Juan Beltran Benitez
Expediente 735/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 735/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Juan Beltran Benitez
- Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 735/2022, promovido por Juan Beltrán Benítez, por propio derecho; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El treinta de mayo de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El uno de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El tres de junio de dos mil veintidós. III. Emplazamiento al tercero interesado: El siete de junio de dos mil veintidós. V. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en: 1. Del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, por si´ y como Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos: a) La ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus artículos 123 y 124. b) La omisión legislativa respecto de atribuir facultades en la norma especial al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que el quejoso pueda ejecutar debidamente los laudos que dicte éste. 2. Del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consiste en: a) La incorrecta e indebida sustanciación del proceso de ejecución de sentencia, derivado de la interpretación y aplicación errónea que se realiza de los artículos 150 y 151 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado y que se materializa en la realización de múltiples, inagotables e ineficientes requerimientos encaminados a obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/2015, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. b) La transgresión al derecho humano de ejecución de sentencia al prolongar de manera ilegal el proceso de ejecución de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/2015, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. c) La omisión de ajustar su actuar al procedimiento y a los términos legales establecidos en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado, para hacer cumplir la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/2015, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. d) La omisión de decretar y/o proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo, dictando todas las medidas necesarias para enviar el expediente al Gobernador del Estado y este a su vez solicite al Congreso del Estado de Morelos el inicio de la revocación de mandato o destitución por incumplimiento del Ayuntamiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/2015, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. e) La omisión y/o abstención de ejecutar las medidas legales necesarias, procedentes y efectivas para hacer cumplir la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/2015, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en un breve lapso, en relación con los artículos 11, 115 y 119, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. f) En relación con los artículos 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que faculta la aplicación supletoria de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado, en particular los artículos 147, 150 y 151, reclama la omisión de cumplir con la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y de dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que sean procedentes. g) En relación con el artículo 150 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado, se reclama la omisión de definir con toda precisión en las actuaciones, lo que se debe entender por "proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos", con el fin de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pueda realizarlo en rebeldía de la autoridad demandad y vencida en juicio, ante la renuencia de ésta en dar cumplimiento a la sentencia definitiva. h) En relación al artículo 151 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado, se reclama la omisión de definir con toda precisión lo que se debe entender por "y la requiera para que cumpla la resolución", con el fin de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje precise cuántos requerimientos debe hacerse en caso de rebeldía del Ayuntamiento demandado y vencido en juicio. i) La transgresión a los derechos humanos de tutela efectiva y de ejecución de sentencia al omitir actuar de manera contundente y eficaz para hacer cumplir la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/2015, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. j) Derivado de las omisiones antes precisadas, la renuncia tácita a sus facultades de jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en términos de lo dispuesto por el artículo 116 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1bis párrafo nueve, 40 fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 12 fracción XI y XVI del Reglamento Estatal del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. k) El retardo injustificado de las actuaciones procesales. l) La omisión de dictar los requerimientos e imponer las sanciones dentro de los plazos y en los términos que establece la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado para hacer cumplir la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/2015, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. 3. Del Ayuntamiento Constitucional y Presidente Municipal de Jantetelco, Morelos: a) La negativa a dar cumplimiento a la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil dieciocho dentro del juicio 01/374/2015. b) La omisión de dar cumplimiento a su obligación establecida en los artículos 41, fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. c) La omisión de presupuestar y/o integrar y/o concursar en el Fondo de Aportaciones Estatales Concursable para el Pago de Laudos y Sentencias Ejecutoriadas dictadas en contra de los Municipios de la Entidad. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, en el respectivo ámbito de su competencia, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos 123 y 124, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo anterior es así´, porque con independencia de lo manifestado por las autoridades responsables al rendir su informe justificado o la ausencia de este último por parte del Congreso del Estado de Morelos, la existencia de los actos reclamados se advierte de la publicación de la citada disposición de carácter general el seis de septiembre del dos mil, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", pues esa divulgación constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta esta consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERE´S GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIO´N. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial este´ obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, son ciertos los actos reclamados al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no obstante que la autoridad responsable negó´ los mismos al rendir su informe con justificación, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias del expediente laboral 01/374/15, que, en copia certificada, anexo´ al mismo, documentales que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por su parte las autoridades Ayuntamiento y Presidente Municipal de Jantetelco, Morelos, negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones que realizan de las que se advierte que no se ha dado cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/374/15. IV. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814 sustentada por este tribunal, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Novena Época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 1. Con respecto al acto reclamado consistente en los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, la cual establece que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos los cuales no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia y, por ese motivo, debe tenerse en cuenta el contenido del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "5. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Por tanto, en términos del artículo transcrito, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico), o bien, un interés legítimo individual o colectivo y, en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, de la Ley de Amparo establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Tratándose de normas generales autoaplicativas, es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tratándose de normas generales heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado los mandatos legales para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo en su contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley de la materia. Luego, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. La quejosa reclama los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sin que se reclame con motivo de algún acto de aplicación en concreto, que se hubiese emitido en su contra dentro del juicio laboral 01/374/15. Por tanto, al no reclamarse los numerales en cita con motivo de un acto de aplicación en concreto y en contra de la quejosa, no se acredita la afectación real y actual a su esfera jurídica que exige el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo para ejercer la acción constitucional en contra de las normas reclamadas (artículos 124 y 125 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, de la Ley de Amparo, acorde con el diverso 63, fracción V del mismo cuerpo de leyes; lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, por lo que hace al acto reclamado en estudio. 2. Con respecto al acto reclamado consistente en la omisión legislativa del Congreso del Estado de Morelos, respecto de atribuir facultades en la norma especial al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que el quejoso pueda ejecutar debidamente los laudos que dicte éste. Se actualiza la improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 73, 77, fracción II y 78, todos de Ley de Amparo y 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, en razón de no ser posible concretar el efecto protector de la sentencia de amparo, dado que se le darían efectos generales, contraviniendo así el principio de relatividad de las sentencias. Las disposiciones en las cuales se sostiene la causa de improcedencia, se transcriben a continuación para una mejor comprensión: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con tres días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdos generales, reglamentarán la publicidad que deba darse a los proyectos de sentencia a que se refiere el párrafo anterior. Cuando proceda hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad se aplicarán las disposiciones del Título Cuarto de esta Ley. En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general, se hará únicamente en la parte considerativa de la sentencia. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda." De la interpretación sistemática de los citados artículos, se advierte: El juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que dicha improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Cuando el acto reclamado es de carácter negativo o implique una omisión, el efecto de la sentencia es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate, y a cumplir lo que el mismo exija. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada; es decir, en la inaplicación únicamente respecto de la quejosa. Así, la interpretación de los preceptos transcritos revela que para ser procedente la acción constitucional es indispensable que la sentencia la cual se llegara a dictar en el juicio de amparo, en el supuesto de ser favorable al promovente, pueda producir el efecto de restituirlo en el pleno goce del derecho violentado, de tal manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o bien, que sea factible obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumpla con lo que la misma le exige. Lo anterior implica que en caso de ser imposible concretar los efectos de la sentencia concesoria de amparo, el juicio sería improcedente, ya que no podría conseguirse ninguno de los fines establecidos en el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los individuos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la controversia. De acuerdo con esa disposición constitucional, las sentencias que se dicten en el juicio de amparo únicamente se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado y el amparo que, en su caso, se otorgue, debe limitarse al caso especial sobre el cual verse la controversia; de donde se deduce que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales. Efectivamente, si la sentencia que se dicte en un juicio de amparo solamente debe ocuparse de los quejosos que lo hubieren solicitado y debe limitarse al caso en que verse la controversia, no sería posible emitir una sentencia de amparo en la que se den efectos generales, pues respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, conforme al texto del artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en tratándose de las omisiones las cuales se atribuyen a una autoridad formal y materialmente legislativa, puede decirse que consisten en la ausencia de desarrollo de normas de obligatoria y concreta realización, por parte de un órgano de esa naturaleza, de forma que se impida la aplicación de un mandato constitucional o legal. Lo anterior implica que la nota distintiva de una omisión legislativa consiste en la existencia de una norma preceptiva que ordena llevar a cabo determinado acto o actividad y bajo condiciones delimitadas (como puede ser la emisión de un cuerpo normativo en un plazo específico). De forma tal que la omisión legislativa no se reduce a un no hacer, sino que presupone una exigencia de acción y, a su vez, como esa exigencia objetiva que faculta o habilita a una determinada autoridad a actuar en ciertos términos. Orienta lo anterior, la tesis I.4o.A.22 K, de Tribunales Colegiados de Circuitos, consultable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1199, con registro digital 2005198, de rubro y contenido: "OMISIÓN LEGISLATIVA. NOTAS DISTINTIVAS. La omisión legislativa es la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquellas normas de obligatoria y concreta realización, de forma que impide la eficaz aplicación del texto constitucional; esto es, incumple con el desarrollo de determinadas cláusulas constitucionales a fin de tornarlas operativas y esto sucede cuando el silencio del legislador altera el contenido normativo o provoca situaciones contrarias a la Constitución. De ello, se deduce que la nota distintiva de dicha figura jurídica consiste en que la norma constitucional preceptiva ordena practicar determinado acto o actividad en las condiciones que establezca, pero el destinatario no lo hace en los términos exigidos, ni en tiempo hábil; así, la omisión legislativa no se reduce a un simple no hacer, sino que presupone una exigencia constitucional de acción y una inacción cualificada. Lo anterior responde a que, para hacer efectivos los derechos fundamentales, existen dos principios a colmar, el primero llamado de legalidad que, en tratándose de ciertos derechos fundamentales, especialmente los sociales, exige que ciertas prestaciones sean impuestas como obligaciones a los poderes públicos y no abandonadas al arbitrio administrativo, por lo que legislativamente es necesario se colmen sus presupuestos vinculantes e identifiquen con claridad los órganos y procedimientos; y, el segundo, es el jurisdiccional, imponiendo que las lesiones a los derechos fundamentales deben ser justiciables y reparadas, especialmente cuando se incide en el núcleo esencial de los derechos, o se desatiende el mínimo vital que debe ser protegido y garantizado. En suma, es necesario que para obtener la efectividad de los derechos fundamentales se disponga de acciones judiciales conducentes a que sean aplicables y exigibles jurídicamente, lo que requiere de una normativa jurídica adecuada." En esa medida, para poder llegar a la conclusión de que una omisión legislativa es inconstitucional, se debe analizar, objetivamente, la existencia de determinados elementos: I) la existencia de un mandato expreso; II) la configuración de la omisión legislativa, en relación directa con dicho mandato, y III) que dicha omisión resulte violatoria de derechos humanos. Es aplicable, la tesis I.4o.A.24 K, de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1133, con registro digital 2005186, de rubro y contenido: "INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN LEGISLATIVA. ELEMENTOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA SU CONFIGURACIÓN. Para declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, el juzgador deberá revisar que: a) exista un mandato normativo expreso (de la Constitución, de un tratado internacional o de una ley), luego de la declaración en la norma "programática", en la que se establece un derecho fundamental dotado de contenido y alcance, requiera de complementación "operativa" en las leyes o acciones conducentes; b) se configure la omisión del cumplimiento de tal obligación por parte del legislador o funcionario competente de cualquiera de los órganos públicos; y, c) la omisión produzca la violación de un derecho o garantía." Definido lo que debe entenderse por omisión legislativa, resulta útil destacar que una vez acreditada su existencia, ésta puede ser de distintos tipos, según lo ha establecido el Alto Tribunal. En efecto, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversas categorías de omisiones. Por un lado puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo. Por otro lado, se habla de omisiones legislativas relativas cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, con lo cual se impide el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Asimismo, se habla de competencias de ejercicio potestativo cuando los órganos legislativos pueden decidir si ejercen o no sus facultades y el momento en que lo harán; de manera que propiamente no entrañan una obligación, sino la posibilidad de crear, modificar o suprimir normas generales. En cambio, las competencias de ejercicio obligatorio son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso. Es decir, implican una obligación de hacer por parte de los órganos legislativos, sin que exista la opción de decidir si se crea o expide una norma general determinada. A partir de ello, el Máximo Tribunal del País ha categorizado los distintos tipos de omisiones legislativas que se pueden presentar en un caso concreto, esto es: 1. Omisiones absolutas en competencias de ejercicio obligatorio: cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho. 2. Omisiones relativas en competencias de ejercicio obligatorio: cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente. 3. Omisiones absolutas en competencias de ejercicio potestativo: el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así lo disponga; y, 4. Omisiones relativas en competencias de ejercicio potestativo: el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir una determinada disposición de observancia general, lo hace de forma incompleta o deficiente. Dichas acotaciones encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 11/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1527, con registro digital 175872, de rubro y contenido: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente." Así como en la jurisprudencia P./J. 10/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1528, con registro digital 175869, de rubro y contenido: "ÓRGANOS LEGISLATIVOS. TIPOS DE FACULTADES O COMPETENCIAS DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. En atención al citado principio los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio. Las primeras son aquellas en las que dichos órganos pueden decidir si las ejercen o no y el momento en que lo harán; de manera que esta competencia en sentido estricto no implica una obligación, sino la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales, es decir, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir libremente si crean determinada norma jurídica y el momento en que lo harán. Por su parte, las segundas son aquellas a las que el orden jurídico adiciona un mandato de ejercicio expreso, es decir, una obligación de hacer por parte de los órganos legislativos a los que se les han otorgado, con la finalidad de lograr un correcto y eficaz desarrollo de sus funciones; de ahí que si no se realizan, el incumplimiento trae aparejada una sanción; en este tipo de competencias el órgano legislativo no tiene la opción de decidir si crea o expide una norma general determinada, sino que existe un mandato o una obligación a su cargo de expedirla o crearla, que puede encontrarse expresa o implícitamente en el texto de las propias normas constitucionales, o en el de sus disposiciones transitorias." Así, el Máximo Tribunal del País advirtió que resultaba viable la procedencia del juicio de amparo cuando en éste se reclamara una omisión legislativa absoluta en competencia de ejercicio obligatorio (que la obligación de legislar esté prevista en la Constitución Federal) puesto que se consideró admisible que una posible concesión protectora de la justicia federal beneficiará indirectamente a terceros ajenos a la controversia constitucional. Conforme a lo anterior, la procedencia del juicio de derechos fundamentales es procedente en contra de omisiones legislativas, pero únicamente cuando estas son absolutas, es decir, aquellas que estuvieran contenidas en un mandato constitucional (cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido cumplida total o parcialmente) y de las cuales el Poder Legislativo no haya desplegado sus funciones a efecto de emitir la normativa correspondiente. En ese sentido, el juicio de amparo indirecto será procedente contra omisiones de autoridades administrativas, que puedan emitir o expedir normas generales, pues si bien el ejecutivo no es autoridad formalmente legislativa, materialmente tiene facultades legislativas conforme al artículo 89 de la Constitución Federal (facultad reglamentaria), de ahí que, sí se le puedan reclamar omisiones legislativas y las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, se limitará a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda (principio de relatividad). Por tanto, a través del juicio de amparo sí es posible impugnar "omisiones legislativas" absolutas y obligatorias; no así, el otro tipo de omisiones legislativas, a saber las relativas o absolutas de ejercicio potestativo, debido a que con esto último se darían efectos generales a la sentencia de amparo, en contravención al artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, pues con esa decisión se crearía una ley que, de carácter general, abstracto y permanente, el cual vincularía a todos los gobernados. En el caso, de concederse el amparo para el efecto de que el ejecutivo federal emita el decreto o una resolución de observancia general, en el sentido que pretende la promovente del amparo, se vulneraría el principio de relatividad de las sentencias, pues se le obligaría expedir una norma general, abstracta e impersonal que no sólo redundaría en un beneficio para la quejosa, sino para todos los sujetos que se encontraran en una idéntica situación y que no acudieron al juicio constitucional, en clara contravención del artículo 107, fracción II, párrafo segundo de la Constitución Federal. Ello, si se toma en consideración que en el caso concreto no se configura una "omisión legislativa absoluta y obligatoria" que permita que los efectos del amparo se extiendan en otros sujetos (excepción al principio de relatividad), pues la facultad discrecional de expedir normas que atribuyan facultades en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no deriva de un mandato constitucional, esto es, no deriva de un mandato del Constituyente. Por lo que no es posible o factible que a través del juicio de amparo, se analice y se conceda la protección constitucional contra omisiones legislativas absolutas en competencia de ejercicio potestativo, esto es, de obligar a que se ejerza una facultad discrecional por parte del Congreso del Estado de Morelos, máxime que no se prevé en la Constitución Federal. Por tanto, al tratarse de una omisión absoluta en competencias de ejercicio potestativo, en el cual el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así lo disponga, se estima que la conducta omisiva atribuida al Congreso del Estado de Morelos, no es materia de análisis en el presente juicio de amparo, en la medida que no se encuentra obligado a actuar en tal sentido (no se trata de una omisión absoluta y obligatoria); y por tanto, como se anticipó no podrían concretizarse los efectos de una eventual concesión de amparo. Al ser voluntario y discrecional, no es dable exigir su establecimiento coactivamente a través del juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia sujeta análisis, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado en análisis. 3. Por otro lado, con respecto a todos y cada uno de los actos reclamados al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.]". De la lectura de dichos numerales, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos jurídicamente inexistentes a la fecha de presentación de demanda o bien aquellos futuros de realización incierta. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que, tratándose de demandas de amparo en las que se reclamara la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo intentado era improcedente en términos de los numerales 61, fracción XXIII, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; en virtud que el procedimiento de ejecución forzosa establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado requería, no solamente la solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, al advertirse la necesaria participación de la parte vencedora en las diversas actuaciones para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), consultable en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda". Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo.". Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión concreta verificada en la etapa de ejecución del laudo, tanto el análisis de la procedencia del juicio de amparo, como la eventual concesión de la protección Constitucional, debían ceñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos futuros de incierta realización, pues al requerir impulso del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Asimismo, tiene aplicación la Tesis: 2a./J. 15/2011 (10a.), con registro 2000011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". De igual forma, sirve de apoyo la tesis del entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, publicada en la Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2012, Libro XIV, Tomo 3, página 1860; que establece: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. PARA LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ES INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y LA POSTERIOR INTERVENCIÓN DE QUIEN OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se inicia a petición expresa del actor, para enseguida dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a fin de requerirle el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en la ley, específicamente las descritas en el artículo 124 de la citada ley del servicio civil, es decir, para llevar a cabo el procedimiento de ejecución de un laudo es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Sostener lo contrario, implicaría desconocer la razón de ser de la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 106, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal. De ahí que el impulso para la ejecución de un laudo burocrático no corresponde al presidente ejecutor, pues es necesaria la intervención del actor.". En la especie, la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: a) La incorrecta e indebida sustanciación del proceso de ejecución de sentencia, derivado de la interpretación y aplicación errónea que se realiza de los artículos 150 y 151 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado y que se materializa en la realización de múltiples, inagotables e ineficientes requerimientos encaminados a obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/15, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. b) La transgresión al derecho humano de ejecución de sentencia al prolongar de manera ilegal el proceso de ejecución de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/15, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. c) La omisión de ajustar su actuar al procedimiento y a los términos legales establecidos en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado, para hacer cumplir la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/15, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. d) La omisión de decretar y/o proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo, dictando todas las medidas necesarias para enviar el expediente al Gobernador del Estado y este a su vez solicite al Congreso del Estado de Morelos el inicio de la revocación de mandato o destitución por incumplimiento del Ayuntamiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/15, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. e) La omisión y/o abstención de ejecutar las medidas legales necesarias, procedentes y efectivas para hacer cumplir la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/15, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en un breve lapso, en relación con los artículos 11, 115 y 119, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. f) En relación con los artículos 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que faculta la aplicación supletoria de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado, en particular los artículos 147, 150 y 151, reclama la omisión de cumplir con la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y de dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que sean procedentes. g) En relación con el artículo 150 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado, se reclama la omisión de definir con toda precisión en las actuaciones, lo que se debe entender por "proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos", con el fin de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pueda realizarlo en rebeldía de la autoridad demandada y vencida en juicio, ante la renuencia de ésta en dar cumplimiento a la sentencia definitiva. h) En relación al artículo 151 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado, se reclama la omisión de definir con toda precisión lo que se debe entender por "y la requiera para que cumpla la resolución", con el fin de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje precise cuántos requerimientos debe hacerse en caso de rebeldía del Ayuntamiento demandado y vencido en juicio. i) La transgresión a los derechos humanos de tutela efectiva y de ejecución de sentencia al omitir actuar de manera contundente y eficaz para hacer cumplir la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/15, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. j) Derivado de las omisiones antes precisadas, la renuncia tácita a sus facultades de jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en términos de lo dispuesto por el artículo 116 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1bis párrafo nueve, 40 fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 12 fracción XI y XVI del Reglamento Estatal del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. k) El retardo injustificado de las actuaciones procesales. l) La omisión de dictar los requerimientos e imponer las sanciones dentro de los plazos y en los términos que establece la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado para hacer cumplir la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/15, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Al respecto, se precisa que en el procedimiento de ejecución de los laudos regulado por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, corresponde a las autoridades jurisdiccionales respectivas dictar las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, para ello, requieren necesariamente del impulso procesal de la parte que obtuvo el laudo favorable para la prosecución de la etapa de ejecución. En ese escenario, se arriba a la conclusión que los reclamos de la parte quejosa se encuentran dentro de la etapa de ejecución del juicio laboral de origen, y constituyen reclamos genéricos y no actos concretos que se atribuyan a la responsable, que conduce a sobreseer en el juicio de amparo. Es así, dado que se está en presencia de actos futuros y de realización incierta, pues como se estableció, la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, etapa en la que si bien cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, la ejecución de laudo, se encuentra prevista en ellos artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de confinidad con su artículo 11. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Décima Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2012, visible en el Libro XIV, Tomo XIV, página 1859; que es del siguiente tenor literal: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. ANTE LA NO PREVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LLEVARLO A CABO, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece: "Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.". Ahora bien, la referida ley en sus artículos 123 y 124, fracciones I y II, estatuye que las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente, y la desobediencia a sus fallos se castigará con multa de hasta 15 salarios mínimos y con destitución del infractor; esto implica que dicho ordenamiento faculta al referido tribunal para hacer cumplir o ejecutar sus resoluciones, así como utilizar los medios de apremio; pero no establece el procedimiento a seguir e, incluso, los artículos 12, fracciones II y XVI y 13, fracción X, de su reglamento interior no lo contemplan. Consecuentemente, conforme al orden supletorio descrito en el aludido artículo 11, es el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el que supletoriamente debe seguirse para la ejecución de un laudo.". Así, de los preceptos señalados se advierte que la ejecución de los laudos dictados en los juicios laborales, cuya competencia pertenezca al Tribunal del Trabajo Burocrático, se harán a petición de la parte interesada, pues así literalmente lo establece el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al preceptuar que cuando se pida ejecución de laudo, el Tribunal despachara auto de ejecución y comisionara a un actuario para que asociado de la parte interesada, se constituya al domicilio de la demandada y le requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que de no hacerlo, se procederá conforme al artículo anterior. En consecuencia, dado que la parte quejosa reclama en forma genérica que, en esencia, ha sido incorrecta e indebida la sustanciación del proceso de ejecución de sentencia por parte de la responsable, derivado de la interpretación y aplicación errónea que se realiza de los artículos 150 y 151 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado y que se materializa en la realización de múltiples, inagotables e ineficientes requerimientos encaminados a obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/15, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, lo que transgrede su derecho humano de ejecución de sentencia al prolongar de manera ilegal el proceso de ejecución de misma. Asimismo, que existe una omisión de la responsable, para ajustar su actuar al procedimiento y a los términos legales establecidos en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores del Estado, para hacer cumplir la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de origen, al no decretar y/o proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo, dictando todas las medidas necesarias para enviar el expediente al Gobernador del Estado y este a su vez solicite al Congreso del Estado de Morelos el inicio de la revocación de mandato o destitución por incumplimiento del Ayuntamiento a la sentencia definitiva. De igual forma, reclama la omisión y/o abstención de ejecutar las medidas legales necesarias, procedentes y efectivas para hacer cumplir la sentencia definitiva en un breve lapso, en relación con los artículos 11, 115 y 119, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al no definir con toda precisión en las actuaciones, lo que se debe entender por "proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos" y por "y la requiera para que cumpla la resolución", con el fin de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pueda realizarlo en rebeldía de la autoridad demandada y vencida en juicio, ante la renuencia de ésta en dar cumplimiento a la sentencia definitiva. Y, derivado de las omisiones antes precisadas, reclama la renuncia tácita por parte de la responsable, a sus facultades de jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en términos de lo dispuesto por el artículo 116 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1bis párrafo nueve, 40 fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 12 fracción XI y XVI del Reglamento Estatal del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. De lo anterior se sigue que, lo conducente es sobreseer en el juicio de amparo, pues de acuerdo a lo expuesto existe un fehaciente motivo de improcedencia, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 61, fracción XXIII, de la ley de la materia. 4. Finalmente, con respecto a los actos atribuidos al Ayuntamiento Municipal de Jantetelco, Morelos y su Presidente Municipal, consistente en la negativa y/u omisión de dar debido e íntegro cumplimiento a la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 01/374/15, de veinte de septiembre de dos mil dieciocho; la omisión de dar debido cumplimiento a su obligación establecida en los artículos 41 fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Obligaciones que se encuentran supeditadas a la norma y no a las relaciones de coordinación o supra subordinación del estado frente al particular o en su caso contendientes en un proceso jurisdiccional, sino que son obligaciones de las cuales se encuentran a cumplir como autoridades, por lo que también puede ser vinculante en el ámbito de su competencia en auxilio del propio Tribunal de Estatal de Conciliación y Arbitraje y la omisión de presupuestar y/o integrar y/o concursar en el Fondo de Aportaciones Estatales Concursable para el Pago de Laudos y Sentencias Ejecutoriadas dictados en contra de los Municipios de la Entidad. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, estos últimos a contrario sensu, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)." De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. En ese sentido, los actos reclamados no revisten las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las autoridades del Ayuntamiento Municipal de Jantetelco, Morelos, son parte demandada en el juicio de origen del que emanan los restantes actos reclamados, por lo cual no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor, entonces no puede considerarse a dicho Ayuntamiento como autoridad para efectos del presente juicio constitucional, pues no actúan con potestad de imperio en el acto reclamado, sino que, como ya se mencionó con antelación, su vínculo es como patrón en el juicio de origen y por ende como contraparte de la impetrante. Por lo tanto no se actualiza el supuesto de que el acto reclamado sea de autoridad. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de rubro siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO." Al respecto, en el título undécimo, capítulo único de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se establece lo siguiente: Artículo 123. Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente. Artículo 124. Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I. Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II. Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Es importante informar que el diverso 11 de la misma legislación local, dispone: Artículo 11. Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Lo expuesto pone de relieve que en el ámbito local se prevé un procedimiento de ejecución de las determinaciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al contemplarse en los artículos 123 y 124 de la legislación burocrática local la obligación de las autoridades de cumplir con sus resoluciones, con apercibimiento de multa de hasta quince salarios mínimos y destitución del infractor, sin responsabilidad para el Estado o municipio; normatividad que además establece como supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en sus artículos 150 y 151, y en su defecto, a la Ley Federal del Trabajo, en su Título Quince. Los artículos 150 y 151 de la legislación burocrática federal son del tenor siguiente: "ARTICULO 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictara todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "ARTÍCULO 151.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." Entonces, el juicio de amparo no es el medio para impugnar las diversas omisiones en que el quejoso considera ha incurrido el Ayuntamiento demandado para dar cumplimiento al laudo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio 01/374/15; en la medida que el diverso reclamo consistente en la omisión de presupuestar y/o integrar y/o concursar en el Fondo de Aportaciones Estatales Concursable para el Pago de Laudos y Sentencias Ejecutoriadas dictados en contra de los Municipios de la Entidad, éste se traduce en otra omisión más de dicha autoridad para cumplimentar el laudo que nos ocupa, pues se trata de medidas que debe realizar para lograr ello. Por lo expuesto, el promovente de amparo tiene que hacer valer los medios ordinarios ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, puesto que la relación entre el quejoso y el Ayuntamiento demandado, consiste en una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad y no gobierno-gobernado; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, estos últimos a contrario sensu. Ahora, no obstante que los particulares puedan tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5°, fracción II, segundo párrafo, de la ley de la materia, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la parte quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. En apoyo a lo expuesto, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Asimismo, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." En consecuencia, al haberse actualizado las causales de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio en los términos de la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal en cita. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Beltrán Benítez, en los términos del considerando IV de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Betsy Marisol Garduño Flores, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, y Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, Morelos, los cuales anexan diversas constancias que tienen relación con el acto reclamado. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designan y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Autorizados para oír y recibir notificaciones. En ese orden de ideas, con fundamento en el numeral 9 del cuerpo normativo en cita, no ha lugar a tener como autorizados para oír y recibir notificaciones a las diversas personas propuestas, en razón de que dicho numeral no prevé tal circunstancias en tratándose de autoridades responsables; sin que sea factible que este juzgado los tenga como delegados, pues éstos cuentan con más facultades que un autorizado para oír y recibir notificaciones, por lo que, de ser su deseo designarlos con tal carácter, deberá mediar manifestación expresa en ese sentido, tal y como lo solicitó respecto a los profesionistas que fueron autorizados. Medios especiales de comunicación. Por otro lado, no ha lugar a tener como medios de notificación la cuenta de correo electrónico y número telefónico que proporcionan en sus informes, pues la Ley de Amparo, no contempla dicho medio para oír y recibir notificaciones. No obstante, de conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señaladas como formas especiales de contacto para entablar comunicaciones no procesales, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Oposición de publicación de datos personales. Por otro lado, no ha lugar a proveer de manera favorable su solicitud de oposición a la publicación de sus datos personales, en atención a que los nombres de las personas que se desempeñan como titulares de las dependencias señaladas como responsables o de sus delegados no es en ningún momento capturada, publicada o difundida por esta sede federal, esto es , lo único que resulta visible en las listas de publicación y en el portal de internet es la denominación de la autoridad responsable en concreto, de ahí la improcedencia de su petición. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Para concluir, acorde con lo estatuido por el numeral 64 de la legislación de la materia, esta sede constitucional toma conocimiento de las causales de sobreseimiento e improcedencia que hacen valer las responsables, respecto de las cuales se hará relación dentro del fallo definitivo que recaiga al presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil veintidós. Informes justificados. Agréguese a los autos los informes justificados rendido por las autoridades responsables Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, del Estado de Morelos; Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos; Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; y Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Domicilio y delegados. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a los profesionistas que designan y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indican, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Medio probatorio. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la legislación de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que ofrece, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Clasificación de la información remitida. En lo relativo al presente rubro, la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje manifiesta que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, no advierte que dentro de las constancias relativas al juicio laboral de origen remitidas exista información que pueda ser clasificada como reservada, por el contrario, estima que contiene información confidencial, ya que se tratan de datos personales concernientes a una persona identificada e identificable; sin embargo, no acompaña acta de clasificación alguna en relación a las documentales ofertadas o, en su defecto, su versión pública. En ese sentido, dado que no se cuenta con acta de clasificación expedida por autoridad competente, se hace efectivo el apercibimiento previsto en auto admisorio y se ordena glosar las constancias ofertadas de manera normal al presente sumario, al estimarse de acceso público. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza a las responsables el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Para concluir, acorde con lo estatuido por el numeral 64 de la legislación de la materia, esta sede constitucional toma conocimiento de las causales de sobreseimiento e improcedencia que hacen valer las responsables, respecto de las cuales se hará relación dentro del fallo definitivo que recaiga al presente asunto. Notifíquese.
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