Juan Carlos Coronado Chavez

Expediente 446/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
446/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Coronado Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil veintidós. Admisión de demanda. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos; mediante el cual informa el contenido del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el que admitió a trámite la demanda de amparo directo promovida por +++ contra la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno por la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, registrándolo con el número de expediente 110/2022. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil veintidós. Tribunal colegiado acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, en el que acusa recibo de los autos originales del expediente 446/2022 y anexos, acepta la competencia planteada y continúa con el procedimiento del juicio de amparo. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se ordena archivo del cuaderno de antecedentes. Ahora bien, en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, el mismo es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el presente expediente dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, billete, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Coronado Chávez, por propio derecho, contra actos del Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 446/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Pronunciamiento en relación a la demanda intentada. Ahora bien, vista la demanda de amparo, sin proveer sobre su admisión o desechamiento, se advierte lo siguiente: Autoridad responsable. Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Transcripción de los actos reclamados. "La SENTENCIA de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal para el Estado de Morelos, cometido en agravio de una persona de iniciales P. M. D. J. A. O., imponiendo una pena privativa de libertad de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN y condenó al pago de la reparación del daño por la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL" Precisión de los actos reclamados. Por su parte, de la lectura integral a la demanda, se colige que los actos reclamados consisten en: La resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada en autos del toca penal 81/2021-CO-8-9, relativa al recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia definitiva emitida el catorce de mayo del año dos mil veintiuno, por el tribunal de enjuiciamiento, en la que se le impone una condena de quince años de prisión, así como una multa consistente en ochocientas Unidades de Medida de Actualización en su contra. Incompetencia. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos considera que carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos que se explican a continuación. En primer término, se estima necesario precisar que el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. [...] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.] a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. Por su parte, los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en lo que interesa disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. " [.] "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito." [.] "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. " [.] Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Cabe acotar que, de conformidad con la legislación de amparo abrogada, se entendía por sentencia definitiva: "...las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia..." Y por resolución que pone fin al juicio: "...aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Como se advierte, la recurribilidad del acto cuando la ley preveía recurso al respecto, era un elemento que formaba parte de estos conceptos, por lo que constituía un requisito a tomarse en consideración para definir la competencia para conocer de la demanda de amparo directo y, en términos del artículo 158 de la propia ley abrogada, contra tales actos se surtía la competencia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito. En la actualidad, de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente, se entiende por sentencias definitivas las que "...decidan el juicio en lo principal..." y por resolución que pone fin al juicio "...las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido...", sin que en esta nueva norma se exija como elemento, que se interponga el recurso correspondiente, pues ya no lo prevé así, el cual sólo impacta a la procedencia del juicio, en términos del propio artículo 170, fracción I, párrafo segundo. Bajo esa óptica, ante esta nueva concepción tanto de sentencia definitiva como de resolución que pone fin al juicio, la competencia para conocer de éstas, se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito, tal como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en criterio jurisprudencial P./J. 6/2015 (10a.), visible en la página 95, número de registro 2008791, Libro 17, Tomo I, Abril de 2015, Décima Época, Materia(s): Común, cuyo rubro y texto estatuyen: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En el caso, el quejoso reclama la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada en autos del toca penal 81/2021-CO-8-9, relativa al recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa, en contra de la sentencia definitiva emitida el catorce de mayo del año dos mil veintiuno, por el tribunal de enjuiciamiento, en la que se le impone una condena de quince años de prisión, así como una multa consistente en ochocientas Unidades de Medida de Actualización en su contra, así como sus efectos y consecuencias. De ahí que, se trata de una resolución que al determinar confirmar la sentencia condenatoria de catorce de mayo del año dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento penal origen (causa penal JJC/843/2019), que derivó en el juicio de debate JOC/48/2020, instruido en contra de la quejosa por el delito de extorsión cometido en agravio de la víctima de iniciales P. M. D. J. A. O., declara firme la determinación concerniente a la responsabilidad penal y la condena relativa, por lo que, analizó el fondo del asunto y puso fin al juicio penal en lo principal, al haber sustituido procesalmente a la pronunciada en primer grado. Sustenta las consideraciones antes vertidas en lo que interesa, la VII.1o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 2953, número de registro 2010936, Libro 26, Tomo IV, Enero de 2016, Décima Época, Materia(s): Común, cuyo rubro y texto estatuyen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES EN AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE SE EXPRESAN EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA DE SEGUNDA INSTANCIA. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 170, fracción I y 175, fracciones IV, primer párrafo y VII, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo directo lo constituya una sentencia de apelación emitida por el tribunal de segunda instancia, no es dable acoger conceptos de violación enderezados en relación con la sentencia de primer grado, ya sea pretendiendo apoyarse en sus consideraciones o desvirtuarlas. Ello, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional uniinstancial tiene por objeto el análisis -entre otros actos de autoridad- de sentencias definitivas contra las que previamente se hayan agotado los recursos procedentes en su contra y, en esa tesitura, es evidente que la sentencia pronunciada al resolverse un recurso de apelación, sustituye a la emitida en el juicio de primer grado, lo que implica que la decisión tomada en la sentencia apelada, dejó de surtir efectos en virtud de la nueva resolución dictada por el tribunal de alzada, que constituye el acto reclamado, siendo entonces contra esta última resolución que deben enderezarse los conceptos de violación en la indicada instancia constitucional; por tanto resultan inatendibles los conceptos de violación referentes al fallo apelado, dada la facultad del tribunal de apelación para resolver lo que a su juicio proceda conforme a derecho, confirmando, revocando o modificando la resolución del inferior pues, de lo contrario, se permitiría la introducción de cuestiones ajenas a los agravios que fueron motivo de apelación." [Énfasis añadido] En tal virtud, con fundamento en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Por tanto, con apoyo en el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y demás constancias que integran el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno para lo que tenga a bien determinar, a quien se solicita atentamente, comunique si confirma o revoca la declaratoria de incompetencia legal contenida en este acuerdo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en lugar visible de este juzgado de distrito, lo anterior, por así haberlo solicitado el impetrante de amparo. Tiene de aplicación la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la página 1067, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizados con facultades amplios a José Francisco Díaz Aguilar y Olinda Mirella Barajas Rodríguez, en razón de que acreditan tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a Jorge Raymundo Montes de Oca Marín, en razón de que no acredita tener registrada su cédula profesional en el sistema de referencia, por lo que se le autoriza en términos restringidos, es decir, para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

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