea guardado en el secreto de este juzgado; además solicita que le sea devuelta. Por otra parte, ofrece diversas pruebas documentales, así como la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones; además, solicita que se glosen a este expediente copia certificada de los juicios de amparo 163/2019, 517/2020 y 538/2020, que se encuentran radicados en este Órgano Jurisdiccional, para que sean valorados al momento de resolverse el presente sumario. Además, solicita que se tome como hecho notorio la ejecutoria dictada en sesión de doce de septiembre de dos mil dieciocho dentro del amparo en revisión 376/2018, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea tomada en consideración. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos los escritos de cuenta. En atención a su contenido; dígasele que revisados que fueron los presentes autos, se advierte que en su escrito de demanda exhibió copia certificada de la patente notarial expedida a favor de la quejosa Erika Falconi Maza, por el Gobernador del Estado; no así el original, por lo tanto, toda vez que la copia exhibida se trata de una reproducción de su original, no ha lugar a acordar favorable su petición, por ende, no es necesario que se guarde en el secreto de este juzgado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 122, de la Ley de Amparo, en relación con el 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoria de la ley de la materia, no ha lugar a devolver el documento que solicita, toda vez que el mismo puede ser objetado por las partes. En relación a las pruebas que ofrece, dígasele que en auto admisorio de seis de octubre de dos mi veintiuno, se tuvieron por ofrecidas las mismas. Ahora bien, en atención a su solicitud de que se glosen copias certificadas de los juicios de amparo 163/2019, 517/2020 y 538/2020, del índice de este Juzgado, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su solicitud; toda vez que las actuaciones de dichos juicios pueden ser visibles a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); por lo tanto, dichas actuaciones, junto con la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 376/2018 que señala, serán tomadas en consideración a criterio de esta juzgadora al momento de emitirse la sentencia que resuelva el fondo del presente juicio. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 587/2023 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. REGISTRO. Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 587/2023-I. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a este juzgador, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la tesis de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto. Así, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado; por lo cual, de la lectura integral a la demanda de amparo y de sus anexos, se desprende que los quejosos por su propio derecho, reclaman de Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), y otras autoridades, lo siguiente: La omisión de dar respuesta al escrito presentado por el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el quince de noviembre de dos mil veintidós, por el que solicitó se le informara el motivo por el cual, a los trabajadores de ese sindicato se les había quitado el pago del subsidio para el empleo. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial que en su rubro y texto señalan: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, esta juzgadora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, de la Ley de Amparo, por las consideraciones a saber. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. De las disposiciones transcritas se desprende que el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente; lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo debe de tener legitimación. Ahora bien, dentro del concepto de legitimación de las partes, debe distinguirse del proceso a la de la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento, se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Ciertamente, la legitimación procesal es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que tiene lugar cuando el derecho que se discutirá en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La segunda, implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, en tanto que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo, que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Por otra parte, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso; por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio por el juzgador, antes de efectuar el estudio del fondo del asunto. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si quien promueve carece de capacidad para comparecer, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él; a diferencia de la legitimación en la causa, que al ser una cuestión sustancial, es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, por lo que sólo es dable analizar dicho presupuesto al momento de que ésta es emitida. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice lo siguiente: LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Por legitimación procesal, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; o sea, la situación en que se encuentra una persona respecto de determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Lo anterior se puede advertir de la tesis aislada que indica: INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS. Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga ese derecho, o sea la condición de las personas que promueven la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas. En el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por esta vía reclaman los quejosos, a aquellas que señalan como responsables, consiste en la omisión de dar respuesta al escrito presentado por el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el quince de noviembre de dos mil veintidós, por el que solicitó se le informara el motivo por el cual, a los trabajadores de ese sindicato se les había quitado el pago del subsidio para el empleo. La constitucionalidad de tal acto es cuestionada por los promoventes en su calidad de trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, es decir, como miembros de ese gremio. Al respecto, es importante mencionar que, de conformidad con los artículos 80 y 81 de la de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, relación con el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo -legislaciones que rigen de forma supletoria a los sindicatos burocráticos en el Estado de Chiapas, de conformidad con el artículo 11, de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas-, se advierte que los sindicatos actúan por conducto de su Secretario General y los miembros de su mesa directiva, y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones. Por ende, la representación del Sindicato del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), compete a su secretario general y los miembros de su mesa directiva, a quienes, en su caso, concierne acudir en demanda de amparo y acreditar su legitimación, mas no a sus agremiados, como acontece en el caso particular, pues los afectados en forma directa por la omisión aquí reclamada, no son ellos en lo particular, sino la persona moral que constituyeron, la cual goza de personalidad jurídica propia e independiente de la de sus agremiados; por tanto, los promoventes de la demanda de amparo, en lo particular, carecen de legitimación activa para acudir a la presente instancia constitucional. Por las consideraciones jurídicas que informa, apoya a la anterior consideración la tesis P. LIV/99, emitida por el Pleno del más alto tribunal, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: SINDICATOS BUROCRÁTICOS. LOS LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO SON SUS REPRESENTANTES, NO SUS INTEGRANTES EN LO PARTICULAR. El artículo 67 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al establecer que los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboren en una misma dependencia constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, atribuye personalidad jurídica a los que cumplan con los requisitos de constitución que establece el artículo 72 de la ley laboral burocrática. A través del registro a que se refiere el mismo ordenamiento, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje da fe de que el acto constitutivo reúne los requisitos de fondo que exige la ley, pero no otorga al sindicato existencia ni personalidad jurídica nueva; de ahí que los propios sindicatos, por conducto de quienes fueron electos como sus representantes, están legitimados para promover el amparo en contra de la negativa de registro sindical, y no sus integrantes en lo particular, pues los afectados en forma directa por esa determinación no son ellos en lo individual sino la persona moral que constituyeron, misma que goza de personalidad jurídica propia e independiente de la de sus agremiados. Asimismo, esta consideración se robustece con la jurisprudencia número 4a./J. 15/91, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Octubre de 1991, página 34, Octava Época, registro digital 207886, del rubro y contenido siguiente: SINDICATOS. LOS LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO SON SUS REPRESENTANTES, NO SUS INTEGRANTES EN LO PARTICULAR. El artículo 374, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, al señalar que los sindicatos legalmente constituidos son personas morales que tienen capacidad para defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, atribuye personalidad jurídica a los que cumplan con los requisitos de constitución que establece el artículo 364 de la Ley Laboral. A través del registro a que se refiere el artículo 365 del mismo ordenamiento, la autoridad correspondiente da fe de que el acto constitutivo reúne los requisitos de fondo que exige la ley, pero no otorga al sindicato existencia ni personalidad jurídica nueva; de ahí que los propios sindicatos, por conducto de sus representantes legales, están legitimados para promover el amparo en contra de la negativa de registro sindical, y no sus integrantes en lo particular, pues los afectados en forma directa por esa determinación no son ellos en lo individual sino la persona moral que constituyeron, misma que goza de personalidad jurídica propia e independiente de la de sus agremiados. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos 6, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la ley de la materia, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Espinoza del Río, Dolores Azucena Orantes Ventura, Hugo David Morales Pérez, Roberto Michael Ruiz Vázquez y Rodolfo Hernández Barrios, contra actos del del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), con sede en esta ciudad y otras autoridades. Al respecto, conviene citar el criterio: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACION PARA MEJORAR LA COMINICACIÓN CON LAS PARTES. Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en su escrito. Se tiene como autorizado a ********************, en términos amplios que establece el artículo 12, de la Ley de Amparo, en virtud de tener registrada su cédula profesional en la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación. Atento a lo peticionado por la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena al Oficial Judicial A encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al antes citado, registrado con el nombre de usuario ********************, para consultar de manera electrónica el presente juicio. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Por tanto, téngase a la parte quejosa, proporcionando el correo electrónico que al efecto señala, para que a través del mismo se puedan entablar comunicaciones no procesales cuyos contenidos serán registrados y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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