Juan Carlos Chavez Apolinar
Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/06/2019
Partes del expediente
- Juan Carlos Chavez Apolinar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al auto de veintiuno de los cursantes, remite la información requerida adjuntando para acreditar su dicho once dvd´s, por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. DESECHAMIENTO Ahora en atención a lo manifestado por la autoridad responsable así como de los datos aportados por el quejoso previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Lo anterior en base a las siguientes consideraciones: El quejoso en su escrito de demanda no fue claro en cuanto al acto reclamado, autoridad responsable así como el expediente del cual derivó el acto reclamado, por lo que se le previno para el siguiente efecto: "Refiera que carpeta auxiliar es de la que deriva el acto reclamado, toda vez que en el capítulo de autoridades responsables hace referencia a que el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma es quien resolvió dicha carpeta con el número "11/2019"; empero, posteriormente hace referencia a la misma autoridad pero diferente carpeta administrativa "56/2019". Así también, en dicho capitulo refiere que el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo tramita la carpeta NUCTOL/FRV/107/068378/19/02 sin embargo, en su apartado de antecedentes dice "(.) En fecha 05 de noviembre de 2018 el señor ALEJANDRO ALVARADO TORRES compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla a denunciar el robo del VEHICULO MARCA NISSAN, SUBMARCA TSURU MODELO 2007, COLOR BLANCO CON CROMÁTICA COLOR VERDE, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S77K366108, NÚMERO DE MOTOR GA16738851W, PLACAS DE CIRCULACIÓN 5634JFA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO DE MÉXICO, vehículo que es de mi propiedad según original de la factura número AS824 de fecha veinte de septiembre del año dos mil doce, expedida por ALDYXA Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de ELEAZAR HEREDIA HERNÁNDEZ, documento que al reverso cuenta con un endoso a mi favor; esta denuncia se registró bajo el número de CARPETA DE INVESTIGACIÓN NUC: TOL/FRV/VRT/107/248755/18/11; y, Informe el quejoso, el estado procesal que guarda la carpeta auxiliar 11/2019 y/o administrativa 56/2019 de la cual está considerado como víctima." En cumplimiento a lo anterior, el impetrante refirió (.) (.) Así, por lo antes citado por el solicitante del amparo se le previno de nueva cuenta para lo siguiente: En su ocurso de desahogo refiere: "PRIMERO. por cuento hace al primer punto de la prevención informo a usted que la carpeta auxiliar que deriva el acto reclamado en la número; carpeta auxiliar 15/2019, misma que tramita el juez de control del distrito judicial de Lerma." Por lo expuesto anteriormente, se advierte que el quejoso sigue siendo ambiguo, respecto de la precisión del acto reclamado ya que no cumple con el requerimiento realizado en auto de ocho de los cursantes, toda vez que en el mismo se mencionó: "(.)Refiera que carpeta auxiliar es de la que deriva el acto reclamado, toda vez que en el capítulo de autoridades responsables hace referencia a que el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma es quien resolvió dicha carpeta con el número "11/2019"; empero, posteriormente hace referencia a la misma autoridad pero diferente carpeta administrativa "56/2019". Así también, en dicho capitulo refiere que el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo tramita la carpeta NUCTOL/FRV/107/068378/19/02 sin embargo, en su apartado de antecedentes dice "(.) En fecha 05 de noviembre de 2018 el señor ALEJANDRO ALVARADO TORRES compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla a denunciar el robo del VEHICULO MARCA NISSAN, SUBMARCA TSURU MODELO 2007, COLOR BLANCO CON CROMÁTICA COLOR VERDE, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S77K366108, NÚMERO DE MOTOR GA16738851W, PLACAS DE CIRCULACIÓN 5634JFA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO DE MÉXICO, vehículo que es de mi propiedad según original de la factura número AS824 de fecha veinte de septiembre del año dos mil doce, expedida por ALDYXA Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de ELEAZAR HEREDIA HERNÁNDEZ, documento que al reverso cuenta con un endoso a mi favor; esta denuncia se registró bajo el número de CARPETA DE INVESTIGACIÓN NUC: TOL/FRV/VRT/107/248755/18/11; y, Informe el quejoso, el estado procesal que guarda la carpeta auxiliar 11/2019 y/o administrativa 56/2019 de la cual está considerado como víctima.(.)" Lo cual, lejos de ser aclarado, se crearon más ambigüedades pues ahora el impetrante refiere diversa carpeta auxiliar así como acto reclamado, por lo antes expuesto, se previene nuevamente a fin de que especifique de forma clara y concisa lo siguiente: 1.- Acto que reclama en el presente expediente y autoridades a quienes se lo reclama. 2.- Indique con claridad la carpeta auxiliar y/o administrativa de la cual emana el acto de afectación a su esfera jurídica. 3.- Así, de confirmar que la carpeta auxiliar 15/2019 es de donde deriva el acto reclamado, deberá de indicar las partes involucradas en la misma (Víctima e imputado) y el carácter con el que se ostenta el promovente en la misma; toda vez que refiere que en la citada carpeta los señores Norma y Rodrigo ambos de apellidos Ramírez Romero solicitan la devolución del inmueble ubicado en Avenida de las Garzas sin número Colonia Llano del Compromiso, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México; lo anterior, deberá el promovente aclarar qué afectación le causa la integración de la carpeta auxiliar citada, en virtud de que de su demanda se advierte que lo que pretende reclamar es la determinación de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en la que Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en la carpeta auxiliar 11/2019 declaró ilegal el el ingreso al domicilio antes señalado sin autorización judicial. Por tanto, el quejoso en contestación a lo requerido por este juzgado refirió y se tiene como acto reclamado el siguiente: La ilegal determinación del a quo en declarar ilegal el ingreso del agente del Ministerio Público sin autorización judicial en términos del artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales al Inmueble ubicado en Avenida de las Garzas sin número, Colonia Llano del compromiso, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México La declaración de ilegalidad de los datos de prueba obtenidas a partir del ingreso a ese domicilio y, consecuentemente orden de devolución del inmueble asegurado antes citado en la Carpeta Auxiliar **** Por lo que en realción a lo antes expuesto se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." El precepto transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales), establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Ahora bien, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, pues el quejoso reclamo la la determinación emitida el veintiocho de marzo del año en curso, en la carpeta administrativa 11/2019, mediante la cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, declaró ilegal la orden de cateo realizada por el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno Especializado en la Investigación del delito de Robo de Vehículo de dos de marzo de la presente anualidad; por las razones esgrimidas por el primero de los citados; lo anterior en relación a que el a quo no tomó en consideración datos de prueba relevantes a fin de proveer favorable dicha diligencia. Datos de prueba que refiere no tomo en cuenta el Juzgador responsable, como lo fue el contrato de arrendamiento celebrado entre Norma Ramírez Romero y Rodrígo Ramírez Romero con el señor *** respecto del inmueble ubicado en Benito Juárez sin número, entre cinco de mayo y división norte, Colonia El Llano del Compromiso, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México; y que refiere tenía vigencia del veinte de agosto de dos mil dieciocho al veinte de febrero de dos mil diecinueve, es decir antes de llevar a cabo el cateo por parte del agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo, Toluca-Tlalnepantla; y como consecuencia la devolución del inmueble asegurado, por lo que se evidencia que se trata de un acto proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, conviene invocar el artículo 467, fracción XI, del Código de Nacional de Procedimiento Penales dispone: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) XI. Las que exluyan algún medio de prueba; (.)." Del dispositivo legal transcrito se advierte la existencia de un medio de impugnación (apelación), el cual satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la determinación combatida (requisito 4), está establecido en la citada codificación adjetiva penal (requisito 2) y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al procedimiento penal (requisito 3), a fin de que el Juez responsable se pronuncie. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juez ordinario (en el caso, del Juez de Enjuiciamiento del Distrito judicial de Lerma, Estado de México); además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. En consecuencia, si la determinación emitida el veintiocho de marzo del año en curso, acto reclamado en el presente juicio constitucional, puede impugnarse a través del recurso de apelación en estudio y éste no se hizo valer, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Es aplicable a lo anterior, la Tesis Aislada II.2oP.26P (10ª) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que al rubro dice: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO SE TRANSGREDE ESE DERECHO HUMANO POR EXIGIRLE A LA VÍCTIMA QUE AGOTE EL PRINICIPIO DE DEFINITIVIDAD (APELACIÓN) CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LIBERAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. También debe precisarse que la determinación reclamada no constituye alguno de los supuestos de excepción referidos en párrafos precedentes puesto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, que establezcan providencias precautorias o que impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad. Tampoco se requiere una interpretación adicional o es insuficiente el fundamento legal para determinar la procedencia del recurso de apelación, ya que la lectura del precepto legal permite advertir que contra las resoluciones en las cuales se excluyan algún medio de prueba procede el citado recurso. Es aplicable al caso, por su contenido, la tesis LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevee la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionario de amparo debió interponer el recurso referido, previsto por la legislación aplicable al caso, para cumplir con el principio de definitividad y, entonces, acudir al juicio de amparo. Es aplicable al caso, la tesis aislada cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XVIII, 62, 63, fracción IV y 217 de la Ley de Amparo en relación con los artículos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Chávez Apolinar, por propio derecho, en virtud de ser notoriamente improcedente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ******************** por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de quince de mayo de dos mil diecinueve, realiza diversas manifestaciones. Ahora, resérvese a acordar lo conducente del desahogo presentado por el aquí quejoso y, a fin de contar con elementos suficientes para el dictado del proveído correspondiente requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, informe el estado procesal en qué se encuentra la carpeta auxiliar ********************; de igual manera informe quienes fungen como víctimas y ofendidos en la misma y, precise si ésta ya fue judicializada debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Apercibido que de ser omiso, o no informar el impedimento legal que tenga para ello, se impondrá a la persona física que ostente el cargo, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, ya que a la fecha no obra el acuse respectivo del oficio 12646/2019 de ocho de mayo del presente anualidad, reexpídase de nueva cuenta el mismo a fin de que la autoridad correspondiente dé cumplimiento a lo ahí ordenado.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual el quejoso Juan Carlos Chávez Apolinar, trata de cumplir con el requerimiento de ocho de mayo del presente año. Del estudio integral del escrito de demanda de amparo así como de su escrito de desahogo crea para el que resuelve la siguiente incertidumbre: En su ocurso de desahogo refiere: "PRIMERO. por cuento hace al primer punto de la prevención informo a usted que la carpeta auxiliar que deriva el acto reclamado en la número; carpeta auxiliar 15/2019, misma que tramita el juez de control del distrito judicial de Lerma." Por lo expuesto anteriormente, se advierte que el quejoso sigue siendo ambiguo, respecto de la precisión del acto reclamado ya que no cumple con el requerimiento realizado en auto de ocho de los cursantes, toda vez que en el mismo se mencionó: "(.)Refiera que carpeta auxiliar es de la que deriva el acto reclamado, toda vez que en el capítulo de autoridades responsables hace referencia a que el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma es quien resolvió dicha carpeta con el número "11/2019"; empero, posteriormente hace referencia a la misma autoridad pero diferente carpeta administrativa "56/2019". Así también, en dicho capitulo refiere que el Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo tramita la carpeta NUCTOL/FRV/107/068378/19/02 sin embargo, en su apartado de antecedentes dice "(.) En fecha 05 de noviembre de 2018 el señor ALEJANDRO ALVARADO TORRES compareció ante el agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla a denunciar el robo del VEHICULO MARCA NISSAN, SUBMARCA TSURU MODELO 2007, COLOR BLANCO CON CROMÁTICA COLOR VERDE, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S77K366108, NÚMERO DE MOTOR GA16738851W, PLACAS DE CIRCULACIÓN 5634JFA DEL SERVICIO PÚBLICO DEL ESTADO DE MÉXICO, vehículo que es de mi propiedad según original de la factura número AS824 de fecha veinte de septiembre del año dos mil doce, expedida por ALDYXA Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de ELEAZAR HEREDIA HERNÁNDEZ, documento que al reverso cuenta con un endoso a mi favor; esta denuncia se registró bajo el número de CARPETA DE INVESTIGACIÓN NUC: TOL/FRV/VRT/107/248755/18/11; y, Informe el quejoso, el estado procesal que guarda la carpeta auxiliar 11/2019 y/o administrativa 56/2019 de la cual está considerado como víctima.(.)" Lo cual, lejos de ser aclarado, se crearon más ambigüedades pues ahora el impetrante refiere diversa carpeta auxiliar así como acto reclamado, por lo antes expuesto, se previene nuevamente a fin de que especifique de forma clara y concisa lo siguiente: 1.- Acto que reclama en el presente expediente y autoridades a quienes se lo reclama. 2.- Indique con claridad la carpeta auxiliar y/o administrativa de la cual emana el acto de afectación a su esfera jurídica. 3.- Así, de confirmar que la carpeta auxiliar 15/2019 es de donde deriva el acto reclamado, deberá de indicar las partes involucradas en la misma (Víctima e imputado) y el carácter con el que se ostenta el promovente en la misma; toda vez que refiere que en la citada carpeta los señores Norma y Rodrigo ambos de apellidos Ramírez Romero solicitan la devolución del inmueble ubicado en Avenida de las Garzas sin número Colonia Llano del Compromiso, Municipio de Ocoyoacac, Estado de México; lo anterior, deberá el promovente aclarar qué afectación le causa la integración de la carpeta auxiliar citada, en virtud de que de su demanda se advierte que lo que pretende reclamar es la determinación de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en la que Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en la carpeta auxiliar 11/2019 declaró ilegal el el ingreso al domicilio antes señalado sin autorización judicial. Asimismo, dígasele al ocursante que subsiste la prevención de ocho de los cursantes así como el plazo otorgado para ello. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a/J.106/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." (publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XVIII, noviembre 2003, página 133) Asimismo, tiene aplicación a lo anterior el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en la tesis número XX.57 K, cuyo rubro dice: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. (S. J. F. y su Gaceta, 9ª Época, Tomo III, marzo de 1996, pág. 87)
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