Juan Carlos Constantino Rodríguez

Expediente 918/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
918/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Constantino Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de ocho de julio de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que el auto de referencia ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Estephania Calderón Palacios, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de julio de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Constantino Rodríguez, contra el acto y autoridad que indica. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 918/2022-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II.- Desechamiento. Ahora bien, antes de proveer respecto de la procedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo y a la tesis: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Por lo cual este órgano jurisdiccional procede a examinar, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Órgano de Control Constitucional, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente combate: De la (1) Oficina de la Presidencia del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, con residencia en Cuautitlán, Estado de México: (a) La omisión de dar respuesta a la solicitud de seis de abril de dos mil veintidós, presentada vía correo electrónico. Ahora bien, precisado lo anterior, de la lectura que se hace al escrito de demanda y anexos que acompaña, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, concatenado con los diversos preceptos 1o, fracción I, y 5o, fracciones I y II; de la ley de la materia; lo que torna improcedente el juicio de garantías biinstancial, en términos del diverso 113 del ordenamiento legal en cita, por los motivos que a continuación se expresan. En efecto, conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Es aplicable al caso el criterio 2a. XCI/2015 (10a.), con número de registro 2009938, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 690, cuyo rubro y texto se transcriben: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Correlativo a lo anterior, conforme al artículo 1o, fracción I, de la Ley de Amparo, así como su numeral 5o, fracción II, el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. En efecto, de la lectura de los artículos 1o y 5o de la Ley de Amparo se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico nacional; y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares podrán equipararse a la autoridad responsable cuando realicen conductas equivalentes (acción u omisión) con fundamento en una norma general que los faculte a ello. De ahí que para determinar si los actos reclamados pueden ser impugnados mediante juicio de amparo, ya sea que se hayan emitido por autoridades o por particulares equiparados, debe atenderse a las notas que distinguen tales actos y que son las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Conforme a lo anterior, se debe verificar si en el caso concreto el acto reclamado constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, con número de registro 161133, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verificable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, lo robustece la tesis I.13o.A.29 K, con número de registro 179407, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1620, cuyo contenido se inserta: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Por lo tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En el caso particular, el acto reclamado precisado con antelación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se trata de un acto entre particulares. En efecto, de los antecedentes narrados por la parte promovente, se aprecia esencialmente que celebró un contrato de cuenta bancaria con la citada Institución Financiera; derivado de irregularidades detectadas en su cuenta, acudió ante la sucursal de su preferencia, a efecto de aclarar los movimientos bancarios que menciona y finalmente, solicitó la información aclaratoria, vía correo electrónico, sobre la situación de su cuenta bancaria. Así, de la adminiculación de los antecedentes expuestos por el quejoso, con los medios de convicción aportados, se llega a la conclusión que el acto reclamado a la Oficina de la Presidencia del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, con residencia Cuautitlán, Estado de México, no se trata de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación entre la Institución Financiera, por sí, con el aquí quejoso, no se encuentra en el plano de supra a subordinación, sino en el diverso de coordinación, es decir, como particulares. No resulta óbice a lo anterior, que el acto atribuido a aquellas sea de carácter unilateral, ya que como ha quedado evidenciado, el origen de la relación entre la parte quejosa y, la entidad financiera y unidad adscrita, deriva del contrato celebrado entre Juan Carlos Constantino Rodríguez y el Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima; y aun de resultar contrario a lo ordenado por una autoridad en materia financiera, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo. Resulta aplicable por analogía, la tesis I.9o.C.18 K (10a.), con número de registro 2017684, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2863, que se inserta al efecto: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia." Por ello, como consecuencia de lo anterior, es que se hace patente la improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de seis de abril de dos mil veintidós, presentada vía correo electrónico. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o, fracción I, y 5o, fracción II, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar la demanda de amparo. III. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. IV. Domicilio, autorizado, acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: Doce Oriente Sur, Número Doscientos trece, Tzocotumbak, Centro, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en términos amplios a que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Rodolfo Andrés Domínguez Constantino, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación. Atento, a lo peticionado por la parte quejosa, de conformidad con el artículos3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), en la hipótesis de encontrarse registrado, dar de alta en el presente juicio al usuario "rodolfoandres", para consultar de manera electrónica el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, tomando en consideración lo proveído en el párrafo inmediato anterior, se autoriza hacer las notificaciones electrónicas a través del usuario "rodolfoandres"; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. V. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE PROMOVENTE. Así lo acordó y firma Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargado del Despacho, por encontrarse de vacaciones el Secretario en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio de autorización CCJ/ST/2719/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de junio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERÍODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano